Procesos relevantes de justicia transicional en Guatemala

Hace cinco meses fueron capturados 18 militares que pertenecieron a la cúpula castrense, acusados de delitos contra deberes de humanidad ocurridos durante la guerra en Guatemala, los cuales son imprescriptibles, y actualmente se siguen dos procesos judiciales que próximamente se conocerá si se abren a juicio.

Uno de estos casos es contra 10 ex comandantes y ex oficiales que pertenecieron a la Zona Militar 21, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, a quienes se les acusa de cometer desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales a mujeres indígenas en los años ochenta. Aún se encuentran prófugos ocho elementos del ejército.

Este caso es conocido como CREOMPAZ porque en el predio donde se localizaba la Zona Militar 21 hoy funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento para la Paz. En dichas instalaciones se localizaron 565 osamentas, de las que el 15% corresponden a niñas, niños y adolescentes.

Excavaciones realizadas el 11 de junio de 2012 en CREOMPAZ. Fotografía: Archivo de CALDH.

Excavaciones realizadas el 11 de junio de 2012 en CREOMPAZ. Fotografía: Archivo de CALDH.

Otros cuatro militares de alto rango en situación de retiro están sindicados también por delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, cuando tenía 14 años de edad, así como la captura ilegal, torturas y violaciones sexuales a su hermana Emma Molina Theissen ocurridas en 1981.

En la denuncia de esos crímenes se señala que la detención-desaparición de Marco Antonio fue un acto de venganza cometido por elementos del ejército debido a la fuga de su hermana del cuartel de la Zona Militar de Quetzaltenango, donde estuvo ilegalmente retenida.

Catorce de los 18 militares están ligados a proceso y privados de libertad, uno fue declarado como incapacitado mental y tres gozan de medidas sustitutivas de arresto domiciliario.

Los casos CREOMPAZ y Molina Theissen están en etapa intermedia, es decir, en el periodo en el que cada uno tiene asignado a un juez que conoce la presentación de pruebas para determinar si el Ministerio Público (MP), como parte acusadora, cuenta con los suficientes elementos para que los inculpados sean llevados a juicio.

Ambos procesos merecen la más amplia difusión ya que comprueban las denuncias de familiares de las víctimas presentadas hace más de 30 años, por lo tanto, merecen darles seguimiento y solidaridad.

Caso CREOMPAZ

Con base en documentos, testimonios y otras pruebas, las partes agraviadas de este caso aseguran que la Zona Militar 21 funcionó como un centro de detención e interrogatorio, donde mujeres fueron ultrajadas y se perpetraron cientos de ejecuciones extrajudiciales, nunca fue un cementerio, como dicen los defensores de los militares inculpados.

En el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN) existen denuncias que en su momento presentaron familiares de víctimas -tanto en la jefatura del departamento de Alta Verapaz, como en subestaciones municipales- las cuales aportan detalles como la hora y forma de la aprehensión, vestimenta y ocupación de las personas detenidas, características físicas de los captores o su identificación.

Mediante pruebas de ADN sólo se han reconocido a 128 personas, precisa la abogada Adriana Domingo Cabrera, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, pero como representante de las víctimas la acusación interpuesta es por 565 desapariciones forzadas, aunque el MP sólo lo hace por los restos identificados bajo el principio de que todo debe ser probado.

Los análisis a las osamentas demuestran que las causas de la muerte se debieron a impactos cortantes en área cervical, contusos en cráneo y en tórax y de proyectil de arma de fuego en cráneo. Como objetos relacionados a la violencia se localizaron mordazas, vendas cubriendo cuencas oculares, así como lazos atando muñecas, cuellos, tobillos.

En este caso cuentan con testimonios de quienes siendo niñas fueron violadas sexualmente por soldados en Alta Verapaz, afirma el abogado Héctor Pérez, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quien explica que estos delitos se inscriben como casos de tortura establecidos en el Derecho internacional. Con base en lo anterior, la acusación es por delitos contra deberes de humanidad que están reconocidos en Guatemala desde 1973.

El jurista detalla que en su experiencia en casos de justicia transicional las mujeres indígenas “fueron objeto de un daño más severo, no sólo por la pérdida de sus esposos o familiares, sino por el sufrimiento que padecieron sus cuerpos por los abusos y violaciones sexuales; los militares siguieron un mismo patrón para doblegarlas”.

Benjamín Manuel Gerónimo, sobreviviente de la masacre Plan de
Sánchez, quien actúa como querellante ya que su comunidad señala como presuntos autores intelectuales a ex comandantes de la Zona Militar 21, considera que es muy importante la solidaridad y el acompañamiento para seguir este proceso.

Otro querellante, Guadalupe Lucas, sintetiza el drama vivido por su familia originaria del departamento de Quiché. Explica que a raíz de la represión del ejército, a principios de los años ochenta la familia entera tuvo que refugiarse en México y cuando regresó a sus tierras ya estaban ocupadas por otras personas, por tal razón se reasentó en Alta Verapaz. Él es el único sobreviviente, porque a todos sus familiares los asesinaron y fueron enterrados en la Zona Militar 21.

Tres asociaciones figuran como querellantes adhesivas: Familiares de Detenidos Desaparecidos (FAMDEGUA), Vecinos de finca Chicoyogüito y Desarrollo Integral de las Víctimas en las Verapaces Maya Achi’ (ADIVIMA), así como la Comunidad Plan de Sánchez y la Coordinadora por la Justicia y Dignidad de Alta Verapaz (CODEVI). Además participa el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), CALDH y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos como asesores jurídicos.

En opinión del abogado Pérez, las entidades querellantes son pocas, tomando en cuenta el número elevado de víctimas.

Caso Molina Theissen

Después de más de 34 años de la detención forzada del adolescente Marco Antonio, la jueza Judith Secaida encontró indicios suficientes para ligar a proceso a cuatro militares de alto rango, quienes guardan prisión en el cuartel Mariscal Zavala.

En este caso, familiares de la víctima entre 1981 y 1983 interpusieron dos recursos jurídicos y se inició un proceso especial de averiguación. Ante la falta de resultados, en 1998 presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El proceso internacional culminó en 2004, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que condena al Estado por haber violado, entre otros, los derechos a la vida, la libertad y la integridad personales de Marco Antonio; entre otras reparaciones, le ordenó investigar, enjuiciar y castigar a quienes resultaran responsables. Pasaron más de once años para que se diera la captura de los inculpados.

Hay que tener en cuenta que la defensa de militares acusados por delitos contra deberes de humanidad, como ocurrió en el caso por genocidio contra el golpista y general retirado Efraín Ríos Montt, suele recurrir al litigio malicioso con maniobras que buscan obstaculizar y dilatar los procesos.

A decir de Lucrecia Molina Theissen, que actúa como querellante, en este proceso que lleva ya casi dos décadas, “en ciertos momentos ha sido una responsabilidad que excede nuestras capacidades de decisión e influencia. Sin embargo, sabemos que nuestra persistencia ha mantenido el caso en la agenda de la institucionalidad, de lo contrario podría no haber habido avances en la justicia”.

Relata que al ejercer su derecho a la justicia, su familia logra recuperar la dignidad, encauzar su indignación y rabia, superar la impotencia ante las afrentas sufridas y contribuir a que “en nuestro país se conozca y legitime la verdad de lo sucedido; es una muestra del amor hacia nuestro hijo y hermano, a nuestra tierra y a nuestra gente”.

En todos estos años les han acompañado juristas y personal psicólogo, el movimiento de derechos humanos nacional e internacional y han recibido la solidaridad de personas y organizaciones que anhelan justicia para Guatemala.

Acompañamiento y solidaridad

Para los casos mencionados se requiere la observación y el apoyo de organizaciones solidarias porque son crímenes que ofenden a la humanidad entera y, por tanto, no son competencia exclusiva del país donde fueron cometidos, afirma Anabella Sibrián, de la Plataforma contra la Impunidad en Guatemala (agrupación de ONG internacionales).

La entrevistada dice contundentemente que la observación internacional contribuye a la independencia de la justicia, al constituir un respaldo para las y los jueces por posibles represalias o presiones promovidas por grupos que podrían sentirse afectados, implica atestiguar que se cumpla con los estándares internacionales del debido proceso legal. De ninguna manera se pueden calificar de interferencia, asegura.

Cabe señalar que en los casos de justicia transicional cobran especial relevancia los peritajes científicos y técnicos que elaboran especialistas, los cuales tienen como función corroborar los testimonios de las víctimas, aportar al conocimiento de contextos y reforzar las vertientes de prueba.

A decir de Anabella Sibrián, el MP no siempre cuenta con los recursos necesarios para la realización de peritajes “por lo que se acude a fondos de la cooperación internacional, por tanto, el apoyo solidario se encuentra más que justificado por motivos humanitarios y de justicia universal”.

Al referirse a los casos CREOMPAZ y Molina Theissen, la analista Megan Thomas señala que en el contexto actual existe mucha presión porque los inculpados son militares que tienen peso político, por tal razón, el apoyo y acompañamiento internacional es clave, tanto para observar cómo está funcionando el sistema de justicia en las diferentes etapas de los procesos como para brindar protección a víctimas, querellantes, abogadas y abogados.

Megan Thomas señala la importancia de contar con mecanismos de comunicación a fin de dar a conocer el desarrollo de los mismos, tomando en cuenta que la publicidad de los procesos judiciales se encuentra reconocida en la legislación guatemalteca. La opinión pública tiene que estar informada del desarrollo de las diferentes etapas, “la lucha por la justicia se da en términos de mucha desigualdad porque los implicados siguen contando con respaldo de grupos que los consideran ‘héroes’ que lucharon contra el comunismo, a pesar de que son señalados por delitos graves”, resalta.

Es relevante recordar que los sindicados formaron parte de la cúpula militar de los años de la guerra contrainsurgente y algunos de ellos actualmente están vinculados al crimen organizado. A Manuel Callejas, uno de los implicados, le quitaron la visa a Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico, contrabando y violaciones a los derechos humanos.

Tal situación “trae consigo riesgos para la seguridad e integridad de jueces, juezas, fiscales, representantes legales, víctimas y testigos”, anota Lucrecia Molina Theissen, quien agrega que la solidaridad internacional es un respaldo moral para las víctimas, “simbólicamente nivela el terreno de la confrontación para la parte querellante, que generalmente está en desventaja frente a los acusados”.

En opinión de Laura Hurtado, Directora de País de ActionAid Guatemala: “Es muy importante que la comunidad internacional esté atenta y siga estos casos de cerca, que envíe misiones de observación y acompañe a las víctimas y familiares de las personas masacradas, torturadas y desaparecidas, que han roto el silencio y buscan justicia; son pasos muy importantes para la sociedad guatemalteca que lucha contra la impunidad frente a un Estado debilitado deliberadamente; el terror no ha desaparecido”.


Rosalinda Hernández Alarcón es integrante de la publicación feminista laCuerda.

Artículo publicado en el nº70 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2016.


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