Medellín. Disputa por el espacio público

De tanto en tanto, la vida en las calles de Medellín se alborota: de pronto se empieza a ver los venteros ambulantes que corren la voz y recogen del piso o de las mesas improvisadas sus mercancías, para evitar que los agentes del espacio público se las quite, y salen corriendo. Es una vida muy azarosa la de los venteros ambulantes, cuyos ingresos dependen de qué tanto logren vender en el día, cuánto tienen que pagar de vacuna a la banda que controla la zona y cuánto de intereses por el pagadiario que consigue en la mañana (generalmente no baja de un 10%); por eso trabajan en las calles de sol a sol y desgastan sus gargantas gritando todo el día para que los transeúntes se animen a mirar lo que venden. Lo peor es la exigencia de la administración municipal de que desocupen el espacio público. Por eso también, de tanto en tanto los venteros hacen sentir su rabia e indignación en las calles, exigiendo su derecho al trabajo.

Según Soledad Betancourt, investigadora del Instituto Popular de Capacitación- IPC, la informalidad se ha convertido en uno de los problemas más complejos de las grandes ciudades, sobre todo la informalidad del comercio, que se expresa en los venteros callejeros. Según los estudios del DANE, realizados el año pasado en las trece áreas metropolitanas del país, el 51.3% de quienes estaban trabajando lo hacían en la economía informal. Pero, según un informe de la Subcomisión (Antioquia) de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, si las investigaciones del DANE se aplicaran a todo el territorio nacional, este indicador estaría alrededor del 60%. Según Héctor Vásquez, director del Centro de Investigaciones de la Escuela Nacional Sindical- ENS- esta es una de las tasas de informalidad más alta de todo el continente, donde, en promedio, se ubica en un 45%. El sector en donde más informalidad se presenta es el del comercio, hoteles y restaurantes, donde un 69% laboran en condiciones de informalidad.

Lo preocupante es que las personas que trabajan en la economía informal, en su mayoría, lo hacen en actividades improductivas, de mera sobrevivencia, con ingresos precarios y sin protección social. “En su conjunto, el 87.7% de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal no tienen seguridad social. Al respecto, los datos del DANE indican que al régimen contributivo de salud se encuentran afiliados el 11.96%, y a pensiones apenas el 0.8%”.

Una de las ciudades en donde el problema es cada vez más complejo es Medellín, sobre todo por el incremento permanente de vendedores en la calle. Según los datos de la Subsecretaría de Espacio Público, en Medellín hay 25.000 trabajadores informales carnetizados, pero durante los últimos 10 años, y como consecuencia del alto índice de desplazamiento interno, se calcula que la cifra de venteros ambulantes en la ciudad se ha duplicado. El fenómeno es tanto más complejo en la medida que pone en colisión, al decir de Soledad Betancourt, dos derechos legítimos de los ciudadanos: el derecho al trabajo y el derecho al disfrute del espacio público. La estrategia de los venteros ambulantes es ubicarse en los lugares de mayor aglomeración, por donde se mueve la mayor cantidad de gente a quien puedan ofrecer sus mercancías, dado que no cuentan con estrategias de publicidad ni con el posicionamiento de los grandes almacenes y centros comerciales. Pero esto es justamente lo que obstruye la movilidad en el espacio público.

¿Cómo se ha enfrentado el problema?

Esta tensión entre el derecho al trabajo y el derecho al disfrute del espacio público, es, según Soledad Betancourt, uno de los problemas más complejos a los que se tiene que enfrentar la administración pública. Al menos en Medellín, según la investigadora del IPC, el problema ha tenido dos tratamientos, ambos se orientan a formalizar la actividad de los venteros ambulantes.

“Uno de esos tratamientos consiste en que, sobre la base del área real de espacio público que haya en el centro urbano, la administración decide cuántos permisos puede otorgar para que se mantenga un número de vendedores en la calle, sin obstruir la movilidad”. Pero el problema persiste con el resto de vendedores que no son carnetizados.

“La otra estrategia consiste en reubicar a los vendedores en algunos lugares construidos por la misma administración”. Pero este tratamiento también es limitado en tanto sólo puede reubicar a un número reducido de vendedores. Y, además, las mismas personas reubicadas se quejan de que en estos centros comerciales no obtienen los ingresos ni logran la dinámica que les representaba el trabajo en las calles más transitadas. Muchos de ellos terminan quebrados. “Esto –explica Soledad Betancourt- tiene que ver con el hecho de que la estrategia de reubicación, en la mayoría de los casos, ha sido mal implementada. Para que funcione, al menos para quienes son reubicados, se necesitaría un acompañamiento de la administración más allá del hecho de hacer la inversión e instalar a los vendedores; habría que hacerle promoción al lugar y sobre todo promover las estrategias de asociación”.

Otro asunto que ha complicado el tratamiento de este asunto, según Soledad Betancourt, es que las decisiones de la administración no siempre son tomadas de manera concertada con los trabajadores informales. “Por ejemplo, en el centro comercial El Palacio, los vendedores ambulantes fueron expulsados”.

Héctor Vásquez incluso va más allá en su conclusión. Según él, un problema fundamental en este asunto es el hecho de que por parte de la administración no existe una cultura del diálogo social. “Hay ausencia de mecanismos que permita darle un tratamiento adecuado a esas problemáticas, escuchar la voz de los trabajadores y trabajar conjuntamente en la búsqueda de alternativas. Casi siempre las alternativas son impuestas desde arriba, sin consultar con las necesidades de este sector de trabajadores. Y por este mal tratamiento, cada intento de resolver el problema resulta en manifestaciones y disturbios”.

Esto es agravado, finalmente, según Vásquez, porque los trabajadores informales están muy divididos. “No tienen una organización única, no están coordinados, no están articulados, hay muchas organizaciones que obedecen más a intereses particulares que a las problemáticas de estos trabajadores. Eso hace que pierda fuerza su interlocución con las autoridades”. Soledad Betancourt coincide con este diagnóstico, e insiste en que la alcaldía misma debería promover esta cultura asociativa en los vendedores. “Y es que si se configura un actor con capacidad de organización, es más fácil llegar acuerdos”.

En estos acuerdos habría que tener en cuenta, según Betancourt, que los vendedores no tienen sólo derechos sino también deberes. Por tanto todo acuerdo debe propender por el equilibrio entre el derecho al trabajo y el derecho al disfrute del espacio público. “Hay que tomar en cuenta también la contaminación auditiva que generan, por ejemplo, la multitud de bocinas con que los vendedores publicitan sus mercancías”.

¿Cuáles son las reivindicaciones que reclaman los venteros?

Los trabajadores informales tienen muchas necesidades. Primero está la reivindicación del derecho al trabajo, de poder contar con un espacio donde ganarse la vida. Además, requieren una política de crédito especial, que les permita financiar sus actividades. Y es que, según Vásquez, no hay líneas de crédito para esas actividades: ni los bancos ni los municipios las tienen. “Por eso son víctimas de políticas especulativas por parte de sectores con intereses no muy claros. Son víctimas del crédito pagadiario, que los mantiene atados a organizaciones que no tienen origen ni intereses muy claros”. Necesitan también acceso a la seguridad social, pues cuando mucho están afiliados a salud por parte del sisben, pero no cotizan a pensiones; no están protegidos contra los riesgos profesionales, cuando por estar trabajando en el centro tienen muchos peligros, pero nadie les responde por las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

También tienen necesidades de formación, de capacitación para el trabajo. Tienen necesidad de guarderías para sus hijos, porque muchos tienen que dejarlos con vecinos o encerrados en sus casas, expuestos a muchos peligros. Necesitan igualmente de lugares seguros para guardar sus mercancías, donde no se les pierdan o se las roben. Según Vásquez, es el Estado quien debe responsabilizarse por esta situación, debe formular políticas claras en función de atender estas necesidades. Pero también hay que tomar en cuenta que los vendedores ambulantes distribuyen unas mercancías producidas por grandes empresas, que con este trabajo incrementan sus ganancias y realizan ahorros extraordinarios en los costos de distribución. El Estado debería lograr que estas grandes empresas hicieran aportes significativos para la atención de la seguridad social y otras necesidades de los trabajadores informales.

En todo caso habría que tomar en cuenta que mientras no se ataquen las causas del fenómeno es muy difícil darle solución. De hecho, en varias ocasiones se han reubicado a varios vendedores o se ha carnetizado un número de ellos, con lo cual se les concede el derecho a trabajar en la calle o en los locales asignados; pero en poco tiempo los vendedores se han multiplicado y las calles se han inundado de nuevo.

¿Cuáles son las causas de esta informalidad?

La mayoría de investigadores del tema coinciden en que el crecimiento de la economía informal, y particularmente de las ventas callejeras, está asociado al desempleo y a los salarios miserables. De hecho, no se necesita escudriñar mucho, para comprobarlo. “Cuando los ingresos de una familia son muy bajos – comenta Soledad Betancourt- ya no basta con que uno de sus miembros trabaje para garantizarle a la familia entera la satisfacción de sus necesidades básicas. Por eso, otros miembros de la familia deben salir a buscar trabajo, lo cual presiona los mismos salarios a la baja. El asunto se complica cuando estas personas que buscan trabajo no lo encuentran; entonces tienen que recurrir a la informalidad”.

Según Héctor Vásquez, hay una relación directa entre la informalidad y el modelo de desarrollo, que es un modelo fundamentado en la exportación y en la inversión minera. Colombia abandonó hace mucho tiempo una política de desarrollo industrial y no hay políticas para el desarrollo del sector agropecuario; allí se le está apostando fundamentalmente a la inversión en el sector minero. Y en la ciudad se desarrolla una política fundamentada especialmente en los servicios, el comercio y el sector financiero. Todo esto ha conducido a una creciente desindustrialización, que arrojó a muchos trabajadores a la calle, de los cuales muy pocos alcanzan a ser absorbidos por el sector comercial y financiero.

“Además, por las presiones del Banco Mundial – comenta Vásquez- ,del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio, en la década del 90 se optó por un modelo de apertura económica, de desregulación de todas las actividades económicas. También se desarrollaron reformas a la legislación laboral para abaratar costos, para ofrecer el trabajo como un factor competitivo importante”.

Para acabar con la informalidad, o por lo menos para menguarla, según Soledad Betancourt, habría que elevar el ingreso de los trabajadores y mejorar el acceso a la seguridad social. Pero eso es justo lo que no se hace en Colombia. “Los países europeos, en décadas pasadas, enfrentaron la problemática con un subsidio al desempleo. Así, la gente desempleada no tenía que acudir a la economía informal y el Estado podía exigir que no lo hiciera. Hoy se está discutiendo lo de la renta básica, que permita a cada ciudadano, por el sólo hecho de ser ciudadano, los recursos necesario para satisfacer sus necesidades básicas, lo cual evitaría a la gente recurrir a formas precarias de trabajo para ganarse la vida”.

Pero ello implica un Estado fuerte, con recursos suficientes para llevar a cabo tales políticas. La obtención de esos recursos implica una política impositiva que efectivamente le cobre más a los ricos, a los empresarios, y redistribuya entre los trabajadores y los pobres en general. De nuevo, eso es lo que no hay en Colombia. Sucede todo lo contrario. Según Soledad Betancourt, desde los años 70s todas las reformas que se han hecho son regresivas, es decir, privilegian los impuestos indirectos, sobre el consumo, y en cambio exoneran de impuesto a los grandes patrimonios y al capital.

La conclusión de Héctor Vásquez es que, dadas las características del desarrollo económico, estas formas de la economía informal no van a desaparecer. Por eso, a partir del diálogo social entre la administración y los sectores envueltos en la economía informal, debe insistirse en darle salida a las necesidades más inmediatas de estos sectores.

Tal vez sea más realista la visión desoladora que plantea Vilma Liliana Franco en su libro “Medellín: Orden, Desigualdad, Fragilidad.” En este texto, la investigadora plantea que la reestructuración del espacio público en las ciudades, y concretamente en Medellín, responde a las exigencias del gran capital, al cual esta ciudad se le ofrece como un gran centro de negocios y de eventos internacionales. “… la reestructuración del espacio urbano descansa en lo que Harvey denomina un proceso de “destrucción creativa”, que recurre a distintos mecanismos de coerción y coacción para desplazar a cierto tipo de pobladores (en su condición de moradores o trabajadores informales) en nombre del interés público, pero en aras de superar las barreras que impiden la expansión y circulación del capital; y un proceso de “acumulación por desposesión” en el cual la destinación de recursos públicos para la creación de un entorno (microeconómico) de negocios constituye un subsidio al capital y protección de ciertos intereses”.

Bajo esta proyección, aquello que no encaja en el modelo estorba y se convierte en objeto de control, expulsión y supresión. “En la ciudad abarrotada de “utopías degeneradas”, que dejó de ser “generativa”, la población empobrecida – en cada una de las categorías en que suele ser clasificada- es, ante todo, lo que no encaja en ese orden. Ella ya no puede ser considerada como ejército industrial de reserva o fuerza de trabajo excedente que funciona como instrumento de estabilización de la economía”. Ahora la gente empobrecida es gente sobrante para el sistema, desechable, eliminable.


Rubén Darío Zapata. Publicado en el número 78, octubre de 2012, de Periferia Prensa.


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