El caso de injusticia socioambiental de la presa hidroeléctrica “La Parota” (Guerrero, México)

El intento inacabado de industrialización en México se vio copado por las intensas demandas del capitalismo neoliberal, de tal modo que el sistema de gobierno mexicano ha sido más vulnerado y debilitado hasta hacer del subsistema de elecciones partidistas gubernamentales uno ya abundantemente rebasado e incapaz de dotar al país de la paz y justicia necesarias para brindar una vida digna a los grandes grupos poblacionales; acompañadas estas serias carencias por el agotamiento de los recursos naturales y la afectación dañina (en ciertos casos, irreversible) de los ecosistemas nacionales.

Entre sus desorganizadas acciones dadas más a responder a las cúpulas del poder capitalista que a la atención de las necesidades populares del país, el gobierno ha acudido a las vías legislativas diseñando unas nuevas leyes y modificando otras para facilitar las intrusiones del gran capital tanto mexicano como extranjero.

Esto no solo ha creado y recreado condiciones de indefensión en vastos grupos sociales y número de casos, sino que ha contribuido sostenidamente a la situación caótica que está imperando en México desde hace unas décadas en la que las condiciones extremas son cada vez más repetidas hasta instaurar una escandalosa situación de la criminalidad más violenta que golpea a culpables e inocentes, severas protestas y rechazos contra las decisiones gubernamentales y, niveles más precarios de vida con la agudización de los propios de la pobreza y la miseria; hasta el grado de que se puede dudar, con determinada facilidad, si la nación se encuentra bajo el Estado de Derecho o si está sometida a lo que han llamado una “guerra de baja intensidad” que por momentos y en ciertos lugares, ahora se puede dudar de que realmente sea de tal “baja intensidad”.

Debido a que se ejecutan obras de todas las magnitudes y características por todo el territorio mexicano con inversiones económicas privadas que alcanzan a ser enormes sumas, de tal modo que se tornan más en negocios particulares que proyectos para el pueblo, el gobierno con demasiada frecuencia ha tenido que recurrir a la ya “obsoleta letanía” de “vendérselos” al pueblo como medidas de “desarrollo/progreso”, ideas/conceptos que son maquillados maniqueamente para insertarlos o intentar hacerlo más fácilmente pero que en muchos casos terminan en la mera imposición y abuso del sistema del poder para hacerlos efectivos solo mediante la violación de los derechos de la población y por lo tanto carecen de legitimidad popular, aunque aparenten un carácter legal o definitivamente caigan en la ilegalidad.

De semejante índole es el caso que (brevemente) vamos a presentar en este artículo, cuya principal intención es ofrecer un ejemplo vigente, dar a conocer el grave ejercicio indebido del sistema del poder para imponer la construcción de una obra que produciría energía eléctrica haciendo uso de la energía del flujo del agua en un río del mexicano Estado de Guerrero; proyecto que quizás técnicamente pudiera “a simple” vista considerarse como “inobjetable” pero que en la mera matriz de las realidades, ha generado un violento y hasta mortal enfrentamiento entre los poderosos capitalistas coludidos con los gobiernos contra la oposición proveniente de varias fuentes del pueblo que se encuentra luchando por su defensa contra la imposición, la corrupción y el despojo.

En México una obra de tal tipo y magnitud requiere, por las vías legales, de un estudio del impacto ambiental que la misma se pretende que causaría. Así, basaremos fundamentalmente nuestra presentación del caso, observando algunos detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada para la ejecución de este proyecto, completándola con otros puntos alrededor del problema que se ha creado y que hasta el momento no presenta una solución definitiva y sigue siendo motivo de más violencia socioambiental. En la Internet se encuentra extensa información libre y gratuita sobre nuestro caso, así con sencillez puede obtenerse mayor claridad sobre este problema.

El caso de la presa hidroeléctrica “La Parota”

Tenemos un caso en el que para producir energía eléctrica empleando la fuerza del agua se proyecta una presa que de una manera u otra afectaría (y ha afectado) a la zona implicada y puede ser que a otras más. Nuevamente se da la imposición por parte de las “autoridades” de diferentes niveles de gobierno (que envuelven a las propias Presidencias Nacionales de V. Fox y F. Calderón, los expresidentes mexicanos inmediatos) trabajando junto a empresarios y demás beneficiarios del proyecto (que no incluyen a la gran mayoría del pueblo). Las obras serían de financiación privada. La imposición ha generado un fuerte conflicto con la amplia oposición de la gente de la zona que se ha organizado junto a sus muchos simpatizantes/empatizantes, que incluyen a personas y organizaciones de fuera de la zona aquejada, todas ellas dadas a la protesta directa contra el abuso y la ilegalidad del caso. Pero una protesta a su vez dada por la protección a la misma que es uno de los derechos asegurados como fundamentalmente universales (ONU, 2011).

Este caso incluye cuestiones de corrupción e ilegalidad por parte de los que detentan el poder ya que ha habido violación de derechos y acciones indebidas como el uso del engaño y el soborno generalizados (y en ello la compra de los votos por unos cuantos pesos mexicanos en las asambleas), la intención por degenerar a los líderes de la oposición, la celebración de asambleas comunitarias falsadas y/o amañadas, la criminalización de los antagonistas a la obra, la represión/intimidación, persecución y acoso abiertos o velados que se conjuntan a varias amenazas de muerte sobre los opositores a la obra, detenciones/apresamientos y fabricación de delitos para inculparlos con la compra de supuestos “testigos”, el rompimiento de la paz social y del llamado “tejido social” con muy lamentables casos de MUERTOS (y heridos) por manos y mentes criminales-asesinas y otras razones. Puntos que han complicado la situación gravemente y que se le han podido imputar en su promoción al gobierno y sus socios del poder. Hasta el momento, la gente opositora muy organizada ya (conformando para su defensa el CECOP, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota), ha conseguido detener el proyecto y continúa luchando por su cancelación definitiva.

El proyecto involucra cinco municipios del Estado de Guerrero, entre tales Acapulco (el más famoso de ellos). Se lo ubicaría sobre el Río Papagayo. El vaso de la obra ocuparía una superficie de 14 mil hectáreas donde la principal forma de tenencia de la tierra es la ejidal. Afecta a miles de personas e implica directamente el desplazamiento de varios cientos de viviendas. Las cifras no están definidas pues la Manifestación de Impacto Ambiental ‘MIA’ (aprobada por la SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mexicana, el 13 de diciembre de 2004) las toma del censo del año 2000, es decir no se encuentran debidamente actualizadas. La empresa interesada es Comisión Federal de Electricidad (CFE, una paraestatal prácticamente monopólica) y la MIA fue elaborada por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y presentada a la SEMARNAT el 5 de julio de 2004.

No obstante carecer de los permisos correspondientes tanto oficiales como de los dueños/usuarios de los predios, CFE inició tareas de consideración en el campo dañando las propiedades y el ambiente por deforestación y otras acciones.

La MIA establece que las localidades aquejadas son 20 pero los numerosos opositores señalan que son más y, a contraluz de lo indicado por CFE-UNAM han estimado la cantidad de entre 75 mil y 100 mil personas afectadas de las cuales serían 25 mil de modo directo ya que sus posesiones quedarían bajo el agua, contra apenas alrededor de 3 mil que indica la MIA.

En marzo de 2006 el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) habiendo sesionado en la ciudad de México emite su veredicto sobre el caso de La Parota. En él ubica como actores del contradictorio al CECOP, en oposición a: CFE, Gobierno del Estado de Guerrero, SEMARNAT y la Procuraduría Agraria (obsérvese lo fuerte del enfrentamiento).

Entre otros numerosos considerandos de alta importancia con fuertes observaciones hacia los excesos, errores e ilegalidades cometidos por los grupos del poder, el TLA anota lo siguiente sobre la MIA del proyecto.

Los afectados presentaron ante SEMARNAT el recurso de revisión de la autorización de Impacto Ambiental por considerarla violatoria de leyes y normatividades. Empero, nueve meses después la misma SEMARNAT emitió su resolución definitiva confirmando la autorización de Impacto Ambiental, sin considerar el principio precautorio. La MIA y su autorización no consideran los daños a la salud pública ni a la calidad de vida de la población. No evalúa integralmente los daños al sistema hidrológico. No impone medidas concretas del problema de erosión y sedimentación de la presa. No evalúa el impacto de la obra en el abasto y calidad del agua para Acapulco ni la afectación a las localidades rurales de aguas abajo de la cortina. No evalúa la afectación de la región hidrológica prioritaria no. 29 Río Papagayo-Acapulco. Tampoco evalúa la afectación sobre la región marina prioritaria no. 32 Coyuca-Tres Palos. Carece de un criterio de manejo de cuencas hidrológicas que especifica la ley de aguas nacionales. No propone medidas de mitigación de los impactos por la inundación de 17 mil ha. de selva baja y mediana caducifolia. Minimiza el daño. La justificación técnica es ambigua, la MIA señala, por un lado que es para satisfacer la demanda pico (de cinco horas) de energía en el centro del país y, por otro lado indica que es para cubrir los requerimientos de nuevos centros urbanos y turísticos en la costa del Pacífico sur. No propone resolver los problemas de electrificación en las localidades del entorno de la presa (el resaltado en negritas es nuestro).

El TLA resolvió entonces, entre otras cosas: El proyecto La Parota debe cancelarse. La SEMARNAT debe aplicar la normatividad ambiental. El gobierno del estado de Guerrero debe garantizar la seguridad de la población y contribuir a la paz social. La CFE debe apegarse a la legalidad. El estado de derecho debe respetarse. Entre las recomendaciones que ofrecía están: evaluar la imposibilidad de restaurar y mejorar los modos de vida de la población y, evaluar la violación de los derechos humanos de los afectados. Evaluar por separado el Impacto Ambiental ya que no se están considerando las afectaciones sociales, culturales y económicas y no existe un instrumento equivalente que lo haga.

Por su parte el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hacen público su resumen de las ilegalidades cometidas en el caso. En lo que se refiere a la MIA anotan:

La falta de una MIA integral para La Parota viola la leyes mexicanas ambientales y de aguas, y amenaza los derechos humanos y la salud pública de comunidades locales. No evalúa los riesgos sísmicos que la presa puede causar. No evalúa los daños irreversibles que la presa causará a la cuenca del río y al sistema hidrológico del área. No evalúa los daños a la biodiversidad de la zona. La autorización de la MIA y las concesiones de agua fueron otorgadas sin una consulta adecuada ni la participación pública de las personas afectadas. Las fallas de la MIA junto con las violaciones a las leyes ambientales y de aguas, violan los derechos humanos de la gente en la zona (el resaltado en negritas es nuestro).

El caso es sumamente delicado y puede abundarse mucho pero pensamos que con lo que hemos planteado, es posible hacerse una idea bastante clara de lo que ha sucedido y del papel que la MIA ha operado en ello. Para finalizar, solamente queremos agregar, desde nuestra particular perspectiva, el hecho, para nosotros mínimamente desafortunado de que la MIA fue formulada por la UNAM, la “máxima casa de estudios” de nuestro país, una institución pública de referencia nacional, misma que de este modo ha visto manchada su reputación ya que como sabemos el conocimiento NO es neutral.

 Comentarios finales

En todo el orbe la injusticia ambiental se está reproduciendo, México no es una excepción. Mientras el sistema del poder se robustece las poblaciones se van pauperizando y los ecosistemas también. Estamos viviendo lo que se ha dado a conocer como la “guerra por los recursos” y no podemos quedarnos al margen de tal situación pues de por medio está nuestra propia calidad de vida y sobrevivencia tanto como la de las próximas generaciones.

La paz socioambiental no está asegurada ni en el presente ni en el futuro y sin dicha paz la justicia socioambiental no puede ser. Lo insustentable del proyecto neoliberal de existencia ha dado demasiadas muestras de su crudeza y la posmodernidad en que vivimos se ve marcada por la precariedad de las condiciones vitales de las sociedades. La sustentabilidad de la vida es una utopía solo realizable a la hora que el modo de vida impuesto por el capitalismo radical sea reducido a su mínima expresión (si no a su eliminación).

El ejemplo aquí presentado de injusticia ambiental en la presa La Parota nos permite darnos cuenta de los modos de acción del modelo explotador impuesto por el gran capital y sus asociaciones gubernamentales. A la vez, nos sirve para mostrar, y puede que demostrar, el mal uso de los instrumentos que la propia Ley aporta, en el presente caso la MIA, que se añade a otros elementos de las leyes y a las mismas leyes que en frecuencia altamente indebida, son elaborados para “legalizar” precisamente las intervenciones que no repercuten favorable ni satisfactoriamente en una vida digna de la gente afectada ni en su reproducción, para el país, haciendo a México, “ente tercermundista” todavía más dependiente, inequitativo, anti democrático, injusto y sometido a todo tipo de violencias y violaciones.

Asimismo, queremos con este ejercicio de expresión pública hacer una muy modesta aportación para la solución definitiva, sana, legítima/legal y humana del fatal problema generado en La Parota, para que los opositores al proyecto sepan que no están solos en su defensa y para que reciban la solidaridad internacional correspondiente y genuina, tan necesaria.

Pensamos que sigue siendo muy válida la sentencia: “¡Proletarios del mundo, uníos!” pese al desprestigio que el sistema del poder la ha procurado a las ideas socialistas. Igualmente, seguimos creyendo en la Resistencia de la que hablaba Ernesto Sábato, sí: para ocuparnos más, la humanidad toda, de crear los medios de una vida digna para nuestra especie y las demás y, ocuparnos menos en las ensoñaciones desmedidas de morar en el planeta Marte.


José David Lara González es profesor-investigador del Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable. Instituto de Ciencias. B. Universidad Autónoma de Puebla. México.


BIBLIOGRAFÍA:

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  9. Tribunal Latinoamericano del Agua. (2006). Veredictos de la audiencia pública regional, México. Caso: Proyecto hidroeléctrico “La Parota” sobre el río Papagayo en el estado de Guerrero. República Mexicana. Ciudad de México. México. Documento de acceso público.
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  11. Universidad Nacional Autónoma de México. (2004). Resumen de la Manifestación de Impacto Ambiental de la presa hidroeléctrica La Parota. México. Programa Universitario de Medio Ambiente.

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