Venezuela. Madres por la soberanía alimentaria

La constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999 definió al país como un “estado democrático y social de derecho y de justicia” y estableció la igualdad, la prosperidad y el bienestar del pueblo como principios de obligado cumplimiento. Las garantías aprobadas en la norma han guiado una política social que ha permitido la reducción de la pobreza[1] y el acceso a los derechos sociales para millones de personas, al punto de lograr el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015.
Venezuela, 2013. Fotografía: Mª Cruz Tornay.
Venezuela, 2013. Fotografía: Mª Cruz Tornay.

La inversión destinada a políticas sociales ha absorbido en los últimos años hasta un 18 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)[2], cifra que no hubiera sido posible sin la redistribución de los recursos procedentes de la riqueza generada por la extracción de petróleo. La conocida como “renta petrolera” ha sido el sostén que ha posibilitado la ejecución de políticas destinadas a garantizar el acceso a los derechos sociales a toda la población y a disminuir la brecha de desigualdad que históricamente existió en el país y que en doce años de revolución bolivariana se logró reducir en un punto[3].

Tras décadas de políticas neoliberales, la falta de acceso de millones de personas a la salud, la educación y la alimentación se habían convertido en problemas estructurales que afectaban al bienestar de la población y al desarrollo del país. En 1998, un 20,3 por ciento de los hogares venezolanos se encontraba en situación de pobreza extrema y el 21 por ciento de la población padecía hambre. El analfabetismo y el acceso a la educación era un problema que impedía el progreso de los sectores vulnerables, como el caso de las mujeres y de otros grupos históricamente discriminados.

En este contexto, se hacían necesarias soluciones urgentes y profundas que combatieran una serie de problemas que sólo aumentaban la brecha social. La respuesta vino en 2003 a través de las misiones socialistas, programas que llegaban de forma masiva a las comunidades para atender necesidades básicas. Con la colaboración y asesoramiento de profesionales cubanos, las misiones lograron un enorme impacto en la población venezolana. La misión Barrio Adentro permitió la cobertura sanitaria universal, mientras que más de dos millones de personas han recibido desde entonces intervenciones para mejorar la vista a través de la Misión Milagro.

Los convenios de colaboración con la República de Cuba fueron determinantes para conseguir elevar el nivel de instrucción de la población que no había podido concluir sus estudios primarios. El objetivo de alfabetizar a toda la población de forma rápida y eficiente pudo cumplirse gracias al diseño del programa cubano de alfabetización Yo, sí puedo, creado para su aplicación en Venezuela y que en sólo dos años permitió la declaración del país como territorio libre de analfabetismo a través de la Misión Robinson. A su vez, las misiones Ribas y Sucre daban continuidad a la etapa de alfabetización hasta lograr la culminación de los estudios universitarios a personas que no habían tenido acceso al sistema educativo.

Diez años después de su creación, la política social del país sigue estando canalizada fundamentalmente a través de las misiones y grandes misiones ideadas para extender derechos sociales y facilitar el acceso a necesidades básicas de la población más vulnerable. Una de las misiones tomadas por el gobierno como referencia es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que prevé la construcción de viviendas (2.900.000 para 2019) para resolver un grave problema que afecta a la población. Otros programas contemplan la asignación directa de ayudas económicas a hogares vulnerables como las grandes misiones Hijas e Hijos de Venezuela, dirigida a la protección de las jóvenes embarazadas; Amor Mayor, que pensiona a personas de la tercera edad, y Madres del Barrio, dirigido a madres en situación de pobreza extrema.

Si ha habido algo que ha caracterizado a las misiones socialistas durante esta década es el impacto que han logrado alcanzar en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres venezolanas, fundamentalmente en aquellas que se encontraban en situaciones de mayor vulnerabilidad y con familias que dependían exclusivamente de ellas. La participación de la mujer en las misiones destinadas a la salud, educación y formación para su incorporación al proceso productivo siempre es mayoritaria, lo que ha convertido a la mujer venezolana en una “aliada” de las políticas sociales del gobierno para la reducción de la pobreza y la brecha de la desigualdad en todo el país.

Venezuela, 2013. Fotografía: Mª Cruz Tornay.
Venezuela, 2013. Fotografía: Mª Cruz Tornay.

Madres del Barrio

Como en muchos otros lugares del mundo, la pobreza en Venezuela tiene rostro de mujer y, de forma bastante habitual, de madres que deben hacerse responsables de forma exclusiva de la crianza de los hijos e hijas. Este era el tipo de familia que se encontraba en la mayoría de los hogares en riesgo de exclusión. Para paliar esta situación que se repetía en todos los estados del país, se creó la Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez dirigida a madres en situación de pobreza extrema, es decir, a aquellas que incluso tenían dificultades para cubrir la alimentación de la familia.

A través de la misión Madres del Barrio, que en este momento llega a 82.557 beneficiarias, estas mujeres reciben una ayuda mensual para el mantenimiento de sus familias, pero, al igual que otras misiones, también pone a su disposición distintas capacitaciones para promover su integración en la actividad productiva del país.

La capacitación en formación agroecológica fue la semilla que se transformó en la constitución de la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal Agroecológica Consuelo Fernández, formada por cuarenta y cinco mujeres del colectivo de Madres del Barrio del municipio Villa del Cura, situado en el estado Aragua.

Desde que se convirtieron en beneficiarias de la misión, este colectivo de mujeres ha pasado de sobrevivir de la venta informal de comida o de ropa en la calle, o como empleadas domésticas, a trabajar la tierra que durante siglos perteneció a una de las primeras familias españolas que llegó a un valle fértil donde hicieron fortuna a través del cultivo de café y el añil. La última familia de aquellos terratenientes ya había abandonado la producción y el Estado pudo comprar hace cuatro años los terrenos de una finca de más de quinientas hectáreas. Desde entonces, la casa colonial que perteneció a la familia de Simón Bolívar es sede de talleres de formación agroecológica complementados con el trabajo práctico en el campo.

Celia Jiménez, integrante del colectivo, poco sabía de agroecología antes de que la misión Madres del Barrio la invitara a participar en los talleres formativos impartidos por ingenieros agrónomos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). El profesorado debía presentar los conceptos teóricos, pero las antiguas huertas que rodeaban la casa se prestaban a que las mujeres pudieran poner en práctica todo lo que estaban estudiando.

A medida que aprendían más sobre siembra, reciclaje, fabricación de abonos orgánicos y reutilización de componentes, los terrenos de la escuela se convirtieron en un “sistema agrosilvopastoril” compuesto por catorce proyectos que permiten la sustentabilidad del ecosistema a través de un ciclo que integra todos los recursos de los que disponen en la hacienda.

Con nombres

Roberto Soares es el ingeniero agrónomo que ha capacitado a las Madres del Barrio a lo largo de los siete meses que ha durado el taller formativo y que ha permitido que mujeres que “ni sabían plantar una matica”, como reconoce Celia, cuenten con las habilidades necesarias para mantener un ecosistema que requiere la atención y el aprendizaje diarios.

Celia y otras cuarenta y cinco compañeras participan en lo que denominan como unidades de producción: vivero de plantas maderables y de cultivos estratégicos, horticultivo semiprotegido y abierto, fabricación de abonos orgánicos con materiales del entorno, banco de semillas criollas, laguna de cría de cachama…

Al igual que otros proyectos llevados a cabo en el país, la escuela taller cuenta con la colaboración de dos agrónomos cubanos que ofrecen asesoramiento técnico para que el trabajo llevado a cabo sea eficiente y que se logre cosechar todo lo sembrado.

El destino de los alimentos producidos en este ecosistema también sigue criterios solidarios y alternativos para que las familias puedan acceder a productos libres de tóxicos a precios justos. Una parte de la cosecha recogida se reserva para la venta a las personas que trabajan en las instalaciones, lo que permite obtener una fuente de ingresos para el mantenimiento de los proyectos. Otra parte se comercializa en los mercados y comunidades de la zona, y otra se intercambia mediante trueque con productores del entorno.

La capacitación de las Madres del Barrio en el cultivo de alimentos es una cuestión estratégica para combatir la pobreza extrema de las mujeres y de sus familias y para avanzar en uno de los objetivos que forma parte del denominado Plan de la Patria: la contribución con la preservación de la vida. En un contexto en el que los productos de consumo y de alimentación han entrado a formar parte de la batalla política a través de la especulación y del acaparamiento, el acceso a la tierra ha traído la tranquilidad a las familias que pierden capacidad adquisitiva a medida que aumenta la inflación.

Olga María tiene 76 años y cuenta las dificultades que tuvo para criar a cuatro hijos sola y sin empleo. Gracias a la ayuda del programa, pudo construir su casa poquito a poco y consiguió salir adelante con la reventa de carne. Ahora lo que le ocupa es el mantenimiento del vivero que cuenta con hierbas medicinales que quieren destinar a la fabricación de remedios naturales. Olga tiene clara cuál es la importancia de haber aprendido a cultivar la tierra: “En la agricultura combatimos la pobreza extrema, que ocurre cuando no tenemos qué comer. Ahora estamos combatiendo la guerra económica y alimentaria que tenemos en este país”.

Para Celia, haber estudiado y echar a andar la empresa social agroecológica forma parte de un sueño que llega tras haber pasado muchos momentos difíciles. Aunque no estuvo sola, el trabajo de su esposo como albañil no siempre les traía dinero a la casa. Su trabajo fue desde los doce años limpiar casas a domicilio, pero la enfermedad de la mediana de sus tres hijos llevó a la familia a una situación extrema. Gracias a la ayuda de la misión, Celia cuenta que pudo pagar el tratamiento de su hija, que ya la hizo abuela.

Al igual que Olga, Celia es consciente de la labor tan importante que tienen en sus manos para garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad: “Gracias a que sembramos nuestros alimentos estamos combatiendo lo que hacen las empresas privadas que venden a los precios que ellos quieren. Hay que vender a precio justo, luchar y seguir construyendo patria”.

Celia y Olga se marchan a decorar la antigua casa de la familia de Bolívar para el acto de graduación de las 76 mujeres que han participado en la escuela taller agroecológica. En los próximos meses inician la segunda parte del programa en el que aprenderán nuevas habilidades para poner en práctica en la empresa social.

El coordinador de la escuela, Rómulo Alvarado, termina de preparar los diplomas que entregarán al día siguiente a las participantes y valora el aprovechamiento que han sabido realizar de la formación: “De pobres pasaron a ser empresarias”. Eso sí, empresarias que luchan por la soberanía alimentaria del país.


Mª Cruz Tornay es comunicadora especializada en género. Forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Publicado en el nº 60 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2014.


NOTAS:
  1. Datos: Instituto Nacional de Estadística, www.censoinfo.ine.gob.ve.
  2. Informe República Bolivariana: Cumpliendo las metas del milenio, 2012.
  3. El índice en 1999 era de 0,498. En 2011 se había reducido al 0,397. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2012.

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