El Salvador

La tregua y sus muertos

El pasado 7 de marzo, el asesinato del ex pandillero (recientemente reinsertado en la sociedad salvadoreña) Giovanni Morales, de 32 años, ponía a prueba la tregua entre la MS-13 y la Mara del Barrio 18. Algunas voces críticas a este proceso, como la del sacerdote católico Antonio Rodríguez Tercero, quien preside el Servicio Social Pasionista (SSP), misión católica para la que ha trabajado como coordinador del programa de rehabilitación y reinserción de pandilleros en el municipio de Mejicanos y por la que ha recibido incontables amenazas de muerte, se alzan para calificar la muerte de Giovanni como “un mensaje político, institucional” sobreentendiendo un aviso por parte de las pandillas que han asesinado al joven a la puerta del centro religioso que lo vio rehabilitarse, y que no pretende sino volver a infundir el terror que, en cierto modo, nunca ha abandonado a los salvadoreños.

El asesinato del joven de 32 años ocurrió en el aniversario de la tregua entre ambos grupos. De hecho, un día antes del homicidio de Morales, la Mara Salvatrucha celebró en la cárcel de Ciudad Barrios, situada a 157 kilómetros al noreste de la capital, un acto conmemorativo por la consecución del primer año de tregua

1305_tregua_maras
Un grupo de pandilleros entrega el 13 de marzo de este año al menos 267 armas de fuego a las autoridades con motivo del aniversario de la “tregua”.

Pero en el municipio de Mejicanos, un territorio que se halla en un incesante conflicto territorial entre la 18 y la MS-13, el ambiente fue denodadamente tenso durante los preparativos del velorio del cuerpo del joven Morales. El asesinato sucedió dos días después de que un periódico local difundiera un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos que sostenía con firmeza que los pandilleros aprovechan la tregua para convertirse en actores políticos, gracias al inabarcable control territorial del que disponen de cara a las elecciones de marzo de 2014.

Los muertos del pasado

El 21 de abril eran halladas las osamentas de cuatro personas asesinadas a manos de grupos pandilleros en el interior de un pozo en la periferia de Turín, un pequeño poblado ubicado a 88 km al oeste de San Salvador, tal y como informó el pasado domingo la Fiscalía General de la República de El Salvador.

La coordinación de estas excavaciones ha corrido a cargo del criminalista y arqueólogo forense, Israel Ticas, que junto a un equipo especial de inmersión, logró rescatar los esqueletos de las víctimas acompañados de una serie de documentos, que permitirán individualizar a las mismas, que fueron arrojadas al pozo (de unos 42 metros de profundidad y apenas 90 centímetros de diámetro) por miembros de la MS-13. La enorme excavación de 30 metros de ancho, realizada desde una distancia de 200 metros, implicó remover toneladas de tierra con maquinaria pesada durante 16 meses.

En el marco de la tregua, la Fiscalía del Estado ha ordenado diversas exhumaciones de personas desaparecidas que fueron localizadas en los territorios de Soyapango, Tonacatepeque y Panchimalco, junto con otras localidades periféricas de San Salvador.

Un año de frágil tregua en El Salvador

Ha pasado un año y un mes desde que mencionar El Salvador dejara de implicar una asociación directa con la violencia y el espanto. Sin matices. El Salvador estaba ayer ligado a las maras, como Roswell a los ovnis o Cannes al cine. Hoy, la tregua entre la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara del Barrio 18 se configura como un tímido armisticio en proceso de edificación.

Durante casi 32 años, las familias pobres han puesto su sangre en una escalada de violencia sin parangón. Pero la victoria electoral de Mauricio Funes el 15 de marzo de 2009 abría un período de esperanza en El Salvador. Ello ha tenido que ver con la que ha sido una nueva orientación a la hora de abordar el fenómeno marero.

Candidato por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el ya primer presidente izquierdista de la República desgranó sus intenciones en su discurso de toma de posesión el 1 de junio, mostrándose rupturista con la política de “Súper Mano Dura” (un enfoque de seguridad que no incluía componentes de rehabilitación o inserción) implementada por el gobierno de Francisco Flores (ex presidente de El Salvador, miembro del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, de tendencia derechista) en julio de 2003.

Este tipo de políticas no hicieron sino aumentar la brutalidad indiscriminada del conflicto entre la MS-13 y la Mara del Barrio 18, y el número de reclusos en unas cárceles con condiciones infrahumanas que, paradójicamente, se convirtieron en focos para la captación de nuevos mareros.

Fue entonces cuando el candidato a la presidencia por el partido ARENA en los comicios electorales de 2004, Elías Antonio Saca, aprovechó la popularidad de las medidas antimara tomadas por Francisco Flores para centrar parte de su campaña en la adopción de un plan de “mano súper dura”, en la línea de su antecesor. El rédito electoral del problema de la violencia en El Salvador se ha configurado como una constante en la vida política de este país de apenas 7.000.000 de habitantes.

Hace un año, un pacto entre los líderes de la MS-13 y la mara del Barrio 18 (encarcelados), promovido por el obispo castrense Fabio Colindres, y Raúl Mijango, exguerrillero del FMLN y antiguo asesor del Ministro de Seguridad salvadoreño, David Munguía Payés, suscitó la atención internacional. Según el diario digital El Faro, el gobierno salvadoreño de Funes habría establecido un pacto secreto con los líderes de las maras más violentas recluidas en el penal de máxima seguridad de Zacatecoulca. De acuerdo con el pacto, los líderes de la MS-13 y la Mara 18 serían trasladados a centros de reclusos con regímenes carcelarios menos severos si daban la orden a sus grupos de iniciar el cese de la violencia. El gobierno, sin embargo fue enfático en afirmar que no había llegado a ningún acuerdo con las maras. Su posición oficial ha venido escudándose en que sólo puede recluirse a un preso en una cárcel de máxima seguridad, durante el 10% de su pena, por lo que las decisiones tomadas lo han sido de acuerdo al orden penal vigente.

En lo sucesivo, la principal tarea del gobierno de Funes debería pasar por llevar a cabo una adecuada coordinación entre los distintos ministerios para priorizar y gestionar los Programas de Prevención y Seguridad, además de los fondos procedentes de donantes internacionales e inversores nacionales destinados a programas de reinserción social, de los cuales, tan sólo el 3% del Presupuesto de Seguridad se destina a la prevención, mientras que el 45% va dirigido a la Policía.

Sin duda, lo más significativo del proceso de tregua es la opacidad del mismo y su paladino hurto a la sociedad civil, donde aún reside el miedo y la extorsión a los comerciantes; además del papel fundamental que ha ejercido desde el inicio una institución supranacional como es la Organización de Estados Americanos (OEA). La cabecera del proceso, que ayer pertenecía a las maras, se ha trasladado al campo de la política municipal, siendo liderada por los alcaldes de los municipios de Sonsonate (occidente), Quezaltepeque (centro), Ilopango y Santa Tecla, ubicados cerca de San Salvador, que configuran (junto a otros 14) la iniciativa Municipios Libres de Violencia. En este caso, son los propios alcaldes los que lideran el diálogo, de forma directa, con los líderes de las maras que imperan en sus calles para, a cambio de su compromiso de reducir la violencia, desarrollar programas de reinserción que les aparten paulatinamente de las bandas.

Aunque a todas luces pueda parecer un proceso limpio y progresivo en su andadura, surgen voces críticas al mismo, como la del Fiscal General Luis Martínez, quien tras una reunión con su homóloga de Guatemala, manifestó que se han detectado nuevas formas de acción pandillera en las que desde las cárceles salvadoreñas se extorsiona a guatemaltecos y viceversa, desde penales chapinos se chantajea a salvadoreños. Aunque el fiscal no ha desvalorizado los logros alcanzados hasta el momento, sí ha reconocido la creciente capacidad de las pandillas para cometer delitos transnacionales desde el inicio de la tregua.

Aunque el actual Ejecutivo ha solicitado la implicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea, con el fin de blindar la actual política de concordato, evitando así que futuros gobiernos puedan desmantelarla después, es necesario que estos organismos tomen cartas en el asunto.

En marzo de 2014 se celebrarán elecciones en El Salvador y el diálogo entre y con las maras será uno de los principales temas que ocupará los discursos de los candidatos. El resultado de la campaña electoral puede quebrar la frágil tregua, pues este país lleva la violencia tatuada. Que la tinta de su piel sea perfilada o no, depende directamente del regreso de la política de “mano dura” que tanto ha gustado siempre a la derecha salvadoreña.

El impasse en la cultura del ojo por ojo entre las maras de El Salvador no es perfecto, pero ha ofrecido al país centroamericano una valiosa oportunidad para apuntalar la reducción de la violencia. Esperemos que el pueblo sea capaz de atender a los logros alcanzados por Mauricio Funes y, desmemoriado, no vire el rumbo hacia la represión, que siempre trajo consigo más violencia.


Héctor Gil estudia Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ha colaborado con varios medios digitales, de prensa escrita y radios libres.


Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *