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Encarcelamiento femenino: el mal ejemplo brasileño

Visitar cárceles de mujeres es ser testigo de la crueldad del sistema penal y de su capacidad de actuar del modo más brutal posible. Es un sistema que tiene el poder de quitar mucho más que la libertad; que reduce a las personas a los episodios aislados que la justicia consideró en un momento dado que eran crímenes y que, a partir de ahí, pasa a tratarlas como si no tuviesen más derechos: convierte vidas en números sin acceso a las condiciones mínimas de existencia garantizadas por la legislación y las pone a sobrevivir en ambientes extremadamente insalubres, incluso para los animales. No es posible sentir el olor ácido de las cárceles, escuchar historias de violencia y sufrimiento extremo, y no unirse a la lucha por una transformación profunda de este escenario. Este artículo quiere ser una invitación a que más personas entiendan la realidad de las mujeres presas y se sumen al combate contra el encarcelamiento femenino.

Compromiso político y enfoque sistémico preventivo como condiciones para hacer frente a la tortura en América Latina

En Honduras, en el año 2012, más de 360 personas murieron víctimas de un incendio en el penal de Comayagua[1]. En Panamá transcurre ahora el juicio de doce funcionarios imputados por la muerte de cinco adolescentes en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen en 2011, muertes al parecer causadas por un incendio provocado por policías que lanzaron bombas lacrimógenas al interior de unas celdas cerradas con llave y ocupadas. En Brasil, la guerra entre bandas rivales en la cárcel de Pedrinhas (Maranhão), provocó el asesinato de 62 reclusos dentro del penal en un año. Este caso se difundió por todo el mundo cuando circuló en los medios un vídeo que enseñaba la decapitación de internos por bandas rivales. Todos estos ejemplos son trágicos y brutales casos de violaciones a la integridad y dignidad de personas que se encuentran bajo la custodia de un Estado, casos que demuestran que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas recurrentes y constantes en América Latina.

Encarcelamiento masivo. Cuando la excepción es la regla

Por primera vez en quince años, Brasil recibió en agosto al relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En un viaje de doce días, el abogado argentino Juan Méndez, él mismo víctima de la tortura en su país durante la dictadura militar, pasó por cárceles, centros de detención provisional e instituciones para adolescentes en conflicto con la ley en cuatro estados, además del Distrito Federal. Sus conclusiones y recomendaciones, al final de la visita, eran de la más variada naturaleza, pero una llamó especial atención, sobre todo por parecer no formar parte, en un primer momento, del mandato principal de la relatoría de tortura: la superpoblación de esos espacios de privación de libertad.

La injusticia y las 17 de El Salvador

El Salvador es uno de los cinco países de América Latina en los que se aplica la prohibición absoluta del aborto, pero también es el país en el que se dictan las condenas más altas, que incluso pueden alcanzar los cincuenta años de prisión. El análisis de los casos de las condenadas por delitos relacionados con el aborto revela la enorme injusticia de la que son víctimas las mujeres pobres que en más de la mitad de las ocasiones son denunciadas por un personal sanitario que no tiene en cuenta la posibilidad de que el aborto haya sido producido de forma espontánea.