Primer año de Ollanta Humala: minando las ilusiones

Tras sólo trece meses de gestión y tres cambios de gabinete de ministros, el gobierno de Ollanta Humala se encuentra seriamente deteriorado, sigue sin encontrar el rumbo prometido y acumula grandes dosis de desconfianza, ira, frustraciones, desencuentros y desencantos entre sus votantes.

Las razones para ello son tan numerosas como legítimas: el abandono de su base social y/o electoral; someterse al continuismo de políticas económicas que ofreció cambiar; e incapacidad de diálogo, impericia y/o inexperiencia en el liderazgo político y la gestión de conflictos. Entre las desmesuradas consecuencias de todo ello ya se contabilizan hasta 17 personas muertas en conflictos sociales durante su gestión, cuatro estados de emergencia decretados, innumerables heridos, detenidos y criminalizados por las protestas que han inundado algunas regiones del país desde finales del pasado año.

Hace algo más de un año la llegada al gobierno de Ollanta Humala supuso un cambio inesperado en el rumbo político, social y económico de Perú: una histórica victoria en contra del retorno del fujimorismo que dibujó un escenario que generaba incertidumbre pero también enormes dosis de esperanza. Después de más de dos décadas de predominancia neoliberal, la propuesta electoral del gobierno de Humala planteaba la incursión en la denominada “Economía Nacional de Mercado”, la cual cambiaría la inserción primario-exportadora de la economía peruana, mediante una urgente revisión de los contratos con las empresas multinacionales, y una reforma tributaria integral, en la que los impuestos a las sobreganancias de las grandes empresas extractivas constituirían uno de sus elementos principales.

La herencia neoliberal se visibilizaba en un país excluyente con un profundo quiebre en el tejido social, con enormes brechas sociales y económicas, y unos niveles de conflictividad que habían crecido exponencialmente en los últimos años. Los conflictos sociales, asociados en la mayoría de los casos al “expolio” de los recursos naturales por parte de las transnacionales mineras y petroleras, han generado año tras año un descontento visualizado principalmente en la sierra y la Amazonia.

La victoria de Ollanta Humala se traducía como la más clara muestra de que el país estaba preparado para un giro ideológico, sustentado en tímidos pero significativos avances en la rearticulación de un sujeto social y político con renovadas capacidades de crítica, incidencia, resistencia y movilización, en un contexto en donde predominaba una agresiva y descontrolada expansión extractiva.

A continuación, algunas claves en su política que explican el desencuentro entre expectativa y realidad, sustentado en tres pilares básicos de su política.

Política económica

El atrincheramiento ideológico del Gobierno se manifiesta principalmente en la perpetuación de las líneas fundamentales de la política económica, fiscal, financiera y presupuestaria que el Estado peruano ha venido aplicando como “receta” desde hace 20 años, con resultados de crecimiento económico sin redistribución, desigualdad y exclusión social.

Esta política económica neoliberal que promueve el gobierno está determinada por las decisiones que se adoptan en el Ejecutivo, el Banco Central de Reserva (BCR), y que tiene en los organismos financieros internacionales y en el empresariado su principal apoyo.

Las razones para este empecinamiento neoliberal se sustentan en la peligrosa combinación entre los índices macroeconómicos favorables de los últimos años y la apertura comercial y financiera experimentada en el país. Esta simplista y deliberada asociación no ha tenido en cuenta que la economía peruana ha perpetuado una inserción primarizada en el mercado global y bajo este modelo se ha vuelto más dependiente y, en consecuencia, más vulnerable.

Perú ha abierto sus mercados sacrificando sectores completos de la industria nacional, ha ampliado sus exportaciones manteniendo una lógica tradicional primaria exportadora, se han creado empleos sin el menor atisbo de mejorar los estándares laborales, y se ha intensificado y promovido una inversión extranjera blindada por las cláusulas de protección de inversiones de los TLC (tratados de libre comercio) firmados en los últimos años.

Ollanta Humala, en una de sus últimas concesiones liberales antes de las elecciones, prometió que todos y cada uno de los trece TLC firmados por Perú en los últimos seis años (destacan los TLC con Estados Unidos, China, Canadá, Chile, Japón, México y Corea del Sur) se iban a mantener y a respetar intactos. Lo que no dijo es que aquellos TLC que aún no se habían firmado ni negociado en su totalidad (como por ejemplo con la Unión Europea) iban a constituir un evidente retroceso en los mecanismos de garantía de derechos laborales y estándares ambientales.

En materia económica no todo ha sido malo con respecto a lo que había, pero sí insuficiente en relación a “lo posible”, y exiguo en comparación con lo esperado y prometido. Una de las históricas demandas sociales consistía en conseguir una más amplia recaudación y redistribución de la renta extractiva. En septiembre de 2011, Humala acometió una reforma fiscal de la minería y anunció 3.000 millones de soles (alrededor de 1.000 millones de dólares) en nuevas contribuciones anuales. La reforma fiscal minera incluyó tres leyes tributarias, la primera norma modificó la Ley de Regalías Mineras, la segunda estableció el marco legal del Gravamen Especial a la Minería, y la tercera creó el Impuesto Especial a la Minería. Los fondos estarían destinados a sufragar obras de infraestructura para modernizar el país en los departamentos más pobres.

Diferentes estudios independientes han rebajado, sin embargo, el aporte de la reforma a una tercera parte. Los nuevos impuestos supondrán según estos cálculos una recaudación anual estimada en 3.000 millones de soles, pero las mineras dejarán también de aportar 500 millones del óbolo voluntario establecido en épocas del expresidente Alan García, 500 millones de regalías y 1.000 millones en concepto de impuesto a la renta. En suma, la contribución adicional neta se sitúa en 1.000 millones de soles (apenas 300 unos millones de dólares)[1].

Otra de las críticas que se le hace a la reforma es que recentraliza el presupuesto, ya que los impuestos que disminuyen son los que se asignan a las regiones y municipios de las zonas de producción, y los tributos que crecen son los que engrosan las arcas del gobierno central.

Política ambiental

La campaña de Humala, más allá de los discursos propagandísticos, adolecía de una agenda ambiental que abordara y enfrentara los problemas heredados de gobiernos anteriores. Las previsiones más pesimistas se confirmaron de inmediato y las tímidas propuestas de reformas encaminadas a fortalecer la institucionalidad ambiental del país y a dotar al Ministerio de Medio Ambiente de capacidades y atribuciones suficientes fueron zanjadas con sucesivos ceses de los ‘reformistas’, en lo que supuso su primera crisis de gobierno.

Las demandas asociadas a la problemática ambiental son cada vez más actuales y más legítimas; han sido apropiadas por sectores amplios y diversos de la sociedad civil peruana y de algunos gobiernos regionales del país. Entre ellas, destacan:

La aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial: urge cada vez más poner freno o control a la expansión minera en el país, por eso se propone con esta ley evaluar dónde sí y dónde no son posibles las actividades extractivas para una gestión sostenible de los recursos naturales

Segundo, operar con urgencia la transferencia de la evaluación y aprobación de estudios de impacto ambiental (EIA), ahora a cargo del Ministerio de energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, exigiendo una mayor rigurosidad e independencia e involucrando a los gobiernos regionales y locales en estas decisiones. Revisar desde esta nueva lógica todos y cada uno de los EIA aprobados en gestiones anteriores, ya que es evidente que las falencias en la evaluación y aprobación fueron flagrantes.

La problemática del agua se ha situado en el centro del debate político y mediático del país. La contaminación del agua por actividades mineras y la falta del recurso por ceder la prioridad de su uso a las empresas trasnacionales han encendido las alarmas en la población rural y ha abanderado la resistencia desde las poblaciones afectadas. El agua se ha convertido en símbolo de lucha y dignidad. En este escenario de disputa alrededor del agua y las fuentes naturales de recarga hídrica de los ecosistemas altoandinos, organizaciones sociales promovieron hace unos meses con inusitado éxito de convocatoria la Primera Marcha Nacional por el Agua, en solidaridad con las poblaciones afectadas por la minería en el norte del país (Región de Cajamarca). Entre las demandas, que se tradujeron en propuestas de proyectos de ley, estaban la prohibición de la minería en cabeceras de cuenca y la prohibición del cianuro en las operaciones mineras.

Diálogo Estado – Pueblos Indígenas

Otra de las promesas del gobierno de Humala al llegar al poder era establecer una manera diferente de relacionarse desde el Estado hacia las comunidades y pueblos indígenas, garantizar un diálogo intercultural y fortalecer la institucionalidad indígena en el país. Sin embargo, en los sucesivos gabinetes de ministros que ha habido, no ha destacado en el equipo de gobierno una figura que lidere el diálogo con las organizaciones campesinas e indígenas. Por el contrario, ante la debilidad, deliberada o no, del equipo de gobierno, hay que reconocer que del “otro lado” se ha venido forjando por primera vez en muchos años el llamado pacto de unidad de organizaciones campesinas e indígenas, conformado por: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

La primera y más esperada de las oportunidades para el diálogo era la aprobación de la Ley de Consulta y su reglamento. Después de la promulgación de la Ley de Consulta Previa (que fue evaluada como un primer paso interesante, con importantes carencias pero que reunió cierto consenso sobre una norma que sólo meses antes no había podido ser aprobada por el gobierno anterior), fue en la aprobación sin consenso del reglamento de la Ley de Consulta Previa donde se rompió el diálogo, el principio de acuerdo, y donde las esperanzas puestas en empezar una nueva relación entre el Estado y las organizaciones campesino-indígenas se descompuso por completo.

En su primer año de gestión, Ollanta Humala ha perdido la inestimable oportunidad de ofrecer y demostrar a los millones de peruanas y peruanos que otro modelo es posible en Perú. Humala ha constituido un gobierno muy distante de la progresista tendencia latinoamericana con la que se identificaba hace años (Ecuador, Venezuela o Bolivia). Han sido demasiadas señales en poco tiempo (o la ausencia de ellas) para conseguir que nadie hoy se crea que su gobierno sea el de la transformación, el de la inclusión social, el de la rebelión contra el viejo sistema capitalista, colonial y neoliberal.


Miguel Castro Morales, coordinador del convenio ‘“Cooperación en el ámbito de las industrias extractivas y la exigibilidad de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en Bolivia y Perú”, en ACSUR – Las Segovias.

Este artículo ha sido publicado en el nº 54 de Pueblos – Revista de Información y Debate, Cuarto trimestre de 2012.

Versión en euskera aquí, Dosier “Hego Amerika: Erronkak eta aukerak” – 54 zenbakia – Laugarren hiruhilekoa – 2012.


1. Un sol = 0,30 euros, 26 de septiembre de 2012.


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