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El Canal de Isabel II: un retrato del capitalismo español

Políticos y empresarios, cómo no. Pero también periodistas, jueces, policías, fiscales, espías, testaferros y familiares. En la llamada operación Lezo, la investigación judicial que salió a la luz a mediados de abril con el registro de las oficinas del Canal de Isabel II y la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, se incluyen acusaciones de corrupción a decenas de altos cargos de la clase político-empresarial madrileña. Un caso de libro (hasta la fecha, posiblemente sea el que mejor ilustra cómo se han dispuesto los recursos del Estado a disposición de los intereses de las élites) para mostrar cómo funciona el entramado de corruptelas, delitos económicos y chanchullos de todo tipo que ha sido el modus operandi habitual para la expansión del capitalismo español desde sus inicios.

Resistencias y alternativas a las empresas transnacionales desde lo local: el caso de Madrid

La puesta en marcha de alternativas locales, tanto a nivel institucional como desde las organizaciones sociales, que puedan servir de contrapoder frente a las empresas transnacionales y disputarles la centralidad en el sistema socioeconómico choca, aquí y ahora, con la fortaleza de la lex mercatoria. No en vano, el objetivo del entramado jurídico global que durante las últimas décadas han venido construyendo las grandes corporaciones, las instituciones económico-financieras internacionales y los Estados centrales es precisamente ese: asegurar los negocios de las multinacionales y blindar sus “derechos”, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, la soberanía de los pueblos y la propia democracia[1].

PUEBLOS 71 – CUARTO TRIMESTRE DE 2016

La Economía Social y Solidaria (ESS) es una economía de personas. Y se hace de, desde, por y para las personas. Esta afirmación que a priori puede parecernos un epíteto, tiene sin embargo hoy más sentido que nunca en este sistema hiperfinanciarizado, donde todo son índices y dividendos que no “olemos”, donde las páginas salmón son códigos cifrados de difícil comprensión y las cuestiones económicas asuntos de expertos, por más que sus decisiones nos afecten en lo más profundo de nuestras vidas.

Justicia privatizada. Los tribunales de arbitraje al servicio de las empresas transnacionales

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).