América Latina democratiza los medios de comunicación

El presidente de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias (ULAN), el argentino Sergio Fernández, advierte que “la democratización de los medios de comunicación es una condición imprescindible para construir una auténtica democracia económica, política, social y cultural”. Cada vez son más los gobiernos de América Latina que añaden esa democratización al proyecto caracterizado por la defensa de la soberanía nacional, la reducción de las desigualdades y la integración regional.

El cambio en el sistema de medios, además de tener un valor propio, actúa como catalizador para los tres objetivos de las nuevas políticas: descoloniza la identidad de las sociedades para que defiendan mejor su soberanía, convierte la información en conocimiento para la participación política y económica y descontamina las relaciones entre los vecinos que durante mucho tiempo han sido obligados a verse a través de la interesada desinformación de los poderosos medios internacionales. Como explica Fernández, la ULAN (creada en junio del año pasado) “ya está construyendo un relato que nos permita contarle al mundo lo que pasa en América Latina desde nuestra propia visión, que no es la de las agencias europeas y estadounidenses”.

La Ley argentina de Servicios de Comunicación Audiovisual es la referencia para el proceso de democratización en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. La rechazan los aliados de Estados Unidos: México, Chile, Colombia y la mayoría de los gobiernos de América Central. Mientras en España se reduce el servicio público, se protege la impunidad de los negocios audiovisuales y se bloquean las iniciativas sociales, la mayoría de los gobiernos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) recuperan el servicio público, controlan los negocios y favorecen el desarrollo de las iniciativas sociales.

En España el 70 por ciento de las licencias estatales de radio y de televisión son para los negocios audiovisuales, sólo un 30 por ciento para el servicio público y nada para los medios de carácter social, recluidos en el ámbito municipal. En América Latina se avanza en el nuevo reparto de un tercio de las licencias para cada uno de los tres sectores. La legislación brasileña empezó por la recuperación del servicio público, la venezolana apoya el desarrollo de las iniciativas comunitarias, la ecuatoriana prohíbe que banqueros y grandes empresarios puedan ser al mismo tiempo los dueños de los medios de comunicación más influyentes, y la argentina limita la concentración de la propiedad de radios, televisiones y periódicos en las mismas manos. En Argentina hay una comisión de seguimiento con participación parlamentaria muy parecida al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que el gobierno de Rajoy elimina ahora de nuestra legislación.

La democratización de los medios de comunicación tropieza en América Latina con grandes enemigos y con las lógicas debilidades de un proceso de cambios. Los enemigos son los poderosos empresarios que, con el apoyo de sus similares en EE UU y la Unión Europea, se han convertido en partidos de oposición para proteger sus negocios.

En Washington, respondiendo a los ataques de Fox News contra el presidente Barack Obama, su directora de comunicación, Anita Dunn, dijo que “no se comportan como una cadena de noticias, son un ala del Partido Republicano y así los vamos a tratar”. No provocó una denuncia por atentar contra la libertad de los medios como sucede en Argentina, Ecuador y Venezuela cuando los gobiernos acusan a los empresarios audiovisuales de encabezar la oposición y aplican legislaciones contra la concentración en la propiedad para que compitan sin ventajas con el servicio público y las emisoras de iniciativa social. La Sociedad Interamericana de Prensa (el club de los empresarios controlado por los estadounidenses) montó una campaña contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando ganó en los tribunales una demanda por injurias contra el diario El Universo, que en un editorial le llamaba “dictador” doce veces. Al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sus enemigos de la prensa le llaman “el gorila rojo”.

La democratización de los medios de comunicación en América Latina es una política en defensa propia: en defensa de los gobiernos democráticamente elegidos y en defensa de los ciudadanos, para que la buena información les permita conocer lo que les amenaza. Hay también debilidades que no dependen de las leyes sino de la actitud de los gobiernos: favorecer a los empresarios colaboradores, convertir los medios públicos en gubernamentales o limitar las iniciativas sociales para que sólo puedan ser comunitarias (para que no tengan dimensión estatal, conflicto que puede perjudicar a las comunidades indígenas). La tentación más peligrosa es la de gubernamentalizar el servicio público como respuesta a las agresiones de los medios comerciales que intervienen como partidos de la oposición. Con medios dogmáticos, sectarios y aburridos no se consigue ni la credibilidad ni la confianza.


José Manuel Martín Medem fue corresponsal en México, Colombia y Cuba. Es miembro del Consejo de Redacción de CODOaCODO y del Consejo de Dirección de Crónica Popular.

Este artículo ha sido publicado en el nº 51 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Segundo Trimestre de 2012


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