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Yasuní: La lucha por la defensa de la vida

Las políticas del Gobierno del Ecuador incorporan como eje transversal el cambio de la matriz productiva y la transición energética hacia una economía postpetrolera que permita a la nación alcanzar los principios del 'buen vivir' o 'sumak kawsay'. Sin embargo, el estado pretende lograr el bienestar de la población a través de los recursos obtenidos por la explotación petrolera de la Amazonía, una decisión que pone en riesgo la pervivencia de las poblaciones indígenas y que ha llevado a las mujeres amazónicas a protagonizar la lucha por la defensa de la vida y del territorio.

Yasuní: bizitza defendatzeko borroka

Ekuadorrek 'bizitze ona' edo 'sumak kawsay'-aren oinarriak betetzeko helburuarekin, gobernuaren politikek produkziomatrizearen aldaketa eta petrolio osteko ekonomiarako trantsizio energetikoa gehitzen dituzte, zeharkako ardatz gisa. Haatik, estatuak Amazoniako petrolio-ustiaketatik lortutako baliabideen bitartez lortu nahi du biztanleen ongizatea. Erabaki honek arriskuan jartzen du herri indigenen bizitza eta, hortaz, amazoniar emakume asko bizitza eta lurraldearen defentsan borrokatzera bultzatu ditu.

Chevron contra el pueblo ecuatoriano

Vivimos en un mundo donde la libertad que se defiende es la del Mercado y no la de las personas. Donde los valores que se proclaman están asociados a actividades bursátiles y no a los principios de la ética. El pensar desde el bolsillo hace que empresas y seres humanos busquen el lucro económico sin límites. El afán de obtener ganancia se superpone a la vida; en consecuencia, el dinero vale más que las personas. Actualmente, el capital se ha convertido en el referente único, en la medida de todas las cosas y sobre todo en el amo de la sociedad y la naturaleza.

Chevron-Texaco contra el pueblo ecuatoriano

La empresa transnacional estadounidense Chevron-Texaco ha puesto en marcha una campaña implacable contra Ecuador y contra las personas afectadas por la contaminación generada con sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana. Son más de 400 millones de dólares los que está utilizando para pagar abogados, medios de comunicación, iniciar procedimientos judiciales de todo tipo y en todo lugar, difamar, mentir… Todo ello, con la complicidad del gobierno de EEUU y el silencio del conjunto de los gobiernos europeos, los mismos que defienden la “seguridad jurídica” de las grandes corporaciones cuando estas han sido expropiadas por violar derechos humanos.