Palestina

La cuestión palestina tras la Primavera Árabe

La Primavera Árabe parece haber ensombrecido el conflicto israelí-palestino. Su tradicional protagonismo, objeto de atención mediática y política mundial, ha sido ocupado por las movilizaciones y cambios políticos que se suceden en el mundo árabe desde finales de 2010. La inquietud por las alteraciones en la arquitectura de seguridad regional ha relegado a un segundo lugar su interés en la agenda de la diplomacia internacional. Semejante situación sólo beneficia la estrategia dilatoria del actor más fuerte y, en contraposición, perjudica la del más débil. No obstante, dependerá del alcance que adquieran los cambios políticos en la región para que este diagnóstico se pueda revertir a largo plazo, si las potenciales transformaciones internas se terminan traduciendo en una política exterior árabe más asertiva, nacionalista e independiente.
Ilustración: María José Comendeiro.

Al igual que otros actores regionales e internacionales, los dos principales protagonistas del conflicto se vieron sorprendidos por la dimensión que adoptaron las movilizaciones iniciadas en Túnez (diciembre de 2010). La salida de Ben Ali del poder fue seguida por un efecto de contagio regional que trascendió las fronteras estatales con la transnacionalización de la contestación política. La oleada de protestas centró sus reivindicaciones en la política interna, recogida en el afamado eslogan de “el pueblo quiere la caída del régimen” que, en el caso de las monarquías, introdujo el eufemismo de la “reforma del régimen”.

A diferencia de las manifestaciones populares en el mundo árabe durante la última década, contrarias a las intervenciones de Estados Unidos en Irak (2003), y de Israel en Cisjordania (2002), Líbano (2006) y la Franja de Gaza (2006 y 2008-2009), las actuales tienen como blanco sus regímenes autoritarios. Pero esto no excluye el descontento acumulado con la política exterior de las grandes potencias, percibida por la ciudadanía árabe como una de las principales fuentes de apoyo de las autocracias que actúan como sus agentes locales.

RESPUESTA DEL GOBIERNO ISRAELÍ

Así lo entendió desde el primer momento el gobierno israelí, sobre todo a raíz de las movilizaciones en la sociedad egipcia. Su inquietud por el alcance de los cambios en Egipto giró en torno a la continuidad del tratado de paz existente entre El Cairo y Tel Aviv (1979). Acuerdo que logró la retirada de la confrontación árabeisraelí del Estado árabe más fuerte, poblado y limítrofe con Israel, que aseguró de este modo su frontera suroeste y resguardó sus espaldas para invadir el Líbano (1982) y expulsar a la OLP de su suelo.

A la pérdida de su más importante aliado regional, Israel sumaba el creciente distanciamiento de Turquía que, además de ser otro relevante “amigo” en la zona, es miembro de la OTAN. Una serie de desencuentros se han venido acumulando entre Ankara y Tel Aviv a raíz de la intervención israelí en Gaza (2008-2009); el abandono de Erdogan del Foro de Davos tras discrepar con Simon Peres por la invasión de Gaza (2009); el asalto israelí al barco Mavi Marmara que causó la muerte de nueve ciudadanos turcos e hirió unos 50 (2010); la negativa de su gobierno a pedir disculpas a Turquía y el controvertido informe de la comisión de investigación de la ONU (2011). De momento, el deterioro de la relación bilateral ha tenido como consecuencia la congelación de las relaciones políticas, militares y económicas de Turquía con Israel.

A su vez, el aislamiento internacional de Israel en la sociedad civil transnacional se ha incrementado mediante la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), y la erosión de ciertos mitos sobre la seguridad y la política nuclear israelí. Al desgaste de su imagen externa, Israel suma la inquietud por los previsibles cambios en la seguridad regional. Mientras el ejecutivo israelí, de manera insistente, centra su acción exterior en la denuncia del programa nuclear iraní, amenazando con atacar Irán, un conjunto de personalidades israelíes apelan a su gobierno para que se adapte a los cambios que se avecinan en su entorno, con la vuelta a las fronteras de 1967 y el reconocimiento de un Estado palestino.

Como respuesta, el gobierno de Netanyahu rechazó la iniciativa palestina en la ONU, persistió en su escalada colonizadora de los TPO y su apuesta por una deliberada estrategia dilatoria. Desde esta óptica, se argumenta que no es el momento de adoptar decisiones y, por el contrario, se apuesta por observar y esperar la normalización de Oriente Próximo. Paradójicamente, la Primavera Árabe se ha transformado en un nuevo argumento para justificar el inmovilismo e intransigencia de Tel Aviv, al mismo tiempo que no cesa de socavar la base política y material en la que deberá cimentarse la resolución del conflicto.

Durante las dos últimas décadas, desde el fracasado proceso de paz iniciado en Madrid (1991), los dirigentes israelíes han sostenido un discurso que demanda un entorno democrático que facilite las negociaciones y permita a Israel sentirse más “cómodo y seguro” para realizar “algunas concesiones”. Al contrastar esta afirmación con los hechos, se advierte que, primero, Israel no ha tenido grandes dificultades para alcanzar acuerdos y firmar tratados de paz con dos regímenes autoritarios como Egipto (1979) y Jordania (1994), y, segundo, sus recelos ante la caída de Mubarak y, en general, ante los cambios políticos en la región, cuestionan la credibilidad de su discurso.

El principal temor de Israel no sólo descansa en que dejaría de ser la excepción (democrática) frente a la regla (autoritaria) en la región y, así, exhibiendo su condición democrática, justificaría sus excesos políticos y militares o, al menos, atenuara o neutralizara las críticas. Su principal preocupación es que una apertura y potencial democratización de los Estados de su entorno implicaría, a medio y largo plazo, una política exterior árabe más digna, asertiva e independiente. Los gobiernos salidos de las urnas deberán establecer un nuevo equilibrio entre sus limitaciones geoestratégicas ante las realidades regionales y su compromiso con la ciudadanía que le ha otorgado la confianza. Hasta cierto punto, podrán esgrimir ante sus aliados externos que su margen de maniobra está limitado por las exigencias internas: políticas, jurídicas, mediáticas, populares y electorales. Incluso aquellos regímenes que no registren cambios políticos hacia un modelo más aperturista, tendrán que tomar en mayor consideración el parecer y sensibilidad de su ciudadanía, también en los asuntos externos percibidos como centrales y objeto de un repetido e histórico agravio.

En este sentido, conviene recordar que la cuestión palestina ocupa un lugar central en la sensibilidad social y política del mundo árabe. Probablemente, ningún otro tema suscite mayor unanimidad desde el Magreb hasta e Golfo Pérsico. E, incluso, en todo su arco político e ideológico. La necesidad de otorgarle una solución justa y duradera es compartida por islamistas y comunistas, conservadores y liberales, y por todos los estratos sociales. Este compromiso se expresó simbólicamente en las manifestaciones populares donde, junto a las nacionales, se ondeaba la bandera palestina.

La Primavera Árabe ha introducido un nuevo ciclo político en la región, todavía incipiente en su, presumiblemente, larga duración. Pero una vez rebasada la barrera del miedo no parece haber camino de retorno.

En este nuevo contexto, será más costoso mantener una política exterior de espaldas a la interior y contraria a las tendencias de la mayoría social. Piénsese, por ejemplo, en Egipto como epicentro del subsistema regional árabe y referente desde donde irradian algunas de las principales corrientes políticas, ideológicas y culturales hacia el resto de los Estados y sociedades árabes. A pesar de las limitaciones de su cambio político, frenado por la Junta Militar, su caso es orientativo de esa nueva necesidad de reequilibrar política interior y exterior.

LIMITACIONES DE LA INICIATIVA PALESTINA

El impacto de la Primavera Árabe en la sociedad palestina se evidenció con el aplauso a las movilizaciones y la bienvenida a los cambios políticos. Su sociedad civil demandó acabar con la división nacional de sus dos principales fuerzas políticas, los nacionalistas de Fatah y los islamonacionalistas de Hamás. Su hastío con la división política se reflejaba en los sondeos de opinión, que corresponsabilizaban a ambas formaciones de la situación.

Unido a la presión interna, los vientos de cambio en la región contribuyeron decisivamente a que Fatah y Hamás limaran sus diferencias. Ambas organizaciones habían perdido ciertos referentes externos. Si bien Fatah encajó la caída de Mubarak sin mayores dificultades, el desafío al poder de los Asad situó a la dirección política de Hamás en un grave aprieto. Aunque no era anecdótico que su liderazgo en el exilio residiera en Siria, el principal problema que tenía era de lealtad política e ideológica. Hamás pertenece a la misma obediencia política que los Hermanos Musulmanes, grupo predominante en la oposición organizada siria. A su distanciamiento del régimen sirio siguió su alejamiento del iraní por negarse a secundar su petición de dar muestras públicas de apoyo a Damasco.

En compensación, Hamás se ha congratulado del triunfo electoral de los Hermanos Musulmanes en Egipto (país fronterizo con Gaza y con el control de su paso por Rafah) y también se ha reconciliado con Jordania, donde vuelve a residir su dirección política en el exterior. Así, los cambios en el panorama político regional y en el de sus alianzas externas han forzado a su corriente más pragmática a sellar un acuerdo de unidad nacional con Fatah (mayo de 2011).

La nueva coyuntura política regional y el acuerdo de unidad nacional dotaron a la iniciativa palestina de un renovado impulso. Esto surge después de dos décadas de reiterado fracaso del proceso de paz, a lo que se suma la inoperancia de Washington como auspiciador y mediador para reflotarlo y su renuencia a presionar al gobierno de Netanyahu para que cesara su escalada colonizadora en los TPO. Consciente de las dificultades de su objetivo (ingresar como Estado miembro en la ONU) la OLP busca implicar a la sociedad internacional en el regreso de la cuestión palestina a la ONU, donde se originó. Incluso en el escenario más optimista, su admisión no se traduciría sobre el terreno como un Estado soberano, dada la persistente ocupación militar israelí. Pero le otorgaría mayor estatura política en la arena internacional para contrarrestar su debilidad frente a Israel.

Finalmente, se ha impuesto el escenario inverso. La presión ejercida por Estados Unidos surtió efecto. La petición palestina no pasó del Comité de Admisión del Consejo de Seguridad (CS) ante la falta de acuerdo. Así se evitó su votación y que algunos de sus integrantes se retrataran ante la nueva coyuntura política árabe, con el reemplazo retórico de su tradicional discurso de apoyo a la estabilidad (autocracias) por el del cambio democrático. Semanas antes, Palestina había sido admitida como Estado miembro en la UNESCO. La oposición estadounidense se cobró un alto precio, con la retirada de sus fondos (represalia adoptada también por Canadá e Israel), lo que obligó a dicha agencia a suspender su programa previsto para el último trimestre de 2011. Las presiones ejercidas desde todos los ángulos obligaron a la OLP a ralentizar, e incluso congelar temporalmente, su petición de ingreso como Estado en otras agencias especializadas de la ONU. Rebasado con creces el tiempo (tres meses) solicitado a la OLP para que se sentara nuevamente a negociar, sin lograr ningún avance, la dirección palestina ha anunciado que retomará en breve su iniciativa político-diplomática. La negativa estadounidense e israelí a que Palestina sea el Estado 194 de la ONU es evidente, también que ejercerán toda la presión política, económica e incluso la fuerza, al menos en el caso israelí, para evitar ese escenario.

La OLP podría sortear el CS solicitando su ingreso en la ONU como Estado no miembro. Esta opción contaría, teóricamente, con el respaldo de algunos Estados europeos, como en su momento expresó Francia, siempre y cuando Palestina no apele a su condición nominalmente estatal para acudir a los tribunales internacionales. Cabe también otra opción, quizás algo más remota, que la Autoridad Palestina (AP) se diluya, dejando a Israel la responsabilidad de gestionar directamente su ocupación con los consecuentes costes políticos, diplomáticos, económicos, humanos y de imagen exterior. Desde este nuevo escenario, se reclamaría a Israel que asumiera a la población palestina como parte de su ciudadanía, reconociéndole todos los derechos incluso los del voto activo y pasivo.

Sin embargo, es previsible que las élites políticas y burocráticas palestinas no asuman este desafío por las implicaciones e intereses enmarañados a lo largo del frustrado proceso de paz. Basta con recordar que la AP es el mayor empleador público en los TPO, con unos 150.000 empleados. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo podrá seguir gestionando la AP esta insostenible situación? ¿No corre el riesgo de ser percibida como un cuerpo intermedio entre la potencia ocupante y la población ocupada? ¿Hasta cuándo se extenderá lo que estaba previsto que fuera una situación transitoria hacia un Estado palestino?

ESCENARIOS

La política israelí de hechos consumados, con la alteración sistemática de la geografía física y humana palestina, persigue la transformación de la naturaleza del conflicto y, por ende, la de los parámetros para su resolución de acuerdo con el Derecho Internacional. Originada por la propia emergencia estatal israelí, la cuestión palestina es concebida como un problema de seguridad que, lejos de ser conceptuada como nacional, parece afectar sólo a la potencia ocupante, no así a la población ocupada.

Desde este mismo prisma, no se acepta la solución de los dos Estados, bien por razones políticas e ideológicas o bien por las presentadas como pragmáticas, que expresan que no hay espacio para dos entidades estatales. Sólo se admitiría un Estado palestino siempre y cuando sea una entidad subestatal (bantustán), fragmentada, sin soberanía, dependiente y subordinada a los intereses de seguridad, políticos, económicos y demográficos de Israel. Paradójicamente, cuando desde la esfera política israelí se niega la opción de los dos Estados, se está fomentando implícitamente la opción de un solo Estado.

De hecho, ésta es la situación realmente existente, la de un Estado de apartheid que sistemáticamente segrega, expropia y conculca los derechos de un grueso importante de la población, la árabe palestina, dentro de sus fronteras y, en particular, en los TPO. Este escenario es previsible que se prolongue en los próximos años, con objeto de minar la base moral y material palestina. Pero no constituye una solución, sólo un salto adelante. Mientras no cambie sustancialmente esta situación, Israel será percibido de forma creciente como un régimen segregacionista, de supremacía racial y confesional judía, pese a la considerable inmunidad de la que goza en el sistema internacional.

La opción de un Estado palestino al lado del israelí ha quedado descartada por la reiterada ausencia de voluntad política de Tel Aviv para poner fin a su ocupación militar. Por tanto, la solución que queda es la de un solo Estado, el de todos sus ciudadanos con iguales derechos. De lo contrario, ¿por cuánto tiempo podrá Israel prolongar esta situación ante un entorno cambiante y, previsiblemente, con una política exterior más asertiva y nacionalista? ¿Se podrá seguir imponiendo exclusivamente por la fuerza derivada de su supremacía estratégica y alianza con Estados Unidos? ¿Qué costes supondrá semejante política para la estabilidad y la paz regional e internacional?


José Abu-Tarbush es profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de la Laguna.

Este artículo ha sido publicado en el nº 52 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Especial junio 2012: Palestina


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