Lucha de titanes por el control de la tierra en la Amazonía brasileña

En latas de refrescos o paquetes de galletas. En los cubiertos o en las sartenes con las que te has preparado la comida. En el tren que te ha llevado al trabajo o en el coche que te ha traído a casa. Probablemente no seas consciente de la cantidad de veces que has hecho uso del aluminio a lo largo del día. Y es altamente probable que este aluminio provenga de extracciones mineras situadas en un lugar paradisiaco en medio de la Amazonía brasileña, donde haya dejado una estela de violaciones de derechos sociales y ambientales contra poblaciones que ya tuvieron que huir de la esclavitud para sobrevivir.
Manifestación de los quilombolas reclamando sus tierras (abril de 2016). Foto: Carlos Penteado.

 

Los quilombolas del municipio de Oriximiná, situado en el estado norteño de Pará, se fugaron de las haciendas donde les esclavizaban y buscaron refugio detrás de inhóspitas y violentas cascadas. De eso hace ya 200 años. En el siglo XX, acabaron en manos de los patronos de las plantaciones de castañas y fueron sometidos de nuevo a la servidumbre. Cuando pensaban que tendrían una vida más tranquila, vino la dictadura civil-militar de 1964 y con ella la explotación intensiva de los recursos minerales de la zona.

Quilombola, en Brasil, se utiliza para hablar de los descendientes de poblaciones negras que, traídas forzosamente de África, no aceptaron la esclavitud en las haciendas brasileñas y buscaron una vida en libertad en comunidades alejadas y escondidas, los quilombos. La Constitución de 1988, promulgada tras la caída de la dictadura, reconoció el derecho de estos pueblos a la propiedad de las tierras en las que viven. Debería haber sido el fin de una larga trayectoria de persecución e invisibilidad para las 37 comunidades quilombolas de Oriximiná, donde viven alrededor de 10 000 personas.

“Fue entonces cuando los quilombolas empezamos a salir de nuestros hogares para encontrarnos y compartir las historias de nuestros antepasados”, cuenta Francisco Hugo de Souza, de 51 años, presidente de la Cooperativa Mixta Extractivista de los Quilombolas de la Municipalidad de Oriximiná, que reúne a familias campesinas de la región. “La diferencia está en el tema del respeto. La tierra que está titulada cuenta con el respeto del Gobierno y todo lo que se vaya a hacer en ella debe ser concertado antes con la comunidad. Donde no hay titulación, el Gobierno otorga permisos para que se haga cualquier cosa.”

En el caso de las tierras quilombolas de Oriximiná, “cualquier cosa” tiene nombre: extracción de bauxita. La lucha de los negros de la región es considerada un ejemplo: en 1995, en esta misma zona, el Gobierno entregó el primer título de tierra quilombola del país. A día de hoy existen cuatro territorios reconocidos, 379 709 hectáreas de selva amazónica, una extensión mayor que la de Luxemburgo. Sin embargo, cuatro tierras más siguen aún a la espera de titulación. El problema para los quilombolas es que otros intereses se disputan estos mismos espacios…

Minería Río del Norte (MNR) es la mayor explotadora de minas de bauxita en Brasil y la cuarta más grande a nivel mundial. Los 18 millones de toneladas obtenidos anualmente por la empresa suponen casi la mitad de la producción nacional brasileña. La compañía es resultado de una asociación entre los grandes gigantes de la minería mundial: Vale, South32, Rio Tinto, Alcoa, Compañía Brasileña de Aluminio e Hydro. Según el último informe de MNR, con datos de 2015, el 51 por ciento de la bauxita extraída en Oriximiná se envía en estado bruto al exterior, donde se transforma en aluminio. Otra parte se envía a plantas en el mismo Brasil para ser también transformada en aluminio y posteriormente exportada. China, Estados Unidos, Canadá y Europa son los principales destinos del mineral.

Frente al gigante MNR, los quilombolas son casi insignificantes. Desde 2003, estas comunidades esperan a que concluya el proceso de titulación de sus tierras. Mientras tanto, el órgano gubernamental responsable de la protección del medio ambiente ha emitido licencias que permiten a la empresa continuar explotando nuevas áreas. La previsión es que las concesiones actuales, explotadas durante las últimas cuatro décadas, se agoten en el 2023, lo que incrementa la presión económica por obtener nuevas y cada vez más ágiles licencias de funcionamiento.

En 2017, tras la presión de una decisión judicial que estableció un plazo de dos años para la titulación de las tierras quilombolas de Oriximiná, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) decidió publicar el informe de identificación territorial del área, un procedimiento que es tan solo la primera etapa del proceso… Según los cálculos de la Comissão Pró-Indio (CPI), una organización que actúa en la región desde la década de los 80 para garantizar los derechos territoriales, culturales y políticos de los quilombolas, la superposición de tierras entre el territorio reivindicado por las comunidades y el que reclama la explotación minera suma unas 33 000 hectáreas de selva, es decir, el diez por ciento del área reclamada por los quilombolas.

Según la antropóloga Lúcia Andrade, coordinadora de la CPI, que actúa en Oriximiná con el apoyo de la ONG InspirAction (como parte de la red Christian Aid) lo que se ve en la región es una disputa territorial desigual, resultado de actividades que no pueden coexistir. “Se trata de actividades incompatibles: la extracción de bauxita genera impactos ambientales a gran escala y supone la completa destrucción de la selva, cuyos recursos garantizan la subsistencia de los quilombolas” apunta Andrade.

La familia de José Domingos Rabelo está muy involucrada en la lucha por la titularidad de sus tierras. Foto: Tabitha Ross.

 

El doble rasero del Gobierno federal

Las tierras que se disputan los quilombolas y MRN pertenecen al Gobierno federal. Son áreas públicas. El Gobierno juega por lo tanto un papel fundamental en este conflicto, al ser el responsable de titular las tierras de las comunidades, otorgar los permisos ambientales a la minera y garantizar la consulta libre, previa e informada a los quilombolas. “Nuestra evaluación es que el Gobierno no ha sido eficaz al garantizar los derechos de los quilombolas de Oriximiná en esta contienda”, afirma Andrade.

Mientras los quilombolas sufren con la inacción y la lentitud del Estado, las decisiones gubernamentales se toman con gran rapidez cuando se trata de atender las peticiones de la minera. En 2013, la empresa ocupó tierras de la comunidad tras conseguir un permiso ambiental para la explotación del yacimiento Monte Blanco, otro punto de concentración de bauxita en la región. Los derechos de los quilombolas fueron ignorados. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) otorgó el permiso sin consulta previa, sin planes de mitigación o indemnización y sin tener en cuenta que en esas tierras quilombolas de siete comunidades llevaban a cabo labores de extracción del aceite de copaiba.

En abril de 2017, la minera volvió a la carga solicitando al Ibama un nuevo permiso previo para ampliar aún más su área de explotación, prácticamente toda situada en el subsuelo de las tierras quilombolas, en los yacimientos de las zonas central y oeste de la región, lo que garantizaría la continuidad de sus extracciones mineras hasta el 2043. “Si se autoriza esta expansión, los quilombolas dejarán de tener acceso a parte significativa de su territorio. Al final del periodo de extracción, la comunidad recibirá una tierra degradada. Las iniciativas de reforestación realizadas por la empresa no son suficientes para recomponer la selva y toda la biodiversidad”, subraya Andrade. Organizados en distintas asociaciones y cooperativas, los quilombolas enviaron de nuevo una carta al Gobierno en la que pedían paralizar la expansión de la minera hasta que se oficialice la titulación de las tierras. Exigían también al Incra que concluyera rápidamente el proceso de regularización iniciado hace más de diez años.

El único órgano público que ejerce una fiscalización más rigurosa de las actividades en Oriximiná es el Ministerio Público Federal (Fiscalía). “En general, el proceso debería seguir su curso sin ninguna interferencia de la justicia. Sin embargo, en este caso, se han sobrepasado todos los límites razonables”, lamenta Fabiana Keylla Scheider, fiscal federal que llegó a la región en 2014 y asumió este complicado caso. En 2013, la fiscalía obligó al Gobierno federal a concluir la titulación de las tierras quilombolas después de que el caso llevara estancado desde 2007 en la Cámara de Conciliación y Arbitraje. El entonces ejecutivo de Dilma Rousseff acusó a la Fiscalía de interferencia indebida, alegando que se estaba lidiando con un proceso de titulación complejo.

“Sin la titulación, hay perjuicio para nuestros derechos, por eso es tan importante”, afirma Aluízio Silverio dos Santos, de 66 años, uno de los líderes de la comunidad de Alto Trombetas. “Nosotros pedimos la comprensión incluso de los accionistas de la empresa para que reconozcan a la comunidad. El pueblo que vive cerca de la minera sufre mucho, porque es mucha contaminación, muchas presas que pueden derrumbarse. El pueblo vive sufriendo. Ellos me invitaron en febrero para una reunión. Yo pedí la palabra para denunciar que la empresa no nos respeta y se pasa la vida mintiéndonos”, subraya. Otro problema añadido para las y los quilombolas es que quienes deberían cuidar de sus intereses también están bajo sospecha, por ejercer presiones para que los quilombolas acepten la presencia de la MNR; es el caso de la Fundación Palmares, un órgano pequeño con pocos recursos, dependiente del Ministerio de Cultura y creado para proteger y promover el arte y la cultura afrobrasileña.

José Domingos Rabelo, líder quilombola, presidente de la Asociación Comunitaria del Lago Sapucuá en Oriximiná. Foto: Tabitha Ross.
Devite y Dielem, de la comunidad quilombola de Oriximiná, aprovechan el final de las clases para darse un baño en el río Amazonas. Foto: Tabitha Ross.

 

Protección ambiental:
un doble estándar que perjudica a los quilombolas

Porto Trombetas nació como el proyecto más grande de “desarrollo” de la Amazonía en la década de 1970. El presidente João Figueiredo, último mandatario de la dictadura, firmó en 1979 un decreto creando la Reserva Biológica del Río Trombetas, una categoría jurídica según la cual su administración debía ser la más rígida en términos ambientales, no permitiendo ninguna actividad humana en sus límites geográficos. Pero la realidad ha sido bien distinta: los militares estimularon no sólo la formación de una empresa para la extracción de bauxita, sino también la creación de dos unidades para la fabricación de aluminio. Además, garantizaron la construcción de una hidroeléctrica en otra municipalidad del estado de Pará, la presa de Tucuruí, envuelta en violaciones sociales y ambientales.

Diez años después de la creación de la reserva, cuando los quilombolas comenzaron a organizarse para reivindicar los títulos de sus tierras, se publicó un nuevo decreto creando una Foresta Nacional (Flona) en un área que equivale a siete veces la ciudad de Madrid, situada precisamente en la zona en la que la MRN había detectado la existencia de grandes yacimientos de bauxita y obtenido concesiones para la explotación. En esta región forestal se concentra la totalidad del área de extracción del mineral. Según un estudio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Brasil es responsable del siete por ciento de las reservas mundiales de bauxita y la mayor concentración se encuentra en Oriximiná.

En 1989 también salió a la luz un escándalo en el que se vio envuelta la MNR: la contaminación del Lago Batata, considerado el desastre industrial más grande de la historia de la Amazonía brasileña. Las estimaciones dicen que la empresa vertió quince millones de toneladas de desechos en el lago a lo largo de una década. La minera garantiza que los daños han sido revertidos y que tiene un gran cuidado con el medioambiente, a pesar de que las aguas del lago siguen sin poder utilizarse.

Sin embargo, los moradores se quejan de la violencia con que actuaron los órganos públicos durante la creación de la reserva biológica y del parque forestal. Ha sido una relación tensa, sobre todo con los institutos federales dedicados a la conservación ambiental. “Si nosotros pescamos dentro del área del parque, el Gobierno nos pone multas”, critica Ari Carlos Printes, coordinador de la Asociación Mãe Domingas. “Si vamos a sacar madera, hay una burocracia inmensa. Pero ellos no miran lo que hace la minera.”

Al otro lado de la reserva, la comunidad del Lago Sapucuá tiene problemas semejantes a los de sus vecinos los quilombolas. Los “ribeirinhos” viven en las orillas de los ríos y lagos y tienen en la pesca artesanal su principal fuente de subsistencia. “Los comuneros están aplastados, sin poder usar la madera del parque. La minera está ensuciando nuestra agua y nuestros recursos están prácticamente agotados” se queja José Domingos Rabelo, 53 años, presidente de la Asociación Comunitaria del Lago Sapucuá.

La situación de la población local ha empeorado aún más, después que el Gobierno federal decidiera hacer concesiones privadas para la explotación forestal, con el objetivo de talar árboles dentro de la Foresta Nacional para la venta de madera. Actualmente, 130 000 hectáreas, algo menos de una  tercera parte del área total, están en manos de empresas que pueden extraer madera, aceites, semillas y resinas de las especies vegetales del parque.

Existe por lo tanto una gran contradicción en esta disputa territorial en Oriximiná; por un lado, la minería avanza agresivamente sin que los órganos públicos se preocupen demasiado con cuestiones sociales y ambientales; por otro, los quilombolas, que viven de los recursos forestales y los gestionan de manera sostenible, sufren las consecuencias de la fiscalización gubernamental.

David frente a Goliat

Los tentáculos de poder de MRN son alargados. Desde 1995, la empresa financia el Instituto Chico Mendes de la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), uno de los órganos responsables de la fiscalización ambiental. “La empresa financia un órgano de conservación, al que no le falta dinero, y que acaba siendo más eficiente que la propia Administración local” señala el investigador Luiz Jardim de Moraes Wanderley, geógrafo y profesor de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, haciendo hincapié en el hecho de que el Estado brasileño ha estado históricamente subordinado al extractivismo. “Las municipalidades acaban sin alternativas. Es muy raro que se opongan a los intereses de una minera. Cuando instalan un proyecto, estas empresas traen un volumen de recursos capaz de cambiar las dimensiones de una municipalidad amazónica” concluye Wanderley.

En 2015, la MRN perfeccionó el proceso de lo que en su informe financiero denominan como “mapeo de stakeholders”, que incluye líderes comunitarios, alcaldes, secretarios, concejales, sindicalistas, comerciantes etc… Se trata de dar una garantía a sus inversores, asegurando que la empresa ha dejado todos los cabos atados para evitar cualquier perjuicio en sus negocios.

“El dinero es el que manda. Nosotros hemos tenido dificultades para reunir a las personas y llegar a compromisos, pero la minera viene después, por detrás, y les da trabajo. Entonces muchas comunidades pasan a apoyar a la minera. Esto ha pasado muchas veces” subraya el líder quilombola Ari Carlos Printes.

Hoy por hoy, entre los quilombolas están quienes quieren impedir la explotación de nuevas áreas, los que aceptan la indemnización a cambio de permitir la entrada de la minera y los que están en contra de cualquier iniciativa que pueda molestar a la empresa. Los datos de la propia MRN permiten deducir que entre un 80 y un 90 por ciento de los trabajadores empleados en sus plantas son contratados entre gente del mismo Pará. En general, son personas que ocupan puestos con bajos salarios. Los quilombolas ocupan puestos que no necesitan ninguna especialización o formación académica, con sueldos que difícilmente sobrepasan el mínimo exigido por la legislación brasileña.

La minera tiene una estrategia muy efectiva para dividir y conquistar a las personas que viven en los territorios. “Están preparados para dividir el liderazgo. Nosotros nos preguntamos cuándo podremos vivir como antes. Llevo todos estos años trabajando como líder de la comunidad, y hay gente que me acompaña y gente que me abandona”, dice Aluízio.

No sólo con empleos se compra el apoyo de las personas. La empresa dice mantener relaciones con cooperativas, asociaciones comunitarias, alcaldías y con el Gobierno de Pará a cambio de ofrecer atención médica y dental, educación, asistencia técnica rural y el desarrollo de alternativas económicas en beneficio de la población del entorno. “Lo que hemos visto es que la MRN va construyendo de manera estratégica sus proyectos sociales para vencer las posibles críticas de las comunidades”, afirma Wanderley.

El complejo problema que enfrenta a los quilombolas y a la MRN tiene en síntesis un resultado negativo en términos de desigualdad. En una región donde históricamente los negros viven sometidos a la lógica de la explotación, la actuación de la minera en esta disputa territorial produce muchas asimetrías sociales, políticas y ambientales. Entre estos impactos, algunos son más visibles, como la conversión de los miembros de las comunidades en trabajadores asalariados o prestadores de servicios a través de cooperativas locales. Son estos los grupos que se vuelven más dependientes económicamente de la minería y menos involucrados con las actividades agroextractivas, lo que perjudica su autonomía.

La dependencia económica de los quilombolas y el hecho de que hayan perdido el control sobre los recursos naturales y el territorio hacen que la disparidad de fuerzas en la disputa crezca cada día y esté directamente relacionada con la proximidad geográfica de las comunidades a las actividades mineras. Considerando que el avance de la MRN ocurre sin grandes obstáculos, esa realidad no amenaza solamente a los quilombolas de Oriximiná. Las comunidades más distantes que realizan un uso responsable de los recursos forestales también tienen mucho de qué preocuparse.


João Peres es periodista y reportero brasileño especializado en temas de derechos humanos. Ha cubierto elecciones y crisis en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Bolivia. Autor de Corumbiara, caso enterrado, un libro sobre la masacre ocurrida en 1995 en la Amazonía brasileña, con el que fue finalista del Prêmio Jabuti, el premio literario más famoso de Brasil.

Moriti Neto es periodista y profesor. Ha sido editor y reportero en diferentes revistas, como Forum, y páginas web, recibiendo importantes premios por trabajos que han expuesto violaciones de derechos humanos y los abusos del poder económico.

Artículo publicado en el nº75 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2017.


 

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *