La comunicación como derecho para la organización social y procesos colectivos

Dentro de los años que nos ha tocado asumir-vivir el ejercicio de la comunicación de manera autónoma a través del colectivo informativo Mapuexpress y a través de lo recabado en diversos encuentros, hemos comprendido que la comunicación es un derecho humano que es fundamental y necesario para la organización y los procesos sociales en pro de derechos y justicia.

El ejercicio del derecho a la comunicación debe representar las demandas y aspiraciones de los Pueblos con respecto a sus derechos colectivos. Los Derechos Colectivos Indígenas, de acuerdo a los estándares internacionales y a su carácter vinculante a los Estados, se basan en que todos los pueblos tienen el derecho a la libredeterminación, derecho garantizado a partir de la implementación, garantía, promoción y resguardo de sus distintas conexiones.

El ejercicio, respeto, promoción y exigibilidad de los Derechos Humanos a la comunicación, información y libertad de expresión, dentro la participación y desarrollo, son formas de llevar adelante, por una parte, procesos de autonomía indígena y, por otra, la exigencia a los estados de medidas de reparación, más aún frente a temas que involucran situaciones de discriminación, censura, racismo y colonialismo informativo al interior de diversos países y se establezcan políticas de participación y de consulta cuando se fomenten legislaciones y políticas públicas internas relacionadas y estas, se hagan de buena fe, encontrando soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena, sin exclusión y amplia representatividad, sin intervencionismos, ni manipulación y de acuerdo a los intereses y necesidades de los mismos Pueblos Indígenas.

El derecho a la comunicación está basado en una visión del libre flujo de información; un derecho interactivo, dinámico, igualitario y no discriminatorio e impulsado por las necesidades sociales en vez de intereses comerciales o políticos. Sin embargo, se aprecia en la actualidad que políticas estatales y medios masivos y comerciales en diferentes países del continente atentan sistemáticamente contra este derecho.

En efecto, se ha constatado que estos principios y obligaciones en derecho en varios países no se están cumpliendo debidamente o bien, se han implementado de manera arbitraria y manipulada por sectores gobernantes, lo que ha causado serios quiebres y trastornos internos, como por ejemplo, en Argentina, donde luego de un importante avance a través de la Ley de medios, hoy, a causa del accionar de ciertos agentes estatales, los procesos participativos son limitados y excluyentes y existe extrema polarización.

Es importante señalar que la visión del derecho a la comunicación se basa en el reconocimiento de la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los pueblos al interior de los estados, lo que está consagrado y resguardado en un marco normativo internacional sobre Derechos Humanos que se refieren a estos temas y que deben ser atendidos e implementados, entre ellos: Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 OIT, el Pacto de San José Costa Rica sobre Derecho a la comunicación y Libertad de expresión, La Declaración de Principios aprobada por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la Carta de Santo Domingo, entre otros.

Considerando dichos instrumentos, más los antecedentes de criminalización y de atentados a la integridad física y síquica a comunicadores indígenas, es posible constatar que diversos Países, como Chile, están lejos de cumplir los estándares mínimos sobre los derechos a la comunicación, por el contrario, una serie de iniciativas legislativas se han impuesto, como la Ley de radios o la de TV digital, sin consideración de los derechos indígenas.

Es importante destacar que diversos referentes locales a lo largo de todo el continente y que han asumido que la comunicación es un derecho o bien, de instancias articuladoras a nivel regional como la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI), vienen exigiendo a los estados el respeto, garantía, implementación del derecho a establecer propios medios de información indígenas en los propios idiomas y de acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.

A su vez, se viene exigiendo a los Estados que adopten medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos y privados reflejen debidamente la diversidad cultural indígena y asegurar plenamente la libertad de expresión.

Por estos días, a fines de noviembre, un importante Foro de Comunicación Indígena se realiza en Popayán, Colombia y como han señalado sus organizadores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), “autoridades, comunicadores, experiencias, procesos y medios de comunicación siguen rencontrándose para compartir, conocerse y trazar una hoja de ruta que permita empezar a construir una política pública diferencial, en el marco del derecho, la reivindicación de la negación, la cosmovisión, la palabra, la cultura y la memoria histórica de los pueblos indígenas”, de esta forma, aún en plena adversidad como sucede en Colombia con respecto a situaciones humanitaria de los Pueblos indígenas a causa del conflicto armado, continúa avanzando el ejercicio del derecho a la comunicación y las exigencias a los estados para que cumplan con sus obligaciones


Alfredo Seguel. Integrante del grupo de trabajo por derechos colectivos, del Colectivo Informativo Mapuexpress y de la comisión difusión e incidencia política de Clacpi.

Fuente: Adital, 27/11/2012.


Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *