Luchas campesinas e indígenas en defensa de la madre naturaleza y la vida frente a empresas transnacionales

Desde hace muchos años en Guatemala se vienen realizando luchas en defensa de la madre naturaleza y el territorio de los pueblos originarios. Actualmente esta tierra está siendo afectada por el impulso de monocultivos, hidroeléctricas y minería, impactando en la organización social de los pueblos y alterando nuestras formas de vida comunitaria. Por ello luchamos por la fundación del Estado plurinacional de los pueblos.

Consulta Comunitaria de Buena Fe en contra de megaproyectos extractivistas en Huehuetenango. Fotografía: Javier González.

A inicios de 2016 el Gobierno del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, presidido por Jimmy Morales Cabrera y Jafeth Cabrera Franco como vicepresidente, asumió el poder político del Estado tras la crisis político-institucional de 2015, dando continuidad a un Estado en el que existe una maquinaria política, ideológica y militar articulada para mantener el sometimiento de nuestros pueblos en el territorio de Guatemala.  Así, apostando por una lógica de la economía totalmente mercantilizada, en la que las leyes se adecúan para facilitar el impulso de megaproyectos extractivistas de despojo de nuestros elementos naturales de vida, los Gobiernos han generado las condiciones para que las transnacionales puedan explotar y saquear nuestros territorios, no importando los costos sociales, medioambientales y económicos.

Además, actualmente Guatemala tiene firmados varios tratados de libre comercio, con EEUU y la Unión Europea entre otros, lo que facilita la entrada de transnacionales con total libertad y la violación de derechos humanos. Así, el Estado ha propiciado las condiciones jurídicas a las transnacionales para patentar y registrar (incluso concesionando los derechos colectivos) los sistemas de tenencia de las tierras ancestrales, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, sin que estas tengan conocimiento al respecto.

Despojo extractivista en un modelo neo-autoritarista

En 2015 Guatemala tenía registradas un total de 342 licencias de exploración y explotación de minería vigentes y otras 552 en trámite. Una brutal situación ante la que las comunidades han desarrollado Consultas Comunitarias de Buena Fe, un mecanismo de defensa del territorio ancestral reconocido por el convenio 169 de la OIT, a través de las cuales han expresado su total rechazo a la imposición de estas concesiones mineras.

Se trata de luchas justas y legítimas, y de derechos ya reconocidos por las leyes del país a través de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, o la Declaración sobre Derechos Universales, entre otros. Siendo ilegal cada una de las licencias mineras otorgada violando el derecho de consulta a los pueblos indígenas.

En Retalhuleu la población de los municipios de El Asintal y Nuevo San Carlos está siendo gravemente afectada por la construcción de hidroeléctricas: “El Manantial”, propiedad Jack Irving Cohen Cohen; “La Libertad”, propiedad del Héctor Leal Pivaral; y “El Prado”, propiedad de Oscar Berger Perdomo (expresidente de Guatemala). Megaproyectos que en la práctica suponen la apropiación de los ríos Nil, Xab y Ayal, principales subcuencas de abastecimiento de agua para consumo y servicio humano, para la generación eléctrica; no generando ningún beneficio para las comunidades afectadas y provocando además pérdida de ecosistemas, biodiversidad y un inminente peligro de inundaciones.

En 2014 se realizó una primera denuncia por la degradación del agua, y en 2016 se consiguió que los viceministros de Energía y Minas y el MARN elaborasen un informe en el que se reconocen los daños ocasionados por la construcción de las hidroeléctricas, pero no se específica ninguna acción para revertirlos ni obliga a los propietarios a repararlos.

Paralelamente, la expansión de los monocultivos de caña de azúcar está afectando a esta región. Situación ante la cual 18 comunidades de Champerico especialmente damnificadas convocaron a los representantes de los ingenios azucareros para exponerles sus problemas e informarles de su firme decisión de no permitir la siembra de caña debido a que los pozos de agua de uso familiar se están secando, al deterioro de las tierras por el uso de agrotóxicos, el desperfecto de las carreteras y la aparición de enfermedades por la zafra.

Las comunidades muestran su compromiso por continuar su lucha por el respeto a la vida, los derechos humanos y la defensa del territorio, exigiendo al Estado la suspensión inmediata y definitiva de este tipo de megaproyectos en sus territorios. Sin embargo el Gobierno, en complicidad con las empresas, ha intensificado la criminalización, represión, judicialización y persecución contra una población que lucha por la defensa del territorio, los derechos humanos, el agua, los bosques, la biodiversidad y en definitiva, la vida.

Estos megaproyectos son implementados a través de una política de intimidación y criminalización contra los movimientos sociales y mediante el encubrimiento de las violaciones de los derechos de los pueblos. Política que se refleja en la remilitarización del país. Así por ejemplo, en la región de Ixquisis (San Mateo Ixtatan) las comunidades sufren un permanente hostigamiento por parte del Ejército, que bajo el pretexto de estar construyendo infraestructuras controla y amenaza a la población mediante disparos por la noche, la presencia de soldados en escuelas y carreteras, etc. A pesar de que según la Constitución su única función es vigilar las fronteras del país.

A esta conflictiva situación hay que sumar la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos mediante procesos planificados de acusación y persecución judicial. Esta estrategia ha provocado centenares de órdenes de captura y procesos penales contra líderes y lideresas sociales y la existencia de presos políticos, todavía hoy en día en prisión. Se trata de batallas jurídicas pero también políticas que han generado una amplia y profunda solidaridad nacional e internacional hacia los pueblos de Guatemala.

Mención especial merece la lucha de las esposas de los líderes criminalizados. Como ellas dicen “siempre hemos estado a la par de nuestros esposos, ahora estamos en su defensa”.  Así, estas mujeres se han convertido en defensoras de la vida al mismo tiempo que han tenido que resolver su alimentación y la de sus hijos e hijas.

El Estado plurinacional como alternativa

Además de las acciones de resistencia ya mencionadas hay que destacar la propuesta integral construida por los pueblos mayas en Guatemala articulada en la construcción de un Estado plurinacional que no solo reconozca que coexistimos varias nacionalidades con derecho a nuestras propias culturas, cosmovisiones, espiritualidad y por la reconstitución de nuestros territorios; sino que se convierta en un ejercicio de autodeterminación política, económica, jurídica, espiritual, cultural, etc. Un proceso emancipatorio de los pueblos para avanzar hacia el buen vivir. Todo ello en un contexto de severa crisis socioambiental que ha desencadenado una pérdida irreversible de la biodiversidad que nuestros ancestros han cuidado
a lo largo generaciones.

La fundación de un Estado plurinacional está basada en las demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew, que abordan siete puntos importantes:

    • Derecho al territorio y derechos de la Madre Tierra: reconocer a la madre tierra como sujeta de derechos, tiene vida y da vida, que no debe ser violentada, ni saqueada.
    • Derecho a la libre determinación, autonomía y fundación del Estado Plurinacional, con respeto a las diferentes nacionalidades que convivimos en esta madre tierra.
    • Desarrollo del sistema jurídico de los pueblos indígenas y construcción del pluralismo, tomando en cuenta los diversos sistemas jurídicos, así mismo la aplicación de justicia.
    • Ejercicio pleno de todos nuestros derechos, ya que mientras haya una transición del Estado actual a un Estado plurinacional, todas y todos tenemos derechos al acceso de los servicios del Estado actual.
    • Un Estado con una visión desmercantilizada y que apueste por una economía para la vida, para un desarrollo real de los pueblos de Iximulew.
    • Fortalecimiento de nuestras culturas, cosmovisiones e identidades como pueblos indígenas, reconociendo el derecho a tener nuestras propias formas de ver la vida y la espiritualidad para la reconstitución del ser originario de nuestros pueblos.

Ceiba, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad. Guatemala. @AsociacionCEIBA.

Artículo publicado en el nº72 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2016.


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