Entrevista a Ana G. Aupi: “El tejido social se está reconstruyendo mediante el afecto y la confianza, por encontrarnos y reconocernos, esta es la batalla sutil que hemos ganado, donde prevalece “la defensa de la vida” y el Buen Viv

Del 24 al 28 de octubre se celebró en Bilbo el Festival Internacional Cine Invisible, organizado por KCD-ONGD, en el que se estrenó el documental “Y lo que nos queda”, que rescata las voces de la resistencia de las comunidades afectadas, y en especial de las mujeres, ante la imposición de un proyecto hidroeléctrico de una empresa española en Santa Cruz Barillas (Guatemala), en el marco de un nuevo modelo de penetración transnacional que se está imponiendo en el país. Aprovechando la estancia de Ana G. Aupi, una de las directoras del documental, nos reunimos con ella para entrevistarla.

– Uno de los objetivos principales del documental es visibilizar la lucha de las comunidades y denunciar las violaciones de DDHH cometidos por esta empresa, ¿Cómo se ha acogido el documental en el festival?

– Por un lado el documental tiene el objetivo de retratar y visibilizar a las esposas de los presos políticos como presas políticas, porque ellas están haciendo un trabajo para la resistencia que no se ve, no queda en ningún lugar, que en ocasiones ni tan siquiera es suficientemente valorado por las personas que comparten espacio político con ellas. Los presos políticos sufren mucho, pero si logran sobrevivir a ese momento luego tienen un lugar de reconocimiento; sin embargo las esposas sufren también esa prisión y se reconocen como presas políticas, pero no tienen ese reconocimiento.

En ese sentido una de las partes del documental puede ser un poco reiterativo, pero el motivo es que todas las esposas tenían que salir para contar su verdad y su trabajo, para así tener un lugar. Y además de que las vea todo el mundo es importante que ellas mismas también se vean ahí; y cabe decir, fue muy bonito cuando ellas mismas se vieron en la pantalla.

Por otro lado efectivamente el segundo objetivo es denunciar todo lo que está pasando y generar mecanismos de presión para que no haya impunidad en casos como el de esta resistencia. También hacer presión para que los presos políticos salieran de la cárcel, que justamente lograron salir de la cárcel un poco después.

Que este festival haya dado la oportunidad de acercar su valentía, su dulzura… en definitiva su lucha por la vida, ha sido muy bonito. Y la respuesta fue preciosa, porque a pesar de ser lunes a las 10:15 de la noche la gente se quedó al debate, indignándose, preguntando. Había personas en resistencia de Perú, Honduras, y otros países, y eso multiplica la lucha.

 – El documental aborda la conflictividad surgida a partir de la llegada de una empresa española al nor-occidente de Guatemala, concretamente a Barillas (Huehuetenango) para la construcción de una hidroeléctrica hace alrededor de 10 años. ¿Cómo se da la llegada de esta empresa a Guatemala y qué estrategias utiliza para implantarse en el territorio?

– Hidralia en realidad forma parte de una red de cerca de 40 empresas propiedad de la familia Castro Valdivia, la cual estuvo vinculada al Partido Popular y es conocida en Galiza como “los reyes del kilowatio”. Llega a Guatemala a finales de 2006, en un momento en el que tiene varios procesos judiciales abiertos en Galicia en el marco de una trama energética por delitos de cohecho y prevaricación entre otros.

Protesta . Fotografía de Ricard Busquets.

Protesta pacífica de las comunidades de Barillas. Fotografía de Ricard Busquets.

A pesar de esto la empresa llega a Guatemala y cuenta con el apoyo de la patronal guatemalteca y de la Embajada de España en el país. Posteriormente, ya en territorio de Barillas y sabiendo del rechazo de la población ante este tipo de proyectos, inicia el falso discurso de ser una empresa guatemalteca (a través de su subsidiaria Hidro Santa Cruz) y querer comprar tierra para la producción de cardamomo o de café.

– ¿Cuál fue la respuesta por parte de las comunidades?

– Se trata de poblaciones que llevan siglos de resistencia a diferentes guerras y cuidando el territorio. Antes de que Hidralia hiciera presencia en el territorio de Santa Cruz Barillas, en el 2007 la población organiza una Consulta Comunitaria de Buena Fe, procedimiento avalado por el Convenio 169 de la OIT, en la que prácticamente el cien por cien de los personas participantes se oponen a la minería y a la explotación de los bienes naturales. Actividad a la que se va dar seguimiento a través de diversos memoriales, actas comunitarias, manifestaciones, etc., mostrando rechazo y resistencia frente a este proyecto que se ha mantenido hasta hoy día.

Una de las expresiones más significativas en este sentido y que ya lleva más de 3 años de lucha es la resistencia pacífica de “Nuevo Amanecer”, mediante la toma de un camino comunitario que da acceso a las instalaciones de la empresa hidroeléctrica. Toma que implica una organización de turnos, de personas que en apoyo han venido desde diferentes territorios y que deben conciliar con sus propias vidas y el cuidado de sus familias.

Pero hay que aclarar que cuando hablamos de resistencia no nos referimos solo a recibir golpes o aguantar la pobreza. La resistencia está llena de dignidad, de contenido, de memoria, de sabiduría, de cosmocimiento, de otras maneras de entender la realidad en definitiva. ¿Cómo puede encajar el modelo extractivista cuyo único interés es la especulación y el lucro económico con un modelo que está cuidando algo que considera sagrado? ¿Cómo van a entenderse? En primer lugar nunca ha existido intención de escucha por parte de la empresa, las supuestas mesas de diálogo ya estaban manchadas de sangre antes de ser convocadas, ya había muertos y mujeres violadas; y en segundo lugar una mesa de diálogo no tenía legitimidad cuando ya había habido un Consulta Comunitaria de Buena Fe.

– En definitiva nos encontramos con un contexto en el que en un territorio determinado, donde la llegada de una empresa privada genera una conflictividad social que se ha traducido, entre otros impactos en asesinatos, detenciones ilegales, etc.?

– Así es, pero hay que dejar claro que esta conflictividad es generada por la empresa al querer imponer su proyecto y violar los derechos de las personas que viven en ese territorio. La presión de la empresa sobre la población va en aumento mediante el uso de la violencia, las amenazas y la criminalización de los líderes y lideresas locales. Así, en 2009 comienza las primeras judicializaciones por el caso de la quema de maquinaria de la empresa, donde todas las personas presentes indican que fueron los propios empleados de la empresa quienes incendiaron esa maquinaria.

Posteriormente, en enero del 2012, hay un punto de inflexión importante: la toma de posesión de Otto Pérez Molina, ex general de brigada retirado y vinculado al caso de genocidio en los 80, actualmente en prisión por casos de corrupción en su mandato. Un mes después de su llegada a la presidencia hace público un “mapa de gobernabilidad” en el que el Gobierno señala los lugares, en su opinión, no gobernables del país, y que coincide con los mapas de gran riqueza de bienes naturales y con los lugares donde se cometieron masacres en las décadas anteriores, lo que nos puso en alerta a los movimientos sociales.

En este contexto, el 1 de mayo, día de la festividad de Santa Cruz de Barillas, en un intento de asesinar a Pablo Antonio, líder comunitario y uno de los protagonistas del documental, asesinan a Andrés Francisco Miguel y resultan heridas otras 2 personas, lo que provoca un conflicto en el que el Gobierno declara el Estado de sitio ilegal, emite órdenes de captura y detiene a los primeros 8 presos políticos de Barillas con cargos que van desde plagio o robo de armas hasta actos de terrorismo.

El análisis que hacemos de todo esto es que se trató de un ensayo de penetración de empresas transnacionales, fue un ejercicio de prueba-error para la incursión de transnacionales mediante la aplicación de nuevas estrategias y métodos que después hemos podido ver como se han aplicado en conflictos como el de La Puya o San Marcos, donde se aplica un modelo neo-autoritarista que entra en conjunción con condiciones materiales facilitadas por el gobierno de turno, de alto carácter militarista, respaldado vínculos de alto nivel con el empresariado español y guatemalteco.

De esta manera nos encontramos con una alianza de un autoritarismo de nueva índole que se imponen en un territorio y que deriva en violaciones de derechos humanos como asesinatos, secuestros, torturas, violaciones sexuales y un largo etc. No es que la violencia sea un daño colateral sino que es parte del modus operandi, es parte de la política interna de Hidralia. Un ejemplo de ello es que sus responsables del área social y del área de comunicación sean ambos ex altos cargos del Ejército (Juan Garrido y Jesús Moratalla), y ambos están denunciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y vinculados a casos de alto nivel. Su trabajo en Barillas, como expertos en inteligencia, se centraba en tratar de comprar líderes comunitarios y generar división comunitaria.

Todo esto se ha traducido en una violencia, que ha ido en aumento, y en una fortísima criminalización social hacia las comunidades de Barillas, con diferentes casos de presos políticos que ha sido muy complicado sacar de la cárcel, y que sólo ha sido posible gracias al apoyo de sus mujeres, de las comunidades y de las organizaciones sociales. Otro hecho destacable y que visibiliza la violencia ejercida por la empresa es el secuestro en 2013 de Daniel Pedro, otro de los líderes en la lucha contra la minería y las hidroeléctricas, que apareció 12 días después asesinado y con señales de tortura.

– ¿Qué papel ha jugado el Estado de Guatemala y los medios de comunicación del país?

– Desde la firma de los acuerdos de “pacificación”, así prefiero llamarlos, se generan una serie de condiciones de privatización que facilitan la incursión del neoliberalismo en Guatemala derivando hoy hasta el punto de que el propio gobierno tiene programas que ponen literalmente a Guatemala a la venta ofertándola como si se tratara de “una gran finca”. Este modelo no incursiona con Otto Pérez Molina, pero la diferencia con otros gobiernos anteriores si radica en una serie de condiciones que éste brinda a las empresas privadas en forma de garantías para sus proyectos. Por ejemplo, hemos visto a los carros de Hidralia custodiados por la policía del Estado, cosa que no había sucedido con gobiernos anteriores.

sd. Fotografía de Ricard Busquets.

La población de Barillas reclama la validez de las Consultas Comunitarias de Buena Fe. Fotografía de Ricard Busquets.

Otro aspecto a destacar en este sentido en Guatemala es el auge de las empresas de seguridad privadas con militares retirados en sus filas, lo que en mi opinión es la expresión del paramilitarismo en Guatemala. El propio Gobierno de Otto Pérez tenía 7 de sus principales carteras en manos de exmilitares. Esto, junto con esas empresas de seguridad privada, genera condiciones de una nueva forma neo-autoritaria de plantear el desarrollo y el territorio.

– ¿Actualmente cómo se encuentra el caso?

– El 22 de julio fueron liberados los últimos presos políticos, y a esto hay que darle el valor que tiene, porque ha supuesto un gran esfuerzo, desgaste y enfermedades para las familias y para las personas que consideramos que esto era parte de nuestro quehacer, aportando cada quien desde el lugar y la posición que tiene. Ha sido agotador pero se ha logrado, y eso es algo que hay que subrayar. Ese es un primer punto.

Por otro lado, la empresa es cierto que no puede acceder al cauce del río Q’amb’alam debido a que la resistencia sigue activa, pero tampoco se ha marchado del territorio barillense, ni de Guatemala, su licitación sigue activa y además hemos podido mapear como el INDE continua concediéndole proyectos en Guatemala, por lo que a pesar de no estar produciendo megabytes en Santa Cruz de Barillas, tampoco debe de estar teniendo grandes perdidas económicas.

No hemos ganado pero no hemos perdido, esa podría ser la conclusión. Me gusta pensar que hay una batalla sutil que hemos ganado, aunque no forme parte de la historia oficial: y es que después de tanto dolor, de tanta infiltración y desconfianza, después de tanto muerto y tanta impunidad, hemos logrado reconstruir confianza entre nosotras y nosotros. Ese objetivo que tenía el genocidio de la ruptura del tejido social, que es el mismo que tienen la imposición de este tipo de megaproyectos por la fuerza con el último fin de obtener beneficio privado y extranjero, no lo han alcanzado. El tejido social se está reconstruyendo mediante el afecto y la confianza, por encontrarnos y reconocernos, esta es la batalla sutil que hemos ganado, donde prevalece “la defensa de la vida” y el Buen Vivir”.

– Este caso se engloba en lo que algunas personas expertas denominan una “guerra silenciosa” que enfrentan cientos de comunidades, en su mayoría indígenas, por la defensa de la vida y de su territorio frente a empresas transnacionales con el apoyo de los Estados de turno, en una etapa del capitalismo en la que demanda cada vez más materias primas, algunas de ellas escasas. ¿Cuál es la situación de esta “guerra silenciosa” en Centroamérica?

– El caso de Barillas no es un caso aislado, son cientos de megaproyectos que pretenden generar las condiciones de infraestructura necesarias para la circulación del capital. Hidro Santa Cruz se presenta como una pequeña hidroeléctrica, declara inicialmente un patrimonio 5.000 quetzales (500 euros), pero posteriormente recibe financiamiento de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), además de ser apoyada por toda la infraestructura estatal, al enmarcarse en los grandes proyectos de interconexión eléctrica del antiguo Plan Puebla Panamá, hoy conocido como Plan Mesoamérica, en su sección energética, SIEPAC.

Además, Santa Cruz Barillas está atravesada por el proyecto de megacarretera de la Franja Transversal del Norte –FTN- , corredor transnacional que atraviesa de este a oeste el norte de Guatemala. Y para más inri, tiene otorgada una licitación petrolera sobre el 80% de su territorio de la empresa Petróleo Limited.

En el caso de Guatemala además venimos de un enfrentamiento armado abierto que teóricamente finalizó en 1996, y hubo un intento de reconstruir un Estado que nunca generó las condiciones necesarias ni cumplió prácticamente nada de todo aquello a lo que se comprometió. La guerra terminó en el 96 pero la guerra “sucia” no ha terminado. Data de centenares de años, desde la invasión española hasta la actualidad, es un intento, como diría Javier Gurriarán, por recluir, reducir y exterminar a la parte de la población no necesaria para obtener la riqueza que hay en el territorio. Si pones un mapa de Guatemala con sus recursos y le superpones otro de masacres durante el conflicto armado ambos coinciden.

Este expolio de los recursos mediante cualquier medio se ve obviamente también en el caso de Barillas, pero también en otros cientos casos en los que hay atentados contra la vida: hablamos de asesinatos de jóvenes y de líderes y lideresas sociales, de violaciones sexuales, etc. Hoy en día en Guatemala mueren más personas por violencia que durante el conflicto armado. ¿Cómo no va a haber una guerra? Claro que la hay, pero con nuevos formatos, vías y mecanismos, como por ejemplo la impunidad. El caso de Berta Cáceres fue un golpe muy bajo para todos y para todas, por los intereses que había detrás y por lo simbólico. Fue muy amenazante y el retrato de un nivel de impunidad que les permite llegar a las empresas privadas prácticamente a donde quieran. Esta es la guerra que se está dando, en la que los estados se están desdibujando frente al poder de las empresas, en la que se firman tratados de libre comercio que permiten, por ejemplo, que corporaciones privadas denuncien a estados por cambiar las condiciones de contratos. Estamos en un momento de cambio en el que el poder político está cediendo ante el poder corporativo, y estas guerras sucias o silenciosas son parte de la estrategia de este momento.


Javier González Álvarez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.


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