Argentina. La justicia social y la igualdad requieren de un Estado fuerte

Pensar en la política social en Argentina equivale a hablar de un retorno de la presencia y la intervención del Estado para reducir la pobreza que, tras la dictadura y el establecimiento del neoliberalismo, llegó en 2001 a casi el 60 por ciento. Puede decirse que hoy la madre de esa recomposición es la Asignación Universal por Hijo (AUH), que da cobertura a 3,6 millones de niños y niñas en edad escolar. Esa acción se complementa con el apoyo al trabajo cooperativo. Hay, no obstante, un núcleo de pobreza persistente. Para la oposición al gobierno falta articulación de los planes a nivel nacional y es necesario universalizarlos y que estos salgan de un circuito, dice, clientelar.

p60_argentina“Ésta fue la década ganada por todos los argentinos por las cosas que hemos logrado. Se puede ganar una elección, pero se puede perder el gobierno. Hablo de década ganada en términos de recuperación social, económica, de igualdad de los 40 millones de argentinos”. Cristina Fernández de Kirchner pronunciaba estas palabras al inaugurar en 2013 las sesiones legislativas. Hablaba del período iniciado en diciembre de 2003, cuando asumió la presidencia su esposo Néstor Kirchner y planteó un quiebre con la política neoliberal que se venía implementando en el país y que, dos años antes, había causado una de las peores crisis económicas, políticas y de desintegración social.

En la actualidad, los planes y programas sociales son muchos y variados y dependen de diversos ministerios. Debe mencionarse que fue en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde (2002-2003) cuando se implementó el plan Jefes y Jefas de Hogar, que buscó atajar la situación de pobreza escandalosa al otorgar un aporte a cambio de trabajos comunitarios para las personas desocupadas. Se inscribieron muchas más personas de las que se calculaba que podían acceder a él y con los años se convirtió más en un subsidio que en un intercambio.

Otro momento que debe comentarse es la llegada en 2006 de Alicia Kirchner, hermana del presidente, al Ministerio de Desarrollo Social. Empleados de esa cartera describieron a esta doctora en Trabajo Social como un motor silencioso e imparable. Explican que cuando tomó la gestión ella misma recorría las escaleras del edificio para conseguir hojas y personal. De allí movilizó el aparato ministerial a los territorios. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada, y el de Planificación Federal, a cargo de Julio de Vido, son también ejes del articulado de políticas sociales. Aunque otras secretarías, como la de Deportes, y organismos, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial o el Instituto Nacional de Tecnología Agropeacuaria, participan de los programas.

Fue en 2009 cuando se incorporó la Asignación Universal por Hijo, que cobran todos las niñas y niños menores de 18 años (con los requisitos de ir a la escuela y tener asistencia sanitaria) y las personas discapacitadas de todas las edades. La iniciativa tuvo un antecedente presentado en el Congreso por la opositora Coalición Cívica años antes. Hoy, la AUH es destinada a las familias cuyos padres están desocupados y a los que tienen ingresos por debajo del salario mínimo.

Un informe del Ministerio de Desarrollo Social indica que “las políticas públicas destinadas a la niñez están vinculadas fuertemente con el fortalecimiento de las familias y las comunidades a través de la organización social”. Distintos indicadores dan cuenta del impacto positivo logrado en este sentido, según los datos del Ministerio: la reducción de la pobreza (del 54 por ciento en el primer semestre de 2003 al 5,4 por ciento en el segundo semestre del 2012); la reducción de la indigencia (del 27,7 por ciento al 1,5 en el mismo periodo); la mejora de los índices de educación y de salud; la bajada de la mortalidad infantil (del 16,5 por mil en 2003 a 11,7 por mil en 2011) y la creación de puestos de trabajo y la reducción del índice de desempleo, que pasó del 20,4 por ciento en el primer trimestre de 2003 al 7,9 por ciento en el primer trimestre de 2013. La AUH, que depende del Ministerio de Trabajo, se extendió luego a las embarazadas, con lo cual también comenzaron a cobrar la asignación las mujeres a partir del tercer mes de gestación.

Decisiones políticas

Pero antes de la puesta en marcha de la AUH hubo una decisión política trascendental. En 2008 el gobierno resolvió eliminar el sistema de capitalización de las pensiones, por el cual determinadas empresas privadas, llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), gestionaban el dinero de la previsión social. Se trataba de una de las reformas privatizadoras realizadas por Carlos Saúl Menem durante sus diez años de presidencia.

A partir de esta medida, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)[1], con mayores recursos para derivar hacia una política de bienestar social, se convirtió en la administradora de la asignación por hijo. Un dato no menor sobre la AUH es que no sólo es percibida por las y los niños argentinos, sino también por los extranjeros que cuentan con residencia legal en el país, un aspecto criticado por los sectores más reaccionarios.

Para varios partidos opositores al gobierno, un problema de la AUH es que no es universal. “En términos generales, lo que establecíamos era una visión de políticas universales, no sólo para revertir la pobreza. Queríamos determinar cuál era allí el rol del Estado y terminar con la creación de planes clientelares, que generan mecanismos de extorsión y acumulación de poder para el gobierno o un partido”, dijo Fernanda Reyes, economista y ex diputada por la Coalición Cívica y representante de la alianza Unen.

Esta economista manifestó que la asignación tendría que tener el eje en una “red social con acceso a la igualdad, educación y salud”, así como financiación “a través de una reforma tributaria, mediante el impuesto a las ganancias, sin intermediarios”. Fernanda Reyes planteó que otros problemas de la asignación son la inflación y que el plan “sigue de alguna forma ligado a la situación laboral de sus padres. No está ligado a la situación del niño sino al empleo”.

La crítica por la inflación, que según consultoras privadas va del 20 al 25 por ciento, fue también realizada en noviembre por el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo: “El gobierno ha puesto preocupación con los planes de trabajo, pero los planes tienen un límite. Sirven para sostener un momento que posibilita un consumo, pero llega a un término en que tenemos que insistir en la creación de trabajo”, aseveró en declaraciones a una emisora de radio.

Cambio de paradigma

“La década ganada en políticas sociales estuvo marcada por el cambio de paradigma. La mirada se posó sobre los derechos, en la invención de nuevas herramientas y técnicas, en el abordaje integral, intersectorial y territorial, todo esto en el marco de un proyecto nacional, popular y democrático”, expresa Alicia Kirchner en un libro reciente, titulado Los derechos sociales son derechos humanos.

En ese cambio de paradigma que plantea, comenta que “el asistencialismo y las conductas de politiquería eran prácticas arraigadas, donde la lamentable lógica del clientelismo estaba incluso asumida por los más necesitados, cautivos de un círculo que poco tenía de virtuoso”. Plantea allí la necesidad de cambio que, afirma, comenzó ya a implementarse y que tiene que ver con “construir una política social de derechos y equidad territorial integrando acciones con los diferentes actores sociales”. Asevera que “la enumeración de cambios que se han producido” en estos diez años “colocan a las políticas sociales, muchas veces invisibilizadas por los formadores de opinión pública, como la columna vertebral de este proyecto político”.

Distinta es la visión de Fernanda Reyes, quien habló de década perdida y manifestó que uno de los problemas centrales de la política social del kirchnerismo es que los diversos planes y programas están “desarticulados y desfocalizados”, por lo cual consideró que “hay que redefinir las políticas sociales en el país”.

El apoyo al cooperativismo

Argentina trabaja, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, es otro programa. Incluye planes como Manos a la Obra, Microcréditos a familias y Marca Colectiva, entre algunas opciones de reparación del tejido social. A esta lista hay que agregar el Trabajo Autogestionado, de la cartera de Trabajo, y el plan habitacional Procrear, una línea de créditos accesibles para el acceso a la vivienda.

“Sin duda, la política social funciona”, precisó el periodista argentino Alberto Ferrari, quien destacó que hubo “mucho apoyo a las cooperativas, una tarea que va a quedar al margen de lo que venga después del 2015”, año en el que habrá elecciones presidenciales. “Han destinado mucho dinero a proyectos cooperativos al interior del país. Hubo también para los pequeños productores rurales, como el plan Capital Semilla (créditos a tasa cero para miniproductores), que poco se conoce”, dijo.

Según datos oficiales, hay 200 polos productivos de cooperativas de un piso de 30 integrantes cada uno en el país. Ferrari consideró que la activación de las cooperativas fue “un trabajo compartido”. Por un lado “estos movimientos cooperativos son resultado de un grado de organización que se corresponde a un crecimiento político de la sociedad argentina, pero por otro lado la organización en sí no hubiera podido crecer en demasía si no hubiesen recibido dinero del Ministerio de Desarrollo Social”.

En efecto, hay cooperativas que surgieron de la experiencia organizativa de la lucha contra el hambre y la búsqueda de oportunidad de empleo tras la destrucción de la industria nacional de la era neoliberal. Militantes piqueteros que salían a las calles a pedir medidas para alimentar a cientos de miles de familias, lograron transformar, con mucho esfuerzo, esa organización de base en cooperativas de trabajo compuestas por grupos familiares. Es ese sector el que pudo aprovechar la presencia estatal para conseguir maquinaria pesada o capacitación que ayudara a mejorar su emprendimiento.

El deporte arranca en el barrio

Ferrari mencionó otro caso de política social en funcionamiento. Es una iniciativa de Desarrollo Social con la Secretaría de Deportes, mediante acciones que apuntan a sacar a niños y adolescentes de las calles y las drogas. Existen ligas deportivas amateur que funcionan en el Centro Recreativo de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, que movilizan a unas 50.000 personas.

Ese gran predio fue creado y activado durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955) y luego fue abandonado. Durante la gestión kirchnerista se recuperó el lugar y fue reconstruido con el trabajo de cooperativas. El círculo consistió y consiste en la reconstrucción, el trabajo de los clubes de barrio y las ligas deportivas. “Eso ayuda a recomponer el tejido social y laboral. Estamos hablando de gente que no tiene cabida en otro lugar si no es insertada en una cooperativa”, consideró Ferrari.

Los que quedaron afuera

Hay, no obstante, lo que llaman el núcleo duro de pobreza, que persiste a lo largo de los años y las generaciones. “Es cierto que hay un núcleo que no va a entrar al mercado laboral de ninguna manera. Y ahí tienen que apuntar los planes sociales para que la gente empiece a producir”, planteó Ferrari.

En tanto, en una entrevista al diario Página 12, la trabajadora social e investigadora de la Universidad de Buenos Aires Adriana Clemente explicó que “la problemática de la pobreza persistente debería entrar bajo la misma pauta, pero sabiendo que con esas mejoras y la reactivación del mercado no se revierte una situación de décadas. La pregunta es cómo está llegando el servicio a los territorios, no cómo está ese servicio esperando que lleguen las familias. Esto quedó muy instalado después de que explotó la demanda en 2001, los servicios públicos no generaron más demanda y eso ya debería hacerse porque la institución pública se puso de pie y tiene buenos recursos”.

Precisó que si se toma como base la última Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Instituto de estadísticas y Censos (INDEC, organismo que al menos en la determinación de la inflación es muy cuestionado), “estamos hablando como mucho de unos 300 mil hogares a nivel país”. Según Adriana Clemente, “si vas a un asentamiento, tienes que saber que estos hogares están ahí; pero si lo consideras de forma homogénea, se pierden de vista y se genera una política social para el conjunto que va a seguir sin llegarles a estas personas”. Al igual que la economista Fernanda Reyes, Clemente piensa que se requieren políticas focalizadas para ese sector, estrategias especiales.


Rosaura Audi, periodista argentina, forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Publicado en el nº 60 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2014.


NOTAS:

  1. Ver: www.anses.gob.ar.

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