Miles de personas son expulsadas cada año de España en menos de 72 horas desde la detención

Sin elección ni despedida: deportación en clase turista

Despertar, vestirse, salir a comprar el pan. Miedo. Ir a trabajar, coger el camino más largo, esquivar las estaciones de transporte público. Miedo. Pasear, tomar algo, disfrutar. Miedo. Hablar con gente, pedir indicaciones, hacer amigos. Miedo. Oír sirenas, ver luces azules. Escapar. Desconfiar de todo el mundo, encerrarse en casa, mirar adelante, hacia atrás, a izquierda y a derecha al caminar, tocar madera, rezar, y tratar de pasar un día más. Suspirar: hoy no será. El asiento 23 del avión HK145 destino Senegal no tiene nombre.

La historia:
“Decidí quedarme, ese fue el pecado que cometí”.

El día 22 de febrero de 2014 sí tuvo nombre. No iba a Senegal, sino que volaba rumbo a Colombia. Querton Hurtado fue expulsado tras cinco años en España. Vivía con su pareja desde hacía un año, trabajaba como profesor de capoeira y realizaba labores de voluntariado. Nunca olvidará el engaño de la policía que le hizo ir a comisaría[1], donde lo detuvieron. Tampoco las 48 horas que pasó en un calabozo sin poder despedirse de su familia y amigos. Su caso representa a los 6 869 inmigrantes que fueron expulsados en 2015, según recoge el Informe anual de la Defensora del Pueblo en su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Argelia[2], Guinea Bissau[3], Ecuador[4], Colombia[5], República Dominicana[6] y Marruecos son sólo algunos de los países en África y América Latina con los que España tiene un acuerdo bilateral de readmisión[7] (que, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR), incluye compromisos de cooperación recíproca entre la Unión Europa y sus socios de terceros países para facilitar la expulsión de personas en situación de irregularidad administrativa-. A todos ellos podrían salir – y salen – vuelos. Aviones en los que el número de policías dobla al número de pasajeros y las mantas huelen mal. Los vuelos no son por ocio: son vuelos de deportación. Los pasajeros no se van de vacaciones: están siendo arrancados del que ya consideraban su país, España.

Los “vuelos de la vergüenza”, término acuñado por las ONG, no son una novedad. En 1985, con la aprobación de la Ley de Extranjería (LOEX)[8], las medidas de control de los flujos migratorios quedaron recogidas y firmadas. Treinta y dos años después, España, junto con los demás países de la Unión Europea, sigue gastando miles de millones de euros en reforzar vallas, construir muros y expulsar a quienes consiguen traspasarlos (como los 72 millones que invirtió el Ministerio de Interior de España de 2005 a 2013 en blindar las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla[9]). No importa el quién, ni el cómo, ni a costa de qué; se trata de llenar vuelos, cumplir con las cuotas de detención y quedar bien con Europa. “La opinión pública, en general, lo ve con buenos ojos y, ante Europa, el Gobierno puede sacar pecho y decir, «mira, yo controlo mis fronteras»”, afirma Miguel González, abogado del Centro Ellacuría, sede del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Bilbao.

26 491 personas fueron expulsadas en avión entre enero de 2010 y diciembre de 2014, según los datos del Gobierno, a través de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, también, desde comisaría, en lo que se ha bautizado como expulsiones exprés, expulsiones que se realizan sin tener que pasar por un CIE, en un máximo de 72 horas. Esta es ahora la cuestión en la que movimientos sociales ponen el foco, ya que hasta el año 2012 la preocupación central fueron los CIE. Pero las cifras hablan por sí solas, y se aprecia claramente que, como mecanismo de privación de libertad con el fin de llevar a cabo la expulsión, han perdido efectividad, y las expulsiones desde instalaciones policiales, 6 462 en 2013, ya superan notablemente a las realizadas a través de estos centros, 4 726 en el mismo año.

La situación:
Construí una vida y, de repente, me la arrebataron a la fuerza y sin siquiera hacer un análisis de lo que estaba haciendo”.

La Circular 6/2014 de la Dirección General de la Policía[10] indica que se debe valorar la situación personal, familiar y social del ciudadano extranjero antes de decidir solicitar su ingreso en un CIE a fin de ejecutar una orden de expulsión. No se especifica si dicho procedimiento es aplicable a su vez a las expulsiones exprés, pero es precisamente esto lo que más denuncian los abogados,  los movimientos sociales y las propias personas migrantes: “Una de las maneras de parar una deportación es interponer ante el juez un recurso que demuestre el arraigo de esa persona, pero a veces no se consigue porque es muy rápido”, asegura Miguel González.

Voluntariados en diferentes ciudades de España, organización de un Encuentro Internacional de Capoeira, participación en representaciones en mercados, clases de danza. Cinco años trabajando en el país, integrado en la sociedad, con amigos, pareja y una estabilidad a la que sólo le faltaba un para cerrar el trámite que aseguraría la pertenencia de Querton a España. “Construí una vida y, de repente, me la arrebataron a la fuerza y sin siquiera hacer un análisis de lo que estaba haciendo”. Ninguna de estas cosas se tuvieron en cuenta en su caso: “Es realmente injusto que hagan esto a una persona que está aportando, que trata de mejorar comunidades del país con su conocimiento, tiempo y energía”, declara desde Medellín en una video llamada por Skype.

A pesar de que, en muchas ocasiones, se han conseguido evitar expulsiones alegando el arraigo de la persona, como afirma Andrés García Berrio, abogado en IRIDIA(Centro por la Defensa de los Derechos Humanos de Barcelona) y activista de Tanquem els CIEs, ese derecho queda totalmente desprovisto de efectividad cuando la persona es expulsada por la comisión de un delito. “Si las penas son orientadas a la reinserción, no tiene sentido que impongan una doble condena. Este fenómeno está dándose mucho y estamos tratando de cambiarlo”. Tras la expulsión, estas personas se encuentran con un país con el que, aparte de la nacionalidad, no tienen el más mínimo contacto ni vínculo, perdido al cumplir una pena en España. Santiago Yerga, abogado de la organización Pueblos Unidos, cree que sería una prueba de madurez de la sociedad española que se pudiera dar una respuesta más idónea a este tipo de situaciones.

A lo que sí se da respuesta por parte del Gobierno es a las posibles maneras de ser expulsado por avión: de forma masiva con los vuelos macro o de manera individual con los vuelos comerciales. En ambos se vulneran derechos humanos, tal y como denuncian organizaciones como El Ferrocarril Clandestino o Stop Deportación, pero es en los macro en los que se empieza a centrar la atención desde el 2014, principalmente, por el vacío legal que supone la novedad de las expulsiones exprés. “Es verdad que el CIE es un lugar mucho más visible, que hemos conseguido poner en el centro del debate pero, en realidad, no es el que articula la política migratoria; está articulada en torno a los vuelos de deportación”, informa Irene Ruano, miembro del colectivo Stop Deportación de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE.

El artículo 19.1 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea[11] y el artículo 4 del protocolo 4 al Convenio europeo de derechos humanos[12] rechazan las deportaciones colectivas de personas. Sin embargo, es la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX)[13] la responsable de la organización (en coordinación, en cada caso, con dos o más Estados europeos) de los vuelos de deportación con varias escalas en Europa, donde más inmigrantes son introducidos en el avión y devueltos a su país de origen, lo que le ha supuesto a la UE un gasto de 11 300 millones de euros desde el año 2000, cifra recogida en el proyecto periodístico de investigación, realizado por periodistas de 15 países europeos y coordinado por la agencia de periodismo de datos Journalism++, ‘The Migrant’s Files (Los expedientes de los migrantes)’[14], sobre el coste humano y financiero en los últimos 15 años de la UE en sus fronteras.

Mientras que la propia agencia expresa en su misión que gestiona las fronteras europeas en línea con la mencionada Carta de derechos fundamentales de la UE[15], sólo en el año 2014 organizó 134 deportaciones colectivas. “Ellos dicen que no es una devolución colectiva porque hay un procedimiento independiente de expulsión para cada persona”, explica Andrés García. “Es el argumento que ellos dan, pero, obviamente, queda mucho por explorar”.

Las compañías aéreas:
“No se me va a olvidar nunca el nombre de Air Europa”.

En este entramado destaca un agente que hace posible los vuelos de deportación: las compañías aéreas. En España, son Air Nostrum y Barceló Viajes (anteriormente fueron Air Europa y Swift Air) las encargadas de realizar un cometido que poco tiene que ver con la imagen habitual de estas empresas: ocio, vacaciones, turismo y un sentimiento de libertad. Al igual que Querton, muchas personas llevarán grabado en su retina el logo de estas compañías de por vida; una vida arrebatada que ahora coge forma en un país ajeno. “No se me va a olvidar nunca el nombre de Air Europa”, asegura.

Vidas que cuestan 11,8 millones de euros. Esta es la cantidad que el Ministerio de Interior ofrece en concurso público a cambio de que las empresas adjudicatarias asuman estos vuelos durante un periodo de 18 meses. Y eso es lo que harán Air Nostrum y Barceló Viajes entre mayo de 2017 y octubre de 2018. Aunque no se recogen datos en el pliego de licitaciones ni en el acuerdo que firma la compañía sobre el número de vuelos a realizar, sí que se aprecia, explica Irene Ruano, que hay cierta periodicidad o se cumple cierto patrón. “Hay nacionalidades con las que es más factible hacer un vuelo macro y juntar a cincuenta personas”, informa, “y de las que más personas se deportan por vuelo son Nigeria, Malí y Colombia”.

Los derechos humanos parecen ser siempre una de las primeras preocupaciones de empresas a lo largo y ancho del globo, y así lo reflejan de cara a sus clientes. Air Europa no se queda atrás. En su Memoria de Responsabilidad Social[16] informa de su adhesión en 2012 al Pacto Mundial de Naciones Unidas, comprometiéndose a cumplir con los diez principios fundamentales que forman parte de su Política Corporativa. Los principios 1 y 2 hacen referencia a los derechos humanos que tan cuestionados son en la práctica de los macro vuelos. En la misma memoria garantiza la transparencia en la información que ofrece, a pesar de que la empresa mantiene un acuerdo de confidencialidad con el Ministerio del Interior que impide obtener información directa de su parte.

Otra manera de realizar las deportaciones es en vuelos comerciales, situación que se presenta de manera repentina para los pilotos encargados del vuelo. Su responsabilidad no es baladí: ellos tienen la última palabra al decidir si el vuelo, con un pasajero que viaja en contra de su voluntad, despega o se queda en tierra. Y en este caso, la compañía puede ser cualquiera a la que el Gobierno decida comprar un billete. Situación bien diferente a la que se encaran los pilotos de los vuelos macro, a los que, junto a la tripulación, “se les ofrece la posibilidad de hacer los vuelos, obviamente con una contrapartida económica muy interesante, y estos pueden rechazar la oferta”, asegura Ruano.

Situaciones límite:
“Si te van a arrancar de tu familia y te van a enviar a otro sitio, es normal que actúes con rebeldía”.

Osamuyi Aikpitanyi, Semira Adamu, Marcus Omofuma, Joseph Ndukaku, Jimmy Mubenga, Aamir Mohamed Ageeb. Seis nombres tachados. Seis personas que perdieron su vida durante alguno de los vuelos de deportación organizado por FRONTEX en la Unión Europea. En uno de los que salía del aeropuerto de Barajas, sin apenas haber abandonado el espacio aéreo español, fue Osamuyi Aikpitanyi el que perdió la vida. Un nigeriano al que los agentes de la Policía pusieron un pañuelo en la boca, razón que le ocasionó la muerte en un vuelo de Iberia en 2007.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) defiende en una respuesta por correo electrónico que, “en ningún caso”, las muertes tuvieron lugar por una cuestión de mala praxis policial. Sin embargo, en el propio Protocolo de actuación en repatriaciones del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se recoge el listado de las posibles medidas inmovilizadoras que pueden tomarse, algunas  de las cuales han estado directamente relacionadas con las causas de los  fallecimientos durante los vuelos. A este respecto, Elena García Cazorla, la abogada de oficio que llevó la defensa del trámite de la expulsión de Aikpitanyi, admite que las medidas inmovilizadoras utilizadas por los agentes han mejorado en los últimos años, opinión que secunda Santiago Yerga. “Las técnicas de inmovilización han ido mejorando, si cabe decir que una técnica tal puede mejorar”, explica, “pero hay un componente importante de estrés que provoca el llevar a cabo una expulsión en esas condiciones”. En el protocolo de la Policía se hace hincapié en que “en ningún caso, la aplicación de las medidas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado”[17]. “Pero las posibilidades de inmovilización están ahí”, explica Irene Ruano.

Durante el vuelo:
“Si me volviese a pasar creo que no reaccionaría tan tranquilo, sería algo más valiente, aun sabiendo que me podrían golpear”.

 Querton guardó la compostura, a pesar de ser experto en artes marciales. La brusquedad que ejercieron sobre él no alteró su tranquilidad; quiso luchar contra todo con argumentos, denunciar la injusticia y no rebelarse en ese momento. “Me estaban violentando, estaba en mi derecho de defenderme, pero si hubiese sido violento todo iba a estar mucho más en contra. Si me volviese a pasar no reaccionaría tan tranquilo, sería algo más valiente aun sabiendo que me podrían golpear”. Él vio como agredían físicamente a algunos compañeros al asumir una postura de rebeldía, aunque no fue su caso, y cree que, sin tratar de justificarles, la costumbre que crea la rutina de las deportaciones, caracterizada por una resistencia por parte de las personas deportadas que genera conflictos, hace que los agentes adquieran una postura de frialdad y brusquedad: “No les importa si alguien está muerto de hambre, si tiene fiebre o si tiene que ir al baño. Son muy fríos, muy déspotas”.

En relación con las numerosas denuncias por malos tratos durante los vuelos de deportación que han sido enviadas a las ONG, tal como recoge el Informe ‘CIE y expulsiones exprés’ de la Organización Pueblos Unidos, Irene Ruano asegura que hay policías que tienen un comportamiento más tranquilo y otros que tratan peor verbal y físicamente a las personas. “Es bastante aleatorio, no siempre actúan igual”. Lo que sí parece normativo en todas las deportaciones es el acompañamiento de dos policías por persona y las manos atadas e inmovilizadas.

Las dificultades no terminan aquí. El avión llega a su destino, pero no a las casas de las personas deportadas. Muchas de ellas se encuentran lejos de sus hogares, sin recursos y sin poder contactar con nadie, abandonadas e impotentes en un país del que llevan años apartadas.


Nerea Gutiérrez es graduada en Periodismo por la UPV-EHU. Sigue formándose con el fin de utilizar la comunicación como herramienta para denunciar las desigualdades y promover el cambio social.


 NOTAS:

[1] Querton fue detenido en comisaría, donde acudió tras una llamada en la que le citaban para regularizar su situación. Las llamadas de la policía para poner en orden algún papel son una de las medidas que utiliza el Gobierno para detener y, posteriormente, expulsar inmigrantes, evitando así tener que llevar a cabo redadas en las calles.
[2] Protocolo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular sobre circulación de personas (Argel, 31 de julio de 2002). Ver en: www.boe.es.
[3] Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau en materia de inmigración (Madrid, 7 de febrero de 2003). Ver en: www.boe.es.
[4] Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios (Madrid, 29 de mayo de 2001). Ver en: www.boe.es.
[5] Aplicación provisional del Acuerdo entre España y Colombia relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales (Madrid, 21 de mayo de 2001). Ver en: www.boe.es.
[6] Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales (Madrid, 17 de diciembre de 2001). Ver en: www.boe.es.
[7] Listado de convenios de readmisión de personas en situación irregular del Gobierno de España. Ver en: www.extranjeros.empleo.gob.es
[8] LEY ORGANICA 7/1985, de 1 de julio sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Ver en: www.boe.es
[9]
“Interior gasta 72 millones de euros en las vallas de Ceuta y Melilla desde 2005” (Europa Press, 10 de septiembre de 2014). Ver en: www.europapress.es
[10]
Circular 6/2014 de la Dirección General de la Policía (Madrid, 11 de julio de 2014). Ver en: www.parainmigrantes.info
[11]
Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (Niza, 7 de diciembre del 2000). Ver en: www.europarl.europa.eu
[12]
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales (Madrid, 17 de diciembre de 2001). Ver en: www.boe.es.
[13] Misión y tareas de la agencia Frontex. Ver en: www.frontex.europa.eu.
[14] Informe ‘Los expedientes de los migrantes’ (Journalism++). Ver en: www.themigrantsfiles.com.
[15] Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma, 4 de noviembre de 1950). Ver en: www.echr.coe.int
[16]
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (Air Europa, 2014). Ver en: www.aireuropa.com
[17]
Protocolo de actuación en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima (Madrid, septiembre de 2007). Ver en: www.reicaz.org.es


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