Contaminación por lindano de agua para consumo humano: el caso del embalse de Oiola en Bizkaia

El embalse de Oiola está situado en Bizkaia y desde 1967 se ha utilizado para el abastecimiento de agua a diversas poblaciones, previa potabilización en una estación de tratamiento de agua potable, proporcionando agua a hogares de Barakaldo y Sestao, en total a unas 100.000 personas. Sin embargo, en diferentes controles realizados en los últimos años, tanto en el embalse como despúes en el agua después de haber sido tratada, se ha encontrado la presencia del contaminante lindano, generando una movilización y presión popular que ha logrado que el suministro haya sido desconectado.

El lindano es un contaminante orgánico persistente que produce daños al sistema inmunológico, reproductivo y tiene efectos adversos en el desarrollo de las personas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) la ha clasificado como una posible sustancia cancerígena para las personas y es además un alterador hormonal[1]. El lindano es además un plaguicida que se comercializó para el control de piojos y sarna en seres humanos, la eliminación de garrapatas y otros parásitos externos en el ganado y para evitar el deterioro de semillas por otras plagas. Aunque fue prohibido en 1991, actualmente se sigue vertiendo conjuntamente con otras decenas de sustancias tóxicas prioritarias, poniendo en peligro tanto los ecosistemas como la población expuesta a estos compuestos. Estas sustancias no sólo son tóxicas de forma individual, sino que conjuntamente pueden potenciar sus efectos adversos. Son elementos que además permanecen durante años en el medio ambiente y en el organismo de las personas por su baja degradabilidad, y por tanto suponen un riesgo continuado para la salud humana y la naturaleza.

Concentración frente a la Agencia Vasca del Agua. Fotografía de Ekologistak Martxan.

Concentración frente a la Agencia Vasca del Agua. Fotografía de Ekologistak Martxan.

El lindano en el embalse de Oiola

En julio de 2008, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco detectó en un control rutinario una elevada presencia de lindano en las aguas ya tratadas de la estación potabilizadora. Concretamente se encontraron un total de 193 ng/l (nanogramo por litro) en el agua ya tratada, mientras que en el propio pantano la cantidad de lindano ascendía hasta máximos de casi 500 ng/l.

Hay que tener en cuenta que en su argumentario, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, afirma que el peligro para la salud es pequeño, porque para el control del lindano en el agua potable no aplica los límites establecidos en la normativa de calidad de aguas de consumo humano[2]. Es decir, pone límites para plaguicidas individuales (100 ng/l) y totales (500 ng/l) pero lo hace sin una referencia expresa al lindano. No hacen referencia, además, a otra parte de la normativa que afirma que los organoclorados, como es el caso de esta sustancia, tiene un umbral aún más bajo (30 ng/l). En resumen, la cantidad registrada en 2008 era muy superior a la marcada por la ley para garantizar la salud.

La contaminación del embalse por lindano tiene su origen en la actividad industrial de las empresas que lo fabricaban. Actualmente estas empresas ya no están en funcionamiento porque no podían hacer frente al coste de gestionar responsablemente los residuos producidos que dejaron de forma incontrolada en el territorio, afectando a nuestros suelos, a nuestros ríos y al embalse de Oiola. Hay que tener en cuenta que, por cada tonelada de lindano se generaban nueve de residuos, totalmente inservibles y de alta toxicidad. Su fabricación se inició en 1953 bajo el nombre de Insecticidas Condor, y en 1960 se produjo la segregación, apareciendo Standard Química. Sus bienes son adquiridos en subasta pública por Cielmar España y en 1983 pasa a denominarse Bilbao Chemical Cielmar España. A su vez, esta empresa bizkaína participó en la creación de Inquinosa, la compañía responsable de la contaminación por lindano en Sabiñánigo (Huesca). Bilbao Chemical cesó finalmente la producción en 1987.

A partir de la identificación de lindano se cerró el suministro desde el embalse a la estación potabilizadora y se realizaron varios estudios que no fueron capaces de determinar el foco de contaminación de lindano, pero que llegaron a la conclusión de que las aguas contaminadas procedían del arroyo Ángela en la cuenca de la Gorriga y se incrementaban en caso de fuertes lluvias. En base a ello, en octubre de 2010 se estableció un “Procedimiento de actuación para el uso del agua del embalse Oiola para uso humano”, por el que se establecían límites para usar las aguas del embalse[3]. Pero después de unos meses se volvió a autorizar el uso del embalse, que desde entonces ha estado en actividad con varias largas paradas debidas bien a fallos en el sistema de control, bien a la abundancia de lluvias, con alarmantes subidas de lindano en las analíticas.

Ante esta situación las organizaciones vecinales y ecologistas han demandado el cierre de este embalse y la falta de medidas de actuación eficaces por parte de la Administración. No se aplican las nuevas exigencias derivadas de la legislación europea, más estrictas en el control y eliminación de estas sustancias contaminantes, tampoco se sigue una normativa más actualizada sobre la calidad ambiental de las aguas que impone límites más pequeños para el lindano en aguas superficiales y subterráneas[4]. Tampoco se analiza, como debería ser en un caso de una sustancia como el lindano, su presencia en los seres vivos ligados al embalse y en los sedimentos. Se han hecho escasamente un par de estudios, el primero de ellos en 2008 y el segundo en 2014, sin embargo los datos recogidos no han sido cruzados. Tampoco existe un plan de acción para la desaparición del lindano ni un registro de zonas de protección para la producción de agua de consumo humano y medidas de control y seguimiento. Y no será porque no existe normativa europea al respecto: esta inacción incumple la directiva relativa a la calidad de aguas destinadas a consumo humano, la que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la relativa a normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y la que establece las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas[5].

Visita de representantes del Europarlamento al embalse de Oiola en noviembre de 2013. Fotografía de Ekologistak Martxan.

Visita de representantes del Europarlamento al embalse de Oiola en noviembre de 2013. Fotografía de Ekologistak Martxan.

En este contexto se han desarrollado varias acciones de denuncia a nivel europeo por los citados incumplimientos. En junio de 2013 se presentó una queja ante la Comisión europea y, en ausencia de respuesta, se ha interpuesto una queja al Defensor del Pueblo Europeo. También se ha acudido al Parlamento Europeo, presentando una petición para que se investigara el caso y realizando diversas comparecencias. En ese contexto, se organizó una visita de varios europarlamentarios a Oiola el 27 de noviembre de ese mismo año con el objetivo de aumentar la atención mediática sobre el problema, informar a representantes europeos y ver las medidas que se podrían tomar en el ámbito europeo.

Opacidad y nula participación pública

A lo largo de este proceso, la Plataforma por la Desconexión del Embalse de Oiola (DEO), Ekologistak Martxan y otras asociaciones del movimiento ciudadano de Barakaldo han tratado de hacer un seguimiento de esos hechos y han realizado varias solicitudes de información y peticiones a las autoridades implicadas y denunciadas respecto a ellos. En muchas de las ocasiones, estas administraciones no han respondido o han dado respuestas injustificadas, insuficientes o extemporáneas, obstaculizando el derecho a la información y participación pública.

En los últimos meses esta actitud ha variado en parte y ahora puede considerarse más abierta, aunque siguen produciéndose negativas de hecho a facilitar la información solicitada o respuestas que no aportan la información requerida. Estos hechos han dado lugar a dos resoluciones del Ararteko (Defensoría del Pueblo del País Vasco), motivadas por quejas planteadas por la Plataforma ecologista Ezpitsua.

Los hechos indicados suponen además de un riesgo para la salud pública un incumplimiento de las normativas comunitarias europeas por parte del Estado español y de algunas de sus autoridades autonómicas y locales. Concretamente, en relación al control de la calidad de aguas y de las zonas de captación de aguas para consumo humano, se están produciendo retrasos y deficiencias de trasposición de la legislación europea e incumplimientos de aplicación de las normativas.

Además se está infringiendo e incumpliendo la aplicación de otras normativas europeas relativas al derecho de acceso a la información y a la participación pública en la toma de decisiones en materia de medio ambiente, por las negativas, trabas y dificultades frente a asociaciones y colectivos peticionarios.

Las organizaciones vecinales y ecologistas alzan, en este sentido, una voz de alarma para despertar y llamar la atención sobre el grave problema que se está generando con los vertidos incontrolados de sustancias persistentes. En particular con aquellas calificadas de “prioritarias peligrosas”, como es el caso del lindano. Este compuesto no ha sido localizado sólo en el embalse de Oiola, también ha sido detectado en los ríos Gállego y Manubles (Aragón), generando las mismas problemáticas.

La responsabilidad primera de esta situación debe recaer en las empresas que han vertido incontroladamente este contaminante por su mala gestión: Bilbao Chemical, Inquinosa y Transportes Bombin. Las empresas deberán de tener en cuenta que no pueden fabricar sus productos sin tener en cuenta los impactos que generan en la sociedad y el medio ambiente, en definitiva a nuestra salud y la de nuestros descendientes.

No pueden repetirse los errores del pasado, donde para producir 1 kg de lindano se generaban y se vertían sin control 9 kg de residuos vertidos. Las empresas sólo han mirado su propio beneficio económico, ya que pese a conocer los riesgos y peligrosidad del lindano se deshicieron de sus residuos realizando vertidos sin ningún tipo de tratamiento ni control. No podemos permitir que las compañías que generaron beneficios a costa de contaminar los suelos y las aguas no asuman su responsabilidad, volviendo a caer en la población y los presupuestos públicos las consecuencias y los gastos asociados a su solución. Deberían por lo tanto asumir la eliminación de los focos de contaminación y la reparación de todo lo contaminado.

Por otra parte, todas las administraciones implicadas, ya sean municipales, autonómicas, estatales y europeas, tienen que tomar medidas correctoras. Hacerlo de manera conjunta, para solucionar el problema de forma global. Contemplar en los planes de gestión de los ríos y acuíferos no solo las medidas de control, sino también los planes de actuación y remediación para las sustancias persistentes. Declarar como no aptos para la captación de agua de producción para consumo humano, los puntos donde aparezcan los persistentes, fundamentalmente las sustancias peligrosas prioritarias, hasta su remediación. A su vez, se debe investigar los hechos y exigir a los infractores hacer frente a los costes de la remediación del problema.


José Javier Vázquez es activista de Ekologistak martxan.

Artículo publicado en el nº68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.


NOTAS:

  1. Sustancia química sintética que provoca alteraciones en el sistema hormonal que se traducen en daños al sistema reproductivo, al sistema neurológico, problemas metabólicos y cáncer, entre otros.
  2. Real Decreto 140/2003 sobre criterios de calidad de aguas de consumo humano.
  3. Un caudal máximo de 50 l/s en el arroyo y un límite de 25 ng/l del total de lindano en esas aguas.
  4. Concentración máxima admisible de 40 ng/l y una media anual de 20 ng/l.
  5. Directiva 98/83/CE de 3 de noviembre de 1998; Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000; Directiva 2008/105/CE de 16 de diciembre de 2008; Directiva 2009/90/CE de 31 de julio de 2009.

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