Argentina cierra una era, sigue el peronismo

“Si el pueblo fuera feliz y la Patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días, ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular, por convicción personal…”. Lo afirmó Evita, “abanderada de los humildes”, como la llamó el movimiento obrero argentino, en una arenga el 17 de octubre de 1949, cuatro años después de que su esposo y líder Juan Domingo Perón fuera liberado de la cárcel por presión del pueblo. Un día que aún se celebra en Argentina como el de la Lealtad Peronista.
Mª José Comendeiro.
Mª José Comendeiro.

El 25 de octubre próximo, cuando las y los argentinos vayan a las urnas para elegir a la nueva persona jefa del ejecutivo nacional, legisladores, gobernadores y algunos alcaldes también (o acaso el 22 de noviembre, si es necesario un balotaje[1]), el país sudamericano tendrá un nuevo presidente. Ya se sabe, será peronista. No se trata de una encuesta de anticipación ni una premonición, sino de una certeza. Simplemente que los tres candidatos con potencial para vencer en las urnas son peronistas o al menos dicen serlo. Sin embargo, un ciclo de la historia argentina que comenzó en 2003, en medio de una espeluznante crisis, quedará definitivamente cerrado. De eso tampoco hay dudas.

Por un lado, emerge como postulante Daniel Scioli, que va en camino de representar en las urnas al oficialismo que encabeza la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, jefa de lo que se ha dado en llamar “kirchnerismo”. Podemos entender el “kirchnerismo” como un “neoperonismo” que ha ejercido una marcada transformación al influjo de una férrea política de inclusión y una suerte de socialismo latinoamericanista, similar al que ha enarbolado Sudamérica en los últimos doce años con gobiernos como el de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), continuado por Dilma Rousseff; el de Hugo Chávez (Venezuela), con Nicolás Maduro de heredero forzoso tras la muerte del precursor; Michelle Bachelete (Chile) y Evo Morales (Bolivia), entre otros, mayoritariamente caracterizados por rasgos populistas, fuerte rol del Estado, medidas económicas heterodoxas y una actitud de gobierno que se muestra solidaria con los más necesitados y encrespada contra la especulación financiera o las presiones internacionales de ajuste y recorte sistemáticos.

También otro postulante argentino a la presidencia, Mauricio Macri, un conservador que es alcalde de la Ciudad de Buenos Aires y encabeza el opositor PRO (Propuesta Republicana) se ha definido como “peronista”. “Reivindico las banderas del peronismo, no del justicialismo de los últimos 25 años”, aclara el alcalde liberal. De hecho, alentó y respaldó firmemente el gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999), quien privatizó cuanta empresa estatal pudo y aplicó cada una de las recetas que exigen los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además de mantener “relaciones carnales” con Washington, como lo definió sin rubores su canciller.

También el tercer postulante a jefe de estado con oportunidades, Sergio Massa, es peronista. Fue jefe de gabinete de la actual presidenta entre julio de 2008 y julio de 2009, cuando rompió filas con el oficialismo y ahora encabeza el Frente Renovador que promete “dar continuidad al modelo”, aunque con “sustanciales cambios”.

Así, un peronismo de izquierda, uno de derecha y acaso un tercero de centro son los que pujan en la Argentina de hoy por gobernar al país a partir de diciembre de 2015. Difícil de entender fronteras afuera.

Para el intelectual francés Alain Rouquié “el peronismo es una forma de ser apolítico” en Argentina. “Yo me pregunto si con la crisis de partidos, que es una consecuencia traumática de la dictadura, el peronismo no es, después de todo, sólo una forma de ser apolítico”, apunta. “En realidad es un sentimiento. Tanto Carlos Menem como Néstor Kirchner pueden ser peronistas. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo puede ser peronista un hombre que desmanteló el estado de bienestar de Perón como lo hizo Menem? Lo entiendo si es sólo un sentimiento, es como una forma de decir yo no me meto en política”, desgrana Rouquié.

Se puede afirmar, a partir de las disímiles acciones de gobierno, que el kirchnerismo es todo lo contrario al menemismo. Es por eso que en la puja electoral del oficialismo con el PRO echan un pulso dos modelos antagónicos. El de la inclusión, el de la solidaridad social, el de una presencia activa del Estado, que son los pilares del kirchnerismo, mientras que Macri avanza con ideas liberales, con un Estado que abre espacio a la empresa y una insinuación al regreso a las privatizaciones y a las recetas de ajuste que fracasaron en la Europa en crisis de los últimos años y desataron movimientos antisistema como el de Beppe Grillo en Italia o el reciente Podemos en España, e incluso llevaron al socialismo de Grecia a la victoria.

Después de la crisis

El arco de mandatarios sudamericanos que hoy gobiernan la región tiene denominadores comunes, lo que ha permitido trazar acciones de integración como nunca antes en el Cono Sur. Los nuevos movimientos como el kirchnerismo tienen algo en común: son presidentes y presidentas que llegan a países que estaban en crisis con mucha legitimidad (o la terminan construyendo), con gran porcentaje de votos, y uno de sus cometidos es transformar la institucionalidad, ser constituyentes, refundar la vida política. Pero lo más importante es que amplían la ciudadanía, incluyen gente que estaba descontenta, que protestaba contra el sistema anterior, y esa vía electoral que había perdido sentido porque era manipulada permite a los sectores marginados hacerse escuchar y contar con elementos de redistribución de la renta nacional.

En ese modo de gobernar, han buscado la recuperación del Estado como eje articulador de la política y la economía; una fuerte política de derechos humanos, memoria, verdad y justicia (una bandera inequívoca en el caso argentino); una política internacional centrada en la integración latinoamericana y una inserción en el mundo basada en la defensa de los intereses nacionales. Además, bregan por la restitución y la creación de nuevos derechos, en todos los niveles y dimensiones de la vida económica, social y cultural; por políticas de distribución del ingreso y recuperación del poder adquisitivo y las condiciones materiales de vida de los sectores populares. Y batallan por la puesta en crisis de la hegemonía cultural de los sectores dominantes, a partir del cuestionamiento del relato unívoco acerca tanto del pasado como del presente. Sin embargo, muchas veces exageran con el populismo y la demagogia y principalmente se esfuerzan por combatir denodadamente a los opositores, que se convierten en enemigos, en un juego de riesgo para los valores de la democracia.

En Argentina, por ejemplo, se pasó del “que se vayan todos”, que buena parte de la población gritaba en las calles y sentía descarnadamente ante la indiferencia de gobiernos que llevaron a una crisis económica y social, con saqueos de supermercados, violencia represiva y derrumbe del aparato productivo y despidos masivos, a la activa presencia militante de La Cámpora, con muchos jóvenes fascinados con la participación política, que hoy actúa activamente enarbolando las banderas del “modelo” kirchnerista. Sin embargo, muchas personas críticas del gobierno argentino ven esa acción de militantes como un avasallamiento de los valores republicanos y hostigan la embestida ideológica de esos jóvenes, muchos de ellos entremezclados en la función pública, como una confrontación belicosa que daña el tablero político y fuerza a tomar partido por uno u otro bando. Lo cierto es que La Cámpora, que hoy preside Máximo, el hijo de los Kirchner, es una especie de laboratorio de ideas o think tank sub 30 con cuadros de peso en el gobierno, como el ministro de Economía, Axel Kicillof. Esas bases fundadoras de “la juventud”, como le gusta denominarlos a la presidente Cristina Kirchner, se remontan hacia fines de los 90 y justamente a la crisis del 2001, cuando la mayoría de quienes integran el grupo ni se conocían.

La gran transformación

El gobierno de Néstor Kirchner y luego de su esposa Cristina fueron la firme intención de salir del esquema de valorización financiera y predominio de las ideas neoliberales instalado por la dictadura militar y ampliado en los años noventa. El desendeudamiento fue un arma importante para ese fin.

La gestión incluyó la presencia del Estado como protagonista de un nuevo esquema productivo y de inclusión social y el impulso a la reindustrialización del país, basado en la ampliación del mercado interno y un aumento en los niveles de inversión y de consumo. La reducción del desempleo y de los indicadores de pobreza e indigencia mediante una redistribución de los ingresos hacia los sectores más necesitados fueron llamativos, así como la renacionalización del sistema jubilatorio y la ampliación de sus beneficiarios, como la reinstauración de la Asignación Universal por Hijo en los hogares de bajos recursos.

Según destacó un informe de 2014 producido por dos instituciones de la ONU, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Argentina es el país con los salarios más igualitarios de América Latina, porque la brecha entre el quintil de la población que más gana y el quintil que menos gana es inferior a los seis puntos (en una escala en la cual la cercanía al cero representa mayor igualdad). Un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), titulado A Quality Growth Index for Developing Countries (Un índice de calidad del crecimiento para los países en desarrollo), mostró a la Argentina de los Kirchner como el tercer país de mayor calidad de crecimiento entre 2004 y 2011, sólo superado por China y Bulgaria.

Pero también en el ámbito legislativo el kirchnerismo plasmó históricas transformaciones. Una de ellas fue la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitió regresar ante tribunales a autores de crímenes durante la última dictadura militar (1976-1983). Otras fueron la ley de reforma política, que instaló las elecciones internas abiertas de partidos, y la norma sobre reapertura del canje de deuda, que impulsó la política de desendeudamiento con el exterior, otro de los estandartes de la gestión K. La Ley de Matrimonio Igualitario, el Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga, la Ley de Papel Prensa (para facilitar la provisión de papel a los diarios), la expropiación de YPF (empresa petrolera estatal) y el nuevo Código Civil y Comercial son notables conquistas legislativas.

El Gobierno K también plasmó, con aval del Congreso, un controvertido acuerdo con Irán. En sesiones extraordinarias el Congreso ratificó el memorando de entendimiento firmado en enero por los cancilleres de Argentina e Irán para reactivar la investigación judicial por el brutal atentado a la sede de la mutual judía AMIA en 1994. El pacto habilita a las autoridades judiciales argentinas a “interrogar” en Teherán a cinco imputados iraníes sobre los que pesan órdenes de captura internacional, acusados de estar vinculados con el ataque.

Un fiscal leyó en ese acuerdo una trama de conspiración y complicidad del Gobierno con los asesinos que plasmaron el atentado de 1993 con 122 muertos y acusó decididamente a la presidenta y otros altos funcionarios. Un día de enero pasado, ese procurador, Alberto Nisman, fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en su lujoso departamento. Las sospechas cayeron sobre el Gobierno, las acusaciones también. La justicia aún no cerró el caso y lo investiga como “muerte dudosa”, mientras que sí quedaron sin efecto las acusaciones de Nisman por el pacto con Teherán, por falta de mérito. Increíblemente, el escandaloso y truculento caso no le quitó a Cristina Fernández popularidad ni respaldo entre la ciudadanía, que en la actualidad está por encima del 55 por ciento.

Los “golpes soft”

Los procesos de transformación de Sudamérica inquietaron a Washington en los últimos años, y aunque el contexto internacional ha impedido la aplicación de “viejos procedimientos”, como la Doctrina de Seguridad Nacional que implantó la CIA a fines de los 60 y 70, y acabó con una seguidilla de golpes de Estado militares en la región, ante la excusa del avance del comunismo. Ahora se apela, de manual, a mecanismos más sutiles, enmarcados en la democracia, lo que se ha denominado golpe de Estado soft. Uno de los ideólogos de esa estrategia es el filósofo Gene Sharp, que a través de la fundación Albert Einstein, con sede en Boston y respaldo económico de la CIA, ha delineado acciones para “derrocar gobiernos no afines”.

El llamado “manual para una revolución no violenta” cuenta con diversos “momentos”, que pueden resumirse:

  1. Promoción del malestar a través del desabastecimiento, criminalidad, inseguridad, manipulación del dólar, denuncias de corrupción e intrigas políticas que intentan fracturar el frente nacional.
  2. Impulso de campañas publicitarias en defensa de la “libertad de prensa”; diversas acciones para impedir la vigencia plena de las nuevas leyes, recursos judiciales como amparos. Además, campañas por los derechos humanos, insistencias con los llamados “presos políticos”, aunque se trate de casos criminales que están siendo juzgados y condenados.
  3. Manifestaciones callejeras. Protestas populares, movilizaciones y huelgas con marchas, para radicalizar el malestar. En lo posible deben incluir altercados del orden público, enfrentamientos, promover la represión y los saqueos.
  4. En el marco general de la estrategia de tensión, éste es un estadio superior e incluye el desarrollo de diversas formas de lucha. Por ejemplo, operaciones psicológicas; rumores de un enlace militar-sindical; apoyo a bandas de delincuentes vinculadas a la policía para generar climas de inseguridad; motines de segmentos de las fuerzas de seguridad o auto acuartelamiento de la policía.
  5. Intento de fractura institucional con acciones, movilizaciones, cortes de carreteras, toma de edificios públicos. Pronunciamiento de cúpulas eclesiásticas, militares y corporativas para acorralar al poder ejecutivo y lograr su renuncia.

Si no se logra el objetivo de la renuncia, el Plan Sharp propone proseguir con el hostigamiento permanente para desgastar al gobierno y su legitimidad popular.

Los “momentos” de la acción desestabilizadora pueden detectarse en la vida política de Argentina en los últimos años y también en algunos países de la región. En algunos ha tenido éxito, como con el derrocamiento del presidente paraguayo Fernando Lugo, expulsado del poder por su Parlamento.

Se cierra el ciclo

Muy pronto, justo setenta años y ocho días después de aquella gesta que dio nacimiento al peronismo, la defensa que el 17 de octubre de 1945 hizo el pueblo obrero de Perón, una Argentina muy distinta irá a las urnas. Será, sin dudas, el epílogo de la gestión kirchnerista.

El pueblo, soberano y libre, con su voto resolverá entonces si da vuelta a la página, plasma un cambio radical y regresa a viejos modelos, o mantiene el rumbo iniciado tras una crisis que parecía terminal, y prosigue con el rumbo actual aunque con algunos matices de cambio.

Sin ningún Kirchner en el poder ejecutivo nacional, inevitablemente nada será igual, pero, más allá de eso, el camino que quedará atrás dejará huellas imborrables en la historia del país sudamericano.


Alejandro Di Giacomo es periodista y docente de la Universidad de Palermo en Buenos Aires.

Artículo publicado en el nº66 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2015.


NOTA:

  1. En el sistema electoral, segunda vuelta que se realiza entre los dos candidatos más votados cuando nadie ha obtenido la mayoría requerida (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay). Fuente: Diccionario de la RAE.

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