Visiones del conflicto y la paz en Colombia en organizaciones defensoras de los derechos humanos

Este texto ha sido elaborado a partir del artículo que lleva por nombre “Conflicto y paz en Colombia. Significados en organizaciones defensoras de los derechos humanos”, publicado en la Revista de Paz y Conflictos, Vol 8, nº 1. Es mi deseo agradecer sinceramente a Francisco Jiménez, director de dicha revista, y a Marina Blesa, editora de Pueblos, la elección de este artículo para su publicación en versión reducida.

Colombia vive un conflicto profundo desde hace décadas, un conflicto multidimensional que hunde sus raíces en la tenencia de la tierra, la pobreza y la exclusión. Para comprender su complejidad, hay que tener en cuenta la importancia geopolítica y geoestratégica del territorio colombiano, sus implicaciones políticas y de soberanía nacional, sus connotaciones ideológicas y económicas vinculadas al neoliberalismo y la doctrina de la seguridad nacional, su arista étnico-cultural y racial, pero ante todo una espiral de violencia que implica a la insurgencia armada representada por las FARC-EP, el ELN, el EPL, y otros grupos ya extinguidos como el M19, y a las fuerzas de seguridad del estado y el paramilitarismo. Según el informe ¡Basta Ya! Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, entre 1958 y 2012 han muerto 220.000 personas -el 81.5% civiles-, 25.000 han desaparecido de manera forzada, existen 5.700.000 personas desplazadas. Además, entre 1980 y 2012 se perpetraron 1982 masacres -el 60% fueron cometidas por grupos paramilitares, el 17% por guerrillas y el 8% por la fuerza pública-, y 27.023 secuestros entre 1970 y 2010, el 90% realizados por grupos guerrilleros.

Conmemoración del aniversario de la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja cometida por los paramilitares de las AUC. Fotografía: Xavier Mínguez.

En este contexto, las organizaciones defensoras de derechos humanos han sufrido la violencia de manera sistemática a través de amenazas, detenciones arbitrarias, desplazamiento, desaparición forzada y asesinatos. Solamente durante los año 2012 y 2013, las organizaciones defensoras de los derechos humanos sufrieron más de 700 ataques, incluidos 147 asesinatos, siendo 2013 un año de récord [1].  Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia llevan a cabo tareas de acompañamiento y asesoramiento legal a víctimas, investigan crímenes contra los derechos humanos y el DIH, implementan procesos de desarrollo comunitario, o realizan incidencia política para el cumplimiento de la legalidad, entre otras muchas acciones. Estas organizaciones están implicadas en numerosos procesos sociales encaminados a la construcción de la paz, lo que nos llevó a cuestionarnos cómo significan el conflicto y la paz en Colombia. Se realizaron entrevistas en profundidad a seis líderes de organizaciones colombianas de derechos humanos con proyección nacional e internacional, y con elevado perfil público en el movimiento nacional de organizaciones defensoras de derechos humanos y de organizaciones de víctimas de crímenes de estado. El guión de entrevista se estructuró en dos bloques, uno relativo al conflicto y otro a la paz en Colombia. Se solicitó a los participantes que expresaran y describieran en profundidad las claves del conflicto y la paz en Colombia según sus propias visiones. Las entrevistas realizadas –con una media de duración de 58 minutos- fueron transcritas en su totalidad y analizadas mediante la creación de categorías emergentes sobre el conflicto y la paz en Colombia.

En este breve texto no se mencionan todos los elementos que articulan las visiones sobre el conflicto y la paz en Colombia trasladadas por las personas entrevistadas; de la misma manera, la metodología de este estudio no nos permite generalizar los resultados al conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, pero dado el perfil de las personas entrevistadas y su papel de liderazgo y portavocía, sí podemos afirmar una amplia presencia de estos significados sobre el conflicto y la paz en el contexto de las organizaciones.

El conflicto según las y los defensores: Tierra, pobreza, exclusión y represión política

De manera resumida, los resultados del estudio señalan que el conflicto colombiano está enraizado en la existencia de una estructura de dominación oligárquica que sigue las directrices neoliberales en lo económico, y la doctrina de la seguridad nacional en lo político, social, militar y contrainsurgente, siendo la influencia norteamericana un asunto central en el desarrollo del conflicto. En este marco, se afirma que los anclajes del conflicto son la concentración en la tenencia de la tierra, la extrema desigualdad en el acceso a los recursos, y la exclusión social y política, una exclusión con grandes connotaciones étnico-culturales y raciales debido a la posición subalterna de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas en todo el país.

Terratenientes, empresarios nacionales y empresas multinacionales, apoyados por las políticas públicas del estado, y en un número importante de situaciones por el paramilitariasmo, explotan los recursos naturales y energéticos del país y controlan la industria agropecuaria, acumulando el capital y concentrando el poder en una oligárquica tradicional de políticos e industriales, a los que se une la oligarquía emergente vinculada al paramilitarismo y el narcotráfico. Esto sucede en un contexto histórico de exclusión, persecución, criminalización y marginación de toda forma de oposición social y política de carácter reformista o transformador.

mural de Medellín

Murales reivindicativos en de Medellín (Colombia). Fotografía: Xavier Mínguez.

Ante este panorama, se apunta que las diferentes organizaciones insurgentes nacidas al calor de la revolución cubana y otros movimientos de corte revolucionario y anticolonial, e influidas por las ideas comunistas y socialistas propias de la Guerra Fría, son expresión y consecuencia de la pobreza, la exclusión y la falta de democracia; de igual modo, se indica que la aparición de los movimientos sociales y políticos de oposición son expresión de resistencia ante el modelo neoliberal, la doctrina de la seguridad nacional y el paramilitarismo.

El paramilitarismo se contempla como un proyecto político establecido en política de estado. Es una estrategia contrainsurgente propia de la doctrina de la seguridad nacional asesorada y apoyada básicamente por EEUU, y construida desde el aparato político del estado, la fuerza pública, y por colectivos nacionales e internacionales con intereses económicos privados sobre la tierra, los recursos naturales y el narcotráfico. Contrariamente al discurso según el cual el paramilitarismo nace para luchar contra la guerrilla, se afirma que el fenómeno paramilitar ha sido la herramienta para ejercer un control territorial a escala local, regional y nacional para dominar los recursos económicos y la política, pero sobre todo ha sido el vehículo para reprimir toda forma de oposición al establecimiento mediante la comisión de masacres, el asesinato, la tortura, la amenaza, la coerción, la desaparición y el desplazamiento forzado.

En los discursos se advierte la existencia de una cultura de la violencia subyacente al conflicto e instaurada bajo las ideología de la seguridad nacional. A través de ella, se han construido lógicas ideológico-culturales de legitimación de la violencia política contra la oposición, que han servido a su vez para mantener los privilegios y las posiciones de poder. En esta cultura de la violencia, se advierte la presencia de una cultura de la jerarquía y una cultura maniquea, donde se legitima el ascenso social y político, y en el mantenimiento del poder, a través del consentimiento a estructuras jerárquicas violentas desde lo micro a lo marco, tanto en estructuras institucionales y estatales como el ejército, hasta en los grupos paramilitares. Unido a ello, el maniqueísmo cultural favorece la polarización social, del pensamiento y la percepción, una visión del realidad en términos blanco/negro instrumentalizada para legitimar la violencia contra el enemigo y rival político, y para mantener los privilegios de la oligarquía.

Ante este dilatado conflicto donde los efectos de la violencia política han recaído mayoritariamente en la población civil más vulnerable, las personas entrevistadas señalan una serie de claves fundamentales para construir un escenario de paz sostenible para el país.

La paz

La construcción de la paz en Colombia necesita voluntad política por parte del gobierno y los sectores claves del establecimiento, como el empresariado o el ejército, lograr un cese al fuego bilateral con los grupos insurgentes, terminar con el fenómeno paramilitar y la persecución a la oposición social y política, y lograr cotas de equidad sostenibles en lo económico, en lo social y en lo político mediante reformas estructurales de alcance constitucional, además de hacer realidad un proceso de reparación integral de las víctimas que restituya su dignidad.

Reformas estructurales

Según la personas participantes, la paz en Colombia supone implementar cambios en materia política, económica, social, militar, ambiental y mediática. La paz es anunciada como el proceso de crear un estado democrático y social sostenido en la equidad que garantice los derechos básicos a toda la población, como el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud o a la vivienda, además de derechos políticos o económicos. En este sentido, la distribución real y efectiva de la riqueza y la tierra, además de la democratización profunda del país, se postulan como ejes centrales de la paz.

A nivel político, se señala la necesidad de garantizar la participación de cualquier expresión política en condiciones de seguridad, poniendo fin a la persecución represiva de la oposición social y política, siendo preciso para ello erradicar el fenómeno paramilitar. Se incide que terminar con el paramilitarismo implica depurar las estructuras del estado a todos los niveles, desde las fuerzas militares a las diversas administraciones públicas, y ciertos sectores gremiales que han estado vinculados al paramilitarismo. Percibiendo el paramilitarismo como constitutivo y constituyente de la realidad social, política, económica y militar del país, los resultados indican que la paz pasa por el fin del paramilitarismo como proyecto político.

Diversas investigaciones y procesos judiciales, además de las declaraciones de diversos jefes paramilitares, han puesto a la luz los estrechos vínculos del ejército con el fenómeno paramilitar. Ante este hecho, se apunta que es necesario sustituir la doctrina de la seguridad nacional del ejército por una centrada en la defensa del estado democrático de derecho, de forma que la fuerza pública no sea un instrumento para reprimir a la oposición social y política, sino garantes de los derechos del conjunto de la población. Esta transformación implica que dicha depuración garantice una desvinculación absoluta de la fuerza  pública con estructuras paramilitares.

Por otro lado, se apunta a una necesaria reforma del aparato judicial del estado para garantizar su no instrumentalización contra la oposición social y política, haciendo que los órganos de la judicatura proporcionen seguridad jurídica al conjunto de la población, y colaboren en esclarecer responsabilidades sobre los crímenes cometidos.

En relación al modelo económico y de desarrollo, los testimonios señalan la necesidad de implementar un nuevo modelo que implique la transformación radical de la situación del campo colombiano mediante una reforma agraria integral, haciendo un reparto equitativo de la propiedad de la tierra, realizando fuertes inversiones en infraestructura para un desarrollo agropecuario sólido y sostenible, e impulsando zonas de reserva campesina según establece la legislación. La transformación del campo, según las participantes, debe incluir una política de estado para la sustitución de cultivos ilícitos. Transformar la situación rural en Colombia implica cambiar las lógicas de soberanía local y nacional, garantizando la participación de las poblaciones rurales en los proyectos a desarrollar en sus territorios, y propiciando nuevas las relaciones económicas para que los beneficios generados por la explotación de recursos sean redistribuidos para garantizar la equidad socio-económica.

Por último, dentro de los cambios señalados, encontramos una dimensión ambiental y otra de carácter mediático. Respecto a la primera, se incide en que el modelo de desarrollo debe elaborarse bajo parámetros de protección del medioambiente, haciendo especial hincapié en el respeto a los territorios de los pueblos ancestrales y del campesinado. Sobre la segunda, se apunta a la democratización profunda de los medios de comunicación y a la seguridad para ejercer una verdadera libertad de prensa como elementos garantes de la pluralidad informativa, ya que ésta contribuir a transformar los climas de opinión y los valores culturales violentos que subyacen al conflicto.

Participación política

La paz en Colombia requiere de una democratización profunda del estado, y para ello, de garantías para que cualquier expresión de oposición que se encuentra en una situación histórica de exclusión y persecución política pueda participar en condiciones de seguridad e igualdad. Se incide que es imprescindible el fin del control paramilitar en lo local y regional para la libre participación de la población, ya que uno de sus funciones principales ha sido el control de los territorios y sus habitantes. La participación política en un escenario de paz debe incluir la garantía de espacios autónomos de organización para poblaciones con características culturales particulares, como son los pueblos indígenas y afrodescendientes, o las comunidades campesinas, particularmente golpeadas por la guerra. Los resultados apuntan la necesidad de generar y aplicar un marco legal que garantice la supervivencia de expresiones culturales y de organización de dichos colectivos en sus territorios.

Por otro lado y en relación a la reinserción a la vida civil  de los grupos insurgentes, se apunta la importancia de garantizar la participación política de los mismos tras un hipotético final de la guerra mediante los mecanismos que se establezcan al efecto.

Por último, desde una perspectiva política transformadora, los resultados apuntan que el contexto del proceso de paz puede ayudar a superar la fragmentación de los movimientos de oposición social y política, propiciar su unificación, y facilitar la posibilidad de una transformación global del país a través de cauces democráticos.

Participación ciudadana

La participación ciudadana para la paz es un reclamo y un derecho de la población. Se indica que debe plantearse una participación directa en la mesa de negociaciones para la paz, haciendo que la población pueda formar parte de la toma de decisiones sobre aspectos de naturaleza política, social, económica o cultural que en dicha mesa se aborde. Para ello, se incide en propiciar la participación de todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, los colectivos de víctimas, y la ciudadanía colombiana en su conjunto, sobre los temas a tratar en la mesa de La Habana –política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, fin del conflicto, víctimas- y otros.

En relación al cómo propiciar dicha participación, se apunta a un proceso escalonado que parta de lo local y regional, para finalizar en una asamblea nacional constituyente que recoja la participación de todo el país, haciendo que los acuerdos de paz adquieran un carácter constitucional, bien a través de la modificación de la actual constitución, bien con una nueva constitución nacional que garantice el cumplimento de los acuerdos.

Reparación integral de las víctimas

La reparación integral, como derecho de todas las víctimas del conflicto, es un asunto complejo y central para la construcción de la paz. Es imprescindible dignificar a todas las víctimas, haciendo de la memoria una herramienta para su humanización y para el futuro de la sociedad. Para llevar a cabo la reparación integral, la normativa internacional es señalada como un mecanismo válido ya que integra procedimientos de verdad, justicia y reparación (económica, moral, psicológica, médica, comunitaria, política), además de garantías de no repetición.

Sobre la verdad y la memoria de las víctimas, se señala como necesario crear una comisión de la verdad independiente que esclarezca todos los crímenes –desaparición forzada, asesinato, masacres, secuestros, torturas, desplazamiento forzado,…- cometidos por los diferentes actores armados, es decir, los grupos guerrilleros, la fuerza pública y los grupos paramilitares. Los testimonios indican que es pertinente conocer quién cometió los diversos crímenes, cómo y por qué se cometieron, además de esclarecer quién tiene la responsabilidad en la creación de las estructuras paramilitares, cómo se crearon y con qué finalidad.

En relación a la justicia, se señala la necesidad de separar los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, debido a que son dimensiones diferentes del conflicto con diferentes reflejos en la legislación nacional e internacional. Según los testimonios, el estado y los grupos paramilitares han cometido alrededor de ¾ partes de los crímenes, mientras que las guerrillas han cometido ¼ parte. Ante esto, los resultados apuntan que a la hora de administrar justicia, debe haber diferencias entre las fuerzas regulares del estado y los paramilitares por un lado, y las guerrillas por otro,, ya que la comisión de los crímenes de los primeros se han hecho incumpliendo leyes colombianas y convenios internacionales suscritos por el estado colombiano. Por otro lado, se señala que para reparar integralmente a las víctimas y superar la situación de impunidad, puede ser más importante administrar justicia sobre los responsables máximos y menor en los autores materiales; además se apunta que es imprescindible restituir la totalidad de las tierras a las poblaciones desplazadas por la fuerza.

Un elemento de naturaleza jurídica mencionado es la posibilidad de aplicar mecanismos de justicia transicional. En el escepticismo de los discursos y las dudas sobre cómo llevar a cabo procesos de justicia transicional sin vulnerar los derechos y la participación de las víctimas, se advierte que algún tipo de justicia transicional puede ser aplicada, siempre y cuando los derechos de las víctimas sean respetados.

Reconciliación

Según las personas participantes, la reconciliación requiere de garantías para el ejercicio de los derechos sociales, terminar con la pobreza distribuyendo equitativamente la tierra y los recursos, y finalizar con la exclusión política estableciendo un estado democrático de derecho. Para ello, se señala que un proceso de reconciliación debe partir de reconfigurar las estructuras de los poderes del estado.

La reconciliación necesita de una verdad histórica que dignifique la memoria de las víctimas, acompañada de un proceso donde se juzgue a los responsables máximos de los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra. Los resultados también apuntan la necesidad de una transformación psicosocial que implique cambios en la manera de pensar, percibir, actuar y sentir, cambios que impliquen la construcción de nuevas subjetividades colectivas. En este sentido, se afirma la necesidad de aceptar al diferente, reconocer la existencia de un pueblo plural y heterogéneo, adoptar una cultura democrática para despolarizar la sociedad, y reconstruir los tejidos sociales fracturados por la guerra.


Xavier Mínguez Alcaide es investigador independiente, miembro del Grupo de investigación Gune Irekiak.


NOTAS:

  1. Ver el informe del Programa Somos Defensores 2014. http://www.somosdefensores.org/

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