“Europa canalla, abre las murallas” o cómo la Unión Europea trata de compatibilizar lo incompatible

Los Estados miembro e instituciones de la UE han ratificado en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Nueva York y la financiación del desarrollo de Addis Abeba, comprometiéndose a cumplir con la nueva Agenda 2030 y la necesidad de “ir más allá de la AOD”, para lo que afirman que van a tratar de ayudar a reorientar los ingresos nacionales, las inversiones extranjeras y los flujos financieros internacionales a estos nuevos objetivos de lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Europa se compromete con esta revisión parcial de las propuestas de desarrollo mundial para los próximos 15 años, y trata de compatibilizarla con su agenda neoliberal capitalista, que sigue otorgando poder económico y jurídico a las empresas transnacionales[1], y que es profundamente insolidaria con el bienestar y desarrollo de los países del Sur. Algo no casa.

Esta Agenda 2030 no es suficiente, ya que no se centra en el combate de las desigualdades, y porque la agenda económica, comercial y financiera está en contradicción con los ODM/ODS. La redefinición de la gobernanza global sigue apostando por las alianzas público-privadas y las grandes empresas transnacionales, lo cual imposibilita avanzar en el desarrollo y los derechos humanos de los países empobrecidos. La solidaridad entre los Estados miembros y con los terceros países está en horas bajas, y el proyecto político de la UE está cuestionado desde diferentes sectores. La propia ciudadanía no siente la Unión como algo propio.

La insuficiente revisión del Desarrollo y de la coherencia de políticas de la UE

Desde el Tratado de Lisboa en 2009, se han revisado determinados aspectos relacionados con la acción exterior de la UE. Muchos ámbitos de la acción europea que afectan a los países socios como son la cooperación al desarrollo, la acción humanitaria, las migraciones y el asilo, la agricultura y la pesca, el medioambiente, el cambio climático y la energía, etc., van europeizándose poco a poco, a la vez que se trata de articular una coherencia de políticas para el desarrollo. La acción exterior más que contribuir a una visión alternativa al desarrollo hegemónico, se limita a que las acciones de la UE se visibilicen más por los principales organismos de desarrollo y financieros internacionales.

El consenso europeo de 2005 que alineó los objetivos de desarrollo con la agenda de los ODM, el programa para el Cambio que revisaba esta estrategia política, y el papel que la Unión ha jugado en la agenda global del desarrollo post2015 no parece que vayan a profundizar en un compromiso por un mundo más justo. El enfoque de lucha contra la pobreza adoptado no cuestiona el actual modelo de construcción europea, y sigue apostando por un modelo de globalización y desarrollo que no modifica los objetivos de crecimiento. Además, el compromiso con la coherencia de políticas tampoco parece ser muy compatible con el proyecto de integración económica y el plan europeo de inversiones de la Comisión Juncker.

La Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), no es algo nuevo para la UE. Estaba ya en el Tratado de Maastricht (1992), y el Tratado de Lisboa (2009) ha reforzado la idea que la Unión debe tener en cuenta los objetivos de las políticas europeas que pudieran afectar a los países en desarrollo. Paulatinamente, diferentes aspectos de la CPD se han ido incorporando en la agenda de la UE. La condicionalidad política y las cláusulas democráticas y de derechos humanos se incluyen en los distintos acuerdos económicos y de cooperación con terceros países. Los compromisos de la OCDE para que sus miembros incorporaran la CPD en su acción exterior se ha trasladado al ámbito de la UE. En la actualidad, la Unión tiene un programa de trabajo y un sistema de evaluación que, a través de informes bianuales, evalúa la coherencia de sus políticas comerciales, financieras, medioambientales, agrícolas, migratorias, securitarias, construcción de paz, y promoción de la democracia y los derechos humanos, con las políticas de desarrollo hacia sus países socios.

Paula Cabildo.

Paula Cabildo.

En los últimos informes de 2013 y 2015, la Comisión Europea ha destacado las mejoras en la organización institucional de la UE en torno a la CPD y, aún reconociendo que queda camino por recorrer, su valoración es positiva respecto a la coherencia de las políticas señaladas y el desarrollo de sus países socios. Sin embargo, informes críticos encargados por la propia UE, y sobre todo movimientos sociales de distinta índole en alianza con ONG, sindicatos y otros agentes sociales y universitarios, dejan al descubierto los gravosos efectos de estas incoherencias.

Las políticas restrictivas de migración y asilo, y los obstáculos y las actitudes que están tomando los Estados miembro ante la crisis humanitaria de las personas refugiadas de estos últimos dos años son una muestra de ello. La UE tiene infinidad de iniciativas e instrumentos en materia de prevención de conflictos, sistemas de alerta temprana, análisis de conflicto, y ayudas para la promoción de la democracia. Sin embargo, nuestras autoridades siguen sosteniendo a Gobiernos ilegítimos que violan los derechos humanos, siguen apoyando los intereses estratégicos de las empresas transnacionales que aspiran a controlar los recursos de los países empobrecidos, y continúan comerciando con armas con las partes enfrentadas en los conflictos desde donde huyen las personas que buscan asilo.

Lo mismo sucede en el ámbito de la política agrícola y de la seguridad alimentaria y sus efectos en los países del Sur. La sobreproducción y consumo de alimentos en la UE, el  acaparamiento de tierras por parte de las grandes empresas europeas, la destrucción de la agricultura campesina a favor del agronegocio, el fin de las preferencias comerciales a los productos agrícolas de los países socios, agudizan la pobreza, el hambre y la destrucción ambiental. Las últimas reformas de la Política Agrícola Común (PAC) han seguido las directrices neoliberales y han desoído las recomendaciones de de la OCDE y la FAO que sugerían determinados cambios para evitar peores consecuencias de este injusto sistema alimentario mundial. La PAC sigue plegándose a los intereses de los grupos de presión de las corporaciones agrícolas y del alimento. Los acuerdos de “liberalización” del comercio agrícola, la transformación de los alimentos en mercancías financieras, y la subvención indirecta a los productos agrícolas europeos no concuerda ni con los ODS, ni con las medidas y acciones que se proponen en esta nueva agenda. De forma algo más detallada, a continuación se presentan las incompatibilidades de las políticas de libre mercado, de ajuste estructural y de “regionalismo abierto” con el desarrollo de los países socios de la UE.

Paula Cabildo.

Paula Cabildo.

EPA , TTIP, TISA , Gree ngoods, AfT… o cómo cambiar todo para que nada cambie

La materialización del mercado único europeo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y la creación de la OMC en la década de los 90 han supuesto un impulso a la liberalización mundial de mercancías y servicios, salvo para los productos agrícolas y la propiedad intelectual. En este contexto, la UE decidió replantear el modelo de relaciones comerciales y de cooperación con sus países socios ACP y de otras regiones, proponiendo el tránsito del modelo de preferencias comerciales de los acuerdos de Lomé, hacia el Acuerdo de Cotonou (2000-2020) que propone la reciprocidad de las relaciones económicas y comerciales, a la vez que trata de mantener el acceso privilegiado europeo a las materias primas de estos países.

Paralelamente, la exigencia por parte del movimiento anti-globalización y algunos países perjudicados para la retirada de subsidios a los productos europeos y norteamericanos que invadían los mercados del Sur, consiguió ralentizar las negociaciones de las cumbres ministeriales de la OMC, y provocó que la UE se comprometiera con la eliminación de subsidios a las exportaciones agrícolas para el 2013. Para compensar, la UE se ha inventado un sistema de ayudas indirectas en la PAC, que continúa favoreciendo a las grandes empresas y cadenas de distribución. Se buscan nuevas fórmulas de acuerdo con sus socios (EPA con los ACP, AdA con los latinoamericanos y FTA con los asiáticos), aunque la gran mayoría prefieren seguir negociando la prolongación de los regímenes comerciales del pasado.

Esta generación de acuerdos es presentada a sus socios como una oportunidad para la construcción de mercados regionales e integración en la economía mundial, y como una nueva oportunidad para fortalecer los vínculos entre el comercio, las inversiones y la AOD europea. En realidad, con estos nuevos partenariados, la UE lo que pretende es seguir protegiendo sus productos agrícolas y sus derechos de propiedad intelectual que habían quedado fuera de la ronda de negociaciones de la OMC.

Este nuevo “regionalismo abierto” y la estrategia de crecimiento “Europa 2020” son incoherentes con las otras políticas de desarrollo y acción exterior que la Unión trata de impulsar para sus socios en el mundo y son parte de las claves de la competitividad de las empresas europeas. Mientras unos sectores están convencidos de que este modelo facilitará la integración de los países menos desarrollados en la economía internacional, desde otros ámbitos afirmamos que este modelo de relaciones comerciales e inversiones conduce a una creciente desigualdad e insolidaridad. Los EPA, AdA… y el futuro Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido como el TTIP por sus siglas en inglés) van a contribuir a perpetuar unas relaciones privilegiadas en términos de comercio e inversiones para las grandes corporaciones mundiales que operan desde la UE. Los países empobrecidos se ven obligados a subordinar y re-primarizar sus economías, sin conseguir aumentar sus ingresos fiscales, por lo que las condiciones de vida de sus poblaciones seguirán deteriorándose[2].

Esta nueva estrategia comercial e inversora de la UE se refuerza con otras modalidades de acuerdos e instrumentos de ayuda. Entre ellas destacan los TiSA o negociaciones con más de una veintena de miembros de la OMC para conseguir acuerdos sobre el comercio de servicios, o los Green Goods, acuerdos en materia medioambiental que se están negociando con más de una docena de países. Además, en la medida que la no reciprocidad en las relaciones comerciales se va limitando, las Ayudas para el Comercio (AfT) se han ido incrementando, convirtiéndose en una de las principales armas de la Unión en las renegociaciones comerciales. Una tercera parte de la AOD (aproximadamente unos 12.000 millones de euros) se dedica a apoyar las necesidades específicas del comercio y de la integración económica de los países socios. Un claro ejemplo de cómo buena parte de la AOD está supeditada a la estrategia de libre comercio, y no tanto al desarrollo humano y la agenda de la lucha contra la pobreza.

Señalar también que la UE ha desarrollado un marco de protección de los derechos de propiedad intelectual a escala internacional y una estrategia y mecanismos de ayuda para que los países socios mejoren la gestión y el control en este ámbito. Paradójicamente, esta sobreprotección de la propiedad está generando consecuencias negativas en los países más necesitados, como es el caso de las patentes de algunos medicamentos que han supuesto un serio obstáculo para que muchas personas pudieran acceder a esos tratamientos médicos.

Las negociaciones del TTIP entre EEUU y la UE también van a tener consecuencias negativas en el desarrollo de los países socios. Ante los obstáculos para alcanzar acuerdos con los socios, el estancamiento de las negociaciones en la OMC y el creciente protagonismo de los países emergentes y China en la economía mundial, la UE ha iniciado un proceso de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con EEUU. Los defensores del TTIP como un revulsivo para liberalizar el comercio mundial, para salir de la crisis económica y para la creación de puestos de trabajo, afirman que este tratado tendrá un impacto positivo en los países en desarrollo, en tanto que la UE y EEUU crecerán económicamente y demandarán productos de esos otros países[3].

Sin embargo, son muchos los elementos que apuntan que el TTIP no va a contribuir a reducir la desventajosa situación en la que se encuentran muchos países respecto a Europa y los EEUU. La rebaja de la calidad de los bienes y los servicios, el deterioro del medio ambiente, la creciente dificultad de acceso a los bienes comunes, el recorte de derechos sociales y laborales y la reducción del PIB real de muchos de los países socios de la UE, son sólo algunas de las consecuencias que se avanzan en los estudios críticos con el TTIP[4]. Tampoco las propuestas para la creación de climas de inversión y sistemas financieros estables, de alianzas público-privadas y la consolidación de sistemas fiscales nacionales que hace la UE parece que vayan a contribuir positivamente en los países socios. Los esfuerzos de los organismos internacionales para compatibilizar las actividades empresariales con los derechoshumanos y los impactos ambientales, a pesar de ser muchos, no dejan de ser anecdóticos. En la última década la UE ha puesto en marcha una infinidad de normas y medidas: la Alianza Europea para la RSC; los informes de seguimiento sobre las inversiones responsables y los compromisos empresariales en el ámbito laboral y medioambiental; iniciativas para mejorar la capacidad de gestión de los Gobiernos socios para combatir la evasión de impuestos y planes para combatir el fraude; la Iniciativa de Trasparencia de la Industria Extractiva (EITI) y la “directiva contable” que persiguen que las compañías mineras y petroleras realicen los pagos a los Gobiernos del Sur de manera transparente, y que estos los ingresen correctamente; y otras iniciativas que tienen que ver con el abastecimiento y uso sostenible y responsable de las materias primas, en concreto, las asociaciones voluntarias, planes de acción y Leyes de Bosques, Gobernanza y Comercio (FLEGT) que controlan la legalidad de las explotaciones forestales, y la reciente propuesta de ley europea para regular el comercio de minerales provenientes de zonas de conflicto.

A pesar de estas iniciativas, los propios documentos de CPD de la UE han detectado que, una de las principales incongruencias que afecta al desarrollo de muchos países, es que, mientras la AOD apoya el fortalecimiento de las capacidades fiscales gubernamentales de los países socios, un buen número de empresas asentadas mantienen sus propias estrategias de negocio que obstaculizan estos esfuerzos. Con el propósito de asegurarse el suministro de materias primas, la gran mayoría de estas grandes empresas europeas, en lugar de actuar con transparencia y compromiso con el desarrollo de esos países, siguen manipulando los precios, comerciando entre sus empresas filiales, falseando sus cuentas, evitando pagar impuestos, o directamente practicando la fuga ilícita de capitales.

Las campañas internacionales contra los EPA o contra el TTIP de movimientos sociales organizados a nivel global, la lucha de la Vía Campesina por la soberanía alimentaria, el movimiento europeo a favor de las personas refugiadas, las reivindicaciones ecologistas y feminista, etc., están contribuyendo a desvelar estas políticas contradictorias de la UE con el desarrollo de los países del Sur. Sin embargo, las autoridades nacionales e internacionales, a la vez que afirman estar revisando las políticas para reducir la pobreza y mejorar el bienestar de las personas, insisten en apostar por un modelo de desarrollo neoliberal que no hace más que profundizar en las desigualdades y en los problemas de la humanidad. En el entretanto, el grueso de la ciudadanía del viejo continente no estamos suficientemente informados de estos debates, y seguimos atrapados por nuestro miedo a la incertidumbre, así que preferimos no salirnos de nuestras zonas de confort.


Jokin Alberdi Bidaguren es profesor de Derecho de la Unión Europea en la UPV/EHU. Colabora con GERNIKA GOGORATUZ, Centro de Investigación para la Paz, HEGOA, Institutode Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional, y el Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la UAM.

Artículo publicado en el nº69 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2016.


NOTAS:

  1. Hernández Zubizarreta, J.; y Ramiro, P. (2015): Contra la lex mercatoria. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales, Icaria, Barcelona.
  2. Bidaurratzaga, E.; Zabalo, P. (2012): “Los Acuerdos de Asociación de la UE con África y América Latina: La nueva apuesta europea por Tratados de Libre Comercio con Cooperación”, Estudios de Economía Aplicada, Vol. 30-3, pp. 837-860.
  3. Bacaria, J. (1025): “El TTIP más que un acuerdo de libre comercio. Un atajo bilateral para la eliminación de las barreras al comercio frente los obstáculos del multilateralismo”, notes internacional CIDOB, 113, pp. 1-5.
  4. Raza, W.; Grumiller, J; Taylor, L.; Tröster, B.; y Von Aarnin, R. (2014): ASSES_TTIP: Assessing the Claimed Benefits of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Final Report. OFSE, AFDR, pp.1-69.

Print Friendly

Un pensamiento sobre ““Europa canalla, abre las murallas” o cómo la Unión Europea trata de compatibilizar lo incompatible”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *