Ruptura y retrocesos en Brasil: la arquitectura de un golpe. La implacable destitución de Dilma Rousseff y los efectos de la nueva agenda política sobre la democracia, las políticas públicas y los derechos humanos

Ni un guión de ciencia ficción podría competir con el surrealismo de los hechos, en el caso brasileño: una presidenta electa con más de 54 millones de votos es retirada de su puesto por el Congreso, bajo supervisión y complicidad de la Corte Suprema, antes de cumplir la mitad de su mandato bajo el argumento -o más bien la excusa- de haber recurrido a una maniobra fiscal ampliamente utilizada por sus antecesores, detractores y hasta su vicepresidente, que se consolida ahora como presidente, aunque sea inelegible[1] por ocho años.

Ese fue el proceso de destitución de Dilma Rousseff, concluido el 31 de agosto bajo el disfraz de procedimiento constitucional. La Carta Magna de Brasil permite al Parlamento juzgar al presidente por los llamados crímenes de responsabilidad, que incluyen actos que atenten contra la Constitución y la existencia del propio Estado. En el caso de Rousseff, heredera política de Luiz Inácio Lula da Silva, el supuesto crimen era apenas un detalle en un juicio estrictamente político.

Desde el mismo púlpito del Congreso, sin pudor de revelar los intereses que movían el timón de ese proceso, diputados y  senadores justificaron su apoyo al impeachment por “el conjunto de la obra”, “por Dios”, “por la familia”, “por la paz en Jerusalén”, por los “torturadores del período militar”, es decir, sin ninguna conexión con las razones expuestas por la acusación. Lo que se vio no fue un juicio, sino un macabro exorcismo político liderado por el PMDB, partido del hasta entonces vicepresidente Michel Temer, y el PSDB, partido derrotado por un estrecho margen de votos en las últimas elecciones presidenciales.

Presidencialismo de coalición

Si no fue por los supuestos crímenes de responsabilidad, ¿por qué, entonces, el Congreso y los antiguos aliados de Dilma Rousseff se volvieron en su contra de manera tan implacable? Para responder a esa pregunta es necesario, de antemano, conocer la estructura básica del modelo político presidencialista brasileño.

Para viabilizar la implementación de las políticas públicas estructurales que estén en su programa de gobierno, el presidente necesita contar con una súper mayoría parlamentaria. Eso porque la Constitución ya prevé ciertas políticas públicas, y por lo tanto cambios en ellas exigen enmiendas que solo se pueden lograr con una mayoría cualificada.

Marcha contra Michel Temer y el golpe parlamentario el 4 de septiembre en São Paulo en la que participaron más de 100 mil personas. La protesta fue violentamente reprimida por la policía. Fotografía: Miguel Angel Herrera/Shuffle Video Design.
Marcha contra Michel Temer y el golpe parlamentario el 4 de septiembre en São Paulo en la que participaron más de 100 mil personas. La protesta fue violentamente reprimida por la policía. Fotografía: Miguel Angel Herrera/Shuffle Video Design.

De ese modo, al tomar posesión, el presidente elige su equipo de ministros de acuerdo con los partidos de su interés con tal de garantizar el apoyo parlamentario. Es un intercambio: estos partidos reciben cargos, prestigio e influencia dentro del Gobierno y para mantenerlos, aprueban las propuestas del ejecutivo en el Parlamento.

El vicepresidente es una figura de suma importancia en esa coalición porque, además de los mismos beneficios político-partidarios, no puede ser depuesto o retirado por el presidente por infidelidad política, ya que, a su lado, es igualmente elegido por el voto directo. Es bastante común que presidente y vice no sean del mismo partido, justamente para garantizar la representatividad (o más bien fidelidad) de grupos con ideologías e intereses distintos. En las dos elecciones que ganó, Rousseff del PT tuvo a Temer del PMDB como vice. El PMDB es el partido político brasileño con más personas afiliadas y representantes en el Parlamento.

Gran parte del ocaso de Dilma tiene raíz en su inhabilidad para manejar ese sistema complejo. Su negativa a atender a los intereses de todos los grupos poderosos, sumada al mal desempeño de los indicadores económicos y el descubrimiento de un inmenso esquema de corrupción que involucra a empresarios, políticos de aliados, de la oposición y principalmente los nombres fuertes del PMDB, generó una crisis política generalizada en Brasilia. En otras palabras: se rompió el acuerdo que por 13 años equilibró intereses económicos y las tensiones sociales en el seno del Gobierno del PT.

El hecho de que tanto el presidente retirado de la Cámara, Eduardo Cunha, como el del Senado, Renan Calheiros, también sean del PMDB fue clave para la evolución del proceso de impeachment de Dilma. Ellos definen la agenda de votación y se aprovecharon del impeachment para bloquear temas importantes para el gobierno y, al tiempo, protegerse a sí y a los suyos de las investigaciones y promocionar medidas de su interés.

Gobierno provisional, daños permanentes

Toda esa arquitectura institucional que llevó Temer al poder sin legitimidad (el 52 por ciento de la población apoya nuevas elecciones directas, según encuesta realizada en julio por el Instituto Ipsos) tiene impactos profundos en la vida de los brasileños y brasileñas. Sin una base electoral a la que rendir cuentas e incluso antes de asumir efectivamente como presidente, Temer cambió todos los ministros y cerró los ministerios de Cultura, Desarrollo Social, Derechos Humanos, de las Mujeres y de la Igualdad Racial. Su nuevo gabinete es el menos representativo de todo el período post-dictatorial, sin mujeres ni personas negras.

El proyecto anunciado por Temer en cadena nacional el día de su toma de posesión propone cuestionar el papel de Estado en la promoción de la igualdad y del bienestar social. Tal idea, que ya empezaba a ser señalada por Dilma y le traía impopularidad, ahora gana cuerpo, alma e impulso aunque jamás podría haber sido refrendada por el voto directo.

Ya se han producido determinados recortes en el sistema de protección social sin ningún cambio en el sistema tributario, marcado por la regresividad. Programas sociales son diariamente suspendidos, extinguidos o recortados por el congelamiento del presupuesto (es el caso del principal proyecto de vivienda social y del programa de combate al analfabetismo). Lo mismo para el SUS, el Sistema Único de Salud, del que dependen 150 millones de brasileños y brasileñas. Los derechos laborales y el sistema de seguridad social también están amenazados, así como el sistema de comunicación pública.

A la cabeza del listado creciente de proyectos retrógrados que ahora ganan impulso en el Congreso está la Propuesta de Enmienda Constitucional 241, que en la práctica congela los recursos para salud y educación por 20 años. Para ocupar el espacio dejado por el Estado en esos sectores fundamentales, se va a incentivar la entrada de la iniciativa privada, repitiendo una receta desastrosa que, según especialistas, culminará en la agudización de la desigualdad social en el país, que es ya una de las más profundas del mundo.

La población da claras pruebas de que resistirá, sea contra el golpe parlamentario, exigiendo la convocatoria de nuevas elecciones, sea contra los recortes sociales, saliendo a la calle y presionando contra la aprobación de esos proyectos. Apenas en São Paulo, a lo largo de la primera semana de gobierno Temer, se realizaron por lo menos cinco manifestaciones. La marcha realizada el día 4 de septiembre reunió más de 100 mil personas y, así como las anteriores, fue violentamente atacada por la policía militar. Por lo menos 26 personas (9 adolescentes) fueron arbitrariamente detenidas y mantenidas sin contacto con abogados. Nuevas protestas están convocadas para las próximas semanas. Si es verdad que para gran parte de la población brasileña la democracia jamás existió de hecho, nunca en la historia reciente los movimientos sociales estuvieron tan dispuestos a pelear por ella.


Flavio Siqueira es abogado e investigador en políticas públicas en la Universidade Federal do ABC (UFABC). Laura Daudén es periodista, Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos (UAM), activista de derechos humanos en Brasil y forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº71 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2016.


NOTAS:

  1. El ahora presidente Michel Temer fue condenado en mayo por el Tribunal Regional Electoral de São Paulo por haber realizado donaciones ilegales para las campañas de dos candidatos a diputado federal de su partido. En la práctica, eso significa que Temer no puede concurrir a cargos públicos elegibles en los próximos ocho años.

Print Friendly, PDF & Email

2 pensamientos en “Ruptura y retrocesos en Brasil: la arquitectura de un golpe. La implacable destitución de Dilma Rousseff y los efectos de la nueva agenda política sobre la democracia, las políticas públicas y los derechos humanos”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *