Más protesta, más represión

Como cumpliendo una ley natural, cuanta mayor contestación social surge en las calles, más represión se le opone desde el Estado. El acoso a los disidentes, el endurecimiento penal, las actuaciones policiales preventivas, la criminalización mediática o la limitación de derechos son estrategias con que se intenta convertir una cuestión social en un problema de orden público.

Veamos algunos ejemplos de los últimos meses. El 8 de agosto, nada menos que el ministro de Interior en persona ordenó a la policía que detuviese a los militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que protagonizaron una sonada acción política al llevarse varios carros cargados de alimentos básicos de dos supermercados. El ministro actuó sin que hubiese todavía ninguna denuncia contra ellos. A partir de ahí, y en respuesta a la resonancia de la acción del SAT y a la solidaridad generada, se acelera una campaña de criminalización contra el sindicato y sus principales líderes (sobre todo Diego Cañamero y el alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo): acoso policial a la marcha de trabajadores que recorrió Andalucía, escalada verbal de las autoridades y señalamiento desde la prensa de derecha.

Lo sucedido con el SAT tampoco era nuevo: la coordinación de golpes policiales, judiciales y mediáticos, que tanto recuerda a los excesos cometidos contra el llamado “entorno” abertzale, ha sido habitual en los últimos años contra numerosos colectivos cuando su protesta ha ido más allá de lo que la derecha política y mediática considera aceptable. Lo han sufrido sobre todo jóvenes, estudiantes de institutos o de universidades. En todos los casos los implicados sufrieron detenciones, a veces varios días en comisaría, fuertes multas y la pena añadida de ser identificados y publicadas sus fotos en las portadas de algún periódico.

Como decía, es una estrategia que conocen bien en Euskadi, donde durante años se usó el pretexto de la lucha contra ETA para justificar actuaciones policiales contra cualquier individuo o colectivo que en el imaginario judicial y mediático pudiese ser asimilado al terrorismo. De persecuciones y excesos saben también algunos movimientos sociales (okupa, antiglobalización o sindicalismo alternativo).

En las últimas semanas, al tiempo que aumentaban el rechazo social y la protesta organizada contra los recortes y contrarreformas, se ha acentuado esta deriva represiva. Hemos visto acciones “preventivas” contra los impulsores de la toma simbólica del Congreso de los Diputados del 25-S, incluyendo el acoso a sus asambleas, la detención o la imposición de multas. Tal “prevención” justificó el blindaje policial del Congreso durante meses, con todas las calles a su alrededor cerradas con vallas que impedían el paso, por ejemplo, a cualquiera que llevase una camiseta o una chapa reivindicativa, o que a criterio del policía de turno fuese considerado “sospechoso”.

El 15-M ha visto también como parte de sus actividades sufrían la misma hostilidad policial y criminalización mediática. Las medidas preventivas han incluido, con la vista puesta en las nuevas formas de protesta, un endurecimiento de la legislación penal: el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, completó su giro reaccionario proponiendo una reforma del Código Penal que penaliza con dureza la resistencia pasiva, la desobediencia, el ciberactivismo y ciertos delitos contra la propiedad (entre los que cabría incluir la acción del SAT).

Un endurecimiento legal, con aumento de la cuantía de las multas, en línea con otra práctica que se ha hecho habitual en los últimos años: la sanción generalizada a los participantes en protestas. Las autoridades han comprobado que una multa cuantiosa es más disuasoria que un porrazo, y abundan las acciones de protesta que han terminado con una identificación policial masiva (y la detención de quienes se nieguen a ser identificados).

La criminalización de la protesta no distingue entre territorios y cuerpos policiales. En Cataluña, los Mossos d’Esquadra vienen acogiéndose a las medidas que el Código Penal reserva para la lucha contra el terrorismo, aplicándolas a los participantes en algunas manifestaciones que culminaron en enfrentamientos. Esto incluye la intervención de comunicaciones, el rastreo de redes sociales o la publicación en Internet de fotografías para la identificación.

En esta crisis no sólo están en peligro el Estado de Bienestar, el empleo o los derechos sociales. También la democracia está sufriendo recortes y contrarreformas, que quizás no notemos en el bolsillo a final de mes ni al acudir al hospital, pero que pueden ser aún más graves.


Isaac Rosa es escritor.

Este artículo ha sido publicado en el nº 54 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Cuarto trimestre de 2012.


 

 

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Un pensamiento en “Más protesta, más represión”

  1. 22-12-12 Colombia, a traves de sus autoridades y corporaciones publicas interpreta el marco hermenéutico del artículo periodístico, solo basta con examinar el instrumento legal expedido recientemente a través de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011,( LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA) en donde se criminalizan derechos sociales y políticos, de sectores sociales organizados, cuando se encuentran en acción política o social, o promulgando y aplicando su ideología

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