Entrevista

Yamir Adolfo Conejo: “La mirada internacional permanente es prioritaria para la pervivencia de nuestros pueblos originarios”

Las comunidades indígenas del Cauca son de las más afectadas por la depredación de las multinacionales y el conflicto armado colombiano. Yamir Adolfo Conejo, que ha permanecido en Euskadi seis meses junto con otros dos defensores de derechos humanos en el marco de un programa de protección temporal, nos habla en esta entrevista acerca de la situación de su país, de los pasos necesarios para lograr la paz y de la importancia de los medios de comunicación para la defensa de los derechos humanos.
Yamir Adolfo Conejo. Foto: Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

– Colombia vive desde hace más de medio siglo un conflicto armado. ¿Cómo afecta en la actualidad a los derechos humanos?

– La principal víctima es la sociedad civil, que sobrevive en medio de constantes acciones violentas. Las masivas violaciones a los derechos fundamentales de la población colombiana (desplazamientos, desapariciones forzosas, masacres, asesinatos, tortura y violaciones sexuales) se suceden en un contexto de práctica impunidad.

Mientras esto sucede, el Estado colombiano, que en teoría tiene el deber de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, está cuestionado tanto por las organizaciones de Derechos Humanos colombianas como por diversos organismos internacionales por cometer graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Más aún, personas y organizaciones que forman parte de los aparatos del Estado han sido o están siendo investigadas y juzgadas por mantener vínculos con grupos paramilitares ilegales de extrema derecha o por prácticas ilegales que van desde los seguimientos fraudulentos hasta las ejecuciones extrajudiciales.

Particularmente grave es la persecución que las personas defensoras de derechos humanos vienen padeciendo tanto desde estructuras del Estado año se asesinan, se hacen desaparecer o se amenaza a decenas de defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo activistas y sindicalistas, abogadas, líderes indígenas, integrantes de organizaciones no gubernamentales, lideres afrocolombianos, comunitarios y religiosos. Las y los defensores padecen ataques y otras formas de intimidación que incluyen campañas de difamación, amenazas de muerte, agresiones físicas, robo de información en sus sedes de trabajo, violencia contra sus familiares y judicializaciones. La mayoría de las veces estos casos quedan en la impunidad.

– ¿Y en el Cauca?

– En el Cauca la situación es cada vez más dramática, debido a que los intereses del capital trasnacional provocan que el conflicto social, político, ambiental, económico, cultural y ambiental se agudice cada día. Desde diciembre del 2011 hasta la fecha han muerto asesinadas once personas del movimiento indígena del Cauca. Se están incrementando las amenazas, con combates diarios en la Zona Norte, Occidente y Tierradentro. Los pueblos indígenas de Colombia afrontamos una grave situación humanitaria, pues seguimos siendo objeto de asesinatos, desplazamientos y violaciones sexuales a menores, así como de otras graves y manifiestas vulneraciones a los derechos humanos e infracciones del DIH. Nuestros pueblos también sufren violación de sus derechos a través del sinnúmero de concesiones mineras, agroindustriales y megaproyectos de infraestructura y de explotación de recursos naturales que el gobierno ha concesionado para nuestros territorios, sin consulta previa.

– ¿Ha disminuido la violencia desde que gobierna Juan Manuel Santos?

– El trasfondo de expolio de las riquezas y los recursos de los pueblos a manos de gran capital no ha cambiado. El desgaste del modelo uribista, simplemente, exigía un cambio de formas, un cambio de discurso: una aparente defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como una relativa voluntad de entrega y retorno de las comunidades desplazadas a través de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Pero la realidad de las violaciones de derechos humanos permanece y con ella las iniciativas gubernamentales que profundizarán el despojo territorial y la entrega de los recursos del país a las transnacionales a través de los Tratados de Libre Comercio con EE UU, la Unión Europea o China.

– La Ley que mencionas ha sido muy criticada por el movimiento de derechos humanos en Colombia. La movilización convocada por el Movimiento de Crímenes de Estado (MOVICE) para el 6 de marzo, Día Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado, se ha construido en torno a la denuncia de esta Ley. ¿Qué valoración haces?

– Esta Ley lo que va a hacer es legalizar el despojo de la tierra a manos de los paramilitares. Está elaborada sin la participación de las víctimas y no ofrece seguridad a las personas que quieran reclamar sus propiedades. Esto último es una burla al sentido común, ya que estas tierras cayeron en manos de paramilitares que están vinculados con graves violaciones de derechos humanos. En este sentido, tal y como denuncia el MOVICE, más de 70 líderes de tierras han sido asesinados durante el gobierno de Santos. Por otro lado, en virtud de diversas disposiciones legales del gobierno colombiano, se les estará entregando a multinacionales mineras en concesión el 59 por ciento del territorio para la explotación de nuestras riquezas, lo que traerá más muerte y destrucción al país y a los territorios habitados por los pueblos indígenas.

– ¿Cuáles son los impactos de estas empresas transnacionales?

– Las comunidades más afectadas son las indígenas, campesinas y afrodescendientes. Sus impactos, especialmente en la minería y los agrocombustibles, se están intensificando a causa de la decisión del gobierno de poner en marcha la “locomotora mineroenergética”, que, bajo la pretensión de mejorar las condiciones de vida de las comunidades, sacará la riqueza y aumentará la violencia, la pobreza y la depredación sin crear desarrollo sostenible. Por si esto fuera poco, con la firma de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea aumentarán los ataques a los derechos humanos. Los poderes económicos buscan estratégicamente generar conflicto dentro de los territorios causando desplazamientos, asesinatos y persecuciones con el fin último de generar un clima de militarización que legitime en cierto modo la ocupación militar de inmensos territorios donde las empresas transnacionales puedan operar impunemente.

– ¿Qué supone esto para los pueblos originarios del Cauca?

– Ahora lo que buscan es incrementar las exploraciones y explotaciones de los recursos naturales (minerales, energéticos y acuíferos), afectando sobre todo a los sitios sagrados, como lagunas o bosques, que suponen la vida y pervivencia de nuestros pueblos. En el departamento del Cauca, por ejemplo, hay solicitadas en concesión 772.000 hectáreas para la explotación de los recursos naturales. Se degradará el terreno, se contaminarán los mantos acuíferos y se perderá biodiversidad. Además, se está violando el derecho fundamental a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, reconocida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 21 de la Constitucional y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

– ¿Cómo están organizados los pueblos originarios para defenderse de estas agresiones?

– Formamos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a más del 90 por ciento de las comunidades indígenas de este departamento. En la actualidad representa a 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos correspondientes a los ocho pueblos indígenas del Cauca. Los reconocidos oficialmente son el Pueblo Nasa, Yanacona, Eperara-Siapirara (SIA), Misak (Guambiano), Kokonuko, Ingas y Totoroez; mientras que los que están en reconstrucción identitaria son el Pueblo Kisgo, el Ambalo y el Polindara. En los espacios de decisión colectiva se definen políticas y se proyecta qué hacer en lo económico, social, cultural, territorial, ambiental y jurídico. Uno de los instrumentos de defensa es la Guardia Indígena del Cauca, que se concibe como un organismo ancestral propio y un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. Surge para defenderse de manera pacífica y mediante la resistencia civil de todos los actores que agreden sus pueblos. Usan como única “arma” su “chonta” o bastón de mando, que le imprime un valor simbólico. También realizan labores humanitarias: búsqueda de personas desaparecidas, liberación de secuestradas y detenidas, acompañamiento y apoyo permanente a los cabildos, traslado de heridos y primeros auxilios, protección de lugares sagrados y seguridad en movilizaciones, marchas, congresos y asambleas permanentes.

– ¿Cuáles son las condiciones para una paz justa en Colombia?

– Es una pregunta muy complicada de responder. Como pueblos originarios agrupados en el CRIC, el primer paso es que haya una salida política y dialogada de la insurgencia con el gobierno colombiano, con participación activa de la sociedad y organizaciones de base, para que no se construya algo sin fundamento y sin futuro. Se debe cumplir la Constitución, garantizar los derechos en lo territorial, la salud, la educación y las comunicaciones, así como en el reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas y a sus formas propias organizativas y de gobierno.

– Colombia lleva “en crisis” más de 500 años… ¿Cómo ves la crisis que padece Europa?

– Parece algo premeditado desde los mercados, que ahora tienen que implementar políticas de invasión y nuevas conquistas para sostener su modelo neoliberal y capitalista. El genocidio, saqueo, despojo y sistemática violación de los derechos van a ser más potentes. Como pueblos indígenas pensamos que este sistema es perverso en sí mismo, insostenible: está basado en la explotación irracional de recursos y la Madre Tierra no va aguantar más barbarie contra ella. Afortunadamente, los pueblos cada vez cogemos más fuerza y colaboramos con otras organizaciones que están a favor de construir un modelo de desarrollo más justo y sostenible, que no dilapide los recursos y agote el planeta sin dejarle nada a las futuras generaciones.

– ¿Cuál es tu opinión sobre el tratamiento informativo del conflicto que se hace tanto en Colombia como en el Estado español?

– Los medios de comunicación masivos (televisión, radio y prensa) obedecen a un interés capitalista y de los grupos de poder. Por eso mismo no visibilizan la realidad del país, las violaciones de derechos humanos y las infracciones del DIH constantes en toda Colombia, sino que cumplen una función narcotizante. Pretenden mantener a la población adormecida con publicidad y entretenimiento.

– ¿Cuál es la alternativa comunicativa de los pueblos originarios del Cauca?

– Al hacer un balance de cómo aparecemos los pueblos indígenas en los medios masivos en Colombia llegamos a la conclusión de que somos totalmente invisibles. Por eso es tan importante construir espacios que permitan visibilizar nuestros procesos y denunciar la situación de derechos humanos. En este sentido, hasta el momento en el Cauca tenemos trece emisoras indígenas, diversas páginas web, el periódico Álvaro Ulcué y un sistema autónomo de edición de vídeo para mantener informadas a nuestras comunidades y construir un discurso propio. A nivel nacional nos coordinamos 34 emisoras indígenas. Sin embargo, estos logros son difíciles de mantener. No tenemos una política pública de comunicación indígena y no existe reconocimiento ni respeto de nuestros sistemas de comunicación propios por parte del Estado. Además, la sistemática persecución que vivimos los y las comunicadores indígenas hace nuestra labor cada día más difícil.

– Has residido con otros dos defensores en Euskadi gracias a un programa de protección temporal. ¿Qué valoración haces?

– Creemos que es fundamental para la denuncia, para la visibilización de nuestros procesos organizativos, conseguir ayudas políticas de las organizaciones sociales y los gobiernos. Permite blindar tanto personal como colectivamente a nuestros pueblos, contribuyendo a que el gobierno colombiano se implique más en el cumplimiento de los derechos humanos al sentirse observado por la comunidad internacional. La mirada internacional permanente es prioritaria para la pervivencia de nuestros pueblos originarios y otros sectores sociales. Este programa también nos ha permitido contactar con otras realidades y otras experiencias de resistencia a nivel global, algo muy útil para ampliar nuestros análisis y orientar nuestras luchas.

– ¿Qué esperas, una vez ya en Colombia, del acompañamiento de las organizaciones que os han recibido en Euskadi?

– Nos gustaría contar con una solidaridad política y permanente para la visibilización y denuncia de los tratados de libre comercio y de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados (FARC, ELN, paramilitares y fuerza pública) que libran la guerra en los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes. Esperamos que en el futuro nos apoyen en el fortalecimiento de nuestros procesos organizativos y que nos ayuden a romper con cierta visión victimista. Es importante que la sociedad sepa que estamos construyendo país con nuestras propias formas de ver el mundo, que respete y garantice el futuro de nuestros niños y niñas.


Jorge Lago Ruiz. Paz con Dignidad / Kolektiba Colombia.

Este artículo ha sido publicado en el nº 51 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Segundo Trimestre de 2012


Programa de Protección Temporal para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Gobierno Vasco

En marzo de 2012 regresaron a su país los tres activistas colombianos que habían sido acogidos temporalmente en Euskadi por Kolektiba Colombia (red formada por CEAR Euskadi, Mugarik Gabe, Paz con Dignidad y la Plataforma de los Abrazos) en el marco de un programa de protección que cuenta con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Como parte del trabajo de presión y observación internacional hacia el gobierno colombiano, varias entidades vascas de solidaridad iniciaron una serie de contactos en 2010 que permitieron la puesta en marcha de este programa de protección. Aunque esta iniciativa nació con la intención de ofrecerse a las personas amenazadas en cualquier lugar del planeta, durante el primer año se circunscribió, y no por casualidad o capricho, al país sudamericano. Por el momento ha podido dar cobertura a tres de las numerosas candidaturas analizadas, lo que en definitiva no supone sino un mínimo exponente de los cientos de organizaciones y movimientos sociales colombianos que trabajan en la defensa de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, y que por su actividad vienen siendo perseguidas.

Durante un semestre (septiembre de 2011 – marzo de 2012) se completó el proceso de acogida de estas personas tanto en el ámbitojurídico como en el del acompañamiento psicosocial. Se organizaron actividades con diversos agentes sociales vascos (Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos, ONGD, ararteko o defensoría del pueblo, etc.) para que las personas participantes pudiesen poner rostros a la situación cotidiana que padecen las organizaciones de derechos humanos en Colombia.

Se contó con la colaboración de un comité de selección formado por representantes del Gobierno Vasco (Dirección de Derechos Humanos y Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, entre otros) y de organizaciones sociales vascas significadas (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa, Centro Social Ellacuría, Coordinadora de ONGD de Euskadi y Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz). Todo ello ha permitido enriquecer enormemente la red de organizaciones sensibilizadas con la situación que se vive en Colombia.


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