Viena +20. Euskalherria 2013

Tribunal de Derechos de las Mujeres

Durante el pasado 7 y 8 de junio se desarrolló en Bilbao el Tribunal de Derechos de las Mujeres Viena +20. Euskalherria 2013, impulsado por Mugarik Gabe junto a 20 organizaciones feministas, sociales y ONGD[1]. Este Tribunal se suma a una larga tradición de tribunales desarrollados en diferentes lugares, sobre todo América Latina, con el objetivo de reivindicar los derechos de las mujeres y denunciar vulneraciones a los mismos.

p57_tribunal-mujeres_mugarik-gabeReferencia principal para este Tribunal es el desarrollado en Viena en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. A través de las voces y testimonios de 33 mujeres se reconoció la invisibilización histórica de las mujeres, y se reafirmó que son seres humanos y, por tanto, merecedoras de todos los derechos ya otorgados al “hombre”. Gracias a estos testimonios, el significado de los derechos humanos en la vida de las mujeres adquirió una realidad y ayudó a entender este concepto a millones de mujeres y hombres en todo el mundo. La organización del Tribunal enseñó a muchas mujeres nuevas formas de pensar sobre el uso de los mecanismos de las Naciones Unidas para establecer responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

20 años después muchas de las demandas y reivindicaciones siguen vigentes para la defensa de los derechos de las mujeres, es por ello que planteamos la realización de un Tribunal de Derechos de las Mujeres.

Los tribunales simbólicos

Los tribunales simbólicos son una estrategia de las organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar los efectos de la invisibilidad que caracteriza a algunas violaciones de derechos humanos, así como para evidenciar la impunidad que rodea a las mismas. Con este interés comenzamos a reunirnos todas las organizaciones, viendo la necesidad de visibilizar las desigualdades y específicamente las violencias machistas, como vulneración de derechos humanos de las mujeres tanto en Euskalherria, como en el Estado español yen América Latina.

A ese objetivo inicial también se sumó la necesidad de denunciar el sistema político y judicial en la definición y aplicación androcéntrica de las leyes. Con esta iniciativa hemos pretendido contribuir al empoderamiento colectivo de las mujeres a través de la acción política, así como a la dignificación de las mujeres y el movimiento feminista.

El Tribunal en Euskalherria: Testimonios y resolución

El Tribunal estuvo compuesto por varias figuras: jurado internaciona l[2], observación internacional [3], invitadas de honor [4], fiscales, expertas [5] y mujeres dando su testimonio. A pesar que se denunciaba la vulneración de derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana, reivindicamos tres derechos en concreto: el derecho al aborto, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a un nivel de vida digno para las mujeres.

Como recoge el jurado internacional en su resolución final con la que finalizó el Tribunal, “los casos en este Tribunal se encuadran dentro de un sistema capitalista, militarista y patriarcal, entendido en sus aspectos económico-financieros, políticos, coloniales, sociales ideológicos, culturas y medioambientales. Se trata de un sistema que sostiene y reproduce la violencia contra las mujeres de una manera específica y estructural, de tal manera que hacen equivalentes género y violencia”. En este contexto internacional “se da una vulneración de los derechos humanos que afecta de manera específica y radical a las mujeres que, en muchas ocasiones, enfrentan la criminalización por sus luchas en defensa de esos derechos así como una impunidad sistemática”.

Este Tribunal no podía haber sido posible sin la valentía de las mujeres testimoniantes y las organizaciones que documentaron los casos en un proceso de acompañamiento de meses anteriores.

A lo largo del día y medio que duró el Tribunal fuimos escuchando los testimonios. Todos ellos nos emocionaron por las historias contadas y por el coraje de las mujeres para compartirlos, y también nos indignaron: indignación por los hechos ocurridos y la impunidad que rodea a los mismos donde son responsables directos instituciones y Estados.

El jurado también mencionó “que este Tribunal ha constatado conculcaciones referidas a derechos sexuales, reproductivos, civiles, económicos, sociales, laborales, culturales y, en definitiva, al derecho a una vida libre y sin violencia”.

Los ocho testimonios fueron de mujeres de El Salvador, Colombia, Guatemala, Euskalherria y Cataluña. Durante el Tribunal todas y todos los presentes nos solidarizamos con sus demandas de reparación y justicia. Estos casos responden también a la realidad de miles de mujeres en cualquier parte del mundo. Extendemos la solidaridad a todas ellas.

Escuchamos el testimonio de María García de Iruña que tuvo que desplazarse de su lugar de origen para interrumpir voluntariamente su embarazo ya que no es posible realizarlo en su propia comunidad autónoma, además de cubrir ella misma el coste por no poder realizarlo en la sanidad pública.

Por este caso el jurado condenó al Estado español “por no ofrecer una educación que promueva el derecho a decidir sobre el propio cuerpo (…), por hacer del aborto un delito y no garantizar su atención en la sanidad pública”.

Después, a través de un vídeo conocimos el testimonio de María Teresa Rivera, vídeo que fue grabado en la cárcel a donde la enviaron tras pasar por el hospital, después de expulsar un feto muerto. Fue condenada a 40 años de cárcel, desoyendo los informes médicos que señalan que el feto sufría una complicación propia de los no natos y que nació muerto.

El jurado condenó al Estado salvadoreño “por prohibir y penalizar el aborto en todos los casos, en contra de las recomendaciones y observaciones de organismos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; por poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres; por no tener un sistema público que garantice la salud sexual y reproductiva de la población; y por ejercitar violencia de Estado contra las mujeres mediante la criminalización del aborto y la condena sin garantías constitucionales violando el derecho a la presunción de inocencia.”

Al día siguiente los testimonios se fueron sucediendo, comenzamos con el relato leído del testimonio de Inés Arana, denunciada por la fiscalía de Gipuzkoa por las lesiones causadas a su agresor, que en aquel momento era su pareja, al defenderse de su ataque.

De nuevo el Estado español fue condenado por el jurado por “incumplir la obligación de garantizar el derecho de las víctimas de violencia machista a la verdad, al reconocimiento de los abusos, como paso necesario para la obtención de justicia y reparación. Por incumplir su deber de eliminar todos los obstáculos en el camino hacia la obtención de justicia, reproduciendo formas de violencia añadida para las mujeres que denuncian los abusos, al promover condenas a mujeres que se defienden de las agresiones”.

Tras ella vimos en vídeo a María, desde Medellín que nos relató cómo se vio obligada a desplazarse víctima de persecución y violencia sexual por parte del Bloque Nutibara, grupo paramilitar que operaba en la zona donde ella vivía.

El jurado condena al Estado colombiano “por no garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a las sobrevivientes de violencia sexual a la verdad, la justicia y la reparación, más allá de la retórica normativa y política, para prevenir la violencia sexual contra las mujeres en el contexto de conflicto armado. (…) Y por promover y tolerar la existencia de grupos paramilitares que ejercen control y violencia específica contra las mujeres.”

Tras su declaración el tercer caso de la mañana fue el de Oihana, fue leído por la organización acompañante y relataba cómo había sufrido tortura sexista durante el periodo de incomunicación en una comisaría en Madrid, hecho que denunció en varias ocasiones y que diferentes instituciones ignoraron.

Por este caso el jurado condena nuevamente al Estado español por “incumplir la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda forma de tortura o maltrato policial y, en especial, la recomendación de 2008 del Relator de Naciones Unidas sobre el tratamiento específico de la tortura (física, psicológica y sexual) con componente machista, perpetrada por agentes estatales. Por incumplir recomendaciones de los organismos internacionales y europeos de prevención de la tortura y mantener espacios y tiempos “opacos” de detención”.

Por la tarde comenzamos con el eje de derecho a un nivel de vida digno para las mujeres, escuchamos a una trabajadora del sector de comercio a la que no respetaban su petición de reducción de jornada en el horario solicitado y todas las afectaciones que esto tenía para ella y su entorno.

Nuevamente, la resolución del jurado condena al Estado español por “no contemplar legislativamente la posibilidad de conciliar la vida laboral, personal y familiar, en condiciones de vida digna (…); por permitir mediante la regulación legal y la estructura judicial y administrativa, que las empresas y las y los empleadores pongan por delante sus beneficios económicos y empresariales de obtención de beneficios frente a los derechos de las mujeres, y las tareas genéricas de sostenibilidad de la vida”.

Posteriormente, escuchamos la voz de Hermelinda, de Guatemala, quien comenzó su relato recuperando  la importancia del agua y de la lluvia para su pueblo, mientras por las ventanas escuchábamos la tormenta que caía en esos momentos en Bilbao. Hermelinda pertenece a una comunidad afectada por la instalación de una empresa de capital gallego. Las mujeres de la comunidad, y ella concretamente, han sido perseguidas, tanto por miembros de la seguridad de la empresa como por el ejército de su país, por defender las tierras, el agua, frente a la empresa trasnacional.

Así el jurado condena al Estado español por “ apoyar política, económicamente y diplomáticamente a la empresa Ecoener Hidralia-Hidro Santa Cruz que viola derechos humanos en el municipio de Barillas, Huehuetenango, Guatemala. Al Estado guatemalteco por consentir y favorecer la instalación de dicha empresa. “Por no respetar la decisión de la comunidad que se pronunció contra la explotación de los bienes naturales en su territorio, cuando atentan contra la vida digna violando el convenio 169 de la OIT. Por no proteger las condiciones de vida de las mujeres frente a las agresiones de la empresa (…). Por prestar colaboración policial, militar y judicial a la empresa para que lleve a cabo sus fines, lo que ha supuesto agresiones y amenazas a las mujeres (…). Por propiciar la criminalización de las mujeres que se organizan y luchan en defensa de su territorio (…). Y a la empresa “por ocupación de territorio, por depredación de los recursos naturales que abastecen a la comunidad, por acosar , perseguir y agredir a las mujeres de la zona”.

Y finalizamos los casos con el de Alejandra, trabajadora doméstica que relató unas condiciones de jornadas interminables, sin días festivos ni descanso, en definitiva, sin derechos laborales y ningún lugar al que ir a reclamar.

El jurado condena una vez más al Estado español “por regular de forma indebida, parcial y discriminatoria la relación laboral de las trabajadoras del hogar (…). Por aplicar una legislación de extranjería que categoriza a las mujeres inmigrantes como inferiores, situándolas en el eslabón más frágil de la cadena transnacional de cuidados.

La importancia de la justicia simbólica

Estos tribunales son un acto político de justicia simbólica. No reemplazan a la justicia, pero demuestran que otra forma de hacer justicia es posible y así se vio en la intervención del jurado, que, junto a lo ya mencionado en cada caso, denunció: “Ante la opinión pública y la comunidad internacional, el incumplimiento del derecho internacional y el propio derecho en materia de derechos humanos; la persistencia de obstáculos para el acceso a la justicia; las conductas y prácticas políticas, económicas, productivas, financieras, judiciales, sociales y sanitarias, fomentadas y desarrolladas por los Estados y las instituciones multilaterales, contrarias a la justicia. Condena la complicidad entre el poder político y el judicial y la jerarquía de la iglesia católica por impedir la promulgación y el ejercicio de los derechos de las mujeres”. E insta a los Estados y organismos internacionales: “a garantizar los derechos humanos de las mujeres, entendidos como universales, indivisibles e interdependientes, y cumplir las normas que regulan los mismos, de modo imperativo coercitivo y ejecutivo, yendo más allá de las declaraciones de intenciones y a través de políticas y medidas debidamente financiadas, evaluadas y en las que participen las organizaciones de mujeres y las propias afectadas”.

El jurado insta, además, “a fortalecer los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos y garantizar el debido proceso. A priorizar el respeto y reconocimiento de los derechos humanos frente a las normas de comercio e inversiones (…). Y que los Estados asuman la responsabilidad frente a esto abusos y violaciones, y pongan en marcha los mecanismos necesarios para la prevención, la investigación y el castigo de la violencia, así como el derecho de las víctimas y sobrevivientes a la reparación”.

Tras la lectura de esta resolución, la firma por parte de las observadoras internacionales de la misma así como por las invitadas de honor, el público presente, en una mayoría mujeres, se puso en pie, alzó sus brazos y comenzó a cantar Zutik Emakumeak! Un emotivo final para lo que fueron días emocionantes en la búsqueda de justicia para las mujeres y la reivindicación de sus derechos humanos.

El camino que comenzamos con este Tribunal se dibuja largo para la búsqueda de justicia y reparación de los casos presentados así como, en general, para una aplicación efectiva de los derechos de las mujeres. ¡Seguiremos trabajando en ello! Zutik Emakumeak!


Lidia Ruiz Gómez es integrante del Equipo de Educación de la organización Mugarik Gabe.

Artículo publicado en el número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.


NOTAS:

  1. Feministalde, Hegoa, Bilgune Feminista, Mujeres del Mundo, Medicus Mundi Gipuzkoa, Amnistía Internacional, Paz con Dignidad-OMAL, Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, ESK, ELA, STE-EILAS, LAB, CCOO, SETEM Hego Haizea, Pikara Magazine, Mugarik Gabe Nafarroa, Emakume Internazionalistak, CEAR Euskadi.
  2. Jurado internacional compuesto por Juana Balmaseda, Line Bareiro, Mari Luz Esteban, Juan Hernández, Teresa Meana, Luz Méndez y Cecilia Olea.
  3. En la observación internacional estaban varias instituciones: Izaskun Landaila Emakunde, Maribel Vaquero, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, Julia Hernández, Ararteko, Begoña Yebra, EITB, Paloma Soria, de Women`s Link Worldwide, y Mayra Pineada, de Xotchil Acatl.
  4. Las invitadas de honor son organizaciones/personas con largo recorrido en la denuncia de la violencias machistas y el trabajo para su erradicación.
  5. Derecho al aborto: experta Justa Montero, ejerció de fiscal Marta Dolado. Por el derecho a una vida libre de violencia: experta Rita Segato, ejerció de fiscal María Naredo. Por el derecho a un nivel de vida digno para las mujeres: experta Mertxe Larrañaga, ejerció de fiscal Begoña Zabala.
  6. Para conocer la resolución íntegra del Tribunal: www.mugarikgabe.org

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