América Latina: época de cambios en un cambio de época

Mar del Plata, 4 de noviembre de 2005. Argentina acoge la IV Cumbre Iberoamericana, que será recordada como la primera vez en la que América Latina se unió para rechazar los intereses comerciales de Estados Unidos. El presidente de la potencia, George Bush, asiste a las intervenciones de Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, quienes aprovechan sus turnos de palabra para alertar de las nefastas consecuencias que traerá a la región el proyecto del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El “No al ALCA” -“ALCA, ALCA, al carajo”, dirá Chávez-, no solo tuerce el plan expansionista de Washington: marca el inicio de un cambio de época en la que América Latina aspira a abandonar el papel de “patio trasero” y poner fin al tutelaje de Estados Unidos. En un discurso que escuchan miles de personas, el presidente venezolano alerta de que el entierro del ALCA es sólo una batalla ganada entre todos los desafíos pendientes hasta ver a Latinoamérica como un territorio de justicia y de paz. Chávez convocaba a las personas asistentes a “ser los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas”.

La propuesta lanzada por Chávez en Mar del Plata se concreta en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos. Un poco más tarde, las victorias de los candidatos Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador refuerzan la apuesta por las relaciones Sur-Sur y se constituye la Unión de Naciones Sudamericana (UNASUR) inspirada en el pensamiento integracionista de Simón Bolívar. Más adelante, en 2011, se crea la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que participan los treinta y tres países de la región con el fin de favorecer el diálogo y el consenso en temas de interés común.

El liderazgo y el respaldo popular de los presidentes latinoamericanos son innegables. La inversión social favorecida por el alza del precio de los commodities se traduce en la mejora de los indicadores de desarrollo, la reducción de la dramática brecha social que castiga al continente y la incorporación de millones de personas a las clases medias como resultado de la reducción de la pobreza.

Cierre de camapaña de Maduro en las elecciones de abril de 2013 en Caracas. Fotografía: Mº Cruz Tornay.

Cierre de camapaña de Maduro en las elecciones de abril de 2013 en Caracas. Fotografía: Mº Cruz Tornay.

Una década después del llamamiento de Chávez a construir una nueva historia para el continente, el proceso emancipador de América Latina no vive sus mejores momentos.

La desaparición de dos de sus grandes referentes, Hugo Chávez y Néstor Kirchner, pero también la crisis económica, la caída del precio del petróleo, el desgaste asociado a la permanencia en el poder y la reorganización de la derecha han deteriorado seriamente el proyecto integracionista. El rechazo en referéndum a la posibilidad de reelección de Evo Morales supuso un golpe al oficialismo en Bolivia. Las llegadas de Mauricio Macri a la presidencia Argentina y de la oposición venezolana a la Asamblea Nacional y, recientemente, la maniobra del senado brasileño para apartar a Dilma Rousseff del Gobierno, le han permitido a Estados Unidos la entrada de nuevos aliados en el tablero geopolítico de la región.

Del Plan Cóndor a la década de los “golpes blandos”

En la memoria de América Latina sigue vivo el recuerdo de los golpes de Estado militares que trajeron consigo años de terror, represión y el exilio forzado. Las jóvenes democracias de la región ya maduraron y se hacen necesarias nuevas estrategias para desplazar del poder a los liderazgos más molestos. En Venezuela se ha extendido el término “guerra de cuarta generación” o “guerra psicológica” para denominar a la estrategia de desestabilización basada en la manipulación mediática y los rumores y enfrentamientos en el ámbito de las redes sociales.

Para entender la amenaza sobre los proyectos enmarcados en el Socialismo del Siglo XXI es necesario hacer referencia a las estructuras de poder colonial que perviven en el continente y que explican el odio que despertó en las oligarquías de estos países la aparición de presidentes como Hugo Chávez y Evo Morales, a los que de manera frecuente se pretendía humillar con insultos racistas, o de Nicolás Maduro, despreciado por su pasado como conductor de autobuses.

La burguesía criolla nunca vio peligrar sus privilegios de clase hasta que llegaron al poder líderes que abiertamente se reconocían como parte de un proyecto transformador, bolivariano y comprometido con la justicia social. La igualdad se convirtió en la gran amenaza de quienes ostentaron el poder durante generaciones sin necesidad de pasar por las urnas, como históricamente ocurrió con las oligarquías mediáticas con capacidad para quitar y poner Gobiernos. La aprobación de leyes de comunicación dirigidas a promover la entrada de nuevos actores en el espectro radioeléctrico fue denunciada por familias que poseían hasta el 60 por ciento de las frecuencias disponibles como un ataque a su libertad de expresión.

Desde entonces, los medios de comunicación privados se han convertido en uno de los principales elementos de ataque y desgaste de gobiernos elegidos democráticamente, hasta tal punto, que el filósofo mexicano Fernando Buen Abad denuncia un “Plan Cóndor Mediático” en referencia a la estrategia diseñada para acabar con las fuerzas progresistas de la región. El golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 pasó a la historia como el primer golpe mediático por la planificación conjunta de la patronal con algunos medios de comunicación. El Grupo Clarín en Argentina; O Globo en Brasil; y Cisneros, en Venezuela, han llevado a cabo un papel más que activo en el azote diario a la gestión de la izquierda latinoamericana, en ocasiones, incluso, en sustitución de los partidos conservadores ocupados en redefinir su lugar en el nuevo contexto.

Los intentos de desestabilización han sido una constante prácticamente desde que Chávez llegara al poder en 1998 con más del 56 por ciento de los votos. Haití (2004), Honduras (2009) y Paraguay (2012), vieron cómo proyectos progresistas -en mayor o menor grado, pero legitimados en las urnas eran sustituidos de manera abrupta por una agenda, casualmente, en sintonía con los intereses de Washington.

Los ataques para destituir a Morales (2008) y Correa (2010) no dieron resultado, de manera que la ofensiva se trasladó al ámbito de la agitación social, donde la burguesía demostró una gran habilidad para movilizar a las emergentes clases medias.

Con todo, Venezuela es el país de la región que durante más largo tiempo ha soportado las agresiones a nivel nacional e internacional para acabar con el proyecto bolivariano. No se cumplía un año desde el secuestro de Chávez cuando se convocaba un paro petrolero con consecuencias nefastas sobre el crecimiento y la mejora de los índices de desarrollo que se empezaban a observar en el país. De manera más reciente, al no reconocimiento de la victoria de Maduro en abril de 2013 le siguieron los disturbios callejeros que se agravaron en febrero de 2014 y que provocaron la muerte de 43 personas, la mayoría de ellas, militares y fuerzas del orden abatidas por francotiradores o degolladas por cables dispuestos por los manifestantes.

Un nuevo contexto regional

Desde que el pasado noviembre el candidato de centro-derecha, Mauricio Macri, derrotara al relevo de Cristina Fernández en el Frente Para la Victoria, Daniel Scioli, la correlación de fuerzas en el continente se ha inclinado hacia propuestas que parecían superadas en la región. En pocos meses de mandato, Macri ha podido demostrar con el despido de miles de funcionarias y funcionarios públicos y la escandalosa subida del precio de los servicios básicos cómo la agenda neoliberal se vuelve a imponer en la nación Argentina.

El caso de la República Bolivariana de Venezuela reviste mayor complejidad desde que las fuerzas opositoras obtuvieran la mayoría en la Asamblea Nacional el pasado diciembre. La victoria de la coalición derechista fue entendida como un voto de castigo a un Gobierno que no ha sabido remediar los problemas cotidianos que padece la población. La altísima inflación, las colas para conseguir productos básicos, la escasez de medicamentos y la inseguridad son realidades que, como no podía ser de otra manera, provocan el hartazgo de la ciudadanía. Por si fuera poco, la terrible sequía que padece el país desde hace tres años dejó sin capacidad para producir energía al embalse que suministra electricidad a la mayor parte del país.

En su afán por destituir a Nicolás Maduro –“le quedan seis meses”, anunció la oposición después de conocer su victoria- la Asamblea Nacional se ha dedicado a rechazar cualquier iniciativa que proceda del ejecutivo para solventar la crisis. Sus esfuerzos se han dirigido a la puesta en marcha de estrategias, algunas de ellas sin validez jurídica, para arrebatar la presidencia a Maduro. En este momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) verifica las firmas entregadas por la oposición para una posible convocatoria de referéndum revocatorio con el que pretenden sacar del Gobierno al primer mandatario antes de que se celebren las elecciones presidenciales de 2018.

En el caso de que estos planes pudieran concretarse, la oposición venezolana debería enfrentar una situación para la que, de momento, no ha demostrado estar preparada. La necesidad de superar en votos al chavismo forzó la unión de un amplio espectro de propuestas en el marco del centro-derecha, desde aquellas que se dirigen a la captación de los sectores desencantados con el proyecto bolivariano, hasta quienes han incurrido en planes conspiratorios y golpistas, como el coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien cumple condena en la prisión de Ramo Verde. Si lograran llegar a la presidencia, la Mesa de Unidad Democrática debería demostrar si le es posible mantener en un hipotético Gobierno la supuesta convivencia que han mantenido como oposición. Hasta ahora, lo que sí han evidenciado es que tampoco ellos han tenido la capacidad de acabar con el desabastecimiento y las colas para comprar productos, por más que sus promesas electorales se centraran en los problemas económicos del país.

El último episodio de ataque a la legalidad democrática ha sido el golpe “blando” a Dilma Rousseff, quien fuera elegida presidenta de Brasil con 54 millones de votos. El Senado, en una artimaña orquestada con la complicidad de jueces y medios de comunicación, ha logrado a través de un impeachment retirar a la presidenta de su cargo hasta que se decida su responsabilidad en un caso de irregularidad fiscal que de ninguna manera amerita su destitución. Conforme se conocen más datos sobre el golpe, más se pone en evidencia los intereses de un Senado, con dos tercios de sus miembros implicados en casos de corrupción, de eliminar no sólo a Dilma Rousseff, si no de bloquear cualquier posibilidad de que el Partido de los Trabajadores (PT) revalide su victoria en la economía más fuerte de América Latina.

Lamentablemente, los organismos de la región creados, precisamente, para defender la autonomía de sus miembros, no han estado a la altura de lo que en este momento se podía exigir de ellos. Si UNASUR desempeñó un papel fundamental en el reconocimiento de la victoria de Maduro y el rechazo a los intentos injerencistas de Estados Unidos, la respuesta a la inhabilitación de Rousseff ha sido más que tibia, en consonancia con el resto de países de la región, a excepción de El Salvador y Venezuela, quienes denunciaron sin ambages el golpe de Estado perpetrado contra la presidenta brasileña.

La izquierda latinoamericana enfrenta ahora la tarea de la autocrítica. Es cierto que para las fuerzas progresistas obtener la victoria en las urnas nunca significó controlar el poder. La banca, las empresas privadas, los medios de comunicación y el poder judicial siempre estuvieron en manos de una oligarquía criolla que supo aliarse con fuerzas externas para defender sus intereses de clase. Pero también es cierto que en los gobiernos del llamado Socialismo del Siglo XXI no se supo acabar con el lastre de la corrupción, la burocracia excesiva, la dependencia de los commodities y la ascensión de una clase de tecnócratas bastante alejada de los movimientos sociales que respaldaron democráticamente las propuestas de cambio.

La situación es compleja, pero, contrariamente a los pronósticos más pesimistas, el regreso del neoliberalismo a la región no es inevitable. La movilización social es clave para impedir que el senado brasileño confirme la destitución de Dilma Rousseff, mientras que los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia aún están a tiempo de recuperar a sus votantes descontentos. De ello dependerá que América Latina siga liderando el cambio de época que hace diez años empezó a construirse en la región.


Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº70 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2016.


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