Argentina: el retorno del neoliberalismo

Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2015 e inició un proceso que su Gobierno dio en llamar “de organización”, que en 60 días ha consistido en 25 mil despidos en el Estado, incorporar en puestos centrales de su gabinete y la administración pública a cargos de la dirección ejecutiva de las empresas privadas, y modificar leyes con decretos de necesidad y urgencia, aprovechando el receso parlamentario. Entre las medidas adoptadas, que son un claro retroceso de muchos de los derechos adquiridos en la última década, hay una vía libre a las fuerzas policiales para solicitar documentos en la calle, instrumentos para criminalizar la protesta, y medidas económicas que en pocos meses implicarán un aumento abrupto de la pobreza. Todo ello con un blindaje mediático sin precedentes.

Por primera vez en la historia del país la derecha oligárquica armó un partido político y llegó al poder por el voto. Lo hizo mediante la alianza Cambiemos y tras haber ocultado, en parte, que aplicaría conocidas recetas neoliberales: endeudamiento, devaluación y ajuste. Fue un triunfo basado en una excelente campaña de marketing político, sumado a la embestida de los medios de comunicación hegemónicos contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A ello se agregan los errores y los desgastes propios de una gestión de doce años del Frente para la Victoria (FPV).

El camino que Argentina comenzó en diciembre es la contraposición a lo vivido en este último período. Es un camino que tiene como correlato el modelo implantado por la última dictadura (1976-1983), el autollamado “proceso de reorganización nacional”, en el que desaparecieron 30 mil personas, y continuado en los 90 con los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando De la Rúa (1999-2001). Esa era concluyó en 2001 con una de las mayores crisis económica, social y política y 38 personas muertas en las calles producto de la represión policial. La desocupación alcanzó en 2002 el 21,5 por ciento y la pobreza abarcó a la mitad de la población argentina.

El FPV llegó al Gobierno de la mano de Néstor Kirchner en 2003 e implementó una etapa novedosa en la que las políticas públicas se centraron en el fortalecimiento del Estado y la defensa y la ampliación de los derechos y las garantías constitucionales, además de la construcción de la integración latinoamericana.

Por el contrario, en los primeros dos meses de Gobierno de Macri quedó claro que el modelo es el agro exportador primario -lo que implica la eliminación del proyecto industrializador-, inserción del país en el casino financiero global al servicio de las grandes corporaciones, y el enriquecimiento para los grandes empresarios -que ganen lo máximo posible y evadan al exterior-. Eso requiere una desarticulación brutal del estado de politización que gestó el  kirchnerismo, inutilización del sindicalismo y aniquilamiento de la organización social.

La Gendarmería reprimió a integrantes de una murga con disparos de balas de goma. Varios niños y niñas fueron heridos. Fotografía: M.A.F.I.A.

La instauración del miedo es esencial en esta trama. Esa fue la lógica para los despidos masivos o lo que explica la Emergencia de Seguridad, que permite parar a cualquier ciudadano o ciudadana en la calle a fin de solicitar sus antecedentes, lanzar operativos represivos en varios puntos del territorio nacional y el encarcelamiento de la dirigente indígena Milagro Sala.

La socióloga y ensayista María Pía López describió en su Facebook la imagen del despido y su vinculación con el temor social, que no se circunscribe a las cesanteados en la administración pública, dado que en el sector privado ha habido 23 mil personas expulsadas. “La campaña del miedo. Transcurre hora a hora. El fantasma de los despidos recorre el mundo del trabajo. No están conformes con planificarlos, los reestructuradores de empresa anuncian que vendrán y que, en el Estado, ya están las listas. La escena también se monta con precisión y las imágenes son ejemplares: guardias de seguridad, listados, la fila de personas caminando a conocer su suerte, murmurando la oración que lo ausente de la condena. A la violencia de truncar trabajos y proyectos, se le suma la simbólica: vos no entrás. Las listas constituyen una imagen poderosa y aterradora, acarrean el tufillo de la salvación o la condena”.

“¿Quién elabora una lista? Schindler y Eichmann. Es peor la amenaza que el acto brusco, devasta la resistencia, pone a las personas en capilla, las hace desear que sean “otros” los mencionados. Es la verdadera campaña del miedo. Ejercida sobre multitud de personas que necesitan sus trabajos para seguir con sus vidas, mantener sus familias, tener proyectos. Una vez más la idea de modernización funciona como coartada para una regresión profunda: situar mujeres y hombres ante la amenaza disciplinadora”, afirma.

En efecto, ese término tiene una connotación fundamental en el Gobierno de Macri, que creó el Ministerio de Modernización, a cargo de definir una reestructuración de las instituciones estatales y de establecer quién ingresa a trabajar a ellas y quién no.

En estos días, otra palabra, ya olvidada, volvió desde tiempos  noventosos para justificar despidos y desviar la atención del real objetivo de esas expulsiones, que es el desmantelamiento del Estado. El vocablo es ñoqui, que en Argentina se utiliza para hablar de aquellas personas contratadas por el Estado que no van a trabajar aunque sí asisten el día de pago: el 29 de cada mes, cuando, tradicionalmente se come esa pasta. El discurso oficial estigmatiza a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras como ñoquis y le adosa el rótulo de militantes políticos, en especial del kirchnerismo.

Algo de esto dijo justamente el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien se refirió solo a los cesanteados en los ministerios -el resto de los miles de personas despedidas desempeñaban funciones en municipios de todo el país y en otras dependencias-. “Al 31 de enero se identificaron casi 6.200 contratos que no se renovaron o se cancelaron producto de distintas situaciones; primera y obvia, gente que no iba al lugar de trabajo, otros que concurrían en horarios acotados y otros que pertenecían a movimientos sociales y políticos, a la militancia”, dijo.

A ello, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de Buenos Aires, Oscar de Isasi, respondió en declaraciones al sitio Contexto: “esto no es más que una caza de brujas. Están empezando a desenmascararse; comenzaron con lo de los ‘ñoquis’, ahora continúan con esta persecución política. En el fondo,lo que quieren es achicar el Estado.  Achicar la planta de personal. Lo que están haciendo es un ajuste que es descargado sobre los trabajadores. También sobre los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El partido del orden

“Cambiemos tiene poder económico. A partir de acá es que consigue poder mediático -define la línea editorial quien fija la pauta publicitaria- y poder judicial -tradicionalmente, los jueces son designados por el poder económico y la “familia judicial” es de procedencia oligárquica y clasista-. Su poder político se construye con los otros tres: económico, judicial y mediático. No necesitan grandes partidos ya que sus ideólogos y comunicadores son los periodistas. Al ser el partido del orden, son conservadores en su ideología y su discurso está centrado más en el sentimiento que en programas de acción o movilización. La masa no debe movilizarse. La imagen y el sentimiento operan sobre el sentido común instalado por la clase dominante”, explicó el sociólogo y docente de la Universidad de Lanús, Artiz Recalde.

Este especialista consideró que “están expulsando trabajadores con dos finalidades: evitar la pluralidad de opiniones del Estado y generar desempleos para bajar salarios. Las justificaciones actuales sobre los despidos son similares a las resultantes de las privatizaciones de los años noventa”.

Y añadió: “un pueblo no se conduce con prebendas y la organización popular no va a desaparecer por no manejar el Gobierno. Es por eso que tienen que debilitar a los sindicatos con el desempleo y reprimir violentamente cuando sea necesario”. En ambos planos está avanzando el oficialismo para contener una situación potencialmente explosiva.

Por un lado, Macri se reunió a mediados de febrero con los principales dirigentes sindicales -muchos de ellos conocidos por su indulgencia ante el avance neoliberal de los 90-, a semanas del inicio de clases y del comienzo de las negociaciones paritarias entre los gremios y las entidades patronales. De la reunión, de la que no participaron los estatales ni sindicatos kirchneristas, salieron todos conformes. Resultó llamativo el silencio ante los despidos y ante el “techo” de aumento de salarios que el Gobierno intenta: 20/25 por ciento. Los y las docentes reclaman entre 35 y 40, tras la devaluación del 40 por ciento y anuncios de incrementos de servicios (electricidad 500 por ciento y gas 250 por ciento).

El otro plano es el de la represión. Con el decreto de la Emergencia de Seguridad la policía tiene rienda suelta. Los patrulleros no cuentan con identificación ni tampoco los agentes, un hecho que rememora la dictadura militar. Y, en efecto, se replican los casos de “aprietes” policiales, persecuciones, criminalización de la protesta y represión.

Macri decretó la Emergencia de Seguridad y permite a las fuerzas de seguridad demorar a la ciudadanía para averiguar antecedentes. Fotografía: M.A.F.I.A.

Macri decretó la Emergencia de Seguridad y permite a las fuerzas de seguridad demorar a la ciudadanía para averiguar antecedentes. Fotografía: M.A.F.I.A.

Cambio rotundo en el rumbo económico

El economista Ernesto Mattos consideró que la situación “es explosiva en los sectores de bajos ingresos, que destinan el 75 por ciento de sus ingresos al consumo de alimentos y transporte. En ese sentido, los aumentos en los alimentos, especialmente en la carne, están afectando la capacidad de consumo de los trabajadores. Por ahora hay un salario con capacidad de compra. Pero los recientes aumentos en tarifa y de la nafta serán en marzo”.

Hay otro factor que impactará en la economía del país y que está vinculado a un cambio rotundo en la relación con las instituciones financieras y las negociaciones con los llamados fondos buitre. Mattos precisó que “los bancos volverán a ser los grandes beneficiados por las comisiones por hacer acuerdos de endeudamiento. Y, por otro lado, habrá que esperar la reacción del 93 por ciento de los acreedores que había aceptado una quita de capital e intereses con el Gobierno de Néstor Kirchner y que en la actualidad Mauricio Macri solo ofreció una quita sobre intereses del 25 por ciento. Esto podría desatar una serie de cuestionamientos por parte de los acreedores”.

Las medidas del Gobierno apuntan directamente a frenar el consumo y liberalizar la movilidad de capitales. “Los aumentos de precios y la devaluación -que impacta en los productos importados-, junto con el endeudamiento, cierran justo con las medidas pedidas por el FMI en distintos países”, afirmó Mattos.

Milagro y la murga de los niños

De todos los casos de persecución y represión que circulan por redes sociales, aunque no por los medios masivos de comunicación, hay dos que alcanzaron trascendencia internacional.

Uno es el de la líder de la organización Tupac Amaru y diputada por el Parlasur, Milagro Sala, apresada el 16 de enero por encabezar un campamento frente a la gobernación de la provincia de Jujuy que exigía que el gobernador Gerardo Morales, de Cambiemos, la recibiera. La protesta de la Tupac -organización nacional con 70 mil afiliadas y afiliados, cuya sede central se encuentra en Jujuy- se había iniciado el 13 de diciembre y el 14 Morales ya había presentado una denuncia en contra de Sala por “instigación a cometer delitos y tumulto”. El juez Gastón Mercau dictó a fin de enero la excarcelación pero abrió otra causa por “fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión”, todo ello en base a otras presenpresentaciones realizadas por el gobernador.

En la primera etapa de su encarcelamiento, Amnistía Internacional manifestó en un comunicado que del acta de arresto “surge que se la acusa a Milagro Sala de liderar la ocupación de lugares públicos, restringiendo la circulación de vehículos. De este modo, se la criminaliza a ella por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y a la protesta”.

Otras voces fueron la del papa Francisco, quien expresó su preocupación y a mediados de febrero le envió un rosario al penal de mujeres en el que se encuentra. “En las últimas semanas se criticó peyorativamente en algunos medios y en las redes sociales a diversas organizaciones y a sus líderes, con el serio riesgo de generar un clima hostil e intolerante. Mediante insultos, basados en noticias sin chequear, se usan como ‘chivos expiatorios’ a algunos líderes sociales, sin mencionar a quienes se enriquecieron a costa del Estado incrementando escandalosamente sus patrimonios personales o empresariales. Debemos cuidarnos de no caer en lo que Francisco llama ‘sutil xenofobia’, bajo el noble ropaje de lucha contra la corrupción o el clientelismo”, dijo el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Eduardo Lozano, en una nota para el diario local La Nación.

También el arco político opositor y el mismo Parlasur pidieron y exigieron en vano su liberación. La Tupac Amaru es un símbolo de dignificación de la ciudadanía que se encontraba en la pobreza absoluta y que con esta dirigente al frente de los proyectos y el apoyo del Estado nacional logró construir escuelas para 2.500 alumnos y alumnas, dos centros de atención sanitaria, 1.500 viviendas -que dieron empleo a 4.000 personas-, una fábrica textil y una de bloques de construcción, y un parque acuático.

El otro caso de gran significancia y espanto de los vividos desde diciembre es la represión a niños en la villa -barrio empobrecido con viviendas muy precarias- 1-11-14, ubicada en la capital argentina. La gendarmería -fuerza de frontera que también cumple tareas de seguridad interior- entró en la noche del 29 de enero al barrio y atacó con balas de goma a los integrantes de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” mientras ensayaban para los carnavales. Varias personas resultaron heridas, muchas de ellas niños y niñas. Las imágenes de sus cuerpos perforados por estos proyectiles son aterradoras, además de la filmación en la que se escuchan los gritos de los menores de edad y los de los adultos: “hay criaturas acá”.

El Gobierno nacional no sancionó a los agresores. Muy por el contrario, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, se sacó fotos con dos de los gendarmes que resultaron heridos esa noche.

Tanto las fotos como la filmación y la indignación popular circuló principalmente por las redes sociales y sitios de internet que comienzan a cobrar fuerza en el camino de una información alternativa que rompa el cerco mediático que protege al presidente.

El blindaje informativo que permite todo

Este cerco se debe a una alianza de fondo con el grupo mediático Clarín, dominante en la Argentina desde que, con un pacto con la dictadura cívicomilitar, se quedó con la única empresa que fabrica papel para diarios, mediante acciones que están denunciadas en sede judicial como delitos de lesa humanidad.

Con centenares de medios entre radios, diarios, canales de TV abierta y de pago, portales y revistas, Clarín encabezó a la corporación mediática que exaltó los ocho años de gestión de Macri como alcalde de Buenos Aires, disimuló sus yerros y censuró denuncias de corrupción.

Combinando esto con un ataque sin descanso al Gobierno de Fernández de Kirchner, el presidente en ejercicio paga ahora las deudas: modificó por decreto, usurpando facultades legislativas, la Ley de radio y televisión, para permitir que Clarín pueda tener aún más medios y expandirse también en el negocio de la televisión paga. A la vez, crea las condiciones para que la misma empresa se haga fuerte como proveedora de telefonía y de internet.

El control de la información y de contenidos culturales junto con la represión en las calles resulta fundamental para imponer el modelo agroexportador primario que pretende el Gobierno. Porque necesita a una Argentina no pensante, no sesuda, una Argentina lavada y sin memoria.


COMUNA es una agrupación de comunicadores de todo el país que aboga por la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada.

Artículo publicado en el nº69 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2016.


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