El papel de la cooperación y los derechos de los pueblos indígenas

Uno de los problemas del modelo de desarrollo propuesto por el neoliberalismo es que entiende el derecho a la vida bajo la óptica de un supuesto “universalismo” que niega o folkloriza la existencia de otras cosmovisiones, como la de los pueblos indígenas. Pero, en la actualidad, al mismo tiempo que crece el debate sobre las distintas interpretaciones del desarrollo y la ineficacia de la ayuda externa para atajar las causas que generan las desigualdades, se potencian los intercambios a nivel internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y la integración regional.

El elemento fundacional para un modelo de desarrollo desde la visión indígena es el derecho a la vida, un concepto no individualizado sino colectivo, explicitado como producción, reproducción y desarrollo de la vida de sujetos y pueblos. Difundir este derecho a la vida, desde un enfoque de desarrollo y desde una visión indígena, pone en duda la construcción de derechos que hacen los Estados actualmente.

Esta visión sobre lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el tuqtukilal (“vivir en paz”, desde la visión q’eqchi) o el ch’abil wanq (también q’eqchi), que significa vivir en armonía y equilibrio con todos y todas. Aquí es donde se entiende el cuestionamiento que se hace a los modelos de desarrollo que se han aplicado en territorios indígenas e incluso al enfoque de desarrollo rural que privilegia lo comunitario y la sostenibilidad del medio ambiente sin tomar en cuenta los conceptos de tinamit (pueblo) o komon (comunidad) como elementos de cohesión.

EL DERECHO AL TERRITORIO

Las garantías para una vida sostenible según la cosmovisión indígena difícilmente podrán lograrse si no es a través de la normativización específica del derecho al territorio. Este derecho supone una relación intrínseca e imprescindible de la estructura cultural indígena con la naturaleza, con los antepasados, con la divinidad y la comunidad. Significa que pueblo, cultura y territorio deben estar interrelacionados, en sintonía con la concepción holística indígena.

Por tanto, los pueblos indígenas plantean su propuesta de desarrollo desde la recuperación, defensa y promoción del territorio. Tanto el derecho al territorio como el derecho a la cultura son elementos que se convierten en la columna vertebral de los pueblos indígenas, sintetizados como los derechos a la autonomía y a la autodeterminación. Estas dos exigencias entran en pugna con el modelo de desarrollo intercultural que se plantea desde los Estados nacionales.

Sólo en una situación de autodeterminación, autogobierno o autonomía se podrá emprender un modelo de desarrollo desde la visión indígena, que busca la armonía entre el ser humano y el cosmos, la pertenencia al todo y el uso racional y sostenible de los recursos. Son estas cuestiones las que determinan la auténtica felicidad o la buena vida.

EL ENFOQUE POLÍTICO DEL BUEN VIVIR

En los últimos años, el debate alrededor del enfoque político del buen vivir (sumak kawsay) ha generado una profunda revisión de la situación actual de los pueblos indígenas. Ha supuesto un análisis crítico de los diferentes modelos de desarrollo que se han aplicado en la región latinoamericana y, sobre todo, de los efectos que estas políticas han tenido sobre los pueblos y territorios indígenas.

Existe la imperiosa necesidad de generar nuevos paradigmas que den respuesta sistémica a todas las reivindicaciones y demandas económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales de los pueblos; de cambiar los modelos económicos perversos que han condenando a la mayoría de las poblaciones en el mundo a vivir en condiciones de precariedad, pobreza, exclusión y marginación.

En este ámbito se da el debate sobre el rol que deben jugar los Estados, que deberían pasar de ser simples instrumentos del sistema capitalista neoliberal a orientar y garantizar el “buen vivir” de todos los pueblos, sin exclusión ni discriminación de ningún tipo.

Este enfoque está siendo debatido de manea generalizada en todos los espacios políticos y en todos los ámbitos en donde se discute la agenda de los pueblos indígenas (Cumbres del Abya Yala, foros internacionales, etcétera). En Ecuador y Bolivia, además, este enfoque se ha introducido ya en las nuevas constituciones políticas. Está siendo considerado, por tanto, un aporte a los nuevos paradigmas que los Estados deberían asumir para generar las transformaciones estructurales que la región necesita, fundamentalmente en términos de dar respuesta a las demandas y derechos históricos de los pueblos indígenas.

LA COOPERACIÓN

¿Qué rol ha jugado la cooperación internacional para los pueblos indígenas? La ayuda externa tradicional se ha transformado en un instrumento de política exterior, aunque entre sus postulados se encuentra el ser un medio directo para contribuir a la solución de los profundos y crecientes problemas de subdesarrollo que se dan en la mayoría de los llamados “países en desarrollo”.

Ni los organismos internacionales (multilaterales y bilaterales) de cooperación ni los Estados han querido históricamente comprometerse con las demandas de los pueblos indígenas. Han creado, por el contrario, modelos de desarrollo para fortalecer el modelo capitalista. Estas propuestas han acrecentado la pobreza, la extrema pobreza, la desigualdad, el racismo y la discriminación hacia los pueblos: sólo han fortalecido modelos sustentados en las reglas del mercado y de la privatización. Ahora ha llegado la crisis, pero el mercado se fortalece con la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas (la llamada “economía verde”).

El tratamiento que se hace desde la cooperación internacional (gobiernos, organismos bilaterales o multilaterales, ONG y otras instancias) de la situación de los pueblos indígenas sigue siendo una discusión pendiente. Continúa sin cerrarse a pesar de los avances en materia jurídica (el convenio 107 o el convenio 169) [1], a pesar de informes, de relatorías y hasta de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2006): poco se ha avanzado para asumir estos compromisos en políticas de Estado y en las prioridades de gobiernos e instancias de cooperación en general.

En el análisis general de los organismos internacionales se coincide en que la problemática de los pueblos indígenas se relaciona con exclusión, desigualdad, racismo y discriminación. Los gobiernos tienen poca voluntad política para comprometerse a dar atención a sus derechos y reivindicaciones. En este marco, las respuestas de la cooperación al desarrollo no han sido contundentes para desmontar la situación política, económica, social y religiosa a la que están sometidos los pueblos indígenas desde la colonización.

NECESIDADES PARA EL DESARROLLO

El fracaso que han significado las teorías y enfoques de desarrollo dirigidas a superar la pobreza, la exclusión, la marginación y la desigualdad en América Latina y el Caribe lleva de forma imprescindible e impostergable a la construcción de nuevos paradigmas que aborden estas problemáticas. El enfoque del “buen vivir” abre sin duda nuevos horizontes, estrechará los lazos políticos y de solidaridad en el continente. Pero es necesario que en nuestros países se genere un mayor debate y análisis sobre estos nuevos enfoques, así como buscar su apropiación y adecuación a la realidad de cada pueblo.

Los problemas estructurales, generadores de pobreza y subdesarrollo, no pueden ser contrarrestados con fórmulas eminentemente económicas, sin tener un adecuado tratamiento político, social y humano. El desarrollo se ha visto desde una perspectiva asistencial, marginal y colateral a los verdaderos problemas, que son la causa de la desigualdad social, la exclusión, la inequidad y la problemática medioambiental en general. La ayuda externa actual no es un medio para generar cambios en las estructuras del poder, sino que sólo atiende los efectos que provocan las causas generadoras de inequidades.

INTERESES Y CONTRADICCIONES

Existen contradicciones entre los fines sociales de la ayuda externa y los intereses económicos y geopolíticos de los donantes. La ayuda en la práctica se transforma en un mecanismo para disminuir los efectos ocasionados por las políticas macroeconómicas de las instancias financieras internacionales. Toda política de desarrollo orientada a reducir la pobreza y el subdesarrollo debe ser coherente y estar vinculada a las políticas comerciales y financieras de los países desarrollados.

Dentro de esta incoherencia entre la ayuda y las políticas neoliberales que los países “desarrollados” aplican a nuestros pueblos destacan algunos instrumentos internacionales y legales: reglas comerciales injustas y desiguales, endeudamiento externo (en su gran mayoría ilegítimo), ayuda externa condicionada o “economía verde”. Son, en definitiva, mecanismos de penetración y dominio.

Para que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la ayuda sean viables y pertinentes es necesario asumir con objetividad el alcance de sus postulados y no transformarlos en la única solución a los problemas de “subdesarrollo” de los pueblos. Los ODM necesitan adaptarse a la realidad de cada país y deben tener una perspectiva pluricultural, multilingüe y de equidad de género. Desde esta perspectiva, los Estados deben garantizar el que los diferentes instrumentos internacionales y nacionales sean vinculantes y se busquen las sinergias requeridas para evitar la dispersión que existe en la actualidad.

Los instrumentos internacionales que abordan los derechos de los pueblos indígenas deben ser impulsados con mayor determinación política. Es necesario generar información sobre los mismos y de manera conjunta con las organizaciones y pueblos indígenas, así como evaluarlos permanentemente. También es necesario realizar una mayor presión política para que estos instrumentos sean reconocidos y aplicados por los Estados. Al mismo tiempo, resulta imprescindible que toda la población, indígena y no indígena, los conozcan, se apropien de ellos, demanden y acompañen su cumplimiento.

La lucha que se está llevando a cabo desde los territorios en respuesta a toda iniciativa que atente contra los recursos naturales y los medios de vida propios de las comunidades y pueblos es un derecho que debe reconocerse y respetarse. Cualquier Estado debe tomar las medidas necesarias para garantizar que se apliquen estos derechos. Por otro lado, existe una deuda histórica hacia los pueblos indígenas cuyo cumplimiento pasa por reconocer el carácter multicultural, multiétnico y multilingüe de Estados como el guatemalteco, que debe romper con el sistema discriminador y de exclusión que le ha caracterizado.

La existencia de diversos movimientos internacionales, como las Cumbres del Abya Yala, los foros sociales o los foros internacionales temáticos deben transformarse en mecanismos que fortalezcan la lucha que los pueblos indígenas impulsan a nivel mundial, pero fundamentalmente en cada uno de los países. Se tienen que generar capacidades para que estas agendas puedan ser conocidas, adaptadas a la realidad del país y fundamentalmente asumidas en nuestra práctica política.

Los cambios que se están suscitando a nivel de América Latina y el Caribe se han convertido en una oportunidad para que los pueblos indígenas internacionalicen su lucha política y reivindicativa a favor de sus derechos milenarios. Se deben impulsar mecanismos para intercambiar experiencias en los territorios, fundamentalmente en los países en donde existe ya un reconocimiento de Estado hacia los pueblos indígenas, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los gobiernos de estos países están abiertos a generar condiciones para que esta integración regional se genere desde los pueblos y territorios indígenas.


Henry Morales L. es colaborador de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Este artículo ha sido publicado en el número 53 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Tercer trimestre de 2012.


NOTAS:

  1. Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1957 (núm. 107); Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (169), Ginebra, 27 de junio de 1989.

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