Sanidad, pérdida de derechos

El cambio que ha impuesto el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en la dispensación de la asistencia sanitaria no sólo supone la exclusión de importantes colectivos de la misma, sino una pérdida importantísima de derechos para todas las personas que residimos en España.

Hasta el 1 de septiembre, España era uno de los pocos países en el mundo que tenía implantado un Sistema Nacional de Salud de calidad. Esto significaba que todas las personas residentes en el Estado tenían derecho a recibir cuidados preventivos y curativos de un sistema público, que se pagaba a través de los impuestos y que se planificaba para tratar de mantener y mejorar el nivel de salud de la población. En Gran Bretaña, el país que diseñó e implantó por vez primera este concepto de Sistema Nacional de Salud están tan orgullosos de él que incluso lo mostraron como uno de sus grandes logros en la inauguración de los Juegos Olímpicos.

En nuestro país, a partir del primero de septiembre y “por decreto”, hemos cambiado nuestro Sistema Nacional de Salud por un sistema de aseguramiento en el que, no por casualidad, hay colectivos que resultan excluidos. A partir de ahora tendremos que demostrar primero nuestra condición de asegurados del Sistema para tener acceso a los cuidados del mismo.

Los que somos un poco mayores recordamos bien cómo funcionaba la Seguridad Social hasta el establecimiento en el año 1986 del Sistema Nacional de Salud. Había grandes colectivos de personas aseguradas, pero había un colectivo no pequeño de personas que no tenían la condición de asegurado y para las que existía una atención sanitaria de beneficencia. La calidad de la asistencia recibida a través de este sistema (en ocasiones magnífica y en otras no tanto) no era cuestionable por parte de los beneficiarios de la misma que, en realidad, no tenían derechos, sino que más bien tenían que estar agradecidos por esta prestación caritativa.

Hoy son los colectivos de inmigrantes en situación irregular en nuestro país los primeros que quedan fueran del Sistema, pero todos y todas hemos perdido un derecho que teníamos por el hecho de ser ciudadanos y ciudadanas y nos lo han cambiado por una prestación con condiciones que tenemos que cumplir para poder hacer uso de la misma. Mañana no sabemos quiénes de nosotros pueden perder esa cualidad de asegurados o que nuevas trabas para el acceso a la asistencia o a la prestación farmacéutica podrán imponerse como norma.

¿Qué se persigue con estas medidas? ¿Es de verdad el ahorro que se va a conseguir?

Hacer complejo el trámite burocrático de admisión a un sistema limita la cantidad de personas que acceden al mismo, pero el riesgo es que se dejará fuera seguramente a aquellas capas de la sociedad a las que precisamente el sistema debería activamente acercarse. No me estoy refiriendo ahora sólo a las personas inmigrantes, sino a todas las personas que, por ejemplo, viven en la calle, y para las que acreditar la condición de aseguradas puede resultar extraordinariamente complejo.

Estos colectivos no son especialmente demandantes de asistencia. En el caso de las personas inmigrantes porque son gente sana que viene a trabajar. En el caso de las personas sin hogar porque la salud propia no está, desde luego, entre sus prioridades. Dificultándoles o, directamente, dejándolas fuera del Sistema no vamos a disminuir ni las listas de espera ni los consumos exagerados. Pero sí podemos provocar que, si de verdad necesitan atención, ésta llegue tarde y tenga un mayor costo económico y de sufrimiento.


Teresa González es médica voluntaria de Médicos del Mundo.

Este artículo ha sido publicado en el nº 54 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Cuarto trimestre de 2012.


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