El conflicto en el territorio indígena del Cauca y la “neutralidad” del Estado español

El pueblo indígena no es un bando, ni mucho menos un actor armado como algunos insinúan. Es una víctima más del eterno conflicto social y armado colombiano.

Los acontecimientos ocurridos recientemente en el departamento del Cauca (Colombia) y, más concretamente, en el territorio indígena que comprende los cabildos indígenas del Norte del Cacua, no constituyen un levantamiento popular insurgente, armado ni violento. Las acciones civiles indígenas, recogiendo la doctrina gandhiana de la Satyagraha (no-violencia), han servido para evidenciar que los impactos de la guerra impiden a los pueblos del mundo practicar su legítimo derecho al desarrollo. Tras años de duros enfrentamientos armados entre insurgencia y fuerza pública, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Consejo Regional Indígena decidieron emprender acciones pacíficas para armonizar el territorio.

Toribio (Colombia). Fotografía: Oscar Paciencia.

La última y más mediática ocurrió a finales del pasado mes de julio, cuando la Guardia Indígena recorrió el territorio nasa de los cabildos del Norte del Cauca hasta llegar al sitio sagrado del Cerro de Berlín, donde un batallón de alta montaña perteneciente a la Fuerza Pública colombiana había instalado una base de operaciones para el control militar del territorio. Al resistirse los soldados llamados a abandonar dicha posición, se produjo un hecho insólito de paz: la Guardia Indígena procedió al traslado de la base militar y de los soldados, pacíficamente, levantando a peso tanto los sacos de arena y tierra que conformaban las trincheras como a los propios soldados del batallón.

Las lágrimas del sargento al mando de la base recorrieron las portadas del mundo entero. Lo que no hizo la amenaza de activación de una granada por parte de uno de los soldados o los disparos de otros, cuando se vieron amenazados por las armas de construcción masiva de paz de la Guardia Indígena: los bastones de mando, símbolo de respeto, autoridad, poder y legitimidad social.[1]

La superioridad moral del acto de armonización territorial tuvo enorme impacto mediático. Desgraciadamente, más para desprestigiar, calumniar e incluso amenazar veladamente a los promotores de dicho acto, que para alabar la valentía y el compromiso por la paz del pueblo indígena; en un perverso juego que pretendía colocar a éstos como aliados de las FARC a sabiendas de que: no sólo fueron invitados a abandonar el territorio los batallones del ejército, sino también los insurgentes de las FARC-EP, siendo incluso cuatro de ellos capturados y juzgados según la tradición del Nassa Us, así como incautado material de guerra a la guerrilla y destruido públicamente según la sentencia del mismo juicio; y que los actos fueron a todas luces pacíficos, liderados por la Guardia Indígena con el único apoyo de su bastón de mando y la dignidad de un pueblo históricamente avasallado. Actos realizados con el objetivo de detener una guerra que dificulta hasta la imposibilidad el desarrollo de los Planes de Vida Digna[2] construidos participativamente por las comunidades indígenas.

Es necesario recordar que la sociedad civil no es un actor de guerra. Las acciones de los indígenas no son constitutivas de rebelión o motín violento, sino de una contundente declaración de paz en forma de acción no-violenta que contribuye a la construcción de paz. La comunidad internacional no debería declararse neutra ante esta situación argumentando que la sociedad civil es un bando en conflicto con el Estado, sino, por el contrario, apoyar decididamente las acciones de paz que los pobladores civiles implementan. Comprometiéndose, ni más ni menos, con la legalidad internacional vigente en forma de exigencia de cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos. Pues no es la población civil, sino la fuerza pública y la insurgencia quienes incumplen el DIH y violan los derechos humanos sistemáticamente en el Cauca (y en el resto del país). Por ejemplo, al situar batallones dentro de zonas pobladas, en colegios, en plazas de mercado, o incluso dentro de las casas habitadas por civiles, o al propiciar el reclutamiento de niños, seducir a la participación en la guerra mediante la conformación de redes de informantes, o al colocar minas antipersona en los cultivos y caminos rurales, o al disparar armamento no convencional y de impactos indiscriminados en zonas pobladas, etc.

Son dichas acciones, todas ellas ilegales, las que impactan en la convivencia cotidiana de los pobladores de los territorios, impidiendo el desarrollo de sus potencialidades humanas y, por tanto, del legítimo derecho a su desarrollo como pueblo. Porque la población civil es una víctima de un conflicto social, político y armado que en los últimos 50 años sólo ha contribuido a que aumenten las inequidades en Colombia, los desplazamientos y el despojo de tierras, así como, de manera directa o indirecta, a que cristalice el negocio del narcotráfico o se instalen con mayor facilidad las grandes transnacionales que arrasan las materias primas.

Ante esta situación, no es de recibo la tibia posición que la mayor parte de la comunidad internacional ha adoptado hasta la fecha. El último informe del G-24 constata las infracciones al DIH que los actores armados ilegales y la fuerza pública cometen a diario, así como reconoce a la sociedad civil como actor en medio de la confrontación armada y el carácter pacífico y de autoprotección de la Guardia Indígena o los Sitios de Asamblea Permanente (zonas de refugio en caso de combate donde se concentra la población civil), incluso apuntando que “la minería es el fenómeno actual que más afecta la vida de las comunidades”. Pero el informe únicamente recomienda mantener o fortalecer los canales y protocolos habilitados para realizar las denuncias pertinentes o transmitir las inquietudes de la población a la comunidad internacional. No se hace un llamado público a las Fuerzas Armadas (aunque sí a la guerrilla de las FARC), ni se toman medidas políticas. Por tanto, la comunidad internacional se declara incompetente. Incompetente pero plenamente facultada para continuar firmando acuerdos de entrada de capital transnacional o, peor aún, la venta de armamento a la fuerza pública colombiana. Fuerza pública que participa, inequívoca y directamente (tal y como se constata en el mismo informe), en el conflicto armado.

En este sentido, es pertinente recordar que el volumen del negocio armamentístico de España alcanzó un récord histórico en 2009, ascendiendo a 1.346,52 millones de euros, lo que supuso un incremento sin parangón del 44,1 por ciento respecto a 2008. Contrastó con la caída del 16 por ciento que sufrieron las exportaciones de mercancías españolas en 2009, y supuso que, por vez primera, uno de cada diez euros de productos españoles vendidos en el extranjero correspondiera a armamento y equipos militares.[3]

Colombia se ha colocado en el puesto 14 de la lista de socios comerciales españoles en armamento militar, siendo el primero en guerra abierta. Un aberrante negocio que contribuye directamente a que la rueda de la guerra, el despojo y la muerte continúen su macabro rodaje aplastando a los pueblos y territorios colombianos. Sin duda, un curiosa forma de entender la paz por parte del Estado español.

En total, desde 2001 y hasta 2011, España ha vendido armamento militar por valor de más de 200.000.000 de euros a Colombia, teniendo en cuenta las cifras de ventas de municiones y aeronaves militares del primer semestre de 2011.[4] Mientras que la venta de armamento militar a Colombia no cesa, pese a la declarada “neutralidad” española en el conflicto interno colombiano o su trabajo por la paz en el recientemente aprobado Marco de Asociación País España-Colombia, la reducción del presupuesto destinado a cooperación al desarrollo es drástica. Si durante 2008 las cifras ascendían a poco más de 60 millones, en 2009 no alcanzó los 55 millones, mientras que en el último ejercicio presupuestario del que se tienen cifras se reduce a cerca de la mitad.[5]

La argumentada neutralidad de la política exterior española en torno al conflicto colombiano y su contribución a la paz no sólo queda en entredicho dada la abominable venta de material bélico, sino también cuando desde diferentes instancias, tales como la Cámara de Comercio, la propia Embajada o la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se apoya a las transnacionales españolas en su entrada al país, vía lobby o vía Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Todo ello sabiendo que éstas han estado (y algunas parecen seguir estando) involucradas en acciones dudosamente legales, como fue el despojo de las comunidades de los márgenes del río Cauca que Unión Fenosa contribuyó a cometer con la construcción de la repesa de la Salvajina; o Repsol en diversas comunidades de Arauca.[6] Por no hablar del sistemático deterioro del mercado laboral, que implica la contratación terciarizada tan extendida entre las empresas españolas afincadas en Colombia.

El enconamiento que vive el conflicto armado en el Cauca requiere de la comunidad internacional una enérgica acción política en defensa de la población civil y el respeto del DIH. La tímida respuesta emitida no contribuye a defender a las miles de personas que diariamente sufren los impactos de la guerra en sus territorios, pues al evitar ejercer una veeduría internacional contundente se contribuye directamente a aumentar los riesgos de dicha población, facilitando el ingreso de actores paramilitares en la zona. El stop a la venta de armamento a Colombia, y una decidida veeduría internacional, acompañamiento y acción política en defensa del DIH se constituyen hoy como políticas concretas de imprescindible implementación si realmente se aboga por la paz como se dice en los diferentes documentos oficiales que España (y el resto de comunidad internacional) ha suscrito con Colombia.

Adicionalmente, un apoyo explícito al movimiento civil por la paz, entroncado en la Ruta Común Social para la Paz, sería de gran valor a la hora de presionar al Ejecutivo de Santos a reconocer como sujeto político de paz a la sociedad civil. La comunidad internacional podría jugar un papel más relevante para favorecer la participación del movimiento popular de manera activa en las negociaciones entre el Estado y la insurgencia que se abren camino a partir del 5 de octubre en Oslo.


Esteban Ramos, Paz con Dignidad Colombia.

Este artículo ha sido publicado en el nº 54 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Cuarto trimestre de 2012.


1. Afortunadamente, hay testimonios audiovisuales que muestran qué y cómo pasó lo que pasó. Ver vídeo aquí.
2. Los Planes de Vida Digna (PVD) son el equivalente a lo que en España se conoce como Planes de Acción Integral. Son diseñados participativamente por toda la comunidad y abordan todos los aspectos relacionados con el desarrollo sociocomunitario en el territorio.
3. El País. 7 de junio de 2010.
4. Más de dos millones de euros en municiones y 12 millones en aeronaves. Fuente: Centre d’estudis per la Pau, JMDELÀS.
5. OMAL-PcD: La cooperación internacional en Colombia. Un estudio sobre la intervención del Estado español y la Unión Europea, 2011.
6. Los impactos de la construcción de la represa de la Salvajina han sido llevados a tribunales nacionales e internacionales por la Asociación NOMADESC. En cuanto a los impactos del accionar empresarial de Repsol, véase: Ramiro, P. Y Chaparro A.: Colombia en el Pozo. Los impactos de Repsol en Arauca, OMAL-PcD, 2006.


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