Feminismo en Nicaragua: ¿Hay futuro más allá de la cooperación internacional?

Los recortes del Gobierno español en materia de ayuda oficial al desarrollo y su deriva asistencialista dibujan un futuro incierto para el movimiento de mujeres centroamericano, que se plantea cómo romper con la dependencia hacia esos fondos en un contexto político hostil y un panorama económico muy adverso. En este artículo analizamos el caso de Nicaragua.
Mª José Comendeiro.
Mª José Comendeiro.

En Nicaragua, el segundo país más empobrecido de América Latina, las principales organizaciones de mujeres tienen equipos nutridos de trabajadoras, que pueden incluir también cocinera o chofer, y cuentan con presupuestos que les permiten organizar programas formativos en los que las participantes no pagan inscripción y reciben manutención, hospedaje y transporte gratis; o cubrir los boletos de avión de las 90 nicaragüenses que participaron en el reciente Encuentro Feminista de América Latina, celebrado a finales de noviembre en Perú.

Este despliegue se viene financiando con los fondos de la cooperación internacional al desarrollo, desde su eclosión en los noventa, cuando organizaciones e instituciones de países como Holanda, Alemania y España se volcaron en una Centroamérica devastada por las guerras y la represión política. Clara Murguialday, consultora vasca experta en género y cooperación al desarrollo que ha pasado media vida en Centroamérica, afirma que el 90 por ciento de las organizaciones feministas centroamericanas “surgieron en paralelo y gracias al dinero de la cooperación al desarrollo”.

En el caso del Estado español, los colectivos que habían apoyado los procesos revolucionarios se convirtieron en ONGD progresistas para brindar soporte económico a esos países (es el caso de Entrepueblos, Mugarik Gabe o Acsur-Las Segovias). “Esta inyección de dinero facilitó la expansión del feminismo tanto en lo teórico como en lo estructural”, explica Murguialday. En países en los que el estado no subvenciona a los movimientos sociales autónomos, las universidades no investigan sobre género y los sindicatos no promueven organizaciones de mujeres, “las feministas se vieron abocadas a recurrir a la solidaridad internacional”, señala.

La parte negativa es la llamada “oenegeización del movimiento”. Las
principales organizaciones se han convertido en centros de trabajo, con horarios, jerarquías y planes que ejecutar. Las Dignas, en El Salvador, se puso en marcha con 600 activistas; en seis años la cifra se redujo a 32 mujeres, convertidas en trabajadoras, y el resto pasaron a ser pensadas como destinatarias de los proyectos. Murguialday critica que la cooperación al desarrollo haya incentivado esa “oenegeización”: “Lo prefieren a un modelo de organizaciones de base dispersas por el país con militantes que no saben qué es el enfoque de marco lógico”. El riesgo es que esas ONG de mujeres se han convertido en el pilar del movimiento feminista: “Si se cae la cooperación al desarrollo, alguna gente seguirá juntándose, pero el movimiento no va a tener la capacidad que tiene ahora”, advierte.

Incertidumbre en Nicaragua

Clara Murguialday es, junto con María Teresa Blandón (del programa nicaragüense La Corriente Feminista) y Estrella Ramil (de la asociación catalana Cooperacció), coautora de la investigación Impactos del desmantelamiento de la cooperación española en las organizaciones de mujeres: miradas feministas de aquí y allá[1], un análisis que han iniciado en Nicaragua y que van a extender a El Salvador y Guatemala. El informe constata que en 2014 la ayuda oficial al desarrollo ha bajado hasta los niveles de 1990, cuando el Estado español era un donante incipiente. Pero, además, la igualdad de género ha dejado de ser una línea prioritaria, algo agravado por el cierre de la convocatoria de proyectos del Instituto de la Mujer en 2011. “Los gobiernos neoliberales están utilizando la crisis para debilitar a los movimientos feministas, tanto en los países del Norte como del Sur”, interpretan las autoras.

La investigación refleja que la mayor parte de la partida reservada a igualdad se destina a instituciones gubernamentales, cuyas políticas distan mucho de ser feministas (recordemos que el Gobierno de Daniel Ortega ilegalizó totalmente el aborto) y a entidades con perspectiva cristiana: “En 2009, de 106,6 millones de euros en esta partida, apenas 17 millones llegaron a las organizaciones de mujeres y feministas latinoamericanas y caribeñas”. Lejos de apoyar la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, la cooperación española ha pasado a priorizar líneas como la seguridad ciudadana, el agua y el saneamiento y la formación técnica de las mujeres, imponiendo enfoques asistencialistas.

En el caso de Nicaragua, muchas organizaciones de mujeres “están en el límite de sus posibilidades” para sostener sus estructuras. Durante 2012 y 2013 varias no han recibido los fondos aprobados en las convocatorias españolas, que son centrales para muchas organizaciones desde que otros países retiraron la ayuda a Nicaragua por su oposición al Gobierno sandinista.

Este desmantelamiento mantiene al movimiento feminista “en un estado de incertidumbre, justamente en una coyuntura política, económica e institucional sumamente adversa para los derechos de las mujeres”. Geni Gómez, integrante del emblemático colectivo feminista de Matagalpa Grupo Venancia, constata que en la actualidad la cooperación española impone cada vez más requisitos y un mayor nivel de profesionalización, al tiempo que recorta los fondos.

Buscando alternativas

Mientras que algunas organizaciones “están resignadas a cerrar”, Murguialday comenta algunas estrategias para salir adelante. La vía pragmática implica rebajar el tono de los proyectos: por ejemplo, hablar de salud reproductiva en vez de mencionar el aborto. Pero la más efectiva, en opinión de la consultora vasca, es la de “concurrir en consorcios”, incluso para poder presentarse sin intermediarios a fondos europeos, aunque no es una opción para colectivos pequeños. Además, a Murguialday no le convence que “grupos con rivalidades históricas o discrepancias ideológicas se estén convirtiendo en extraños compañeros de viaje sólo por obtener fondos”.

“Es mentira que haya alternativas viables. Tenemos que asumir que esto de dedicar nuestra vida profesional al feminismo tiene los días contados”, admite Geni Gómez. Las Venancias destacan por haber optado por una vía de autogestión: este año han dejado de subcontratar la cafetería del Centro Cultural Guanuca (desde el que organizan actividades artísticas a favor de la igualdad y la diversidad) para asumir ellas su gestión, combinando trabajo voluntario con remunerado. Sin embargo, cifra en un cuatro por ciento estos ingresos sobre el presupuesto total del colectivo: “no es una alternativa real, pero ahora que en los proyectos ya casi nunca se pueden imputar gastos de funcionamiento, ayuda a cubrirlos.

Crisis, ¿oportunidad?

En el último Encuentro Nacional Feminista de Nicaragua (marzo de 2014) se hicieron diferentes críticas a la “oenegeización del feminismo”. Itzel Fajardo es una de las jóvenes que vienen criticando la dependencia económica hacia la cooperación al desarrollo. Si bien reconoce que esos fondos han sido fundamentales para consolidar “un feminismo transfronterizo, muy conectado” con otros países, le preocupa que la lógica por proyectos y ejes estratégicos que impone la cooperación limita la posibilidad de un feminismo radical con enfoque global: “Las agendas se centran en temas concretos, como los derechos sexuales y reproductivos, y otras realidades comunitarias quedan fuera del análisis, como el impacto que tendrá la construcción del Canal interoceánico sobre la vida y los cuerpos de las mujeres”, ilustra. Llama también a entender “de dónde viene la plata y las consecuencias de aceptarla”. Frente a grandes estructuras centralizadas con presupuestos abultados, ella aboga por “un trabajo de hormiguita en el ámbito comunitario”.

Clara Murguialday defiende que la cooperación internacional ha tendido a respetar los procesos, ritmos y necesidades de las feministas centroamericanas, aunque en la actualidad sí observa la ya citada estrategia de algunas organizaciones de rebajar el tono para seguir recibiendo fondos de gobiernos conservadores. Geni Gómez, en cambio, apunta que la cooperación al desarrollo también ha influido en el sentido contrario: “La presencia de fondos como el FED[2] animó a muchas organizaciones a volcarse a favor del derecho a decidir”.

La integrante de Las Venancias sí que cree que la crisis puede servir para “revisar qué cosas son necesarias y qué se puede financiar de otra manera”, haciendo alusión a inercias como alquilar salas de hoteles para actividades. Murguialday comparte las críticas sobre el derroche de fondos, aunque apunta a que, en un contexto social marcado por la pobreza, “una parte sustancial del dinero se ha destinado a la manutención y el transporte, porque es imprescindible para movilizar a mujeres sin recursos”.

Mientras que a Fajardo le preocupa que la juventud haya naturalizado que se necesiten muchos recursos  para hacer incidencia, Murguialday vuelve a señalar a un panorama económico adverso, en el que, inevitablemente, las mujeres piensan en el feminismo como una salida profesional. “Una militancia de personas que tienen otro empleo de nueve a cinco y que pagan las pancartas con su dinero es algo que sólo las clases medias se pueden permitir. Aquí las urgencias de la sobrevivencia marcan los modos de organizarse”, defiende. Gómez coincide en subrayar las dificultades de organizar a mujeres que carecen de autonomía económica, pero al mismo tiempo aboga por promover la cultura del trabajo colectivo no remunerado.

Feminismo joven y comunitario

Aunque todas las activistas consultadas auguran un futuro incierto para el Movimiento Amplio de Mujeres como estructura organizada profesionalizada, capaz de inundar las calles, los medios de comunicación y los espacios comunitarios con sus discursos, también existen un tejido asociativo de mujeres que trabajan a escala local con escaso o nulo presupuesto.

Es el caso de la Red de Mujeres de Ometepe, un movimiento social comunitario que no cuenta con financiación de la cooperación. Yolidia Hernández, una de sus impulsoras, señala que funcionan mediante los apoyos solidarios de quienes se identifican con su trabajo en red. Aspiran a construir un espacio de atención comunitaria que ofrezca servicios de asesoría, acompañamiento y capacitación a las mujeres isleñas combinando el voluntariado con el reconocimiento económico a los conocimientos aportados.

En el municipio de la costa pacífica El Viejo, unas quince adolescentes participan en el grupo Mujeres Crecer. El colectivo ha sorprendido al vecindario con encendidas marchas contra el acoso machista callejero o el feminicidio. En Managua, el colectivo Gafas Violetas, formado por jóvenes artistas y comunicadoras en su mayoría, organiza actividades de autodefensa feminista, autocuido, ciberfeminismo o poesía feminista. Ambos grupos cuentan con apoyos puntuales del Movimiento Feminista de Nicaragua y del FCAM, respectivamente, pero no pretenden vivir de ello.

En Matagalpa, Itzel Fajardo fundó con otras compañeras la Casa Abya Yala, un espacio cultural feminista que se plantea como una iniciativa económica colectivizada. Este proyecto fue lanzado mediante una campaña digital de crowdfunding (financiamiento colectivo, una vía poco explorada en Nicaragua), con la que obtuvieron cerca de 5.000 dólares. Geni Gómez y otras compañeras feministas del municipio se han involucrado en el proyecto con la intención de desarrollar en él “una escuelita para promover iniciativas de autogestión desarrolladas por jóvenes”. “Lo malo no es que haya dinero de la cooperación al desarrollo, sino el exceso y la dependencia; este momento puede motivarnos para dar rienda suelta a la creatividad y encontrarnos a nosotras mismas”, concluye Fajardo.


June Fernández dirige Pikara Magazine y colabora con medios como eldiario.es, Diagonal y Argia. Actualmente reside en Managua.

Artículo publicado en el nº64 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2015.


NOTAS:

    1. Disponible en: www.cooperaccio.org.
    2. Fondo para la Equidad de Género y los Derechos Sexuales y Reproductivos (FED). Lo administra la agencia HIVOS con aportaciones de varios gobiernos europeos para promover los derechos sexuales y reproductivos. Web: www.fed.org.ni.

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