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Justicia privatizada. Los tribunales de arbitraje al servicio de las empresas transnacionales

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

¿Qué fue del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos?

Sucedió hace ocho meses. El pasado 26 de junio, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, salía adelante una resolución favorable a crear normas vinculantes para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales; con esa decisión, volvía a ponerse de actualidad el debate sobre la necesidad de establecer regulaciones eficaces y mecanismos de control para obligar a las compañías multinacionales a cumplir con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y a la vez, ese mismo día, en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa y con la lógica de la voluntariedad, era remitido para su aprobación al Consejo de Ministros el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos del Gobierno español. Desde entonces, nada se sabe de un plan en el que los argumentos de la competitividad, la rentabilidad y las oportunidades de negocio para las grandes corporaciones tienen mucho más peso que las cuestiones relativas al cumplimiento de los derechos humanos.

De las “malas prácticas” de las multinacionales a los mecanismos de control

A finales del pasado mes de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaba una resolución para “crear un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las actividades de las empresas transnacionales”. Meses después, la II Conferencia ministerial de Estados afectados por intereses transnacionales acordaba crear el Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales. Y, hace unas semanas, la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático declaraba que las multinacionales son responsables de “la captura del agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la depredación y la producción de combustibles fósiles”. Son tres ejemplos de procesos diferentes que, sin embargo, responden a una misma realidad: los impactos producidos por la expansión global de las empresas transnacionales están llevando a muchas organizaciones, países e instituciones internacionales a exigir una mayor regulación de sus actividades.