Paro Minero en Segovia y Remedios: 43 días de intensa lucha por la dignidad en Colombia

Durante los meses de julio y agosto de 2017, los pueblos colombianos de Segovia y Remedios vivieron el paro minero de mayor duración de la historia del país. Durante 43 días se sucedieron las manifestaciones y las muestras de organización y solidaridad, pero también las detenciones, las agresiones e incluso las muertes, hasta que el 1 de septiembre se alcanzó un acuerdo del que las propias organizaciones movilizadas dudan. Este artículo ofrece una crónica de lo que fueron aquellas jornadas de intensa lucha, enmarcadas en el largo enfrentamiento contra la multinacional Gran Colombia Gold y el modelo extractivista.

De las profundidades del suelo de Remedios y Segovia se extrae oro desde mediados del siglo XIX. Históricamente, en estos dos municipios colombianos coexistieron tres modalidades de explotación minera: gran minería, mediana y pequeña, siendo estas dos últimas las que más mano de obra han demandado. Pero la implementación del Código Minero en 2001, las leyes reglamentarias y los decretos presidenciales vinieron a alterar la coexistencia entre las tres modalidades de explotación.

Para minero en Segovia y Remedios (Colombia), 2017. Fotografía: Oscar Paciencia.

 

Cambios de empresas y exterminio minero

La última compañía extranjera que se asentaba en la zona desde 1927, Frontino Gold, se declaró en quiebra en 1975 y en 1977 firmó un acuerdo concordatario que dejaba la empresa en dación en pago a pensionados y trabajadores. Pero en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la empresa se liquidó y Fiduagraria asumió la función. Varios fueron los oferentes, entre los que se encontraban los paramilitares acantonados en Ralito, Córdoba. En 2010 entró a operarla la gran Colombia Gold como dueña del título minero Registro de Propiedad Privada a Perpetuidad (RPP), que abarca 2.900 hectáreas.

Por la oposición a la venta de la empresa del sindicato de trabajadores, su presidente, Jhon Jairo Marulanda, fue baleado desde una moto en movimiento cuando entraba a un establecimiento público en el corregimiento La Cruzada, del municipio de Remedios, quedando gravemente herido. A raíz de este atentado y las amenazas a los demás dirigentes, el sindicato se disolvió. En julio de 2012 fueron asesinados en Segovia por paramilitares Yamison Amaya y Nelson Cadavid, cuando lideraban una protesta contra la multinacional.

En 2013 se creó el sindicato de trabajadores Sintramiser, que llegó a tener 350 operarios sindicalizados, todos ellos de la Gran Colombia Gold; pero un año después de su constitución sus afiliados fueron despedidos e indemnizados, acabando con la iniciativa. Los trabajadores que quedaron cesantes fueron reenganchados por el contratista particular que desarrolla explotación minera para la empresa.

Ese mismo año los mineros informales tradicionales comenzaron a ser hostigados por la policía, su producto fue decomisado y se dieron amparos administrativos a favor de la empresa minera. Estos amparos ocasionaron que algunas minas fueran dinamitadas por la fuerza pública. Sumado a lo anterior, los mineros debían estar inscritos en el Registro Único de Comercialización, en otras palabras, legalizarse, aportando titularidad para poder comercializar el oro de su explotación minera, lo mismo que las plantas de beneficio (entables de procesamiento de mineral), y compradores de oro.

Como la mayoría de las unidades mineras de los dos municipios no poseen títulos por estar en áreas del Registro de Propiedad Privada de la multinacional, y la ley los criminaliza, el pasado 21 de julio los mineros tradicionales entraron en paro indefinido en protesta contra lo que ellos llaman “nueva forma de desplazamiento y despojo laboral”.

Pero las pretensiones de la Gran Colombia Gold, amparada en la legislación minera, van más allá. Como dueña del título, pretende que las 135 unidades mineras no formalizadas que están en su área se legalicen mediante contrato de explotación 70-30, lo cual es desventajoso para la pequeña y mediana minería. En palabras de los integrantes de la Mesa Minera, la Gran Colombia Gold quiere llevarlos a un estado de “servidumbre y esclavitud”.

Para minero en Segovia y Remedios (Colombia), 2017. Fotografía: Oscar Paciencia.

 

La militarización de la protesta

El primer choque con la normativa generó varios paros de los mineros tradicionales y ancestrales. Como respuesta, el gobierno nacional envió al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy UNADI) para disolver la protesta. Como la lógica de esta fuerza de choque ha sido llegar a poner las cosas en “orden”, se han presentado enfrentamientos entre los uniformados y manifestantes.

Pese a las gestiones realizadas por la Mesa Minera ante autoridades del orden nacional y departamental, sus peticiones no han sido tenidas en cuenta. En el paro de septiembre de 2016 se firmaron unos compromisos con el gobierno departamental y se creó la “Mesa de Soluciones” a la problemática minera, la cual no solucionó nada. En vista de ello, la Mesa Minera llamó a un paro minero pacífico, a partir del 21 de julio pasado. Al cabo de diez días, el 31 de julio el gobierno nacional ordenó a su fuerza de choque (UNADI), que se encontraba cerca de las poblaciones mineras, entrar a apaciguar la protesta de las comunidades ancestrales y tradicionales.

Los choques entre la Unidad Nacional Antidisturbios y los manifestantes dejaron tres manifestantes muertos: Alexis Acevedo, de 42 años, Brandon Ochoa Estrada, de 18, y Hernán Tobón, también de 18 años. Hubo más de 50 personas heridas y 37 detenidas entre adolescentes y jóvenes adultos, tres de ellos cobijados con medidas de aseguramiento intramural, sindicadas de rebelión, porte y fabricación de explosivos e inducción de menores al delito. Los menores que fueron detenidos fueron objeto de restitución de derechos, dejados en libertad y entregados a sus progenitores.

La fuerza oficial hizo uso desproporcionado e ilegítimo de sus recursos, pues los manifestantes muertos cayeron víctimas de armas de fuego, lo mismo que las personas heridas. Los gases lacrimógenos, las bombas aturdidoras y las detonaciones de todo tipo sembraron el miedo y el pánico entre los pobladores. Las instituciones educativas, un hospital y las viviendas sirvieron de trincheras a las unidades oficiales, que resguardaron allí durante los enfrentamientos. Algunas de las viviendas fueron abandonadas por temor.

Durante las tres primeras semanas de paro, el acompañamiento en el territorio de las entidades encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, se redujo a verificar lo sucedido y volver a salir.

Se suma a esta delicada situación de los derechos humanos el silencio que guardaron los medios de comunicación, las informaciones tergiversadas de la protesta y los señalamientos del gobernador Luis Pérez Gutiérrez al manifestar que detrás de la protesta se encontraban el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Señaló también al Cuerpo de Bomberos de Amalfi y a Segovia de suministrar explosivos a los manifestantes.

Para minero en Segovia y Remedios (Colombia), 2017. Fotografía: Oscar Paciencia.

 

 

Resistir durante el paro

Transcurridos más de 41 días de paro, la crisis humanitaria por desabastecimiento de alimentos y medicinas se volvía realmente grave. Las cocinas comunitarias (35 en total) no daban abasto para alimentar a la población más necesitada y a las personas manifestantes.

A pesar de la delicada situación que vivieron sus habitantes, la mayoría dependiendo de lo recogido por el Comité Humanitario de Ayudas en la ciudad de Medellín y los aportes de las comunidades campesinas del territorio y los envíos de víveres de los familiares desde la ciudad a través de la caravana humanitaria que cada ocho días se desplazaba al territorio, fue posible mantener el paro. La consigna que prevaleció durante esos días fue la siguiente: “si hemos de morir de hambre mañana, luchemos para evitar que sea hoy”.

Quizás por ello, sabiendo de la cohesión y fuerza de los manifestantes, el gobierno y la multinacional esperaron agotar su resistencia, llevarlas al desespero por falta de abastecimiento, dividirlas y obligar a los negociadores de la protesta a acoger lo que hubiese en la mesa.

Los gobiernos nacional y departamental y la Gran Colombia Gold se sentaron a negociar con los manifestantes cuando ya transcurría el día 34 de paro, llegando a entendimiento en varios puntos del pliego petitorio, pero sometiendo otros al levantamiento de la protesta.

Las peticiones
de los mineros tradicionales
y ancestrales

La Mesa Minera presentó un pliego con dieciséis puntos, algunos del orden y competencia de la multinacional Gran Colombia Gold y otros de los gobiernos departamental y nacional:

  1. Caracterización de toda la cadena productiva de la minería ancestral y tradicional de los municipios de Remedios y Segovia.
  2. Período de transición de 18 meses para pasar de la informalidad a la formalidad, con acompañamiento técnico y económico; para temas laborales, mineros y ambientales, a todos los eslabones de la cadena productiva.
  3. Establecimiento de zona industrial para el traslado de las plantas de beneficio.
  4. Establecimiento de mecanismo alternativo de solución de conflictos cuando haya diferencias contractuales con la empresa.
  5. Abrir la negociación de la Mesa Minera de Soluciones para otros titulares de la región.
  6. Establecimiento permanente de la Mesa Minera de Soluciones en los municipios de Remedios y Segovia; con apoyo técnico y económico del Ministerio de Minas y Energía.
  7. Brindar alternativas empresariales con apoyo técnico y económico para cuando un minero ya no quiera seguir en el ejercicio de la minería.
  8. Garantía de transparencia en las negociaciones, sin presiones ni hostilidades, sin actuaciones jurídicas nuevas.
  9. Diferenciación efectiva entre minería ilegal y criminal de los Mineros Ancestrales y Tradicionales.
  10. Modificar el “Certificado de Origen” y amarrarlo a las unidades mineras para que ellas expidan los mismos a sus corteros y demás eslabones de la cadena productiva.
  11. Garantías internacionales en derechos humanos y fomento económico.
  12. Todo lo anterior a través de un decreto o resolución.
  13. Reglamentación de contratos de operación.
  14. Reforma al código de minas, Ley 685 de 2001.
  15. Suspensión del proyecto de ley 169, hasta que no se formalice efectivamente la cadena productiva de minería Ancestral y Tradicional.
  16. Entregarle el ocho por ciento del total de la producción a la Gran Colombia Gold y el 92 por ciento para la cadena productiva de la minería ancestral y tradicional, quienes se encargarán de pagar los costos de producción, procesamiento y comercialización, tanto fijos, como variables y tributarios.

Dada la desconfianza con la que se ven los compromisos que adquieren los gobiernos (tanto este como los anteriores), los mineros quieren que estos acuerdos se incluyan en un Decreto Nacional. Sin embargo, el viceministro de Minas y Energía, Carlos Conte, ya ha manifestado su rechazo a esta medida: “Es una disposición de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior no terminar un paro con una resolución o un decreto. Firmamos con mucho gusto un acta, pero no hay resolución ni decreto”.

Al mismo tiempo, frente a la reforma del Código de Minas, el viceministro planteó “un gran diálogo regional para construir políticas públicas acordes al desarrollo de la minería tradicional y artesanal”. En lo relativo al Proyecto de Ley 169 de 2016, el viceministro ofrece “la posibilidad de abrir un espacio de audiencia pública para el tema de Segovia y Remedios en el Congreso de la República” para poder plantear las propuestas y los aportes. Según explicó él mismo, “el proyecto no se va a retirar” y “los puntos que competen a la Gran Colombia Gold son obligación del titular minero”, por lo que sobre esos puntos no se va “a firmar nada, eso tiene un trámite y así continuará”.

Pese a que no hubo “humo blanco”, al menos las partes se sentaron a la mesa y se avanzó en el tratamiento del pliego de peticiones. Ese día, el pasado uno de septiembre, todas las energías de las comunidades mineras, así como las de las colonias de los dos municipios residentes en la ciudad de Medellín, estuvieron puestas en la reunión. Para todos era ya tiempo de que se llegara a un acuerdo, que se levantara el paro y la vida volviera a sentirse en las calles, los bares, las heladerías, en los equipos de sonido de las casas, en el ambiente social y comercial. Atrás quedaría la protesta, los choques con la fuerza pública, las bombas aturdidoras, los gases, los tiros, las explosiones… Algunas familias tendrán que vivir con el dolor de haber perdido un ser querido o con las secuelas de heridas imborrables por la amputación de una de sus extremidades y las cicatrices en la piel producto de perdigones en las refriegas, pero quedará para la posteridad y en la memoria colectiva el levantamiento social que unió a dos pueblos en una misma causa: oponerse a una multinacional, la Gran Colombia Gold.

Para minero en Segovia y Remedios (Colombia), 2017. Fotografía: Oscar Paciencia.

 

La necesidad
de cumplir los acuerdos

Nunca antes en la historia de estos poblados que han padecido las tragedias del conflicto armado se había dado un paro que uniera a sus habitantes. Los paros de finales de los ochenta y principios de los noventa habían sido sectoriales y duraron entre doce y quince días. Este paro ha sobrepasado a cualquiera que se haya dado en el país por el número de días (43), por la tragedia humanitaria que vivió y por la que vivirá si los acuerdos firmados no se cumplen por parte de los gobiernos local, departamental, nacional y de la multinacional Gran Colombia Gold. Entonces, el hambre dejará de ser temporal y de estar relacionada con un paro: se volverá cotidiana si se quedan en el territorio, tendrán que desplazarse ya no por la guerra sino por el apetito voraz del extractivismo de una multinacional.

Por eso, cuando las partes se vuelvan a sentar a la mesa en busca de implementar lo acordado, las expectativas se acrecentarán, pues estará en juego el futuro de miles de mineros tradicionales y ancestrales, así como el futuro de sus familias y de toda la cadena productiva que depende de la minería, que se estima en 80 mil habitantes.

Para negociar con un gobierno que no cumple los acuerdos que firma, lo mejor es poner en marcha inmediatamente lo acordado. Si se deja para implementar después, ocurre lo mismo que está pasando con los acuerdos de La Habana: dilación para no cumplir. Se está enfrentando un modelo neoliberal y aperturista, que pasa por encima de las particularidades socioculturales, étnicas, cosmovisiones y necesidades de las comunidades de los territorios. Es un modelo que genera violencia y muertes, ese ha sido el talante histórico del expansionismo capitalista y de las multinacionales.

Como bien dice una pancarta extendida en una casa a la entrada a Segovia, “La dignidad no se negocia, ¡se respeta!”. La solidaridad será el soporte para que estos pueblos sigan en su lucha contra el extractivismo en Colombia y por el cumplimiento de los acuerdos.


Fernando Álvarez es educador y representante legal de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (Asovisna).   

Artículo publicado en el nº75 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2017.


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Paro Minero en Segovia y Remedios. Colombia, 2017


 

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