El “gasolinazo” enciende la movilización social en México a un año de las elecciones presidenciales

México ha comenzado el nuevo año envuelto en protestas contra la mayor subida de precios de la gasolina de los últimos veinte años. Aunque el presidente Enrique Peña Nieto atribuye la medida a factores externos, lo cierto es que el incremento sí está relacionado con la reforma energética que llevó a cabo en sus primeros años de mandato y que ha convertido a uno de los productores mundiales de petróleo en un país importador del 60 por ciento del combustible que consume. El “gasolinazo” ha provocado la mayor movilización social de las últimas décadas en México, a un año de la celebración de elecciones presidenciales.
Andrea López. http://andrealopezalvarez.blogspot.com.es/

Cuando las protestas en las calles habían dejado cinco víctimas y mil quinientos detenidos, el presidente Enrique Peña Nieto se dirigió a la nación en cadena nacional para explicar las circunstancias que le habían llevado a tomar la impopular medida. Lejos de tranquilizar a la ciudadanía, el mandatario causó mayor indignación al preguntar a los telespectadores un “¿Qué hubieran hecho ustedes?” para evitar la mayor subida del precio de la gasolina en las dos últimas décadas.

En su alocución, el presidente mexicano atribuyó el incremento de entre un 14 y 20 por ciento, según el tipo de combustible, a la coyuntura internacional y a factores externos: el petróleo se había encarecido un 60 por ciento en el último año, provocando un impacto en el precio de uno de sus derivados. Si el gobierno hubiera decidido mantener el precio subvencionado y ficticio de la gasolina, habría tenido que recortar en gastos sociales para financiar un producto que, en definitiva, solo utilizan los que más tienen: los 60 millones de mexicanos con menos ingresos solo consumen el 15 por ciento de la gasolina, mientras que doce millones de personas, el 10 por ciento de la población, consume el 40 por ciento.

Lo que pasó por alto Peña Nieto fue el impacto que la subida de combustible provoca en la economía de manera generalizada, incluido el transporte público, la canasta básica de alimentos y otros servicios, y que vienen a empobrecer más a unas clases populares que ya venían perdiendo poder adquisitivo por la depreciación de su moneda frente al fortalecimiento del dólar del mayor socio comercial.

¿Nada que ver con la reforma energética?

El presidente mexicano recalcó que la medida nada tenía que ver con la reforma energética aprobada en 2014, quizá para no recordar a la población su promesa de que la liberalización del sector no implicaría subida de precios de combustibles o de la electricidad. Aunque no se puede negar que la recuperación del precio del petróleo es un factor externo y coyuntural, lo que el mandatario olvida nuevamente es que la reforma energética sí está relacionada con la elevada dependencia del país de los combustibles procedentes del exterior, fundamentalmente, de Estados Unidos.

Durante décadas, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) abasteció la demanda energética de la nación. El año en el que se aprobó la reforma constitucional, la explotación de petróleo y demás hidrocarburos aportaba un 4,9% al Producto Interior Bruto (PIB) del país, según datos del Banco Mundial. La reforma estructural impulsada por Peña Nieto supuso la entrada en el sector de nuevos competidores privados, nacionales y extranjeros. La defensa realizada por el gobierno para justificar la liberalización se sostuvo en la falta de productividad de la empresa estatal, con altos niveles de corrupción. Como dictan las recetas neoliberales, la ineficacia sería resuelta con la entrada del capital privado en el sector.

Pero la pérdida de productividad de PEMEX, que en 1990 producía el 90 por ciento del combustible demandado por el país[1], se debió en gran parte a las decisiones cortoplacistas tomadas antes de la llegada al gobierno de Peña Nieto. Por un lado, el elevado precio del petróleo desanimó la inversión en la industria de transformación energética: era más sencillo vender el petróleo a un precio alto y comprar el combustible a los socios comerciales. Otros analistas vieron la falta de interés en modernizar la empresa estatal como una estrategia de abandono que allanara el terreno para sacar adelante la reforma energética y facilitar la entrada de capital privado y extranjero.

En todo caso, las decisiones tomadas en el sector han terminado provocando que el noveno productor mundial de petróleo haya pasado de cubrir prácticamente la demanda interna con producto nacional a depender del exterior en más de la mitad del combustible que consume.

Al problema del aumento de importaciones se le suma un nuevo factor económico: el fortalecimiento del dólar y la depreciación del peso provocan que México esté pagando cada vez más por el combustible que compra a Estados Unidos. La moneda nacional mexicana ha perdido en veinticinco años ocho veces su valor: mientras que en 1990 un dólar se vendía a 2,68 pesos, en el momento actual el cambio se sitúa a 21,6. La depreciación del peso estuvo determinado por el fortalecimiento del dólar, pero también por la pérdida de valor de la moneda nacional a partir de la victoria de Donald Trump y la incertidumbre en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México.

El gasolinazo como punta del iceberg de una gestión deficiente

La subida de precios a partir del alza de combustible del 1 de enero supone un nuevo impacto para la economía de las familias mexicanas, que en los últimos meses veían cómo el estancamiento de salarios y la subida de precios de los productos importados ya habían provocado la caída de su capacidad de poder adquisitivo.

La popularidad del presidente mexicano se sitúa en los niveles más bajos desde que existen mediciones de este tipo. A la medida del gobierno, rechazada de por sí, se le suma la manera en la que fue comunicada a la población: el anuncio de la entrada en vigor de nuevos precios a partir del 1 de enero se realizó en plenas fiestas decembrinas, dos días después de la celebración del día de Navidad, mientras que el mensaje del presidente en cadena nacional se produjo casi una semana después de la subida oficial del precio de los combustibles, cuando las protestas que se sucedían a diario habían provocado saqueos y actos violentos que terminaron con la muerte de varias personas y detenciones en todo el país.

Las movilizaciones han contado con el apoyo de diferentes sectores que ya habían protagonizado manifestaciones contra el gobierno, como los movimientos estudiantil y campesino, y las organizaciones del magisterio que se opusieron a la reforma educativa. De hecho, el gasolinazo se percibe como la punta del iceberg de un continuo de medidas impopulares y de la deficiente gestión de un gobierno que ha provocado el empobrecimiento de la clase trabajadora con la pérdida de poder adquisitivo, a la que se suma la corrupción y el aumento de la inseguridad y la violencia en muchos de los estados de la nación.

Andrea López. http://andrealopezalvarez.blogspot.com.es/

 

Con la mirada en las elecciones

Desde los movimientos de izquierdas ven las protestas ciudadanas como una oportunidad para aglutinar fuerzas que permitan un cambio de rumbo en el país, a un año de las elecciones en las que se elegirá a un nuevo presidente de la República, además de los senadores y diputados federales.

El Movimiento de Regeneración Popular (MORENA), fundado por el ex candidato a la presidencia Manuel López Obrador, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) son los partidos que desde la izquierda se han sumado a las movilizaciones contra el gasolinazo y que exigen la retirada de la reforma energética, una medida neoliberal que ha aumentado la brecha social en la población. México es el segundo país más desigual entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a pesar de que en la década de los noventa se habían logrado reducir los niveles de inequidad. La crisis financiera internacional y las medidas impuestas desde el gobierno para solventarla han provocado una mayor concentración de la riqueza: mientras que los años 80 los ingresos de la población más rica suponían 22 veces los de la población más pobre, ahora esa cifra es 30,5 veces más alta[2].

A un año de la convocatoria electoral, el presidente Peña Nieto y el partido en el gobierno, Partido Revolucionario Institucional (PRI), atraviesan uno de sus peores momentos. El PRI ya anticipó su descalabro en las elecciones estatales de 2016: el voto de castigo por la corrupción y la inseguridad le quitaron representación en la mayoría de los estados. El derechista Partido Acción Nacional (PAN) le tomó la ventaja en aquel momento y muy previsiblemente lo volverá hacer en la convocatoria del próximo año, tiempo en el que es difícil que el PRI se recupere del desgaste que arrastra hasta el momento.

En el escenario situado más a la izquierda ha entrado un nuevo actor que condicionaría el voto progresista: la decisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de presentar candidatura presidencial en la convocatoria de 2018, y que podría restar votos a una posible alianza de las fuerzas de izquierdas con López Obrador a la cabeza. En las dos últimas elecciones presidenciales, el zapatismo pidió que el voto no fuera a Obrador, de manera que, de momento, no queda clara una posible confluencia desde la izquierda que dificulte el camino del PAN hacia la presidencia.


Mª Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.


NOTAS:

[1] Según investigación del Huffington Post. http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/01/12/el- abandono-de-refinerias-fue-clave-en-el-gasolinazo/.

[2] OECD (2015). In It Together: Why Less Inequality Benefits All. OECD Publishing.


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