Ángel Strappazzon: “Tenemos que ‘desprivatizar’ los Estados, la FAO, las NNUU, la Corte de la Haya… Tenemos que crear nuestras propias herramientas pero también disputar las que ya hay”

Ángel Strappazzon es el Coordinador de la Universidad Campesina UNICAM-SURI (Sistemas Universitarios Rurales Indocampesinos), del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina (MNCI). Fue fundador del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) en los años 80 y promotor de la organización campesina y de la lucha por los derechos sociales en todo el país. Participa a nivel internacional en la secretaría operativa de la CLOC-LVC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-La Vía Campesina) como representante en el CSA de la FAO y otros espacios. Sin embargo su práctica cotidiana es la de caminar recorriendo comunidades de base, formando compañeros y compañeras y promoviendo la organización popular liberadora.
Ángel Strappazzon, miembro del MOCASE y del MNCI . Fotografía de Miren Saiz.

– ¿Cómo ves el proceso de cambio que parece vivir América Latina, y más concretamente Sudamérica e incluso Argentina?

– Entre 2000 y 2008 parece que los sectores de derecha estaban en “shock”, que no tenían capacidad de reacción. Pero desde 2008 están contraatacando en estos últimos años, se han reagrupado y unido, cuando no lo estaban, y no creo que sea causal o improvisado: cuando hace varios años en América Latina comenzaron a ganar los Chávez, Evo, Lula, etc., EEUU estaba concentrado en controlar las reservas de petróleo y gas de Oriente Medio. Después parece que se dieron cuenta de que habían perdido el control sobre su “patio trasero”, y creo que una cosa tiene conexión con la otra, y que tiene que ver con lo que ha pasado en Honduras, en Brasil o en Venezuela.

La derecha ha venido ganando elecciones en Latinoamérica y también ha pasado en Argentina, y desde ahí tenemos que hacer una autocrítica. Lo que ha pasado en otros países ha ido generando grietas y animando a la derecha, no es casual que el impeachment contra Dilma se haya dado en este momento y no en otro.

– Argentina se encuentra en una nueva coyuntura con la entrada de Macri en el Gobierno y la implementación de políticas neoliberales, ¿cómo puede afectar al sector agrario?

– Antes de la llegada al poder de Macri hay que decir que no había disminuido ni acrecentado el modelo del agronegocio y de la minería a cielo abierto en Argentina. Si es cierto que las políticas de estos últimos 13 años con la llegada de Néstor Kirchner y luego con la continuidad del gobierno de quien fuera presidenta Cristina Fernández habían llevado a algunos logros y conquistas planteadas desde los movimientos sociales. Algunas de ellas relacionadas con la cuestión agraria tienen que ver con dos leyes vinculadas con los pueblos indígenas, que tras ser debatidas fueron aprobadas: la primera de ellas tiene que ver con el reconocimiento de un territorio considerado indígena, en muchos de los casos debían tener la personería de mancomunidad de pueblo indígena, con un nombre aprobado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y hubo un plazo de cuatro años para ponerla en marcha y en ese plazo cualquier empresario, terrateniente, empresa nacional o extranjera, no podían desalojar a comunidades de pueblos indígenas, los jueces no tenían autorización para hacerlo, había lo que se llamaba moratoria de desalojo, que daba una seguridad territorial a estos pueblos; la segunda es la Ley de Agricultura Familiar Campesina Indígena, en la que se introducen los conceptos de agroecología, de la función social de la tierra, y además se mejoró la financiación, etc. También es destacable una tercera ley que limita a sólo un 15 por ciento la tierra Argentina que puede estar en manos extranjeras, poniendo además un máximo de 1.000 hectáreas a cada propietario extranjero. En estas cuestiones habíamos conseguido avances inalcanzables hasta entonces.

El primer día de su mandato Macri atacó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina de 2009, que entre otras cuestiones beneficiaba a más de 200 radios comunitarias que son claves para los movimientos sociales argentinos, y decidió saldar la deuda con los llamados “fondos buitre”, aumentando la deuda pública del país. Esto nos dice hacia dónde va este nuevo Gobierno y su apuesta neoliberal. Sin embargo esas tres leyes que comentaba y que son las más relevantes para el sector agrario todavía siguen vigentes. Las personas responsables de agricultura tienen experiencia, son relativamente cercanas, han abierto diálogo con el sector agrario, pero luego siempre hay una especie de “mano negra” detrás que decide por encima de ellos y que va en contra de nuestros intereses. Ahí es donde se impone esa nueva visión neoliberal que responde a los grandes latifundistas de Argentina, que son quienes verdaderamente gobiernan este país.

Estamos en este nuevo contexto pero todavía con muchas dudas, tenemos que ver qué pasa, qué decisiones se toman con los presupuestos de agricultura y para los pueblos indígenas, y a partir de todo eso ver cómo nos reubicamos como sector agrario. Pero si en los doce años anteriores mantuvimos nuestras movilizaciones aún y cuando el Gobierno normalmente atendía nuestras reivindicaciones ahora es indispensable continuar alimentándolas y agudizarlas.

– Otro de los cambios a raíz de la llegada de Macri ha sido la designación de Leonardo Marquís, ex agente general de Monsanto, como Ministro de Asuntos Sanitarios en la provincia de Buenos Aires, ¿qué lectura hacéis de este tipo de cambios?

– Efectivamente todos los ministros designados por Macri provienen de empresas privadas, y muchos de ellos de ellos de transnacionales. El Ministro de Energía proviene de la petrolera Shell, imagínate lo que supone eso para un país que había apostado por re-estatalizar este sector. En el sector ferroviario han puesto a un empresario que proviene del ámbito privado también. Hay cientos de casos como estos. En el caso de Leonardo Marquís,  ex agente de Monsanto, lo han puesto en Buenos Aires, que es la principal provincia dedicada a la producción de soja. Pero es que además el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha pasado a llamarse Ministerio de Agricultura y Agroindustria. El cambio ideológico es brutal, la nueva apuesta es por un sistema basado en la agroindustria, cuando desde los movimientos sociales reivindicamos que la alimentación no puede estar vinculada a la industria privada que sólo busca el beneficio económico. Es por eso que el nuevo Gobierno se está alejando e incluso intentado destruir formas de integración regional alternativas como MERCOSUR, UNASUR, CELAC y el ALBA, e integrándose poco a poco en el sistema neoliberal dominante.

– Uno de los principales logros del movimiento campesino, junto a otros diversos movimientos, fue la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria, ¿cómo vivisteis este proceso y en qué se tradujo?

– Supuso la atención a reivindicaciones históricas de La Vía Campesina (LVC), el sector pesquero, los pastoralistas, el Comité Internacional de Tratados Indígenas (CITI), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de otros movimientos sociales. Reivindicaciones que comenzaron de manera suave en 1996 con aquel llamado de “seguridad alimentaria no, soberanía alimentaria sí”, y que posteriormente ha ido fortaleciéndose con las reivindicaciones de reforma agraria, dotando de mandato a la FAO, la articulación con otros movimientos sociales, etc. Y por fin, tras 15 años de lucha a través del Comité Internacional por la Soberanía Alimentaria compuesta por más de 800 organizaciones, a partir de 2008 logramos alcanzar una de las reivindicaciones históricas: la reforma de la participación de la sociedad civil, de manera que el Comité de Seguridad pasase de 3 organizaciones (una de origen religioso, OXFAM y una tercera similar) a 40 (8 por continente) y muchas veces incluso el doble, lo que nos permite posicionar y aprobar documentos que legitiman nuestras luchas. Falta ahora conseguir que eso se traduzca en una distribución justa de la propiedad de la tierra, del agua, los bosques o la pesca, pero para eso también es necesario acabar con el capitalismo.

Ángel Strappazzon durante su entrevista en Bilbao. Fotografía de Beatriz Plaza.

– Centrándonos en Argentina, ¿cuál ha sido la trayectoria de MOCASE y La Vía Campesina, movimientos de los que formas parte, en el país?

– Los procesos de MOCASE, del MNCI y de La Vía Campesina han sido paralelos, y los dividiría en 3 etapas. Un primer momento en el que se dio la confluencia de grupos de MOCASE, en un momento en el que el cultivo de soja se había expandido en la pampa húmeda, había seducido a la pequeña agricultura familiar alquilándoles sus tierras y convirtiéndolos en “rentistas”.

Un segundo marcado por la creación de MERCOSUR, algunas ideas provenientes de otras experiencias de izquierda, y una propuesta de la FAO de acercarse y escuchar las propuestas de los y las pequeñas agricultoras. Y ahí es donde se crea la CLOC, La Vía Campesina y acuñamos el concepto de soberanía alimentaria como idea política y como confluencia, y ahí comenzamos a reunirnos y conocernos.

Y finalmente el momento actual, que arranca con la V Conferencia de LVC, de articulación y confluencia con las luchas urbanas. Veremos qué pasará con la VII Conferencia y si tomamos nuevos rumbos.

– Una de las demandas históricas de MOCASE y del MNCI fue que se aplicara de manera generalizada el programa de restitución de la agricultura campesina con el objetivo de que regresarán 500.000 familias al campo, ¿se logró?

– El objetivo institucional se logró, el programa está en marcha. Lo que falta ahora es “enamorar” de nuevo a las personas urbanas para que vuelvan al campo, y eso tiene que ver con la deslegitimización que se ha hecho del mundo rural y la “contaminación” existente en las personas en este sentido. Se está volviendo al campo, pero es un proceso que va poco a poco, estamos poniendo en marcha proyectos piloto y organizando intercambios con el MST para ver todo lo que significa poner en marcha un programa integral de vuelta al campo.

– Los monocultivos, en especial el de soja, son una problemática generalizada en Argentina, ¿cuáles son los principales impactos que habéis localizado?

– Actualmente hay gran cantidad de organizaciones en contra del uso de transgénicos y agrotóxicos, incluso personas científicas y expertas en medicina. Hay una mayor sensibilidad de la población en general con esta problemática. El tema de los monocultivos es complejo en sí mismo y con múltiples impactos, pero el de los agrotóxicos, ue está directamente relacionado con los monocultivos, es el más complicado, peligroso e inmediato.

– ¿Y qué se puede hacer ante estas problemáticas y las grandes corporaciones e intereses que hay detrás?

– Lo primero es ofrecer información a la gente, movilizarse y denunciar estas situaciones. Tenemos casos de poblaciones rodeadas de cultivos de soja en las que el porcentaje de personas con cáncer ha aumentado, lo que ha llevado a algunos municipios y jueces a emitir órdenes judiciales para alejar las zonas cultivadas con monocultivo de soja de las poblaciones, para evitar que las fumigaciones con glifosato afecten directamente a las personas. Pero no es que esto evite los problemas provocados por los agrotóxicos como el glifosato, simplemente son medidas mínimas de prevención para la población.

Actualmente estamos trabajando, conjuntamente con organizaciones de Brasil, en la vía legal para exigir responsabilidades e indemnizaciones a Monsanto y empresas de este tipo por los daños causados en la salud de las personas. Hay que llevar a cabo este tipo de juicios conjuntamente con las poblaciones afectadas, de manera masiva. No hay otra manera de parar a los “señores ambiciosos del dinero” más que metiéndoles la mano en sus propios bolsillos.

Además, y de manera transicional hay que seguir exigiendo a los Estados que gobiernen para su ciudadanía y no para las grandes corporaciones. Los movimientos sociales deben seguir apostando por la vía de tratar de gobernar. Tenemos que “desprivatizar” los Estados, la FAO, las Naciones Unidas, la Corte de la Haya… Tenemos que crear nuestras propias herramientas dentro del sistema, como las radios comunitarias, pero también disputar y aprovecharnos de las que ya hay, como Facebook, es una manera de transmitir mensajes y escuchar a las personas, saber qué les pasa y qué sienten. Hay que llegar al corazón y a la mente de las personas.


Miren Saiz es integrante de la ONGD Bizilur. Beatriz Plaza es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Javier González forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº72 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2017.


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