Ecuador: El difícil reemplazo del liderazgo de Rafael Correa

Ecuador ya tiene fecha para su próxima cita electoral. El 19 de febrero del próximo 2017, la ciudadanía ecuatoriana deberá decidir si continúa apoyando el proyecto de la Revolución Ciudadana, o seguir la dirección que han tomado países como Argentina o Venezuela. La renuncia del presidente Rafael Correa obliga a la oposición a un cambio de estrategia que hasta el momento se había centrado en el ataque a la figura del primer mandatario, mientras que el oficialismo debe solventar los impactos de la crisis económica que afectan a la población.

La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional permitió la aprobación el pasado diciembre de un paquete de enmiendas constitucionales entre las que se encontraba un polémico artículo sobre reelección indefinida de cargos elegidos por votación popular. Durante más de un año, la propuesta del oficialismo fue utilizada como elemento de ataque hacia la figura del presidente Correa, al que se acusó de buscar la manera de perpetuarse en el poder. Además, el texto que modificaba el artículo 144 de la Constitución sería presentado en bloque junto a otras catorce enmiendas sobre salud, comunicación o servidores públicos, lo que generó una nueva crítica de la bancada opositora, que desde un principio exigió que la reelección se decidiera a través de una consulta popular.

Paula Cabildo.

Paula Cabildo.

Los votos de los casi cien asambleístas de Alianza País permitieron la aprobación de la enmienda, pero con una transitoria propuesta por el presidente Correa que dejó fuera de juego la estrategia de la oposición: el derecho a la reelección indefinida entraría en vigor a partir de mayo de 2017, por tanto, aquellos servidores que contaran con dos mandatos en el cargo, incluido el presidente, no podrían proponerse como candidatos en los próximos comicios. Desde varios meses atrás, el primer mandatario había manifestado que sólo renovaría su candidatura en el caso de que la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana se viera amenazada y, a pesar de las denuncias del intento de desestabilización que se escondía tras las protestas del pasado 2015, la oposición aún no logra presentar un proyecto y un candidato que suponga en este momento una alternativa real.

La ausencia del liderazgo de Correa, quien también anunció su traslado temporal a Europa por motivos familiares, aún no ha sido aprovechada por el resto de partidos que en todo este tiempo centraron su discurso en la crítica y el desgaste de la figura del presidente. Sin una candidatura clara por ninguna de las partes, la oposición se habría marcado como objetivo aumentar su presencia en la Asamblea Nacional para después presionar al ejecutivo, en una estrategia similar a la del bloque de la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela.

La oposición a la izquierda del oficialismo

La victoria del movimiento Alianza País y la llegada a la presidencia del Ecuador de Rafael Correa no hubieran sido posible sin el apoyo de los movimientos y organizaciones sociales que durante décadas habían rechazado las políticas neoliberales impuestas en el país. El movimiento indígena, uno de los más activos del continente latinoamericano, protagonizó varios levantamientos que lograron la salida de diferentes Gobiernos desde la década de los noventa. La propuesta de convocatoria de una asamblea constituyente por parte del movimiento Alianza País logró el apoyo de las organizaciones de izquierda que participaron en la redacción del texto, como organizaciones de mujeres, ecologistas, medios comunitarios y las coordinadoras de los pueblos indígenas. Gracias a su participación, la Constitución de 2008 incluye referencias a la interculturalidad, la plurinacionalidad, el derecho a la comunicación y los derechos de la naturaleza que, entre otros artículos, convirtieron al texto en uno de los más progresistas del mundo. Pero el apoyo de estos movimientos al Gobierno de Rafael Correa se fue diluyendo a medida que el incumplimiento de algunos compromisos eran vistos como una traición, entre ellos, la decisión de explotar el yacimiento petrolero bajo una parte del bosque del Yasuní, la influencia de la confesionalidad católica del presidente en algunas políticas públicas –fundamentalmente, las que se refieren a derechos sexuales y reproductivos y al modelo de familia-, y la ausencia del reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas como interlocutores con un peso a la altura del carácter intercultural del Estado ecuatoriano. Desde la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), también se denuncia una “criminalización de la protesta” a causa de las diferentes detenciones de activistas en el marco de las luchas ciudadanas.

Paula Cabildo.

Paula Cabildo.

Los enfrentamientos verbales entre el primer mandatario y las organizaciones situadas ideológicamente a la izquierda de Alianza País son más que habituales, sobre todo, a partir de las protestas del pasado año en el centro histórico de Quito, donde hubo manifestantes y policías heridos, además de destrozos en bienes patrimoniales. Correa no tiene reparo en referirse públicamente a estos grupos como una “izquierda infantil” sin propuestas que se opone a todas las medidas que persiguen la transformación del país.

Entre la oposición a la izquierda de la Revolución Ciudadana con mayor articulación y organicidad se sitúan las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (renacer o despertar en kichwa) se constituyó en 1995 como el referente electoral del movimiento indigenista, algunos años después del primer levantamiento en el que se logró articular territorialmente a las diferentes asociaciones indígenas del país. En el actual mandato, iniciado en 2013, Pachakutik cuenta con cinco asambleístas, de los 137 que componen la cámara.

El discurso popular de la derecha

La crisis financiera de 1999 llevó a la bancarrota a diferentes bancos privados. Como respuesta, el presidente de aquel momento, Jamil Mahuad, decretó un “salvataje bancario” por el que se inyectaron seis mil millones de dólares procedentes de los fondos públicos, al mismo tiempo que cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas marchaban hacia el exilio económico. Las protestas populares y la intervención del ejército hicieron posible que Mahuad entregara el Gobierno al que había sido su vicepresidente, Gustavo Noboa, quien siguió aplicando las mismas medidas neoliberales que tuvieron como respuesta mayor presión e inestabilidad social. En apenas siete años, se sucedieron cuatro Gobiernos diferentes ligados a Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana y Partido Sociedad Patriótica, partidos que, de alguna u otra manera, tenían conexión con la banca privada y el sector empresarial.

Ha pasado casi una década desde que la derecha representada en el empresario Álvaro Noboa fuera derrotada en las urnas por la candidatura de Rafael Correa. En estos diez años, los términos del debate han cambiado y la derecha intenta captar votos de las capas medias con un discurso de progreso social que le desvincule de los sucesos del feriado bancario. Guillermo Lasso, uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil, es de momento el principal candidato presentado desde la oposición, esta vez por parte del movimiento Creando Oportunidades (CREO), que actualmente cuenta con once representantes en la Asamblea Nacional.

Lasso se convirtió el pasado año en la cara visible de las protestas contra los proyectos de las leyes para el Impuesto a la Plusvalía y para la Redistribución de la Riqueza, conocida como Ley de Herencias. Mientras el Gobierno se empeñaba en demostrar que dichas leyes sólo afectaban a un dos por ciento de la población, es decir, “a los más ricos entre los más ricos”, en palabras de Correa, el candidato de CREO lideraba las marchas en los barrios acomodados del norte de Quito que lograron sumar el apoyo de una amplia clase media. El discurso de Lasso en defensa del bienestar de las familias ecuatorianas fue respondido desde el oficialismo con la divulgación de los datos que demostraban la pertenencia del banquero a una exclusiva minoría social: su sueldo mensual durante el año 2014 había sido de 819.579 dólares netos, es decir, el equivalente al salario básico de 2.410 obreros y obreras ecuatorianas.

La decisión del presidente de la República de retirar temporalmente los proyectos dejó sin argumentos a la oposición para mantener unas protestas en las que Correa vio un intento de golpe de Estado respaldado por la derecha internacional. La retirada de las propuestas, junto a la atención que produjo la visita del papa Francisco, apaciguó las tensiones, pero el ambiente político volvió a caldearse al poco tiempo, esta vez por la presentación de quince enmiendas por parte del oficialismo a la Constitución aprobada en 2008. La formación CREO lideró la conformación de Compromiso Ecuador, una plataforma en la que se articularon alrededor de cuarenta organizaciones que exigían la consulta popular de la reelección indefinida, cuando aún no se conocía la decisión de Correa de renunciar a la candidatura.

Las alianzas de la oposición

La carrera por presentar una alternativa al proyecto de la Revolución Ciudadana ha dado lugar a peculiares alianzas que han provocado la crispación y la división en el interior del movimiento indígena. El pasado enero, Pachakutik convocó una reunión abierta para propiciar el diálogo entre las formaciones opositoras al correísmo. El movimiento CREO y el Partido Social Cristiano (PSC) confirmaron la participación en un encuentro que, finalmente, no pudo celebrarse por la negación de los movimientos indígenas de base a dialogar con las formaciones de derecha ligadas a la banca privada. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) advirtió a la dirección de Pachakutik del error que supondría aliarse con organizaciones que defienden intereses opuestos, y con líderes como Guillermo Lasso o Jaime Nebot (PSC), vinculados al modelo neoliberal contra el que luchó el movimiento. Uno de los líderes indígenas, Carlos Pérez, incluso contempló la posibilidad de que el prefecto de la provincia de Morona Santiago, Marcelino Chumpi, pudiera ser sancionado por asistir a un encuentro convocado por la oposición sin que tal participación hubiera sido consultada.

Otra de las alianzas en las que trabaja la oposición fue liderada por el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, a la que no fue invitado Guillermo Lasso, a pesar de haber sido el candidato con mayor respaldo después de Rafael Correa en 2013, con el 23 por ciento de los votos. A la reunión convocada por Carrasco sí fueron invitados Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil por el Partido Social Cristiano con una larga trayectoria política; representantes de SUMA, el partido del alcalde de Quito, Mauricio Rodas; y el movimiento Avanza con la representación de Ramiro González, el que fuera durante años ministro de Industrias de la Revolución Ciudadana y quien presentó su renuncia el pasado año por desacuerdos con la gestión del ejecutivo. En esta reunión solo se trataron los temas que unían a la oposición en contra del Gobierno actual. Falta saber si la buena sintonía también se mantendrá cuando llegue el momento de presentar una única candidatura a las elecciones presidenciales.

Por parte del oficialismo, aún no se define ninguna propuesta, en parte, como estrategia para evitar el desgaste mediático del futuro candidato. Será en noviembre cuando el movimiento Alianza País celebre la convención en la que se elegirá a la persona que deberá asumir la difícil tarea de reemplazar el liderazgo de Correa en medio de una complicada situación económica. De momento, algunos de los nombres que se barajan son de personas muy cercanas al presidente, como el canciller Ricardo Patiño; el ex vicepresidente de la República, Lenin Moreno; o uno de los ministros con mayor popularidad, José Serrano, responsable de Interior.


Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº69 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2016.


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