Inteligencia colectiva contra el cambio climático

Es un tema es muy serio, probablemente uno de los más serios a los que se tenga que enfrentar la humanidad los próximos años. El cambio climático es de consecuencias globales y afectará de un modo u otro a todas las regiones. En España se han detectado, por ejemplo, impactos sobre la costa: incremento del nivel del mar, nivel medio del mar local, extremos de nivel del mar, cambios en oleajes, temperatura superficial del agua y acidificación de los océanos. Para hacer frente a algo de tal magnitud, se propone una política basada en la ciencia[1].

 

Para hacer frente a algo de tal magnitud se propone una política basada en la ciencia. Esta política basada en la ciencia, en la mejor ciencia disponible, podría denominarse P.I.C.C., Política Inteligente contra el Cambio Climático. Abarcaría actuaciones basadas en las evidencias recogidas por el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC), con quien compartiría iniciales.

El IPCC ha realizado cinco informes de evaluación sobre el cambio climático a escala global. Las conclusiones son claras: se observan evidencias en todos los continentes y se debe a la actividad humana. La Agencia de Estados Unidos para la Ciencia afirma con una certidumbre del 97 por ciento que 2016 ha sido el año récord en calentamiento global y el del agosto más cálido, datos que comparte la Organización Meteorológica Mundial[2]. El tema es cada vez más urgente, imprescindible e ineludible en la agenda política, pero no se está trabajando a la altura del reto. Las políticas aplicadas hasta ahora son contradictorias, confusas, inseguras, ineficaces e ineficientes.

A continuación, se propone una serie de actuaciones para no superar los dos grados centígrados marcados como margen a partir del cual habrá problemas irreversibles.

1. Evitar políticas contradictorias

Se otorgan millones y millones de euros a través de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, como las dadas a la industria automovilística y a la energética (combustibles fósiles, petroleras). Por ejemplo, el estado subvenciona la quema de combustibles fósiles para la producción de energía, tanto carbón como gas, o no incentiva suficientemente en la fijación del precio de la electricidad, las energías renovables que no emiten gases de efecto invernadero.

Por otra parte, existen políticas contradictorias tanto en infraestructuras como fiscales. España es un ejemplo más de los países que han promovido políticas incentivadoras de sectores que favorecen el cambio climático. Por ejemplo, incentivando el transporte de mercancías de carreteras en vez de por tren. O a escala municipal, si se realizan infraestructuras que favorecen el coche los ciudadanos irán en coche, si se favorecen otras infraestructuras o se dan otros medios más rápidos y eficientes la gente los utilizará, como trenes de cercanías, o bicicletas de alquiler, etc. y disminuirán las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorará la calidad del aire en la ciudad.

2. Reducir emisiones sí o sí

Los distintos actores tienen diferentes responsabilidades y cada uno debe actuar. Esta reducción de emisiones deberá afectar a todos los sectores (energía, transporte, industria, agricultura, edificación, gestión de residuos) y tendrá que ser tanto por mecanismos obligatorios como voluntarios.

Un 26 por ciento de las emisiones mundiales se debe al sector energético y un 19 por ciento a la industria, así que hacia ahí habrá que dirigir los esfuerzos. En España, las emisiones del sector energético son un 70 por ciento, y por ello es evidente dónde debe actuarse, tanto para aumentar la eficiencia como la sustitución de combustibles o tecnologías más contaminantes, como el carbón o el gas, por energías renovables. Es cierto que el gas emite menos que el carbón, pero, ¿para qué pasar por el gas si podemos ir directamente a las renovables?

3. Poner precio al carbono

Un precio del carbono alto y progresivo impulsará el cambio necesario para que se normalicen las tecnologías limpias o las energías renovables y fomentará la reducción progresiva de nuevas emisiones, el aumento del potencial de innovación y que las inversiones sean más rentables.

En la actualidad el precio del carbono es de poco más que cinco euros por tonelada. Sería necesario un precio mucho más alto, de unos 25 euros por tonelada, al menos, posiblemente fijo, para que se produjeran reducciones importantes de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores más contaminantes.

Esta actuación está justificada. Los instrumentos de mercado no han funcionado e, incluso, los que contaminaban cobraban. A estas empresas les han llegado “regalos caídos del cielo” en forma de venta de emisiones de bonos de CO2. Sería interesante que hubiera compromisos por parte de estas empresas en cuanto a devolver el dinero así recogido o comprometerse a invertirlo en inversiones bajas en carbono, en energías renovables o en I+D

4. Responsabilidades diferenciadas

Tan solo 90 compañías son responsables de dos terceras partes de las emisiones totales causadas por el ser humano. Chevron, Exxon y BP son algunas de ellas, con cifras en torno al tres por ciento. La española Repsol sería responsable de un 0,22 por ciento del cambio climático mundial.

Es mucho más fácil incidir en las emisiones fijas que en el resto de las emisiones difusas, realizadas por los otros 45 millones de decisores. Si se desea que la responsabilidad social corporativa no sea sólo “retórica social corporativa”, será necesario que todas las empresas empiecen a determinar con exactitud cuáles son sus emisiones reales y en qué medida influyen en el cambio climático. En España diez empresas emiten el 70 por ciento de todos los gases de efecto invernadero procedentes de instalaciones industriales, el 28 por ciento del total emitido en el país. Endesa, por ejemplo, es la responsable del diez por ciento de todas las emisiones[3].

Otro tanto ocurre con los países. Es preciso adoptar ambiciosas medidas de reducción desde ahora mismo para cerrar la brecha de emisiones antes de 2020, especialmente por parte de los países desarrollados, y también establecer mecanismos posteriores al acuerdo de París que permitan aumentar la ambición de estos objetivos, sobre todo si se observa un agravamiento de los escenarios climáticos.

5. Administraciones limpias

La administración pública es la que marca las reglas de juego, como afirma el Acuerdo de París. Debe dar ejemplo con su propio comportamiento con respecto a todas sus actuaciones con empresas, sectores contaminantes, diseño y ejecución de políticas públicas, creación de tejido I+D, fomento de la innovación, incentivación de tecnologías bajas en carbono, etc. Además de realizar campañas de publicidad y concienciación dirigidas a la ciudadanía, debe llevar a cabo acuerdos vinculantes, realizando planes de compra y contratación verde, poniendo placas solares en todos sus edificios, fomentando el transporte sostenible, abasteciendo los comedores y colegios con productos de agricultura ecológica, etc.

Y por supuesto, prohibiendo en todo el territorio, por supuesto, soluciones que impliquen mayores emisiones basadas en el carbono o para las que no se hayan evaluado los efectos ambientales adecuadamente (como, por ejemplo, el fracking).

6. Ciudadanía

Es evidente que los ciudadanos, con sus decisiones diarias como consumidores o con su comportamiento diario, son capaz de tomar decisiones que pueden influir y determinar el mercado y, por supuesto, modificar el futuro. En su mano están decisiones tales como la elección del tipo de energía del hogar, optar por uno u otro tipo de transporte o vetar marcas especialmente poco cuidadosas con el cambio climático. Tampoco hay que olvidar el papel de las y los ciudadanos como votantes, pues existe posibilidad de elegir entre opciones mejores o peores para luchar contra el cambio climático.


Fernando Prieto es doctor en Ecología. Forma parte del Observatorio de la Sostenibilidad.

Carlos Alfonso es geógrafo y trabaja en el Observatorio de la Sostenibilidad.

El OS ha editado recientemente el informe Estimación de Emisiones CO2 2016. Balance meteorológico y análisis energético del año, que puede descargarse en la web www.observatoriosostenibilidad.com.

Artículo publicado en el nº73 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2017.


NOTAS:

  1. Han disminuido los recursos nivales: los glaciares de los Pirineos aceleran su desaparición. El número de días que abren las estaciones de esquí por disponibilidad del recurso es muy inferior al de otras décadas. Por ejemplo, en Navacerrada (Madrid) se recoge un descenso en un 41 por ciento del número anual de días con precipitación de nieve en el periodo 1971-1999. Hechos menos evidentes para el gran público como son la evolución del grado de humedad de los suelos y la evapotranspiración del complejo suelo/vegetación brindan también datos preocupantes. La vegetación ya ha empezado a adaptarse y a desaparecer de algunas zonas. En los bosques ya hay movimientos altitudinales y desaparición de endemismos afectados por la disponibilidad de agua y la evolución de las temperaturas. Los incrementos de periodos sin precipitación y la sequedad del ambiente también afectan y afectarán a la magnitud e intensidad de los incendios forestales.
  2. La OMM es un organismo especializado de las Naciones Unidas integrado por 191 Estados y Territorios Miembros. Web: https://public.wmo.int/es.
  3. Endesa emite 33 millones de toneladas; Repsol y Petronor, 13; Gas Natural Fenosa, cerca de 13; HcN, 10,6; Arcelor Mittal, 6; E.ON, 5.3, Cepsa, 4.8; Cemex, 3.5; Iberdrola, 2.7; y Cementos Portland, 2.5. Los sistemas de generación de energía de las grandes compañías eléctricas españolas son una de las razones fundamentales de que España volviese en 2015 a registrar aumentos significativos en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), los principales culpables del cambio climático y del calentamiento global.

“Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”
Upton Sinclair

 

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