Un Derecho eficaz y eficiente para el fin de las discriminaciones que demanda la sociedad

Como se demuestra cada vez más, a la ciudadanía le preocupa tener un Derecho que cumpla con sus expectativas de justicia dentro de la sociedad a la que pertenece. Se pretende un Derecho cercano, fácil de comprender y operativo. Por lo tanto, las y los legisladores han de partir de la idea de que los comportamientos son medios para alcanzar un estado de cosas, pudiendo ser la norma eficaz (obedecida) pero inefectiva (no consigue el objetivo perseguido).

La eficacia tiene que ver con la actitud positiva o negativa que ante la norma adopte la ciudadanía; y la efectividad depende de que quien haya tomado la decisión normativa haya establecido correctamente la relación causal entre la conducta que se demanda y el resultado que se persigue.

Otro parámetro que la ciudadanía tiene cada vez más en cuenta es el de la eficiencia. En un contexto de escasez, el legislador racional ha de perseguir los resultados deseados al menor coste posible, gobernar mejor con menores costes es una exigencia en cualquier país, constituyendo la eficiencia una condición, aunque deficiente, de la justicia.

Sin embargo, a pesar de la esto, el jurista tradicional no se ha parado a pensar mucho en estos aspectos y se ha centrado más en el estudio de la validez de la norma y de su eficacia. No ha prestado atención a que la posible quiebra de este mecanismo de control social que es el Derecho no proviene solo del grado de obediencia, sino de la acusación de que las normas son muy poco efectivas, así como del temor a que sus costes no se conozcan o que, cuando se sepan, superen las ventajas prometidas[1].

Dentro de este marco, por tanto, se ha de crear un Derecho capaz de terminar con las injusticias y con las discriminaciones entre los pueblos y dentro de cada uno de los pueblos. Con la prohibición de las discriminaciones se podrá reparar de alguna forma la existencia de víctimas que han sido tratadas de forma desfavorable continuada y sistemáticamente a lo largo de la historia por razones biológicas, como el nacimiento, la raza, el sexo, o la condición o circunstancia personal; o por elección humana, como es el caso de la religión, la opinión y algún tipo de condición o circunstancia social.

Afortunadamente, el Derecho se muestra cada día más conforme con las expectativas sociales. Existe una articulación de garantías evidente, pero muchas de ellas resultan ser meramente formales y no llegan a cumplir con los objetivos para los cuales fueron dictadas, olvidando, a su vez, los conceptos anteriormente indicados. En definitiva, el Derecho puede y tiene que hacer mucho más para ser eficaz y eficiente para colmar las pretensiones de justicia de todas y todos los miembros de la sociedad.

Mª Isabel Garrido Gómez es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto “Derechos humanos, sociedades multiculturales y conflictos” (DER 2012-31771) del Ministerio de Economía y Competitividad.


NOTAS:

[1] Calsamiglia, A., “Eficiencia y Derecho”, Doxa, n.º 4, 1987, pp. 267-287; Calsamiglia, A., “¿Debe  ser  la  moral  el  único  criterio  para  legislar?”,  en Doxa, n.º 13, 1993, pp. 161-178; Hierro, L., Justicia, igualdad y eficiencia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 63; Zapatero, V., Garrido, I. y Arcos, F., El Derecho como proceso normativo. Lecciones de Filosofía del Derecho, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), 2010, capítulo 1.


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