El conflicto político es inconstitucional

En España el conflicto político es inconstitucional. No hay cabida para él. No es que no exista, es que no puede existir porque, como digo, es inconstitucional. El hecho de que España niegue el conflicto político se debe a la incapacidad histórica de sus élites de poner en marcha un proyecto nacional común y sostenible que no implique la supeditación de otras naciones.
p63_inaki-landa_jule-goikoetxeaPero actualicemos primero el contexto. El último alto el fuego de ETA fue anunciado en 2011 y su carácter definitivo se debió, no sólo pero principalmente, a dos razones: a la pérdida de respaldo por parte de la sociedad vasca y al proceso de debate interno abierto por la izquierda abertzale para un cambio de estrategia consistente en hacer política exclusivamente por medios no violentos (proceso que se inició tras los acuerdos de Lizarra-Garazi, hacia el 2000). Recordemos que Batasuna fue ilegalizada en 2003, así que la mayor parte del proceso de debate se llevó a cabo sin estructuras legales y apenas recursos.En 2010 ETA comenzó a publicar comunicados anunciando el cese de ciertas acciones armadas hasta el cese definitivo de toda actividad armada en octubre de 2011, tres días después de la Conferencia Internacional de Paz (Aiete), que, entre otras peticiones, incluía el cese y el desarme de la organización. Entre los puntos acordados en Aiete se pedía también diálogo con los gobiernos de España y Francia para solucionar las consecuencias del conflicto, avanzar en la reconciliación y la reparación a todas las víctimas y, por último, diálogo entre representantes políticos y agentes sociales para solucionar las causas del conflicto.

Desde entonces hemos sido testigo del progresivo desarme de la organización y en lo que refiere a la reparación de las víctimas y la convivencia se han implementado nuevas políticas y dinámicas por parte del Gobierno Vasco y de diversos colectivos sociales que durante todo el proceso han contado con el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos. Todo ello está teniendo resultados significativos en el ámbito de la reconciliación. Pero todo, absolutamente todo, se ha hecho de forma unilateral, por instituciones, agentes y colectivos de Euskal Herria. En cambio, hay cosas urgentísimas que solucionar, como el tema de los presos y presas políticas, que no se pueden hacer unilateralmente. Para ello es necesario que los gobiernos español y francés se sienten, junto con el resto, a dialogar. El problema es que no quieren dialogar sobre el conflicto, porque… ¿Qué conflicto?

Negación del conflicto

El diálogo suele ser la forma más pacífica de canalizar los conflictos. Ahora bien, si no hay acuerdo sobre la existencia de un conflicto, difícilmente se podrá entablar un diálogo en el que tal supuesto conflicto se pueda canalizar. Se podrán negociar las formas de canalización y dinámicas de la resolución. Lo que no se puede negociar es la existencia de un conflicto. En ocasiones anteriores he escrito que una no negocia ser vasca o española, se identifica o no se identifica; uno no negocia un principio democrático, se observa o no se observa. Así, tampoco se negocia la existencia de un conflicto político, se percibe o no se percibe.

Es cierto que la Declaración de Aiete, el cese definitivo de acciones armadas y el progresivo desarme de la organización monitorizado por el Comité Internacional de Verificación han dificultado el discurso de los Estados acerca de la ausencia de conflicto político, pero no han impedido el bloqueo del proceso de paz. El gobierno francés, y sobre todo español, así como sus elites políticas y económicas, tienen una razón estratégica para negar el conflicto vasco: su perpetuación.

La negación de un conflicto por una de las partes es siempre indicativo de la existencia de dicho conflicto, por lo que su continuada negación sólo tiene sentido como elemento reproductor del propio conflicto. Y decíamos al principio que España niega y por tanto reproduce el conflicto indefinidamente debido a la incapacidad histórica de sus élites de poner en marcha un proyecto nacional común, duradero y sostenible, que no implique la supeditación de otras naciones.

Descripción del conflicto

En el campo de la resolución y el análisis de conflictos, el conflicto es entendido como incompatibilidad de objetivos, sean éstos políticos, sociales o económicos. Esto implica discursos incompatibles en tanto que es en los discursos donde se articulan los objetivos.

Para los grandes partidos soberanistas de Euskal Herria (la coalición EH Bildu y PNV-EAJ), la raíz del conflicto político es no reconocer los ámbitos de decisión del pueblo vasco. Este discurso da por hecho que existe la nación vasca entendida como sujeto político de decisión. Ha resonado día y noche en los debates televisados, en los parlamentarios, en Juntas, en la prensa y en las calles, antes, mucho antes del cese definitivo de ETA, y también después, mucho después.  Este discurso no es una trola, una conspiración o una táctica electoral. Es una realidad política en tanto que así es percibida por gran parte de la sociedad vasca.

La respuesta de los grandes partidos españoles, PP y PSOE, antes del cese definitivo de ETA y también después, es que no hay un conflicto político, porque el País Vasco no es una nación y, si no es una nación, no tiene derecho de autodeterminación. Sólo España tiene ese derecho en el Estado, precisamente porque es la única nación [1].

Este discurso, que origina carcajadas en el ámbito internacional y por supuesto académico, no se ha podido sostener con el caso de Cataluña, han tenido que poner sobre la mesa la inconstitucionalidad. Ahora no se trata tanto de si se es nación o sujeto político. El problema ahora es que la Constitución no permite que las nacionalidades, ciudadanías, comunidades, sociedades y demás clanes no españoles hagan consultas o referendos, por mucho que así lo decidan sus correspondientes y degenerados parlamentos tribales, democráticamente elegidos. Eso solo lo puede decidir la nación española, una y grande.

La categoría de nación se usa en las Constituciones porque es la que ofrece base legitimadora y democrática a todo el aparataje político, legal e incluso represivo de un Estado. Primer curso de Ciencias Políticas. Si no consigues entrar en una Constitución como “nación”, no existes políticamente. Es por ello que en la Constitución sólo hay una nación, la española, y es por ello que sólo ella puede permitir consultas y referendos. ¿Por qué no permite/desea/aplaude la nación española las consultas y los referendos para canalizar la resolución del conflicto? Porque… ¿Qué conflicto?

Autodeterminación y derecho a decidir

Las leyes están para solucionar conflictos, no para crearlos. Primero de Derecho. Argumentar que el derecho a decidir es una ficción y no vale para nada porque no existe en la legislación es tan ridículo como argumentar en 1830 o 1930 que el derecho al voto de las mujeres es una ficción y no vale porque no existe en la legislación. La pregunta no es si está o no, la pregunta es si debería estar.

La diferencia primordial entre el derecho a decidir y la autodeterminación es que este último es un derecho colectivo, de la nación, mientras que el primero es un derecho individual para decidir cómo constituirse políticamente sobre la base del principio democrático, haya o no haya nación, esté o no esté colonizada, discriminada o subordinada. Estos cambios terminológicos y conceptuales se han llevado a cabo por diversas razones. Una es que el derecho de autodeterminación reconocido internacionalmente es un derecho cualificado que da lugar a interpretaciones contradictorias sobre cuándo puede aplicarse; la segunda, que dicha interpretación depende siempre de los intereses de los Estados, que pueden, como es el caso, negar la categoría de nación a toda comunidad que no tenga Estado, por lo que el derecho queda anulado directamente.

En Escocia no han hecho uso del “derecho a decidir” porque a nadie en Gran Bretaña se le ocurre negar que Escocia es una nación. Han hecho uso del derecho de autodeterminación y lo volverán a hacer cuándo lo decidan, igual que en Quebec. Como el cívico Estado francés y el cosmopolita Estado español no permiten la existencia de otras naciones en su territorio, las naciones no reconocidas han optado por el discurso del derecho a decidir, pues si negar la existencia de una nación es peliagudo, negar la capacidad de los individuos para decidir su futuro se torna imposible en la coyuntura política de la Europa actual.

Al hilo de este cambio conceptual en Cataluña se creó la plataforma Pel Dret de Decidir en 2005, que culminó en una exitosa manifestación aglutinando a las fuerzas de la sociedad civil. Y parece que al final decidirán el 9 de noviembre. En el caso vasco se creó Gure Esku Dago en 2013, plataforma ciudadana que ha movilizado a más de 150.000 personas en junio en una cadena humana, desde Iruña hasta Durango. La mayor movilización en décadas.

Y es que cuando en un Estado la mayoría de una nación, sociedad o comunidad territorialmente concentrada (incluidos la mayoría de sus partidos políticos y su parlamento) decide que quiere poder decidir sobre su futuro constitucional; y cuando el Estado correspondiente denomina esto “desvarío”, “inconstitucionalidad” o “pertenencia a banda terrorista”; entonces a esto, en el ámbito de la resolución y análisis de conflictos, se le llama conflicto político.

Negociación, sí; movilización, también

Dicen los rumores que sólo mediante la negociación entre las partes se solucionan los conflictos. Bello pero falso. Previo y paralelo a la negociación entre las partes está el discurso de cada parte: sus expectativas, creencias e intereses. Si no se modifica el discurso que niega el conflicto político, no habrá nada que negociar; pero la modificación del discurso no se dará mediante el simple diálogo, sino mediante un cambio en los intereses hegemónicos propiciado, por ejemplo, por un desajuste en la estructura de oportunidades políticas, por la intensidad y grado de organización de las movilizaciones sociales y por las resistencias políticas e institucionales, así como por la coyuntura económica.

Esto se debe, primero, a que ciertas cosas no se pueden negociar (por ejemplo, ser vasca o española, pues te identificas o no) y, segundo, a que los discursos incompatibles no se vuelven compatibles por el mero hecho de dialogar sobre ellos. Los objetos discursivos como “nación vasca” o “derecho a decidir” no los crea el individuo que habla y tampoco los destruye ni los modifica: porque yo niegue el derecho a decidir o la existencia de la nación vasca, ésta no desaparece. Ahora bien, si todo el mundo lo negara, desaparecería. El reconocimiento es vital. Si no hay reconocimiento, no hay identidad, y es la identidad lo que en nuestro mundo social y simbólico hace que individuos y colectividades tengamos existencia.

Si nadie reconociera la nación española o francesa, los franceses y las españolas no existirían. Pero para eso están los sistemas estatales de enseñanza, el currículo nacional, los medios de comunicación nacionales, el ejército, la policía y los tribunales estatales. Porque los Estados no sólo producen reconocimiento, producen realidad colectiva tal y como decía Mazzini: “hemos creado Italia, ahora tenemos que crear italianos”. Y en este producir francesas y españoles los Estados han tenido la tendencia de neutralizar otras realidades previamente existentes, como la vasca, que hacen desaparecer por medio de la fuerza bruta y de la falta de reconocimiento, es decir, de la negación, en este caso, de una identidad política, de un pueblo o una nación con los mismos derechos que la española o francesa. La diferencia es que la existencia del pueblo vasco no ha requerido el aniquilamiento de los pueblos contiguos. Es una comunidad que no tiene ningún problema en admitir que su existencia no es divina ni universal ni por tanto imperialista. Su existencia es toda ella política. Y la existencia tampoco se negocia.


Jule Goikoetxea es escritora, politóloga y profesora-investigadora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Artículo publicado en el nº63 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2014.

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NOTA:

  1. Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

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