Políticas agrarias, movimientos sociales e investigación militante

Los debates políticos y la investigación académica sobre el mundo agrario han sido un tema central en las ciencias sociales durante el siglo pasado. Muchos estudios clásicos de política agraria se han centrado en comprender qué campesinado tenía más probabilidades de participar en políticas y revoluciones radicales para cambiar sus condiciones. Con el auge del neoliberalismo en los 80, el final de la guerra fría y el colapso de los experimentos socialistas, diferentes tipos de movimientos agrarios empezaron a emerger a lo largo del mundo.
VI Conferencia de La Vía Campesina en Jakarta, Indonesia (2013). Fotografía de Oskar Hernando.

Actualmente la mitad de la población mundial continúa viviendo en áreas rurales, por lo que los estudios agrarios siguen siendo importantes, pero ha habido cambios significativos en el panorama político y en los retos a afrontar. Es  importante destacar que, frente a una ola mundial de acaparamiento de tierras, la política agraria está de nuevo en el foco de atención. La crisis del precio de los alimentos, el petróleo, la energía, y la crisis financiera que explotó entre 2007 y 2008 exigieron soluciones al cambio climático como los biocombustibles, lo que generó una nueva fórmula de acaparamiento de la tierra por las empresas sustentada con ayuda de los Gobiernos. Estos eventos han confirmado la relevancia del activismo académico, o la investí gación crítica con el objetivo de cambiar el mundo.

La fiebre de nuestros días por la tierra

El término acaparamiento de tierras se refiere a la captura del control de vastas extensiones de tierra y recursos mediante una serie de estrategias y formas que involucran grandes cantidades de capital y desplazan el uso de los recursos hacia actividades extractivistas. El acaparamiento de tierras está a menudo ligado con la convergencia de la crisis alimentaria, energética y financiera. Sin embargo, ofrece una manera útil pero incompleta de entender las luchas campesinas actuales.

Periodistas y personal investigador han intentado cuantificar las hectáreas de tierra que han sido acaparadas, encontrándose con dificultades a la hora de obtener los datos debido a que el acaparamiento se puede realizar mediante la compra, el alquiler u otro tipo de acuerdos. Por esta razón, se han recogido cifras dispares, desde 80 millones de hectáreas según la Coalición Internacional de la Tierra a 227 millones según Oxfam en 2011[1]. En cualquier caso, ningún dato es suficientemente relevante para presentar una imagen real de la situación. La cuestión más importante debe centrarse en desenmascarar la lógica del acaparamiento de tierras para poder detenerlo.

La estrategia principal que se expone como solución a la crisis alimentaria, energética y de cambio climático consiste en tomar la tierra marginal, subutilizada, vacía y disponible convirtiéndola en sistemas de producción eficientes. Esta idea se legitima mediante el uso de lenguaje adecuado, como “negocios y derechos humanos” o “responsabilidad social corporativa”, que se presenta como una forma de expandir los negocios respetando los derechos humanos en pro de ayudar a las personas empobrecidas para ganarse la vida. Sin embargo, este argumentario se basa en una serie de suposiciones falsas:

  1. La tierra acaparada no está inutilizada o vacía. De hecho, estas “soluciones” están desplazando a comunidades y alimentando una oleada de apropiación de tierras a nivel mundial.
  2. Los modelos de acceso y control sobre la tierra y la forma en que la producción está organizada en las sociedades campesinas son económicamente ineficientes. Apelar a la eficiencia sostiene la idea de que las economías campesinas no podrán alimentar a la creciente población mundial.
  3. Los sistemas de producción del campesinado son nocivos para el medioambiente. En el pasado esta afirmación ha llevado a las principales organizaciones conservacionistas y a los Estados a lanzar campañas para criminalizar las prácticas agrícolas tradicionales, generando pérdida de saberes, desestructuración de tejidos rurales, desplazamientos, etc. Aún en estas circunstancias el campesinado ha resistido y hoy vemos una revalorización de prácticas ancestrales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático.

La fusión entre estos argumentos, las tierras vacías o que la producción campesina es ineficiente y ecológicamente dañina, forman la narrativa utilizada para captar los recursos de las comunidades empobrecidas. Esto supone que las bases que sostienen las políticas redistributivas de la tierra están alteradas.

La reforma agraria convencional se fundamenta en la idea de redistribuir grandes fincas al campesinado sin tierra o con poca tierra para crear una masa de pequeñas granjas familiares, cooperativas de bienes, o fórmulas mixtas. En el contexto actual global de aumento de la demanda de tierra, necesitamos aprovechar la reforma agraria convencional, pero dar un paso más e incluir otros recursos como el agua, los bosques, los minerales del subsuelo, etc.

Desde una perspectiva de estudios críticos agrarios, en la tabla 1 se recogen las distintas categorías de problemas vinculados a la tierra.

La reforma convencional (rural/agrícola I) es probablemente la categoría más significativa políticamente ya que involucra al grupo más grande de la población rural. La categoría II representa las iniciativas y problemas de la adaptación y mitigación al cambio climático (por ejemplo, la energía hidroeléctrica o los parques eólicos). Las categorías III y IV han cobrado importancia recientemente debido a los cambios demográficos y las alteraciones de los vínculos urbano-rurales relacionados con el trabajo, la tierra, la vivienda, la alimentación, el agua, etc. Estos vínculos se van difuminando a medida que aumentan los conflictos urbanos y periurbanos.

Históricamente, en los estudios agrarios clásicos la principal tensión era campesinado versus clases terratenientes o el Estado. Sin embargo, en la actualidad las tensiones relacionadas con la tierra son mucho más diversas. La clase terrateniente incluye latifundistas, propietarios de plantaciones agropecuarias, además de nuevos actores como los acaparadores de tierras corporativos, los compradores individuales transnacionales, nacionales y transfronterizos (agricultores, corredores, estafadores), entidades financieras, cadenas de supermercados, industria alimentaria e inversionistas. El papel del Estado en este nuevo escenario es ambiguo, por un lado abre la puerta al fenómeno del acaparamiento de tierras, por el otro reclama las fincas acaparadas. No existe por tanto, ninguna herramienta de control de estos procesos de apropiación de tierra, las metodologías empleadas son las que generan beneficios en cada situación. En la mayoría de los casos van unidas a violencia o coacción expresada de cuatro formas: 1) gente empobrecida vs Estado, 2) gente empobrecida vs grandes corporaciones, 3) gente empobrecida vs grandes conservacionistas 4) gente empobrecida vs gente empobrecida. Las comunidades se diferencian por clase, etnia, género y generación. Así, el impacto de las transacciones de tierras afecta a las comunidades de diferentes maneras y provoca un conjunto diverso de reacciones políticas. En general, estas nuevas dinámicas de conflictos de tierras requieren nuevas formas de ver la política.

Reformulación del discurso de la política agraria

Existen tres categorías principales de acceso y control de la tierra que requieren de intervenciones institucionales para impulsar un mayor control democrático: 1) Cuando conviven una masa crítica de campesinado sin tierra y un monopolio, es necesario promover políticas agrarias más redistributivas (reformas agrarias convencionales, arrendamiento compartido, reformas de arrendamiento, programas de reasignación de bosques, etc.); 2) cuando la gente tiene acceso a tierra pero está siendo amenazada por los procesos políticos la tarea es proteger el acceso existente a través de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, certificación de tierras comunitarias, reformas de arrendamiento y otros mecanismos institucionales; 3) cuando las personas han sido expulsadas de sus tierras (mediante coacción, apropiación de tierras o militarización del campo), la tarea consiste en restaurar el acceso a tierra mediante la redistribución y otras políticas.

Los tres escenarios pueden ocurrir en contextos rurales, urbanos, agrícolas o no agrícolas en el Norte o el Sur global. No podemos decir con certeza que estas políticas funcionarán, sobre todo porque los esfuerzos de redistribución democrática en el siglo pasado fueron inversos. Para evitar esto, deben considerarse alternativas como derechos de propiedad no capitalistas, no individuales (fórmulas cooperativas, comunales, o colectivas). Sin olvidar lo realmente importante: cualquier reforma de acceso democrático a la tierra probablemente no tendrá éxito a largo plazo sin una transformación agraria y ecológica que cambie el sistema alimentario y agrícola más profundamente.

Esta visión democrática del sistema alimentario y agrícola se recoge en el concepto de soberanía alimentaria: el derecho de las personas a producir, comerciar y consumir alimentos y otros productos dentro o cerca de su territorio de manera segura, sana, culturalmente apropiada y ecológicamente sostenible. Se trata de un proyecto que ha sido enriquecido, reinterpretado y apoyado por numerosos movimientos sociales, organizaciones de diferentes contextos, zonas urbanas, rurales, de producción y consumo tanto en el Norte como en el Sur global.

Movimientos agrarios y activismo académico

A partir de los años 80 las políticas neoliberales presionaron a los Gobiernos para impulsar la descentralización política y fiscal mediante la privatización de las estructuras y responsabilidades de gobernanza y mediante la globalización y renuncia a la autonomía de las instituciones intergubernamentales y financieras internacionales. Esta transformación de los Gobiernos modificó también a los movimientos agrarios. Algunos comenzaron a centrarse en lo regional y local, mientras que otros en el cruce de fronteras y la construcción de redes y coaliciones internacionales. Una organización destacada es La Vía Campesina (LVC), el Movimiento Agrario Transnacional (TAM) más importante y políticamente coherente de nuestros días. Su base incluye campesinado sin tierra empobrecido, pequeños y medianos agricultores y agricultoras a nivel global. Debido al contexto mundial cambiante, los TAM interesados en los asuntos de tierra también se movilizan en torno a cuestiones relacionadas con la producción y el comercio, por ejemplo, los Organismos Genéticamente Modificados, la biotecnología, la captura corporativa de la agricultura, los sistemas alimentarios y agrícolas alternativos o la soberanía alimentaria.

Este escenario provoca fenómenos interesantes como movimientos que surgen del campo que no se focalizan en temas agrícolas. Por ejemplo, los pueblos indígenas que se movilizan en la defensa de su territorio, los movimientos agrarios que surgen de las campañas antidemocráticas, las protestas contra los monocultivos de árboles, las comunidades costeras que luchan contra las obras llevadas a cabo en nombre de la adaptación al cambio climático. Por último, las iniciativas y alternativas que se proponen desde la agricultura urbana son otra tendencia cada vez con más peso.

La investigación activista (dentro o fuera de la academia) analiza las causas e impactos de diversas problemáticas con la intención de aterrizar sus planteamientos teóricos a situaciones concretas. La pregunta es: ¿cuál será o es el impacto de su investigación? Una respuesta fácil: hacer cambios en la vida real, como detener la construcción de presas o redistribuir la tierra al campesinado, o al menos ayudar a los movimientos sociales a estructurar un argumentario y una campaña más convincentes. En general, la política agraria como tema académico está de nuevo en la agenda, y las cuestiones clásicas siguen siendo pertinentes, pero han surgido otras nuevas que son mucho más amplias y requieren espacio de debate, reflexión, trabajo e incidencia política.


Jun Borras es investigador militante y profesor de Estudios Críticos Agrarios del Instituto Internacional de Estudios Sociales ISS, y editor de la revista Journal of Peasant Studies.

Este artículo ha sido elaborado a partir de la conferencia inaugural ISS de Jun Borras titulada “Land politics, agrarian movements and scholar-activism”, editado por Zoe Brent y Ana Valeria Recalde. 

Traducido por Ruth Pérez Lázaro.

Artículo publicado en el nº72 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2017.


NOTAS:

  1.  Ver en: www.iss.nl.

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