Ciudad de México debate el reconocimiento de la prostitución como trabajo en su Constitución Política

La propuesta del gobierno de la Ciudad de México de incluir la prostitución como “trabajo sexual voluntario y autónomo” en la Constitución Política de la capital ha abierto un debate sobre las consecuencias que tendría el reconocimiento de la explotación sexual en un documento inspirado en los principios de los derechos humanos. Aunque se trata de una discusión aún no resuelta en el interior del movimiento feminista, la polémica ha permitido posicionar en la agenda pública los diferentes argumentos y, sobre todo, visibilizar las situaciones que enfrentan las mujeres que terminan ejerciendo la prostitución.

La controversia comenzó con la presentación de la propuesta oficial del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. En el artículo 15, dedicado a asuntos laborales, se incluía un literal para “reconocer y proteger el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”. Fue a partir de la publicación de este borrador que los movimientos de la sociedad civil tuvieron constancia de la intención del gobierno capitalino de elevar a rango constitucional, por primera vez en el mundo, este reconocimiento. La discusión pública del documento ha permitido enfrentar argumentos a favor y en contra que transcienden el debate de la regulación para posicionar otros temas, como la precarización del trabajo en México y el espejismo de la libertad en la toma de decisiones en un contexto neoliberal y patriarcal.

Quienes exigen la retirada del literal advierten de la contradicción que existe en reconocer en un mismo texto la explotación sexual y los derechos humanos en los que se inspira la Constitución Política. Los instrumentos internacionales de los derechos humanos, recuerdan, nombran a esta actividad como prostitución y nunca como trabajo sexual. Además, la Ciudad de México no cuenta con la competencia para la regulación del ámbito laboral, que recae sobre el Estado Federal, de manera que la inclusión del apartado completo sería inconstitucional.

Juan Fender.

La presentación de la propuesta suscitó la implicación de asociaciones y movimientos sociales, organizaciones profesionales y miembros de la academia, donde existen posiciones divididas. Desde los planteamientos abolicionistas se indica que la propuesta oficial recoge un posicionamiento identificado con quienes denominan como “feministas neoliberales”, aquellas que, reconociendo la existencia del patriarcado en el marco de un sistema neoliberal, apuestan por la regulación como vía para la adquisición de derechos por parte de las mujeres que realizan la actividad sexual de manera voluntaria y autónoma. Para éstas, las posiciones abolicionistas se sostienen en el tabú de la sexualidad y defienden el derecho de las mujeres a obtener ingresos económicos a partir de la utilización de su cuerpo, insistiendo en su desvinculación y diferenciación de las situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual. Se trataría, entonces, de aceptar la libertad individual para ejercer de manera voluntaria y libre un trabajo que, bajo esta posición, es equiparable a otro cualquiera.

El argumento que defiende la voluntad individual es rebatido por tratarse de un “espejismo”, ya que en sociedades en las que existen relaciones jerárquicas de dominación, difícilmente pueden evitarse los condicionantes que determinan la toma de decisiones. Jennifer Ann Cooper, economista feminista profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que no se puede hablar de libertad en un mercado plagado de distorsiones, en el que la oferta es predominantemente femenina y la demanda masculina, y donde no existen condiciones de igualdad en la compra-venta del servicio sexual.

Para esta economista feminista, parte del grupo de académicas que piden la retirada del literal, es necesario relacionar el aumento de la oferta y la demanda de servicios sexuales con las políticas neoliberales que en México han producido altos niveles de desempleo, contención salarial y precarización en la obtención de ingresos que, a su vez, son causa de una crisis de los cuidados y una desintegración de las redes sociales de apoyo a las familias. Desde esta perspectiva también se critica la relación entre trabajo y derechos de la ciudadanía, tal y como plantean desde las posiciones regulacionistas, ya que el reconocimiento de derechos debe ser universal y no dependiente de un estatus como trabajadora. Además, se cuestionan si la obtención de derechos vinculados a la ciudadanía laboral realmente permitiría la mejora de condiciones en un mercado laboral caracterizado por una alta precariedad y donde cada vez menos trabajadores y trabajadoras son dadas de alta en la Seguridad Social.

Desde las posiciones abolicionistas admiten que la actividad sexual es una vía de ingresos para las mujeres que ejercen la prostitución –aunque se preguntan a qué precio-, pero, sobre todo, es la actividad que sostiene a una industria que mueve millones de dólares y que como negocio, principalmente beneficia a las clases económicas que en este momento obtienen sus ganancias de la explotación sexual. La regulación de los servicios sexuales fortalecería a una industria que ya existe, pero que con la normalización de su actividad podría operar abierta y legítimamente.

El mito de la decisión libre

Lucía Lagunes es una periodista feminista que desde hace años investiga las circunstancias que llevan a mujeres con perfiles muy diversos a terminar ejerciendo la prostitución en la Ciudad de México. A partir de los testimonios recogidos, Lagunes llega a una firme conclusión: “La prostitución no es una decisión libre. Las mujeres recurren a ella por las condiciones sociales y económicas que les llevan a ese lugar”. En La Merced, un barrio popular cercano al centro histórico, la vida gira en torno a los cientos de puestos que ofrecen todo tipo de productos y servicios, incluidos los sexuales. Las mujeres que allí ejercen la prostitución no están vinculadas a clubs, lo que no impide la existencia de un gran negocio alrededor de la explotación sexual que cercena la supuesta autonomía que pudieran tener como trabajadoras. Según explica Lagunes, las mujeres deben pagar constantemente para poder realizar su actividad: al vendedor que le cede un espacio en la calle junto a su puesto, al hotelero que le permite dormir en la habitación después de acabar el servicio, al policía que cobra la extorsión semanal… Y, por supuesto, al “padrote” que se lleva el dinero que ellas reúnen después de una jornada en la que pueden llegar a mantener hasta quince o veinte encuentros.

La periodista mexicana cuenta cómo el relato de mujeres que salieron de la prostitución es coincidente respecto a las estrategias del padrote: “Ellos las enamoran con regalos y muestras de cariño. Las embaucan, les dicen que con la prostitución pueden ganar mucho dinero sin tener un jefe… Después, aparece una supuesta enfermedad para la que necesitan dinero, y al final, algunas cuentan que estuvieron en esa situación por amor”. En otros casos, la cadena de deudas que se va creando impide romper con la explotación y, lo que en principio era una solución temporal a una emergencia económica, se acaba convirtiendo en una trampa con difícil salida.

Juan Fender.

Estas experiencias de vida, afirma Lugones, están muy lejos del “trabajo sexual voluntario y autónomo” que pretende reconocer la Constitución. “Ninguna de estas mujeres llegó a la explotación sexual teniendo como elección una carrera profesional o la prostitución. Llegaron por una serie de factores sociales y económicos que las fueron orillando”.

Diagnosticar la situación en Ciudad de México

Uno de los problemas fundamentales en este debate es la ausencia de datos que permitan analizar con rigurosidad la situación de la prostitución en la Ciudad de México. Desde los colectivos contrarios a la regulación, demandan, en primer lugar, la retirada del literal, y después, la elaboración de un diagnóstico que clarifique bajo qué condiciones se realiza la prostitución en la Ciudad de México y, a partir de ahí, proponer las posibles soluciones para un problema de enorme complejidad. Entre ellas, la no criminalización de las mujeres que ejercen la prostitución; la exigencia de que el Estado asuma su función con políticas públicas; crear oportunidades a las mujeres para el ejercicio del derecho, e impulsar investigaciones que visibilicen las demandas de las mujeres para evitar la realización de políticas públicas en las que no se tenga en cuenta la experiencia de quienes han terminado en la prostitución.

En las próximas semanas, la Asamblea Constituyente continuará con las discusiones sobre los puntos que deben ser incluidos en esta Constitución Política. El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se aprobó por mayoría que la propuesta de considerar la prostitución como trabajo lícito fuera debatida con mayor profundidad y detenimiento en próximos debates. Las posiciones dentro de la Asamblea también están divididas, aunque solo serían necesarios 57 votos a favor para que la propuesta oficialista se incluyera en el texto constitucional.

De momento, el debate continúa abierto. Lo importante, afirman desde el abolicionismo, es que los argumentos feministas planteados desde la ética y los derechos humanos sean tomados en cuenta y que en la decisión final no terminen imponiéndose los intereses económicos de la industria proxeneta.


Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.


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