La privatización de la seguridad en Guatemala. Si Charlton Heston levantara la cabeza…

En Bowling for Columbine, documental sobre el asesinato de 12 estudiantes y un profesor en el Instituto Columbine de Colorado [1], Michael Moore evidencia que un lugar "sobrearmado" y sobreprotegido puede convertirse en peligroso e inseguro. La afirmación se aplica rigurosamente al caso de Guatemala. Existen en el país 218 empresas particulares de seguridad que emplean a 150.000 agentes, 18.600 policías, 15.500 miembros del Ejército, tres mil de ellos involucrados en tareas de seguridad interna; tres millones de armas ilegales en manos de civiles, y 50 millones de municiones vendidas cada año, en cifras aproximadas.
María José Comendeiro.

Lejos de un escenario de protección y seguridad, las muertes violentas se han incrementado en los últimos años: 16 asesinatos diarios frente a menos de diez antes de la firma de la paz. Según el Informe Estadístico de la Violencia en Guatemala, “La violencia homicida ha aumentado. Este crecimiento equivale a un aumento mayor al 12 por ciento al año desde 1999, superando ampliamente el crecimiento poblacional que es inferior al 2,6 por ciento anual” [1].

Guatemala es así uno de los países más violentos en Centroamérica y el continente. La tasa de homicidios (número de asesinados por cien mil habitantes) es de 43,3, la segunda tasa más alta en la región, después de El Salvador y antes de Honduras (48,7 y 40,41, respectivamente [2]). Por el contrario, en la vecina Nicaragua es de 12,46, debido, entre otros, a factores como la restricción en la compra de armas y el control monopólico de la seguridad por parte del Estado.

Violencia en tiempos de paz

La violencia camina a la par de la desregulación y la carencia de control sobre las empresas privadas que prestan servicios de seguridad. Los Acuerdos de Paz, específicamente el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, obligan a la reglamentación de las empresas de seguridad y la posesión de armamento, bajo dos principios fundamentales:

  • Hacer más restrictiva la tenencia y portación de armas en manos de particulares.
  • Transferir la responsabilidad en la materia del Ministerio de la Defensa al Ministerio de Gobernación.

Sin embargo, estas iniciativas no logran prosperar: la obsoleta Ley de Policías Particulares del año 1970 continúa siendo el marco normativo del trabajo de las “policías privadas”. En cuanto al control de armas y municiones, la propuesta discutida hasta la fecha contraviene el espíritu regulador de los Acuerdos de Paz: no diferencia entre armas deportivas, defensivas y ofensivas; otorga la posibilidad de comprar hasta 300 municiones al mes; permite tres licencias por persona y tres armas por cada licencia. Es decir, legitima la “pistolización”, legisla para avalar lo que debería ser excepcional: “Una persona que compre 300 balas al mes tendría que disparar al menos 10 veces al día su pistola para poder gastarlas. Este dato no concuerda con la idea de que quienes poseen un arma para defensa propia sólo la utilizan en casos excepcionales, por lo que no adquieren más de un paquete de 50 municiones al año” [3].

Incluso la legislación estadounidense, considerada permisiva, establece límites superiores a lo planteado en Guatemala: “El límite de compra para un estadounidense es de 900 balas al año. Cada armería está obligada a registrar en una computadora, que le facilita el Estado, toda compra de balas, con los datos completos del cliente y su número de licencia de armas. Cuando un cliente común empieza a acercarse al máximo permitido, el registro de la Secretaría de Estado lanza una alerta, y la Policía lo visita para determinar en qué utiliza tantas balas. La única posibilidad de un consumo tan alto es que se esté entrenando en un polígono de tiro, lo cual debe demostrar con un carné de socio y un registro de visitas al lugar” [4].

La seguridad corporativa

La ausencia de control del Estado favorece intereses económicos corporativos. La in-seguridad es, en sí misma, un muy lucrativo negocio. La Cámara de Seguridad, organismo gremial que agrupa a los empresarios del ramo, facturó 1.200 millones de quetzales (120 millones de euros) durante 2006, con cálculos efectuados a la baja: si el Ministerio de Gobernación, con 18.600 policías, tiene un presupuesto anual de 2.610.249.604 quetzales (260 millones de euros) y el Ejército, con 15.500 efectivos, de 1.265.303.130 millones (120 millones de euros), las empresas privadas de seguridad, con más de 100.000 personas contratadas, podrían facturar alrededor de diez mil millones de quetzales, o mil millones de euros. Esto convierte a los empresarios de la seguridad en un poder económico dominante y explica las múltiples resistencias para permitir el control estatal sobre dichos servicios.

Las empresas se vuelven además actores políticos decisorios: su influencia es relevante en los discursos y programas de partidos políticos y de gobierno, como la propuesta de mano dura contra la violencia dominante durante la pasada campaña electoral. Se vuelven también determinantes en el organigrama de poder: Carlos Quintanilla, ex jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), encargada de la protección presidencial y financista del partido de Gobierno, es dueño de una importante empresa privada de seguridad. Igualmente, el jefe de la SAAS durante la administración de Oscar Berger (2004-2008).

Asimismo, la seguridad privatizada funciona bajo la lógica de la defensa de intereses particulares, la de los contratistas o propietarios de las empresas, y no bajo la lógica de defensa del interés colectivo, fruto de consensos sociales e institucionales. Empresarios, dueños de fincas, empresas mineras, contrabando, narcotráfico, trata de blancas, adopciones ilegales y todo tipo de actividades, legales o fraudulentas, recurren a los servicios privados para favorecer sus intereses, aliados en ocasiones con las fuerzas de seguridad estatales, en un marco doctrinario de seguridad nacional y defensa del sistema político y económico tradicional. La actual situación de inseguridad saturada de armamento representa la derrota del proyecto articulador e incluyente de los Acuerdos de Paz, frente a la propuesta neoliberal de reducción del Estado y sobre todo de subordinación de las instituciones a agendas privadas.

Casi cualquier persona o sector puede así ejercer la violencia, impunemente. En Nueva Linda y El Corozo, durante la gestión del presidente Oscar Berger, guardias privados participaron en el hostigamiento, secuestro y amedrentamiento de campesinos, en complicidad con policías, Ejército e instituciones encargadas de impartir justicia: “El secuestro y desaparición de Héctor Reyes es uno de los ejemplos concretos en este caso. El dirigente de los campesinos labriegos en la Finca Nueva Linda fue detenido y desaparecido por los señores Virgilio Casado, Carlos Vidal (dueños) y Víctor Chinchilla (jefe de seguridad de la finca), el 5 de septiembre de 2003. Después de presentar las denuncias correspondientes ante la PNC y el Ministerio Público de Retalhuleu y de sufrir amenazas de los mismos finqueros, los campesinos y campesinas deciden tomar la finca el 13 de octubre del 2003, con el único objetivo de exigir la aparición con vida de Héctor Reyes y la aplicación de la justicia. Aunque las investigaciones del ministerio público alrededor del secuestro de Héctor Reyes y la responsabilidad de los terratenientes no avanzaron, la orden de desalojo se emitió desde la Fiscalía Distrital de Coatepeque, espondiendo abiertamente a la presión y los intereses de los finqueros. El 31 de agosto de 2004 el gobernador departamental Carlos Ernesto Quintana Sarabia señala que el desalojo se hará en orden precisa del presidente de la República Oscar Berger. Aproximadamente a las 9:00 am, más de 1100 elementos de la policía nacional entran a la finca sin que el diálogo haya terminado y se inicia la persecución de los campesinos dejando el saldo de 13 muertos: 9 campesinos (entre ellos tres menores de edad) y cuatro elementos de la PNC” [5].

En este marco, la privatización de la seguridad es funcional a un modelo económico y político excluyente. El Estado guatemalteco, configurado a partir de la explotación, marcado por la desigualdad y dominado por las elites, permite y avala el armamentismo y legitima la privatización de la seguridad, aun a costa de la marginación de las instituciones estatales.

Después de la firma de los Acuerdos de Paz, la necesidad de reducción de los efectivos del Ejército, la reacoDistrimodación de la institución al posconflicto y los graves señalamientos de genocidio contra oficiales y la institución en sí, aconsejaron transferir el ejercicio de la seguridad a instituciones y grupos privados: “los principales dirigentes y gestores de las empresas privadas de seguridad son ex miembros del Ejército, en un 75 por ciento y ex policías, en un 25 por ciento”, afirma el documento Privatización de la seguridad en Guatemala [6].

Sin embargo, instituciones de seguridad estatal fuertes pueden volver a ser necesarias en momentos de conflictividad social, como la generada alrededor de los proyectos mineros, hidroeléctricos, de producción de etanol en detrimento de la soberanía alimentaria.

Pocos meses después de la matanza de Columbine, la Asociación Nacional del Rifle, ANR, celebró un Congreso en Denver, población cercana. Charlton Heston, su presidente entonces, afirmó que la mayoría de muertes por arma de fuego en Estados Unidos obedecían a la “mezcla étnica” existente. La ANR postula como “derechos inalienables del individuo ciudadano americano”, los relacionados con “adquirir, poseer, coleccionar, exhibir, transportar, llevar consigo, transferir propiedad, y disfrutar el derecho de usar armas, para que la gente pueda siempre estar en posición de ejercer sus derechos individuales legítimos de auto-preservación y defensa de la familia, persona, y propiedad, al igual que servir efectivamente en milicias apropiadas para la defensa común de la república y las libertades individuales de sus ciudadanos” [7].

Si Chartlon Heston levantara la cabeza, encontraría en Guatemala su paraíso.


Andrés Cabanas es periodista y colaborador habitual de Pueblos.

Este artículo ha sido publicado en el número 35 de Pueblos, Revista de Información y Debate, diciembre de 2008.


NOTAS:
  1.  Columbine es el nombre de una escuela secundaria situada en el Condado de Jefferson, Colorado, conocida por el asesinato masivo que tuvo lugar el 20 de abril de 1999. Es el tercer peor asesinato escolar en la historia de Estados Unidos tras la masacre de Virgina Tech en 2007 y la masacre en la Universidad de Texas en 1966. Dos adolescentes, Eric Harris, de 18 años de edad, y Dylan Klebold de 17, entraron en la escuela, de donde eran alumnos, armados con dos escopetas (una de ellas recortada), una carabina Hi-Point 995 semiautomática de calibre 9 mm, una pistola Tec 9 semiautomática de calibre 9 mm, varios dispositivos explosivos caseros y una bomba compuesta por un tanque de propano de 9 kilogramos; los adolescentes, antes de suicidarse, realizaron numerosos disparos en la cafetería y en la biblioteca de la escuela, asesinando a 13 personas (12 alumnos y un profesor) e hiriendo a 24 alumnos.
  2. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, diciembre de 2007.
  3. En www.ocavi.com/docs_files/file_378.pdf.
  4. En http://www.prensalibre.com/pl/2008/abril/14/%20224601.html
  5. Ibídem.
  6. En http://www.entrepueblos.org/
  7. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, 2002.
  8. En www.nraespanol.org/mission.asp

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