Cooperación y control de las migraciones: ¿dos caras de la misma moneda?

Existe un discurso de poder, del poder, según el cual la cooperación internacional, la ayuda al desarrollo, son prácticas extremadamente positivas en las que no cabe crítica alguna porque son buenas por naturaleza. ¿Cómo no va a estar bien ayudar al pobre, construir un hospital y una letrina?

Este discurso de poder nos lo intentan imponer cada día desde diferentes ámbitos. Te paran por la calle para hacerte socia de una ONG, hablándote de ayudar con muy poco y apelando a nuestras conciencias y generosidad de buenas personas. Algo se mueve dentro de nosotras al mirar la gran valla publicitaria donde una persona blanca con el chaleco de una ONG le quita las moscas de la cara a una niña negra desnutrida en una barraca con suelo de barro que hace de hospital. La televisión muestra cómo la Cruz Roja atiende a las personas migrantes de una patera apresada o rescatada cerca de la costa almeriense. Nos puede llenar de orgullo y envidia sana escuchar en la radio la aventura de un compatriota nuestro que nos cuenta su vida en algún país africano y su trabajo ayudando a la gente…

El palo y la zanahoria

Así, poco a poco, día a día, se intenta establecer el discurso único: la cooperación que ponen en marcha de manera desinteresada los países ricos en los países pobres es justa y necesaria para ayudar y ser solidarias en un mundo tan injusto. Las y los cooperantes son los nuevos héroes modernos que dejan sus países, sus casas y sus gentes para ir a ayudar a otras personas. Desde hace algunos años, afortunadamente, se alzan algunas voces críticas que señalan que en la cooperación internacional, especialmente en la ayuda oficial al desarrollo (AOD), no es oro todo lo que reluce.

Nos quieren vender que el grueso de la AOD otorgada por el Estado español es desinteresada. ¿Pero desde cuándo el Estado español es un Estado solidario? Miremos en primer lugar dentro de sus fronteras: las migrantes de la patera que vemos en la televisión atendidas por miembros de la Cruz Roja no serán cuidadas ni tratadas con dignidad por parte del Estado español. Detrás de los chalecos rojos de la Cruz Roja está el verde oscuro de la Guardia Civil española: esas personas migrantes, después de ser atendidas por la Cruz Roja, serán apresadas y llevadas ante un juez que en la mayor parte de casos, por ser pobres y no tener la documentación en regla, decretará su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para castigarlas e intentar proceder a su deportación en los siguientes sesenta días. ¿Por qué el Estado español es solidario con las personas negras y pobres que se encuentran a miles de kilómetros y dentro de sus fronteras las encierra en los CIE, cárceles racistas e inhumanas donde se suceden denuncias de torturas y malos tratos? ¿Por qué el Estado español ayuda a las migrantes en sus países de origen pero dentro de sus fronteras la Guardia Civil española las machaca a porrazos en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla o directamente las ahoga a pelotazos como en Tarajal? ¿Tiene algo que ver la ayuda internacional al desarrollo con el intento de control de las migraciones?

Fronteras líquidas y duras

Como decían nuestras abuelas, nadie da duros a cuatro pesetas. En el artículo “Capitalismo y Fronteras”[1] , publicado el año pasado en esta misma revista, ya señalábamos que Marruecos, no siendo ni de lejos el país más pobre de África, es el que más dinero recibe por parte del Estado español en materia de ayuda al desarollo. Esto sucede porque a través de la inversión en cooperación internacional, el Reino de España, junto con la Unión Europea (UE), paga al Reino de Marruecos por ser su policía en materia de migración. Es decir, el Reino de Marruecos se encarga de reprimir en su territorio el ejercicio del derecho a migrar para que las personas migrantes no crucen las fronteras del Estado español.

Mª José Comendeiro.

Con esto, la UE y el Reino de España consiguen externalizar sus fronteras: manteniendo el mismo territorio, las fronteras de la UE se sitúan ya en tierras marroquíes (al igual que en el este de Europa las fronteras de la UE ya no son Grecia sino Turquía). Aquí entramos en un concepto de frontera que rebasa el tradicional: las fronteras ya no son solo las casetas donde se realiza el control de pasaportes ni tampoco las vallas con sus concertinas que rechazan y hieren a las personas. Frontera es también cualquier lugar donde se impide a las personas migrantes continuar su viaje: una redada racista en un barrio de València y un control de documentación en la estación de trenes de Rabat.

El control de esas fronteras que se sitúan allende el territorio de la UE y del Estado español no solo lo realizan las fuerzas de represión soberanas de cada país, sino que a veces es la propia Guardia Civil española la que patrulla e impide el tránsito de personas migrantes en territorios soberanos de otros Estados. Es el caso de Mauritania y Senegal, donde desde 2006 la Guardia Civil española está desplegada de manera permanente para evitar la salida de pateras hacia las Islas Canarias. En territorio soberano mauritano además, desde 2014, la Guardia Civil española patrulla por tierra y en solitario.

Tanto Senegal como Mauritania son dos casos en los que la relación entre AOD y control de las migraciones es bastante clara: como bien señala Lara Contreras en un artículo[2] , el Ministerio del Interior español pasó de aportar a la AOD menos de un millón de euros en 2014 a más de 14 millones en 2015. El 90 por ciento de estos 14 millones de euros se invirtieron en sólo en dos países: Mauritania y Senegal. No es tampoco baladí en cuanto a la relación entre AOD y la vulneración del derecho a migrar el hecho de que sea el Ministerio del Interior y no el de Exteriores quien gestione las ayudas a estos países.

La externalización de las fronteras supone además muchos “beneficios” en materia de derechos humanos para el Estado español y la UE, ya que no existe ningún mecanismo de control de las políticas europeas impuestas en África, lo que se traduce en impunidad absoluta. No sabemos ante quién responde (ni si pueden ser denunciados y juzgados sus agentes) la Guardia Civil española desplegada en Mauritania y Senegal, pero sí sabemos que las fuerzas de represión mauritanas, senegalesas y marroquíes, a pesar de hacerles el trabajo de contención de las migraciones, no responden ante el Estado español ni ante la UE porque no tienen ninguna responsabilidad legal sobre ellas.

Es decir, que si en el ejercicio desus funciones de represión de las migraciones las policías de Marruecos, Senegal o Mauritania, violan los derechos humanos de las personas migrantes, ni la UE ni el Reino de España podrán ser nunca legalmente acusados de nada. Con esto no estamos diciendo que las policías africanas sean peores que las españolas: la tortura es igual de brutal cuando se produce en un calabozo de la Audiencia Nacional española que cuando tiene lugar en una comisaría de Nouakchott.

Otro beneficio de situar las fronteras europeas en África y dejar en manos de terceros la represión es que el ejercicio del derecho a la información y a la denuncia por parte de las víctimas y de la sociedad civil organizada se torna arduo: si ya es complicado conseguir quitarse la mordaza para denunciar e informar de manera pública sobre vulneraciones de derechos fundamentales en territorio del Estado español, pues mucho más complicado es hacerlo cuando estas vulneraciones se realizan a centenares de kilómetros.

Anticooperación

Como vemos, en algunos casos la cooperación internacional al desarrollo y el control de las migraciones son dos caras de la misma moneda. En esta línea se sitúa el antropólogo Gustau Nerín, que en su libro Blanco bueno busca negro pobre[3] señala que los países de la UE “han incluido en los acuerdos de cooperación con los países africanos medidas en materia migratoria que refuerzan el control de la emigración y facilitan la repatriación de sin papeles”. Y eso que para los países africanos la emigración no es ningún problema, ya que las remesas que envían las emigrantes ayudan a la economía y a las familias que se han quedado en el país. Queda claro pues, que los países africanos que deciden controlar y/o reprimir las migraciones lo hacen porque reciben algo a cambio. Ese “algo a cambio” puede ser ayuda internacional para el desarrollo. Estaría bien que, al menos, los países de la UE no nos engañaran y nos dijeran las cosas claras: damos porque recibimos. Y estaría bien también empezar a hablar de inversión, no de cooperación.

Si el objetivo de la cooperación internacional al desarrollo es el control de las migraciones, la inversión de los países enriquecidos en los países empobrecidos y la imposición de un único modelo de desarrollo y de sociedad, se puede decir que ha tenido éxito. Pero si el objetivo es el que nos venden, un mundo más justo y solidario, hay que decir bien alto y claro que ha fracasado: por mucha ONG y mucha AOD, a África la seguimos condenando a la deriva y la desigualdad y la pobreza siguen en aumento. La AOD y la mayor parte de las ONG no se preocupan en denunciar las desigualdades estructurales ni a las élites económicas y gobernantes cómplices, como si se pudiera acabar con la diferencia de clases sociales sin atacar a los ricos.

Pero es que, además, como dice David Llistar[4] , por muchos proyectos de cooperación al desarrollo que se hagan desde gobiernos y ONG europeos, el total resultaría “ser una miseria en comparación con los mecanismos de la anticooperación mucho más potentes en términos económicos, políticos, culturales y ambientales como la deuda externa, el comercio internacional, la difusión de tecnología, el cambio climático o la guerra”. Es decir, el bien que podría causar la ayuda al desarrollo es infinitamente inferior al mal causado por la anticooperación ejercida desde los países del Norte hacia los países del Sur. Simplificando, podríamos decir que no se trata de bombardear para luego poner un hospital: de lo que se trata es de no bombardear.

Al llegar a este punto tenemos dos opciones: seguir poniendo parches a una patera que se hunde a causa del agua que los mismos Estados europeos le están echando encima o intentar que nuestros Estados europeos dejen de echar agua. Si apostamos por la primera opción tengamos claro que la anticooperación que practican nuestros países perpetúa las desigualdades entre Norte y Sur y es infinitamente más dañina que cualesquiera acciones de cooperación al desarrollo.

Asimismo, deberíamos abandonar de una vez el buenismo y ser conscientes de que con la AOD y la mayoría de ONG lo que estamos haciendo es participar en una inversión: hacemos proyectos de desarrollo porque tenemos intereses en esos países (comerciales, recursos energéticos, control de las migraciones). Si apostamos por la segunda opción, nuestra lucha se sitúa en nuestras sociedades de los países del Norte: la creación de sociedades sostenibles con nuestros propios recursos, la denuncia de la anticooperación que ejercen nuestros Estados sobre los países del Sur, la lucha contra las fronteras y por el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran o intentan entrar en nuestros países.


Sara Verdú es integrante de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Tito Mompó es miembro de Valencia-Acoge y de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Artículo publicado en el nº74 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2017.


NOTAS:

  1. Pueblos – Revista de Información y Debate, nº69, segundo trimestre de 2016. Disponible en www.revistapueblos.org.
  2. Contreras, Laura (28/03/2017): “Es hora de refundar la cooperación”, El País, www.elpais.com.
  3. Nerín, Gustau (2011): Blanco bueno busca negro pobre, Roca Editorial, Barcelona.
  4. Llistar, David (2009): Anticooperación, Icaria Editorial, Barcelona.

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