Retrocede el estado de derecho en Argentina

Modificación de leyes por decreto, imposición de jueces sin respetar los mecanismos institucionales, presos políticos, persecución a periodistas por su ideología y agresiones crecientes de las fuerzas de seguridad a la población, en especial a las y los jóvenes, son algunas de las acciones del gobierno que ponen a la Argentina en un camino que la aleja del Estado de Derecho y la lleva al desfiladero del estado de excepción.

Junto a estos hechos que chocan frontalmente con los parámetros propios de un sistema democrático hay otros que, aunque pueden someterse a interpretación y debate, rozan la condición de ilegalidad, como el despliegue simultáneo de operadores del Poder Ejecutivo, allegados íntimos al presidente Mauricio Macri, para arrancarles a los tribunales decisiones favorables.

También entra en la zona del manejo totalitario del poder político la coacción aplicada a legisladores nacionales para que respalden proyectos gubernamentales a cambio de que las provincias por las que fueron elegidos (sus distritos) no sean asfixiadas económicamente, mediante la manipulación del reparto federal de impuestos.

Fotografía: Sebastián Miquel.

Si en la enumeración se pone en juego un concepto genérico de legitimidad, y se lo asume como una referencia separada del principio de legalidad, la lista de acciones del oficialismo amenaza ser infinita: a mediados de abril fue forzada la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Ciencias y Artes Cinematográficas, Alejandro Calcetta, nombrado por el gobierno de Macri, después de que dos periodistas identificados abiertamente con el oficialismo sembraran sospechas de corrupción en un programa televisivo de poca monta.

Además está en juego un pequeño botín, que en parte financia al cine y a otras actividades, obtenido por impuestos que pagan los emisores audiovisuales. No es una carga tributaria significativa por cada medio, pero el monto se hace sentir si un mismo grupo empresarial maneja más de 300 estaciones de radio, televisión y distribuidoras de televisiones de pago. Y ese es el caso del Grupo Clarín, sostén principal de Macri en la campaña electoral y ahora en la promoción y protección de su gestión.

Fotografía: Sebastián Miquel.
Fotografía: Sebastián Miquel.
Fotografía: Sebastián Miquel.

Presos y presas políticas

También una intensa gestión comunicacional, prolongada en el tiempo, le dio combustible a la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala, de la provincia de Jujuy, extremo noroeste del país, por quien reclaman Amnistía Internacional, el Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales, integrante de la alianza partidaria que llevó a Macri al poder, acomodó los tribunales locales con allegados suyos apenas asumió, en diciembre de 2015. De inmediato lanzó la persecución contra Sala, dirigente de una organización social que construyó viviendas, escuelas, hospitales y centros de recreación con fondos que le aportaba el gobierno anterior, y de los cuales era beneficiaria la población más empobrecida de la región.

Fotografía: Sebastián Miquel.

Diarios, radios, canales de televisión y portales de Clarín y otras empresas opuestas a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner construye ron durante años una imagen diabólica de Milagro Sala, a la que describían como cabecilla de un “ejército”, jefa de un “gobierno paralelo” en Jujuy, gozando a la vez de riquezas mal habidas. En Jujuy, grupos violentos causaron destrozos en instalaciones construidas por esta organización: no hay detenidos ni enjuiciados por ello.

Junto con Sala, otros representantes de su movimiento social están encarcelados. Lo mismo sucede en otra provincia, Mendoza, oeste del país y limítrofe con Chile, en la que el gobierno local también pertenece a la alianza de Macri.

Fotografía: Sebastián Miquel.

Guaridas fiscales

Tuvo gran repercusión internacional la investigación del consorcio de periodistas que difundió un informe sobre empresarios, gobernantes, políticos y personas de otras actividades que radicaron fortunas en guaridas fiscales. Macri figuró en este caso, conocido como el de los Papeles de Panamá, pero obtuvo sobreseimiento en primera instancia, en actuaciones realizadas a gran velocidad y con el debido sentido de la oportunidad, dado el proceso electoral que el país atraviesa con vistas a los comicios legislativos de octubre, en que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores.

Por la consabida práctica de fugar dinero del país que caracteriza al gran empresariado local, del que la familia Macri es una de las representantes más poderosas, el presidente dijo a poco de asumir que crearía condiciones de “confianza” para sus bienes e invitó a “blanquear” capitales, es decir, a registrar propiedades, fondos e intereses en el exterior, sin ser castigados por los delitos cometidos.

Envió al Congreso un proyecto de ley que avanzó solo cuando el oficialismo aceptó dos condiciones: quitar una disposición que amenazaba con llevar a prisión a periodistas que difundieran los nombres de quienes blanquearan y agregar otra para evitar que funcionariado del gobierno y sus familiares directos pudieran beneficiarse con este perdón.

Sin embargo, poco después Macri firmó un decreto que sí abrió el beneficio para los suyos, usurpando facultades legislativas. El Congreso necesita mayoría especial de dos tercios para abatir un decreto, proporción imposible de alcanzar no sólo por lo que suman el oficialismo y sus aliados, algunos de los cuales se autodenominan “opositores”, sino también porque el bloque peronista se disgregó en varios fragmentos y algunos volvieron súbitamente amables con el presidente y sus políticas.

¿Cómo consigue el macrismo este apoyo? Cada vez que el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto “sensible”, en los medios del gobierno, encabezados por los diarios Clarín y La Nación, se destaca el papel del ministro del Interior, localmente llamado “cartera política”. El funcionario en cuestión, Rogelio Frigerio, es el encargado de la relación con los gobernadores de provincias. Legisladores de esos distritos que por trayectoria, pertenencia partidaria y compromisos con el electorado son votos opositores “seguros”, se vuelven facilitadores de los propósitos del presidente: en un cuadro recesivo, con caída salarial generalizada, pérdida de puestos de trabajo y pobreza creciente, ningún mandatario provincial puede correr el riesgo de un ahogo financiero, fácil de lograr mediante un corte del flujo de la coparticipación de la recaudación fiscal.

Fotografía: Sebastián Miquel.
Fotografía: Sebastián Miquel.

Tribunales a medida

A comienzos de mayo de 2017 Macri eludió el mecanismo institucional de llamado a concurso y participación del Senado para designar jueces y puso a un dirigente de su partido, Carlos Mahiques, en la Cámara de Casación Penal Federal. Este tribunal deberá revisar, por ejemplo, el caso del dinero recibido por el jefe de la agencia de inteligencia, Gustavo Arribas, de la empresa brasileña Odebrecht.

El control de la justicia es un objetivo en el que el presidente comenzó a trabajar apenas asumió: quiso nombrar por decreto a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando el Congreso, que tiene esa función, estaba en receso. Ambos candidatos aceptaron alegremente el procedimiento ilegal, pero la oleada de críticas por la maniobra forzó la espera del período de sesiones legislativas. Una sorprendente conquista de voluntades de peronistas “opositores” le permitió a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti acceder al máximo tribunal.

Son ellos dos de los tres jueces supremos que beneficiaron con una reducción de penas a uno de los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar que asoló a la Argentina entre 1976 y 1983. Se apegaron para ello al principio de aplicación de la ley más benigna (tomando una norma ya derogada, de cómputo de dos años de prisión por cada uno cumplido) y pisotearon el compromiso del Estado con los tratados internacionales de derechos humanos, que disponen que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no están sujetos a beneficios procesales o de reducción de penas.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, adhirió de inmediato al fallo, pero el gobierno corrigió velozmente la postura por la repulsa generalizada a la Corte, expresada en una manifestación de al menos medio millón de personas en la Plaza de Mayo. Se avino entonces a la aprobación de una ley correctiva. Dos representantes del macrismo fueron nombrados autores de la gestión ante la Corte para conseguir este fallo. Ante la evidencia, los columnistas del gobierno optaron por darle cobertura al presidente, afirmando que él no sabía que esta maniobra estaba en curso.

Fotografía: Sebastián Miquel.
Fotografía: Sebastián Miquel.

Peligro en las calles

Adolescentes y jóvenes tratados con dureza por la policía en ocasiones solo por permanecer en una esquina o una plaza, ingresos policiales a colegios de nivel medio y a una universidad (ambas acciones absolutamente prohibidas), ocho agentes rodeando y amenazando a dos mujeres por tomar sol con el torso descubierto en las playas… Estos son algunos de los hechos que muestran la intensificación de los atropellos a civiles.

Muchas de esas acciones quedan bajo la protección política que ofrece al gobierno una demanda social de “seguridad”, de mayor eficacia ante los hechos delictivos, que no fue alcanzada tampoco durante los gobiernos anteriores. El macrismo se sirve de esa situación para multiplicar la policía en las calles y comprar armas, aunque al mismo tiempo no cumple sus obligaciones ante el drama de la violencia de género, expresada en un femicidio por día a abril de 2017. Los policías persiguen a las y los jóvenes incluso dentro de los colegios, pero en tanto las mujeres desaparecen, pasan los días y luego son hallados sus cuerpos ultrajados.

El 8 de marzo las mujeres realizaron marchas masivas en todo el país para clamar contra los crímenes, pedir la igualdad de derechos y la no penalización del aborto, ya que la práctica clandestina mata a cien de ellas cada año. En Buenos Aires, un gigantesco despliegue policial se sirvió de disturbios aislados frente a la Catedral para lanzar un ataque que abarcó a mujeres que sólo desplegaban pancartas, realizaban una radio abierta o, simplemente, estaban en el lugar.

El gobierno se apoya en un sector de clases medias que lo respalda y que expresa hastío por las manifestaciones de protesta en los espacios públicos, muy frecuentes en Buenos Aires y que se multiplican al compás del aumento de la pobreza, la depresión de los salarios y la suba de precios de los alimentos y otros insumos básicos. Con ese sustento, emprendió negociaciones para una compra de armamento en el exterior por entre dos mil y cuatro mil millones de dólares, eludiendo hasta ahora la necesaria intervención del Congreso.

Fotografía: Sebastián Miquel.
Fotografía: Sebastián Miquel.

Información blindada

También usurpando facultades legislativas, Macri firmó decretos para intervenir fuertemente en el sector de la comunicación audiovisual. Modificó una ley aprobada en 2009 que, de acuerdo con los estándares que fija la Convención Americana de Derechos Humanos, establecía la cantidad límite de emisoras de radio y TV que puede reunir una misma empresa, así como los referidos a la porción de mercado en el negocio de la televisión paga (por cable físico o satélite).

La medida fue en beneficio casi exclusivo del poderoso grupo Clarín, que tiene en funciones gubernamentales más representantes que el mismísimo clan empresario de Macri, y que para más controla la única planta que fabrica papel para diarios en el país (recibida a cambio de los servicios que prestó al dictador Jorge Rafael Videla).

Macri no podría gobernar ya sin este soporte. Necesita la gran potencia informativa y de opinión que reúne Clarín si, como anticipan varios portavoces oficiales, después de las elecciones legislativas de octubre lanzará un plan económico que aumentará las ventajas para el empresariado, en especial el extranjero, con mayor depresión de salarios, reducción de derechos de las personas trabajadoras, menos carga impositiva y ventajas aún superiores para sacar del país sus ganancias.

Fotografía: Sebastián Miquel.

SOBRE EL FOTÓGRAFO, SEBASTIÁN MIQUEL

Hacer fotos durante el gobierno macrista es una experiencia intensa. Las marchas se suceden semana a semana, las causas justas son muchas y llenan las calles de Buenos Aires. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos de desaparecidos en la dictadura, el movimiento feminista, fuerzas sindicales, movimientos sociales, no queda ni un solo arco de la sociedad, exceptuando a las elites económicas, sin generar demandas de cambio de rumbo político al actual gobierno. Sin duda, la realidad corre más rápido que la voluntad de este fotógrafo para estar en todas las manifestaciones que cuestionan al gobierno. Cargando con la subjetividad del caso, las fotos se transforman en testigo de un presente que algunos han llamado de resistencia, tanto a nivel simbólico como político. El trabajo se transforma es un intento más de contrarelato a lo que proponen el gobierno y los medios, la visualización de un colectivo social en pie de lucha que se resiste a ser parte de un ¨yo¨ ahistórico, individualista y perdido frente a la parafernalia mediática neoliberal. (Redacción Pueblos – Revista de Información y Debate).


Hugo Muleiro es periodista y presidente de Comunicadores de la Argentina (COMUNA). Sebastián Miquel es fotógrafo.

Artículo publicado en el nº74 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2017.


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