Editorial Pueblos 54

La paz en Colombia

La participación viva y activa de la sociedad civil en un verdadero y legítimo proceso de construcción de paz en Colombia resulta imprescindible para transformar las causas estructurales y los impactos del conflicto social y armado en oportunidades de desarrollo a escala humana para la población.

El diálogo iniciado entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC-EP es un hecho de especial relevancia a la hora de concebir vías de solución política negociada a la cruenta guerra que asola el país desde hace ya más de 50 años. Sin embargo, no es (ni debe ser), el único escenario de construcción de paz. Además de los diálogos para el fin del conflicto armado, es necesaria una reforma sustancial del sistema político y económico del país.

La guerra entre la insurgencia, el Estado y los grupos paramilitares a su servicio, causa de cientos de muertes y miles de desplazados anualmente, no es la única expresión de un conflicto que se compone de contenidos sociales, político-ideológicos y económicos, y cuyos impactos en la convivencia ciudadana son tan salvajes como los enfrentamientos armados. La pobreza que acecha a más de un 46 por ciento de la población no es únicamente atribuible a la violencia de la guerra. De hecho, hay consenso en señalar que la pobreza es en primera instancia resultado de unas políticas diseñadas de acuerdo con los intereses de unos pocos al propiciar la maximización de beneficios y la acumulación de capital en pocas manos. En este sentido, huelga decir que fueron dichas políticas, así como la estructura excluyente del sistema político, las principales causas que propiciaron el levantamiento armado de algunos sectores de la sociedad de acuerdo con el argumento de la legítima resistencia ante la tiranía. Los más de cinco millones de desplazados, los diez millones de hectáreas de tierras usurpadas y los impactos del accionar empresarial en las comunidades y el medioambiente son prueba palpable de que la guerra no sólo no ha logrado transformar las causas estructurales del conflicto interno, sino que, además, ha contribuido enormemente a dificultar las estrategias emancipadoras diseñadas por las comunidades para desarrollarse endógena e integralmente.

En consecuencia, los diálogos entre la insurgencia y el Estado para la terminación de la expresión armada del conflicto son necesarios pero insuficientes en clave de construcción de paz, dado que en éstos no participa la población civil ni se plantean las reformas necesarias de fondo en el sistema político y económico. Construir un nuevo sistema democrático incluyente con participación directa, deliberativa y decisoria de la población en la cosa pública, reducir la inequidad crónica mediante políticas fiscales progresivas y la implementación de un nuevo modelo económico que cristalice un viraje radical en las políticas de incentivo de la Inversión Extranjera Directa, así como generar políticas públicas de protección social (la salud y la educación como un derecho y no como un servicio) son reclamos históricos del pueblo colombiano y elementos esenciales para una paz justa y duradera. Reclamos históricos y elementos esenciales sobre los cuales el movimiento popular tiene mucho que decir. De ahí la necesidad de propiciar un proceso de construcción de paz que trascienda las mesas de diálogo establecidas y contemple una participación protagónica directa del movimiento popular.


Redacción Pueblos.

Este artículo ha sido publicado en el nº 54 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Cuarto trimestre de 2012.


El mundo en datos

Necesidades básicas insatisfechas: La población con necesidades básicas insatisfechas en las áreas urbanas ascendía al 19,51%. En las áreas rurales, al 53,3%
(año 2005).

Índice de desempleo: Se sitúa en el 13,5% (año 2010), alcanzando el empleo informal en 2011 niveles del 52% de la población laboral.

Pobreza: Un 46% de los colombianos vive en niveles de pobreza, mientras que el 17% lo hace en la extrema pobreza (año 2010).

Coeficiente Gini: Alcanza un valor de 0,585, “lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta”, como reconoce el Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (año 2010). El GINI nacional de propiedad sobre la tierra pasa de 0.86 en 2000 a 0.885 en 2009.

Propiedades y tierras: De acuerdo con información del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), el 75% de los propietarios posee el 18.3% del área catastral, mientras el 3,8% de los propietarios posee el 41% del área catastral.

Minería: En los últimos ocho años se ha entregado el 87,6% de las 8.444.000 hectáreas concesionadas para la minería en Colombia, mientras, se propone restituir 2.000.000 de hectáreas a las comunidades rurales en cuatro años.

Las cifras del conflicto: El conflicto colombiano en su último periodo (desde 1985) ha dejado más de 350.000 víctimas mortales, 5.195.620 desplazados y desplazadas, entre 7 y 10 millones de hectáreas de tierras despojadas, más de 50.000 desaparecidos y desaparecidas, y 15.000 personas torturadas.

Ejecuciones extrajudiciales: En el periodo 2002 – 2010, se produjeron unas 3.000 ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública (falsos positivos). Desde el 1 de diciembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2008 se registró que 4.261 personas habrían sido víctimas de violaciones del derecho a la vida atribuidas, presuntamente, a grupos paramilitares.


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