Tierra y reforma agraria: Propuestas desde el Sindicato de Obreros del Campo- Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras

Andalucía ha sufrido históricamente una injusta distribución de la tierra derivada del modo en que se configuró la Andalucía moderna. La ocupación y la guerra de conquista, así como el reparto de tierras por derecho de conquista dieron lugar a un modo desigual de propiedad que conocemos como latifundismo y que se da fundamentalmente en la zona del valle del Guadalquivir. Desde las primeras décadas del siglo XIX, las reformas liberales y especialmente tras las desamortizaciones (procesos de privatización de tierras sobre todo comunales y propiedades eclesiásticas) las primeras manifestaciones del malestar rural por la penetración del capitalismo agrario en el campo tuvieron que ver con la expropiación de tierras comunales y con la privatización de tierras que hasta entonces eran propiedad de los ayuntamientos. Durante todo el siglo XIX y hasta el primer tercio del XX Andalucía vivió una serie de episodios de movilización social, especialmente tras la revolución gloriosa (1868-1874) y durante el trienio bolchevique (1917-1920), en los cuales el eje fundamental de la movilización fue el reparto de la tierra, es decir la distribución del trabajo y de la riqueza. En ese sentido con la proclamación de la II República una de las cuestiones prioritarias para los Gobiernos fue una legislación en política agraria que modernizara la agricultura andaluza y española y que mejorara la desigual distribución de la tierra.
Mural en la finca ocupada de Somonte. Fotografía: Diego Martín. Corresponsales obreros y populares.

Debido a la inestabilidad política generada por las oligarquías y los sectores latifundistas que reiteradamente incumplían la legalidad republicana vigente y ante el ascenso y apoyo que el fascismo en Europa prestaba a las clases poderosas y a las derechas, la Guerra Civil y la posterior dictadura militar cerraron el horizonte de posibilidad de una reforma agraria que se venía elaborando desde el año 1932. La dictadura franquista supuso un absoluto retroceso en cuestiones laborales para los asalariados y asalariadas agrícolas y profundizó el proceso de acaparamiento de tierras debido a las expropiaciones de tierras públicas para repartirlas entre las clases terratenientes que habían apoyado su alzamiento. La penetración del neoliberalismo agrario y la revolución verde en la década de los 80 con la Ley de Reforma Agraria supuso un nuevo proceso de acaparamiento de tierra. Así, hoy en Andalucía el 50 por ciento de la tierra está en manos del 2 por ciento de los propietarios.

Las iniciativas de propuestas para el acceso a la tierra y la agroecología tienen que ver con el trabajo de auto organización y demanda de reparto de tierras y de trabajo realizado por el Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural de Andalucía, que ha sido durante más de cuatro décadas la expresión organizada de las personas asalariadas agrícolas andaluzas, hoy dentro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT).

Propuesta de Reforma Agraria de 1984: “La tierra, como el agua, el sol o el aire, no es propiedad de nadie”

La primera de las dos iniciativas de reforma agraria a analizar fue la aprobada en el III Congreso del Sindicato celebrado en Villamartín en el año 1984. Ante el lanzamiento por parte del Presidente de la Junta de Andalucía de una Comisión que trabajaría en la redacción de una Ley de Reforma Agraria, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) organizó una comisión para redactar una propuesta de reforma agraria en el marco de su III Congreso. En dicha conferencia, en el análisis sobre el anteproyecto de reforma agraria, la primera crítica hace referencia a que no se tiene en cuenta la función social: no se atiende a generar el mayor número de puestos de trabajo, ni a la rentabilidad social, sino solo a la rentabilidad económica. Las posibles expropiaciones por parte del Gobierno andaluz se harán sobre aquellas fincas que no estén sujetas a su debido aprovechamiento económico. Para el SOC uno de los puntos fundamentales de dicha reforma agraria debe ser la reorganización de la estructura agraria andaluza, en base al reparto de la tierra desde las manos de los latifundistas a manos del pequeño y mediano campesinado y personas jornaleras.

Además de la cuestión del reparto, el SOC también exige una serie de puntos en torno a la planificación económica, entre ellas: a) planificación de cultivos con criterios de potenciación de aquello en lo que Andalucía tenga más ventajas comparativas y que dé trabajo; b) creación de las industrias abastecedoras de materias primas agrarias; c) fomentar la creación de cooperativas de compra de materias primas y servicios técnicos para la agricultura; d) elaborar una nueva legislación laboral para el campo y establecer una normativa que impida la acumulación privada de tierra; e) potenciar la investigación agraria en Andalucía y elaborar un plan de aprovechamiento hidráulico, forestal, energético, entre otras medidas de carácter análogo.

Por último, el SOC plantea que una reforma agraria como esta es necesaria y posible, argumentando que se dan las condiciones económicas de paro y de precariedad de una gran parte de los trabajadores y trabajadoras agrícolas en Andalucía, así como la superveniencia de la tensión entre el latifundio y el minifundio y la ausencia de una clase media propietaria en el mundo rural.

En cuanto a la cuestión de la tierra, el SOC despliega su propia concepción, formas de propiedad y tenencia que debería promulgar la Ley de Reforma Agraria declarando: “La tierra, como el aire y como el agua es un don de la naturaleza y por lo tanto no puede ser tenida por nadie para su provecho o enriquecimiento privado sino que es un bien público, una propiedad del pueblo que tiene que ser para uso y disfrute de la comunidad que la habita y la trabaja. Por tanto se debe abolir la propiedad de la tierra. La tierra no es de nadie, la tierra es del pueblo”.

Entre las medidas que plantea el documento respecto a las transformaciones sobre las que debe incidir la Ley destacamos fundamentalmente: a) la titularidad de la tierra no es tan importante como el usufructo de la misma; b) avanzar hacia la propiedad pública de la tierra, prestando especial atención a las cooperativas de explotación común; c) potenciar las explotaciones familiares; d) el problema de la tierra ha sido históricamente un actor de conflicto en Andalucía y ya es hora de resolverlo; e) legislación que impida la acumulación de la tierra.

En la línea de la defensa de la tenencia pública el SOC argumenta que la tierra pública debería provenir del sector forestal, de las tierras de antiguos y nuevos regadíos y de tierras de secano. Para financiar dicha adquisición de tierras planteamos la emisión de títulos de deuda pública, así como un presupuesto anual extraordinario por parte tanto del Gobierno andaluz como del estatal. El SOC defendió también la importancia de las Cajas de ahorros para facilitar los créditos para las cooperativas de explotación, las explotaciones familiares, etc. Finalmente, también se propone la creación de un Banco de Crédito Agrícola que aglutine los fondos provenientes de las Cajas Rurales.

En términos de favorecer un mayor abastecimiento regional de materias primas agrarias proponemos tender a una regionalización de las industrias abastecedoras y fomentar la creación de cooperativas de compras y servicios técnicos para agricultura. Así como potenciar la investigación agraria, en orden a una adopción selectiva y no indiscriminada de las técnicas de la revolución verde, creando un Centro Andaluz de Investigación Agraria. En el ámbito de la transformación y comercialización de los productos agrarios, el documento hace las siguientes propuestas: “Como principio general, en el marco de la nueva agricultura, en la que este constituye sólo un subsector dentro del sistema agroalimentario global, el éxito de toda reforma agraria depende en gran medida de las reformas que se introduzcan en el subsector de transformación de la comercialización agraria. Habría que atender a la creación de industrias comarcales en estrecha relación con las producciones agrarias de la zona. La promoción de estas industrias es responsabilidad oficial, potenciando las iniciativas colectivas y el cooperativismo”. Además, el documento incluye otras demandas destacables como la mejora de las condiciones de vida de los municipios rurales, con medidas como asistencia sanitaria o una educación pública de calidad; o la inclusión de una rigurosa legislación laboral de garantías para los trabajadores y trabajadoras agrícolas en las explotaciones y en las fincas de tierra pública, así como en el entorno general de su trabajo.

Este documento fue el texto fundamental que el SOC asumió en su demanda de una Ley de Reforma Agraria durante los años en que estuvo vivo el debate en torno a dicha Ley. No es parte de la naturaleza de este trabajo analizar cuáles fueron las consecuencias de la misma, pero sí cabe hacer varias reflexiones. El 3 de julio de 1984, el Gobierno andaluz había publicado su Ley de Reforma Agraria, y como plantean los profesores Manuel González de Molina y José Manuel Naredo, había varias razones que explicaban políticamente esta decisión, entre las que destacan, por un lado, la desactivación del movimiento jornalero cuya amplitud y radicalidad constituía, por aquel entonces, un factor permanente de inestabilidad; y por otro, que constituía una victoria política dentro del orden simbólico que continuaba suponiendo la reforma agraria en Andalucía, ganando a amplios sectores de la población e incluyendo a los grandes propietarios gracias a la importante ambigüedad que comportaba el concepto de reforma agraria. Definitivamente el Gobierno andaluz logró desplazar el debate político y económico desde el eje reparto-redistribución, hacia el eje rentabilidad-productividad de las grandes explotaciones agrarias andaluzas.

Hacia una Ley de Patrimonio Agrario Andaluz

La segunda iniciativa a analizar es la que desarrolló el SAT en 2013 ante la perspectiva de una posibilidad de legislación favorable a un banco de tierras expuesta por el Gobierno de PSOE-IU (2012-2015) y en el contexto de la ocupación por parte del SAT de la finca de Somonte en Palma del Río, comarca del valle medio del Guadalquivir (Córdoba). Se trata de una propuesta de proyecto de ley titulada “Por un Patrimonio Agrario Andaluz” (PPA), redactada por el Área de Soberanía Alimentaria, coordinada por Federico Pacheco Frías en colaboración con Francisco Ruíz Conejero, y en la que se destacan algunas de las cuestiones que según la filosofía del SOC-SAT deben vertebrar una política agraria para la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra.

En primer lugar, la tierra no es una mercancía. Las fincas de la Junta conforman un patrimonio inalienable al servicio del pueblo andaluz, derogando el “decreto de subasta” e incrementando el patrimonio agrario de la Junta adquiriendo nuevas fincas con una partida anual en los presupuestos (4 por ciento) y con aportes de las cooperativas usuarias, a través del Fondo Andaluz Antilatifundista. Además, se regula el derecho de tanteo en las subastas de terrenos agrícolas y se abre la posibilidad de expropiar fincas por motivos sociales, infrautilización o cultivos lesivos con el medio ambiente.

En segundo lugar, se asume la agricultura campesina y la soberanía alimentaria, apostando por la producción ecológica, los cultivos sociales, el mercado local y el uso responsable de los recursos naturales, en especial el agua. Se prohíbe el uso de transgénicos y cultivos para biocombustible. Además, se apoya a las industrias transformadoras locales, la creación de un banco de semillas andaluz, un parque de maquinaria y créditos públicos.

En tercer lugar, se plantea el derecho de uso colectivo no capitalista y solidario de la tierra. Así, las fincas públicas son cultivadas por cooperativas de trabajo asociado sin ánimo de lucro, en régimen de cesión administrativa. Se prioriza además la creación de riqueza en el entorno, la reinserción social de los colectivos más desfavorecidos y se promueven planes de mantenimiento y aprovechamiento forestal por cooperativas. Finalmente, se crea un Fondo de Solidaridad para apoyo de otros proyectos locales y de proyectos en países con menos recursos financieros.

Finalmente en cuarto lugar, se valora de importancia estratégica la participación social y el control en la gestión de la propuesta del PPA, a través de la participación de los municipios, las organizaciones agrarias, sindicatos y cooperativas beneficiarias en la gestión y control del PPA, facilitando así la transparencia financiera a través de la Cámara de Cuentas y el régimen de seguimiento y control de las concesiones. Por último, el documento exige la posibilidad de aperturas a otras reformas legales agrarias, se plantea la regulación para el rescate de las tierras comunales desamortizadas y de las fincas expropiadas por la Segunda República y el impulso de los huertos sociales municipales.


Javier García Fernández, Curro Moreno y Néstor Salvador forman parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as y del Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral.

Artículo publicado en el nº72 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2017.


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