Guatemala y los límites de la lucha contra la corrupción

La corrupción fue uno de esos dinosaurios que siempre estuvieron allí. Quizás por eso nadie lo veía. Quizás por eso fue siempre un motivo insuficiente. En Guatemala, un país marcado por la injusticia y el crimen, en el que desde hace décadas los poderosos hacen negocios y el resto sobreviven, luchan, huyen o mueren, la corrupción no resultó nunca un problema prioritario. Pero entonces llegó el año 2015.

Un presidente y una vicepresidenta terminaron en la cárcel. El candidato natural a sucederles sufrió un batacazo electoral. Jueces, diputados y altos funcionarios se sentaron en el banquillo de los acusados. Se hicieron evidentes verdades que muchos conocían: que en Guatemala es posible comprar cualquier cosa, desde una resolución judicial a una reunión con el presidente.

Manifestación el 16 de junio de 2015 en la Plaza de la Constitución, Ciudad de Guatemala. Fotografía: Delmi Arriaza.

Manifestación el 16 de junio de 2015 en la Plaza de la Constitución, Ciudad de Guatemala. Fotografía: Delmi Arriaza.

Lo que la ciudadanía guatemalteca no había visto antes es que los responsables fueran castigados. Todo fue desencadenado por el trabajo de una fiscalía profesional e independiente apoyada por la atenta mirada de la Embajada de Estados Unidos, que en todo momento dejó clara su posición favorable a la depuración. Pero no habría sido posible -sobre todo el desafuero del presidente- sin una movilización popular sin precedentes desde al menos 1992, cuando el intento de autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías fue rechazado por una mayoría social.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, cada presidencia estuvo ligada a delitos y escándalos. Álvaro Arzú (1996-2000) aplicó una agenda liberal a ultranza y permitió que el Ejército siguiese perpetrando crímenes políticos como el del obispo Juan Gerardi. Con Alfonso Portillo (2000-2004) volvieron al poder antiguas estructuras de la inteligencia militar ahora reconvertidas en crimen organizado. La presidencia de Óscar Berger (2004-2008) estuvo marcada por la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y la aplicación de una campaña clandestina de limpieza social ordenada desde la cúpula del Ministerio del Interior. Álvaro Colom (2008-2012) puso el Estado al servicio de la elección de su esposa como sucesora y se dedicó a facilitar negocios millonarios a una nueva clase de empresarios emergentes.

En realidad, nada de esto pareció importar lo suficiente como para aglutinar un movimiento popular que derribase a un Gobierno. Cuando Otto Pérez Molina asumió la presidencia en 2012, tras unas elecciones que ganó cómodamente, fue poca la ciudadanía que protestó ante la perspectiva del retorno al poder de un general retirado íntimamente relacionado con la brutal política de exterminio de la base social de la guerrilla aplicada durante la década de 1980.

Fue diferente cuando tres años después resultó evidente que ese mismo presidente y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, se estaban lucrando de una red de defraudación aduanera que cobraba a los importadores a cambio eximirles del pago de aranceles. Entonces, Guatemala, un país fracturado entre indígenas y mestizos, entre mundo rural y urbano, entre la capital y el resto del país, entre una clase empresarial atrincherada en un anticomunismo fanático, un movimiento social aún muy débil y golpeado y una clase media en general indiferente, se unió. Todo lo que había resultado tolerable hasta entonces, se volvió intolerable.

El movimiento surgió en abril de 2015, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un experimento de Naciones Unidas destinado a combatir a la estructuras criminales enquistadas en el Estado, destapó “La Línea”, el caso de defraudación aduanera que terminaría por acabar con la carrera del presidente y la vicepresidenta. Después prosiguió una avalancha de investigaciones de la CICIG. Se probó que el presidente del Congreso, Pedro Muadi, cobraba al menos 15 sueldos mensuales de trabajadores a su servicio que no existían. Se demostró la implicación de un expresidente del Banco Central, Edgar Barquín, en asesorar a lavadores de dinero, y se denunció el intento de los acusados en el caso “La Línea” de comprar una resolución judicial que les librara de la prisión preventiva. El secretario del presidente, Gustavo Martínez, fue capturado por cobrar comisiones a cambio de organizar reuniones con el mandatario, y un viceministro llamado Edwin Rodas fue encarcelado por reducir a una octava parte el valor de una póliza de seguro que debía suscribir una empresa de gas a favor del Estado.

Mientras los casos se sucedían, las plazas se llenaban. El 27 de agosto de 2015 se produjo probablemente la mayor manifestación desde la década de 1970. Lo más parecido a una huelga general que haya conocido el país, en la que participaron desde el campesinado al empresariado. Para entonces, ya resultaba evidente que la permanencia en el poder de Pérez Molina era inviable y que el proceso electoral que estaba marcha ya no favorecería al candidato hasta entonces favorito, Manuel Baldizón, un inclasificable abogado, al que la mayoría de la población relacionaba con el sistema corrupto que estaba siendo expuesto. El país encontró en la lucha contra la corrupción una agenda común en torno a la que unirse. Algo inédito.

El sector privado y la derecha, que habían centrado su discurso en promover una agenda liberal que privatizase lo público y favoreciese los negocios, repentinamente comprendieron que la debilidad del Estado era también un problema, que la corrupción no era solo un costo de operación para sus empresas.

La embajada de Estados Unidos, concentrada tradicionalmente en ejecutar su guerra contra las drogas y en proteger el libre comercio y la inversión extranjera, entendió que el hecho de que Guatemala sea un Estado en el que es posible lavar dinero con tranquilidad, comprar un pasaporte o armas de uso militar, es también una amenaza a su seguridad.

Los movimientos populares, indígenas y campesinos, inmersos en la lucha por el acceso a la tierra y la defensa del territorio frente al avance de la minería o el monocultivo, despertaron al hecho de que la corrupción es el lubricante que engrasa el sistema injusto que combaten. Se hizo evidente que la misma corrupción de la que se acusaba al presidente Pérez Molina, era la que había facilitado el reparto de las tierras indígenas durante el siglo XIX, o la que había permitido la concesión de licencias mineras a cielo abierto sin que se cumpliesen las leyes sobre consultas a la comunidad.

La clase media urbana, hasta el momento desprovista de una bandera política que pudiesen empuñar con comodidad, encontró en la corrupción una causa que expresara su malestar ante un sistema que no afecta a su sobrevivencia pero tampoco les ofrece ni certezas ni seguridad.

La lucha contra la corrupción se convirtió en una causa que aunó ideologías, en un producto del sentido común, en una agenda mínima en torno a la que comenzar a reconstruir una sociedad herida durante siglos.

Toda esta energía fue, sin duda, suficiente para derribar un Gobierno, arrollar al siguiente y llevarse por delante la carrera de varios cientos de altos funcionarios. Pero la coincidencia de intereses que se produjo durante 2015 fue incapaz de generar un Gobierno con una propuesta coherente para combatir la corrupción.

El nuevo presidente, Jimmy Morales, un ex cómico sin experiencia política que asumió el poder en enero 2016, hasta el momento, se ha limitado a hacer jurar a su gabinete de Gobierno que no serán ni “corruptos ni ladrones”. El consenso, aunque sea mínimo, que se generó en torno a la figura de Morales no ha tardado en pasar a un segundo plano. Morales llegó al poder con la promesa de “regenerar”, pero ya resulta evidente, que es también un presidente que se ha rodeado de muchos funcionarios conservadores y casi ninguno proclive a defender las luchas de las mayorías.

Los puentes que se tendieron durante 2015 no han tardado en tambalearse. La derecha y los empresarios, más que nunca, utilizan la corrupción como argumento para seguir negándole recursos al Estado, lo que inevitablemente les enfrenta de nuevo a todos los movimientos populares, que creen que el Estado debe poder invertir más para solucionar los problemas estructurales. Estados Unidos sigue asumiendo el discurso que apoyó en 2015 pero sin lograr despegarse de las sospechas que siempre rodean sus políticas: todo lo que hace “La Embajada” es por su propio interés. Aunque una porción de la clase media urbana ha permanecido movilizada reclamando reformas legislativas, gran parte de ella ha vuelto a instalarse en la posición que durante tantas décadas han sostenido: que todo lo que hacen los políticos, sean quienes sean, esconde intereses particulares.

Decir que nada cambió sería injusto. Jimmy Morales sabe que su Gobierno se derrumbará el día que recaiga sobre él la sospecha de enriquecerse. Lo que también sería injusto es decir que todo cambió, que desaparecieron las ideologías existentes y el pasado murió.

En 2015, los gobernantes guatemaltecos aprendieron que de nuevo deben temer al pueblo. El pueblo aprendió que no debe temer al poder político. También que un movimiento político necesita algo más que un presidente al que oponerse.

Guatemala es un país corrupto, y ese ya es un problema que nadie puede soslayar, ni la izquierda ni la derecha, ni nadie que quiera apoyar al país. Pero Guatemala sigue siendo un país débil y empobrecido, dependiente de la agroexportación y las remesas de los migrantes; un país racista y extremadamente desigual en el que sigue siendo justo pelear batallas que ya se emprendieron antes.


Asier Andrés es periodista de la revista guatemalteca Contrapoder y forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº69 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2016.


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