Libertad de expresión en juego: el caso de Sudáfrica

Desde finales de 2010, Sudáfrica se enfrenta a un posible retroceso en materia de Derechos Humanos. El motivo, el proyecto de Ley de Información del Estado que el gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) pretende aprobar. Sin embargo, la existencia de una sociedad civil activa capaz de encontrar alianzas transnacionales ha logrado que su aprobación definitiva se haya retrasado casi dos años.
Sudáfrica. Fotografía: Claire Louise Thomas.

Ya han pasado 18 años desde el final del apartheid. Desde entonces, el país se ha erigido como uno de los máximos exponentes de la reconciliación nacional, desempeñando también un papel ejemplar en el ámbito global. Nelson Mandela, todo un icono de la lucha por la liberación, trazó una perfecta política exterior. Reconociendo la existencia de un mundo de interdependencia, otorgó gran importancia a las normas internacionales. Por ello, centró su labor en la promoción de la democracia y los derechos humanos, el respeto a la justicia y el derecho internacional, la consecución de la paz mediante mecanismos no violentos, la defensa de los intereses africanos y la cooperación internacional y regional. Sus sucesores, Thabo Mbeki y Jacob Zuma, parecen haber sabido aprovechar su legado, pero aportan matices diferenciadores que no siempre siguen la senda mandelista.

Eso ha hecho que hoy Sudáfrica sea considerado un poder medio. Además de una importante potencia regional, el país del arco iris es ahora también uno de los mayores representantes del emergente Sur global. Su activo multilateralismo busca un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y la comunidad internacional parece aceptarlo: ha sido miembro no permanente del Consejo durante 2007-2008 y 2011-2012, logrando introducir en la agenda temas puramente africanos y entablando alianzas importantes[1].

Por todo ello, hoy Sudáfrica es considerado el país más próspero del subcontinente africano, alejando las posibilidades de Nigeria y Angola. Sin embargo, en materia de política doméstica, son muchos los reproches que se le pueden hacer al gobierno del ANC. Continúa siendo uno de los países más azotados por el horror del SIDA, con altos índices de criminalidad y amplias bolsas de pobreza. Por otro lado, es actualmente el país del mundo que mayor número de solicitudes de asilo recibe[2], pero se enfrenta a graves problemas de integración y xenofobia.

Escándalos y corrupción

La transparencia no ha sido una de las características más destacables de los gobiernos de la Sudáfrica del post-apartheid. Muchos han sido los escándalos que han rodeado, durante años, a algunos de sus líderes. Mbeki tuvo que enfrentar duras críticas por no querer aceptar el origen vírico del VIH. Por otro lado, el acuerdo de compra de armas a multinacionales europeas producido durante su mandato (y donde también intervenía Zuma, el posterior presidente) ha sido objeto de continuas sospechas e investigaciones que acabarían siendo archivadas. El actual líder, Jacob Zuma, también ha tenido que enfrentarse a duras acusaciones: corrupción, fraude y violación. Además ha tenido que hacer frente a la revelación de información sensible por parte de Wikileaks, que aseguró que Zuma cooperó con el expresidente de Madagascar Marc Ravalomanana en la venta de granadas, balas de goma y gases lacrimógenos de manera ilegal (sin el control del National Conventional Arms Control Commitee, NCACC), con altas probabilidades además de que ese material se usara para la represión interna. El silencio ante ésta y otras muchas críticas ha minado la legitimidad de un gobierno tomado como modélico hasta entonces.

Todos (incluida la sociedad civil) coinciden en la necesidad de actualizar la ley que hoy rige todos los asuntos en materia de seguridad nacional e información del Estado, y que data de 1982, era policial. Sin embargo, la medida que pretende sustituirla ha recibido duras críticas relacionadas con su contenido, pues no incluye ninguna cláusula referente al interés público general, y basa su existencia en motivos de seguridad nacional. Su objeto: la clasificación y protección de aquella información que comprometa “la protección de la población de la República así como su integridad territorial” ante la amenaza o el uso de fuerza, la intervención extranjera, el terrorismo, el sabotaje y el espionaje. Llamada por los más críticos el “proyecto de ley del secretismo” (secrecy bill), esta medida supone el blindaje informacional por parte del Estado. Por ello, restringe el derecho al acceso de los documentos estatales. Establece que el acceso intencionado a información clasificada podrá estar penado con hasta diez años de cárcel, así como penas de 25 para aquellos que contribuyan a la fuga de información. Estar en posesión de información clasificada o proceder a desclasificarla clandestinamente podría conllevar hasta quince años de cárcel.

Las críticas a dicha medida se han centrado en las incompatibilidades y riesgos que entraña. Su aprobación podría suponer la restricción del acceso a la información concerniente al Estado, restando la posibilidad de los ciudadanos de ejercer una función de control sobre el gobierno. Asimismo, las libertades de expresión, de información y de compartir información serán restringidas, criminalizando la actividad periodística e imposibilitando la conformación de una opinión pública libre. Otros de los riesgos que supone su aprobación vienen marcados por la incompatibilidad existente de la medida con otras legislaciones ya existentes. Algunos activistas[3] han establecido que esta ley “amenaza los valores de la Constitución”, ya que es incompatible con algunas de las medidas recogidas en la Carta de Derechos de la Constitución sudafricana, símbolo de la reconciliación nacional. Las contradicciones se centran en los derechos de sus ciudadanos: el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso de la información del Estado[4]. Su aprobación también supondría la desaparición y el debilitamiento de ciertas instituciones democráticas de la Sudáfrica posterior a 1994: mina la potestad del Parlamento, así como la jurisdicción de la Corte Suprema para revisar la clasificación de los documentos.

Desde una perspectiva más amplia, esta medida es también incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, uno de los riesgos más peligrosos que entraña viene marcado por la actitud de los países vecinos. Si estos asumen el papel de liderazgo de Sudáfrica y aceptan estas medidas, quizás puedan querer incluirlas en sus legislaciones nacionales.

El lenguaje de los derechos

El intento de aprobar esta ley ha chocado frontalmente con la falta de apoyo por parte de la sociedad civil, así como de algunos de los aliados tradicionales del gobierno, como son las uniones de comerciantes y los medios de comunicación.

Además de los partidos de la oposición, el Foro Nacional de Editores de Sudáfrica, la Fundación Nelson Mandela, el Congreso Sudafricano de Uniones Comerciales (COSATU), el Club Nacional de Prensa o el Centro de Recursos Legales se han posicionado. Por otra parte, ha surgido un nuevo movimiento social con el objetivo de luchar contra la aprobación de dicha ley o, al menos, el de negociar con el gobierno los aspectos menos aceptados.

Se trata de la campaña Right2know (derecho a conocer), definida como una “coalición de la sociedad civil”[5] en la que participan hasta 400 asociaciones. Ha logrado ser muy influyente en la labor de desprestigio del gobierno, luchando por priorizar el interés público sobre la seguridad nacional. La campaña arrancó en agosto de 2010 y desde entonces ha contado con diversas herramientas e instrumentos de presión que han conseguido detener el avance de la aprobación de la ley e incluir pequeñas modificaciones en su contenido. “Si puedes controlar el flujo de información puedes controlar el poder político, y así justificar los secretos”, sentencia Murray Hunter[6], coordinador nacional de la campaña. Una de sus acciones más visibles fue la organización del Martes negro[7] como símbolo de protesta nacional ante la aprobación de dicha ley por parte del Parlamento el 22 de noviembre de 2011.

Como respuesta a la campaña, se creó un grupo de monitoreo parlamentario con el fin de atender las propuestas más críticas. Asimismo, la campaña logró introducir algunos cambios antes de ser aprobada por la Asamblea Nacional de Provincias. Sin embargo, no han sido introducidas todas las medidas necesarias para fomentar una cultura de democracia y transparencia.

Otro de los mayores logros de la campaña ha sido el de conseguir el respaldo de la comunidad internacional, que poniendo el foco en el discurso de los derechos humanos ha condenado la aprobación de la medida. Algunas ONG internacionales también se han sumado a la protesta. Reporteros Sin Fronteras ha advertido que la aprobación de esta medida supondría “dificultar las investigaciones sobre temas tan sensibles como la corrupción de alto nivel político, los escándalos financieros, el mal gobierno y el nepotismo”. Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han mostrado su rechazo. Además de estas organizaciones, muchos países han mostrado su desacuerdo ante la medida, tales como Estados Unidos, Canadá, República Checa, Alemania, Noruega, Polonia, Suecia, Portugal, Suiza, Polonia y España. Por otra parte, han instado al gobierno de Zuma a cambiar dicha ley a favor de los derechos de los medios y la población de acceder a la información del Estado.

Ahora sólo queda esperar que la Asamblea Nacional de Provincias vote la medida, a finales de este 2012. Si finalmente se aprueba, va a enfrentarse a movilizaciones sociales y protestas. “Esta ley parece estar acotando los espacios democráticos y la campaña Right2Know significa el derecho a acceder y compartir la información”, asegura Murray.

Todo ello ha reavivado el discurso de la corrupción y el nepotismo en un país que parecía seguir el rumbo de la democracia de manera deliberada. Si Sudáfrica no es capaz de mantener el papel modelo de defensor de los derechos humanos que le ayudó a acabar con el apartheid, difícilmente será aceptado por el resto de miembros del sistema internacional que vela por su cumplimiento como un poder medio capaz de desarrollar su papel. Y difícilmente podrá conseguir su ansiado asiento permanente en el Consejo más poderoso de las Naciones Unidas. Quizás tampoco quiera, y prefiera alzarse como un actor ambiguo desafiante. Y con el apoyo de algunos de sus nuevos socios (Rusia, China, Brasil e India) quizás lo consiga.


Aideen Kennedy, periodista, es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate. Realizó en 2011-2012 el Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos (Universidad Autónoma de Madrid).

Este artículo ha sido publicado en el nº 54 de Pueblos – Revista de Información y Debate, Cuarto trimestre de 2012.


NOTAS:

  1. Gracias a la Resolución S/RES/ 2033/2012, este consejo cooperará con el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en el ámbito de la prevención, la gestión y la resolución y de conflictos.
  2. Según el informe elaborado en 2012 por ACNUR sobre el perfil de operaciones Sudáfrica.
  3. George Bizos, defensor de los Derechos Humanos en la época del Apartheid y abogado de Nelson Mandela en Mail &Guardian ,12 marzo de 2012.
  4. Secciones 16 y 23 de la Carta de Derechos.
  5. Página web de Right 2 Know Campaign (www.r2k.za).
  6. Entrevista realizada el 22 de agosto de 2012.
  7. En un principio, y previendo que la votación se realizaría el miércoles 23, la campaña se llamó Miércoles negro, en referencia al 19 de octubre de 1977, cuando el gobierno del apartheid prohibió dos periódicos y 19 movimientos de la conciencia negra tras la muerte bajo custodia policial del activista Steve Biko.

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *