Justicia politizada, justicia democrática

Lo que está en crisis en España no es sólo la economía, el sector bancario o el modelo productivo. Apenas queda un pilar del sistema que no muestre señales de carcoma y amenace derrumbe: la Corona, la clase política, los medios de comunicación tradicionales, el modelo social representado por los sindicatos mayoritarios y la patronal. Y la Justicia, que se suma al desmoronamiento general con sus propios escándalos e inefi cacia.

El reciente caso protagonizado por la cuarta autoridad del Estado, Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha sido la gota desbordante en un vaso ya bastante lleno. La revelación de cómo había convertido en costumbre la llamada “semana caribeña”, consistente en trabajar de lunes a miércoles y descansar de jueves a domingo en hoteles marbellíes, cenando en restaurantes de lujo con acompañante privado, ha agravado un desprestigio de la institución que viene de lejos.

La manera en que se ha conducido y resuelto el caso es muy sintomática del tipo de Justicia que padecemos: la resistencia de Dívar a dimitir, el respaldo de los vocales del Consejo según alineamientos partidistas, la defensa de su inocencia desde la prensa conservadora, las argucias legales para frenar la investigación y retrasar su salida… Finalmente, su sustitución por Fernando de Rosa, ex conseller de Justicia valenciano y valedor del ex president Camps, sólo sirven para ahondar ese desprestigio.

Insisto: la impopularidad de los jueces, su percepción negativa, no ha surgido de repente por las cenas lujosas del piadoso Dívar. Demasiados años soportando una Justicia profundamente conservadora, que mantiene inercias de tiempos predemocráticos, que facilita amplios espacios de impunidad, que funciona como correa de transmisión de los dos grandes partidos, que se comporta de manera endogámica, que retrasa durante años en el Constitucional sentencias que afectan a derechos fundamentales y que recientemente humilló a las víctimas del Franquismo.

Por si fuera poco, la llamada crisis económica ha hecho más evidente la permisividad que la Justicia española tiene con el poder económico.

Son muchos los casos en que la Justicia ha permitido que delincuentes económicos escapen impunes: por las propias lagunas del sistema jurídico, por la interpretación que del mismo hacen los jueces, por procesos judiciales demorados hasta la prescripción, por los obstáculos a la acción popular o por la acción del Ministerio Fiscal. El primer banquero de España, Emilio Botín, salió indemne de un sonado caso gracias a la fi scalía. También los banqueros Amusátegui o Corcóstegui, que cobraron indemnizaciones multimillonarias en las que se sospechaba fraude. En los contados casos en que hay condena siempre queda el indulto: caso del banquero Alfredo Sáenz, indultado por el último Consejo de Ministros de Zapatero.

De ahí que no extrañe que los culpables de la crisis no visiten el banquillo. Lo vimos con el archivo de la denuncia que varias organizaciones sociales presentaron en la Audiencia Nacional contra las agencias de califi cación de riesgos. O con las difi cultades para abrir la vía penal contra directivos de las cajas cuyo saqueo, privatización y rescate ha costado miles de millones de euros. Precedentes que no invitan a la confi anza cuando el 15-M ha presentado una querella contra Rodrigo Rato y otros directivos de Bankia, culpables de un agujero de más de 24.000 millones de euros.

El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que su prioridad sería la “despolitización” de la Justicia. Propone a cambio una Justicia “profesional”, donde el gobierno de los jueces sea asunto exclusivo de los propios jueces y donde el reparto de cargos y magistraturas responda a criterios “profesionales”, al margen del Parlamento.

Es de temer que esa Justicia “profesional” acabe siendo más conservadora incluso que la actual, pues se perdería cualquier atisbo de pluralidad en el cuerpo judicial, ya que la sociedad no es tan homogéneamente conservadora como los jueces. Además, su natural endogamia inspira poca confi anza para controlarse ellos mismos.

La respuesta tiene que ser la exigencia de una Justicia politizada. Pero politizada de verdad, sometida a la ciudadanía, no a los intereses particulares de los partidos hegemónicos. Lo que tenemos no es una Justicia politizada sino partidista, que es diferente. Y como tal vez la reivindicación del término “política” sea una batalla perdida en estos tiempos de descrédito de la casta política oficial, se nos entenderá mejor si hablamos de democratizar la Justicia. Del mismo modo que hay que democratizar los medios de comunicación públicos (también acusados de politizados, cuando querían decir partidistas), la economía o, ya puestos, la política, tan politizada ella.


Isaac Rosa es escritor.

Este artículo ha sido publicado en el nº 53 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Tercer trimestre de 2012.


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