La Ley de Herencias enfrenta al capital ecuatoriano y al Gobierno de Correa

Las propuestas de proyectos sobre herencias y plusvalía presentadas por el Gobierno de Ecuador han provocado las movilizaciones de diferentes sectores de oposición en las principales ciudades del país. Desde el oficialismo se interpretan las protestas como una estrategia de desestabilización y de desgaste que finalmente han logrado la retirada temporal de las propuestas de leyes y la apertura de un “diálogo nacional”.

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Ecuador ha logrado posicionarse en los últimos años como el tercer país más equitativo en la región más desigual del mundo. La reducción de casi tres puntos del índice GINI le ha situado por delante de países como Costa Rica o Panamá, pero aún queda mucho para corregir las condiciones estructurales que disparan la brecha entre las personas más ricas y las más pobres. En el último informe a la nación, presentado a la Asamblea Nacional hace unas semanas, el presidente Rafael Correa anunciaba la elaboración de los proyectos de ley sobre herencias y plusvalía de tierras dirigidos a redistribuir la riqueza concentrada en el país. En ese momento aún no se sabía que las dos medidas se convertirían en uno de los elementos de mayor desgaste del Gobierno de la Revolución Ciudadana de los últimos meses.

Coincidiendo con la visita del primer mandatario a Bruselas como presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los grupos de oposición encabezados por sectores vinculados a la empresa y a la banca salieron a protestar en una de las principales avenidas de Quito contra una ley de herencias que, supuestamente, estaría afectando los intereses de las clases populares. Durante dos semanas, miles de personas portando banderas negras en señal de “luto” se movilizaron llegándose a producir enfrentamientos y ataques violentos entre los manifestantes y los simpatizantes de Alianza País, que mostraron su respaldo al proceso iniciado en 2008.

Con el propósito de evitar el clima de violencia ante la llegada del papa Francisco, el presidente Correa compareció desde el Palacio de Carondelet en cadena nacional para anunciar la “retirada temporal” de unas leyes que, por su transcendencia, comparó con la reforma agraria de la década de los 60. El primer mandatario se comprometió a la retirada definitiva de unos proyectos, que considera legítimos, si alguien logra demostrar que éstos afectan a los pobres o a la clase media. Pero, en el caso contrario, advierte que “los falsarios deberán rendir cuenta”.

Consciente del costo político de las medidas, acusó a los opositores vinculados a la banca y la extrema derecha de “convertir la defensa de sus intereses particulares y de sus bolsillos, como una defensa de las familias”. Pero, ante todo, alertó del intento de algunos sectores de utilizar estas protestas como estrategia de un “golpe blando” para un posible derrocamiento o, al menos, para que el Gobierno llegue a las elecciones de 2017 con un acusado desgaste.

Tras comunicar la retirada de los proyectos de ley, el presidente anunció la apertura de un “diálogo nacional” para debatir las polémicas propuestas con distintos sectores de la población, como organizaciones sociales, gremios, estudiantes y academia. El Gobierno hace un llamado para recibir las sugerencias de la ciudadanía, mientras que se propone demostrar que el aumento de impuestos a las mayores herencias afecta únicamente al dos por ciento de la población, es decir, “los más ricos entre los ricos”, en palabras del mandatario. Entre esta exclusiva minoría han reconocido encontrarse los principales instigadores de las reformas: Guillermo Lasso, vicepresidente del Banco Guayaquil y candidato a la presidencia por el movimiento CREO, y el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, quien mantiene bajo el lema “#Rebélate” la convocatoria de una gran movilización, a pesar del gesto del ejecutivo.

Las medidas que afectan a los grandes patrimonios y a los especuladores de tierras han provocado el enfrentamiento público entre los dirigentes vinculados al gran capital ecuatoriano y el presidente Rafael Correa, quien aprovechó para recordar el pasado del banquero Lasso como ministro de economía durante el mandato de Jamil Mahuad en uno de los períodos más nefastos de la historia reciente del país.

En marzo de 1999 se decretó el cierre de bancos por 24 horas para evitar la hiperinflación ante la coyuntura de la caída del precio del petróleo. Sin embargo, el feriado bancario terminó alargándose por cinco días en los que se suspendieron todas las operaciones financieras. El presidente Mahuad ordenó la congelación de los depósitos de los ahorradores durante un año y el Estado asumió las deudas millonarias de los bancos, sin lograr evitar que algunos de ellos terminaran quebrando. Las protestas provocadas por la crisis financiera llevaron al derrocamiento de Mahuad, quien huyó hacia Estados Unidos, y allí continúa como docente en la Universidad de Harvard sin que haya sido aceptada la extradición solicitada por el Estado ecuatoriano para ser juzgado por su responsabilidad en los sucesos del feriado bancario. El aumento de la tasa de desempleo llevó al exilio económico a millones de personas a, principalmente, España, Italia y Estados Unidos, en la mayor ola migratoria registrada en el país.

En las intervenciones posteriores al anuncio de retirada de las reformas, el presidente Correa recordó la oposición interesada de las élites económicas y de algunos sectores con acceso a información privilegiada que se enriquecen con la compra y venta de tierras. En este sentido, el presidente apostó por ir más allá de los hechos concretos y trasladar la discusión a las dos visiones opuestas de la sociedad: “La que legitima la acumulación ilimitada de riqueza y la minimización del Estado; y la visión que representa la Revolución Ciudadana, la cual implica una sociedad más justa, un Estado adecuadamente redistribuidor”.

Pero, si bien es cierto que los candidatos opositores han sido la cara visible de la protesta, no se puede obviar que, entre las y los miles de manifestantes, no todo era élite económica. Organizaciones de trabajadores y de indígenas también se sumaron a las movilizaciones para denunciar que las leyes presentadas, lejos de evitar la concentración de riqueza, afectan a las familias ecuatorianas y son la última gota de una serie de políticas erradas, como la retirada del aporte del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el código laboral o las leyes de Agua y de Tierras. Desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se llamó a mantener las movilizaciones con la convocatoria de marchas en varias ciudades del país para exigir la discusión de las políticas del Gobierno, incluida la propuesta de reelección indefinida, que permitiría a cualquier candidato presentarse nuevamente a elecciones a partir de un segundo mandato.

El presidente ecuatoriano no tiene reparos en calificar de “izquierda infantil” a estos sectores de oposición, a los que acusa de aliarse con los responsables que rescataron a los bancos y arruinaron a millones de familias hace quince años, mientras que los movimientos y organizaciones implicadas meten a Correa, a Lasso y a Nebot en el mismo saco.

Tras los hechos de las últimas semanas, el mandatario es consciente de los intentos de la oposición de llegar al Gobierno sin pasar por las urnas y de la existencia de una amenaza real contra la vida del presidente ecuatoriano. En respuesta, Correa insta a los grupos desestabilizadores a que pidan un referéndum revocatorio que promete ganar, lo que disipa las dudas respecto a su reelección como candidato bajo estas circunstancias.


Mª Cruz Tornay, residente en Quito, forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.


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