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Minería a gran escala y agua en Argentina

Argentina ha sido escenario, en los últimos 15 años, de una creciente conflictividad en torno a la instalación de proyectos mineros a gran escala principalmente, minería metalífera a cielo abierto, denominada “megaminería”. La preocupación por el consumo y contaminación del agua por parte de estos proyectos ha constituido el principal eje del rechazo a esta actividad.

La comunicación en América Latina, un territorio en disputa

El escenario mediático en América Latina se caracteriza desde hace años por una propiedad altamente concentrada en manos de las familias más adineradas y poderosas, con gran capacidad de influencia en las decisiones gubernamentales. El cambio de tendencia en la región de una etapa neoliberal hacia políticas más progresistas afectó las relaciones con unos medios que se convirtieron en actores políticos de oposición y que se resisten a la entrada de actores públicos, sociales y comunitarios en el terreno mediático.

Compromiso político y enfoque sistémico preventivo como condiciones para hacer frente a la tortura en América Latina

En Honduras, en el año 2012, más de 360 personas murieron víctimas de un incendio en el penal de Comayagua[1]. En Panamá transcurre ahora el juicio de doce funcionarios imputados por la muerte de cinco adolescentes en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen en 2011, muertes al parecer causadas por un incendio provocado por policías que lanzaron bombas lacrimógenas al interior de unas celdas cerradas con llave y ocupadas. En Brasil, la guerra entre bandas rivales en la cárcel de Pedrinhas (Maranhão), provocó el asesinato de 62 reclusos dentro del penal en un año. Este caso se difundió por todo el mundo cuando circuló en los medios un vídeo que enseñaba la decapitación de internos por bandas rivales. Todos estos ejemplos son trágicos y brutales casos de violaciones a la integridad y dignidad de personas que se encuentran bajo la custodia de un Estado, casos que demuestran que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas recurrentes y constantes en América Latina.

¿Qué fue del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos?

Sucedió hace ocho meses. El pasado 26 de junio, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, salía adelante una resolución favorable a crear normas vinculantes para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales; con esa decisión, volvía a ponerse de actualidad el debate sobre la necesidad de establecer regulaciones eficaces y mecanismos de control para obligar a las compañías multinacionales a cumplir con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y a la vez, ese mismo día, en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa y con la lógica de la voluntariedad, era remitido para su aprobación al Consejo de Ministros el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos del Gobierno español. Desde entonces, nada se sabe de un plan en el que los argumentos de la competitividad, la rentabilidad y las oportunidades de negocio para las grandes corporaciones tienen mucho más peso que las cuestiones relativas al cumplimiento de los derechos humanos.

De las “malas prácticas” de las multinacionales a los mecanismos de control

A finales del pasado mes de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaba una resolución para “crear un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las actividades de las empresas transnacionales”. Meses después, la II Conferencia ministerial de Estados afectados por intereses transnacionales acordaba crear el Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales. Y, hace unas semanas, la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático declaraba que las multinacionales son responsables de “la captura del agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la depredación y la producción de combustibles fósiles”. Son tres ejemplos de procesos diferentes que, sin embargo, responden a una misma realidad: los impactos producidos por la expansión global de las empresas transnacionales están llevando a muchas organizaciones, países e instituciones internacionales a exigir una mayor regulación de sus actividades.